El Consejo de Ministros aprueba este martes 6 de julio el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto. El texto que llega ahora al Gobierno cuenta con una nueva definición de consentimiento "en positivo", tras los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado en sus informes.

La redacción será: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Tal y como ha informado el Ministerio de Igualdad, esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. Además, indica que este modelo de consentimiento en positivo ya ha sido acogido por otros países como Suecia o Gran Bretaña.

Desde el departamento que dirige Irene Montero indican que, cuando entre en vigor la norma, las víctimas "ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia". De esta forma, se entiende que "todo acto sexual sin consentimiento será agresión" y se "eliminan" los abusos sexuales del Código Penal.

La norma, recuerda el Ministerio, se aprobará en vísperas del 7 de julio, día en el que se cumple el décimo tercer aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. En dicha fecha también se produjo la agresión a la víctima de la Manada en Sanfermines, cuya sentencia inició las protestas del movimiento feminista bajo los lemas 'no es abuso, es violación', 'hermana yo sí te creo' o 'solo sí es sí'.

INCLUYE LA TERCERÍA LOCATIVA

El texto, además, cumple con el Convenio de Estambul al situar el consentimiento en el centro, apunta Igualdad, que también destaca que España liderará con esta ley "la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos".

En este sentido, destacan algunos puntos clave que también recoge esta ley, como la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa "todas las violencias, todas las mujeres".

A través de esta ley también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

Del mismo modo, se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL

La norma, del mismo modo, recoge cambios en el Código Penal, optando por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias. "Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias", explica el Ministerio de Igualdad.

El equipo de Montero cree que esta norma da también "una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales", desde las más "leves" a las más "graves" y recoge, además, "un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima" en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

LARGO RECORRIDO Y MUCHOS MINISTROS

Más de un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de esta ley, y tras pasar por la consulta pública, la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado, como requiere la tramitación, el Gobierno ratificará esta norma para que inicie, ahora, la fase de tramitación parlamentaria.

Tal y como ha señalado Igualdad, el texto comenzará su tramitación en el Congreso, previsiblemente, el próximo mes de septiembre, en un proceso en el que recibirá las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Pero el recorrido de la reforma de los delitos sexuales va mucho más allá, ya que comenzó a idearse tras la polémica sentencia a la Manada de Sanfermines dictada por la Audiencia Provincial de Navarra. En abril de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que analizaría la tipificación de los delitos de abuso y agresión en el Código Penal.

Pero la propuesta encargada a la Comisión General de Codificación llegó a manos de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el cambio de gobierno al que dio lugar la moción de censura. Aún así, la reforma se hizo esperar. No fue hasta la posterior llegada del Gobierno de coalición PSOE-Podemos cuando vio la luz en forma de anteproyecto de Ley de Libertad Sexual.

El texto ha sido impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero y revisado por el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo y va a tardar más de un año en ser remitido finalmente a las Cortes.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que el reencuentro entre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, el miércoles en Waterloo (Bélgica) tendrá "un componente personal muy grande", aunque espera que también sirva para abordar contenido político.

En rueda de prensa presencial y telemática, ha celebrado que los dos líderes independentistas se puedan reencontrar en persona después de prácticamente cuatro años, algo que ve muy necesario, pero ha lamentado que tenga que ser en Bélgica y no en Catalunya, lo que cree que es una prueba de que "la represión sigue y continúa más vigente que nunca".

Considera que en el encuentro entre Puigdemont y Junqueras se producirá "este abrazo que muchísima gente de este país está esperando" y que será el inicio de más reuniones en el futuro.

"Tiene un componente personal y emotivo muy grande y es evidente que también habrá contenido en la reunión", aunque no ha dado más detalles de cómo será el encuentro.

Preguntada por la mesa de diálogo, Vilalta ha contestado que ahora lo importante es trabajar en el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación para aglutinar un consenso amplio sobre estas dos demandas entre la sociedad catalana para afrontar la negociación con el Gobierno "al máximo de preparados y con la máxima fortaleza".

Sobre la composición de la delegación catalana de la mesa, la dirigente republicana, que participó en la primera y única reunión de este espacio en febrero de 2020, ha dicho que será una de las cuestiones que se deberá debatir en las próximas semanas y que lo decidirá el Govern "en consenso" con los dos socios del Ejecutivo --ERC y Junts--.

También ha replicado a las reticencias que puedan haber desde Junts y la CUP sobre la mesa de diálogo diciendo que con ambos partidos cerraron un acuerdo de legislatura que da margen para explorar la negociación con el Gobierno.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Además, Vilalta ha explicado que el Govern está trabajando en una propuesta para "acompañar" a las personas afectadas por las finanzas que pide el Tribunal de Cuentas y también para defender que la Generalitat tiene competencias en acción exterior, y ha llamado a activar la Caja de Solidaridad para que la ciudadanía exprese su solidaridad ante esta causa.

"Para nosotros es importante que se demuestre la solidaridad y que el Govern pueda hacer lo que tiene margen para hacer", ya que ve importante trabajar desde todas las vías posibles para afrontar estas fianzas.

El Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo la convocatoria "urgente" del Debate sobre el estado de la Nación, de forma que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no siga "escurriendo el bulto". A su entender, en ese debate quedarían expuestas las "vergüenzas" del Gobierno, en "descomposición política", ante la "mirada escandalizada de la sociedad española".

La portavoz parlamentaria del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha asegurado que es una "anormalidad democrática" que en los tres años que Sánchez lleva en el Palacio de la Moncloa no se haya celebrado ese debate y ha añadido que esa actitud muestra el "autoritarismo" del presidente del Gobierno, que impide así "el control parlamentario y la rendición de cuentas a los españoles".

Por eso, ha señalado que su partido ha presentado una proposición no de ley para la celebración "urgente" de ese debate de política nacional, una petición que ya ha solicitado públicamente en reiteradas ocasiones el presidente del partido, Pablo Casado.

A finales de mayo, el PSOE ya avanzó que no había previsión de convocar ese debate antes del verano, alegando que el jefe del Ejecutivo no había dejado de rendir cuentas ante la Cámara Baja desde el estallido de la pandemia. Así, según el calendario que manejaban fuentes socialistas, la convocatoria de esta cita se haría después del paréntesis estival, si bien prevén habilitar el mes de julio para la celebración de algunas sesiones plenarias.

"SI BUSCA UN MOMENTO DE RESPIRO", "NO LO VA A ENCONTRAR"

En la proposición no de ley, el PP asegura que "solo desde una enfoque caritativo puede aceptarse ya que el Gobierno, a la luz de su irreversible descomposición política, siga escurriendo el bulto y evitando la celebración de un debate dónde quedarían expuestas todas sus vergüenzas ante la mirada escandalizada de la sociedad española".

"A la histórica derrota electoral del socialismo en la Comunidad de Madrid y al imparable y tenaz hundimiento del Gobierno en los sondeos de opinión --tanto en la valoración de sus negligencias como directamente en intención de voto-- se ha venido a sumar el desafuero de la concesión arbitraria de los indultos a los líderes independentistas condenados por los delitos se sedición y malversación de fondos públicos", resalta.

Según el PP, "nadie se lleva a engaño" porque no hay un solo español que desconozca ya que estos indultos son el "agónico pago político de Pedro Sánchez a cambio del oxígeno parlamentario que le permita prolongar servilmente su tiempo de supervivencia política en la Moncloa a costa del interés general y del propio orden constitucional".

"UN DESMORONAMIENTO" QUE VA A IR "CADA DÍA A MÁS"

Tras recordar que el último Debate sobre el estado de la Nación se celebro los días 24 y 25 de febrero de 2015, con Sánchez entonces como líder de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, el PP advierte al Gobierno de que si está buscando "un momento de respiro para celebrar el debate de la nación, no lo va a encontrar".

"Sin credibilidad, autoridad ni palabra, el desmoronamiento del presidente del Gobierno a ojos de los españoles va a ir cada día a más, por lo que resulta ser ahora su momento político menos malo para hacer balance de su triste ejecutoria y presentar a las fuerzas parlamentarias su plan político crepuscular", subraya el PP en su iniciativa.

Por todo ello, el primer partido de la oposición insta al Gobierno en esta proposición no de ley a "solicitar a la Presidencia de la Cámara la convocatoria y celebración con carácter de urgencia de un debate de política general" sobre el estado de la nación.

GAMARRA ACUSA A SÁNCHEZ DE "BLOQUEAR LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA"

En declaraciones, Gamarra ha criticado que Sánchez lleve tres años en la Presidencia del Gobierno y no haya convocado un solo Debate de la Nación, algo que ha tildado de "anormalidad democrática" y que ha achacado a su "debilidad" parlamentaria y a su estrategia para "impedir" la labor de control de la oposición.

En este punto, la dirigente del PP ha afirmado que hay una "obsesión" por parte del presidente del Gobierno de "bloquear la actividad parlamentaria, el control al Gobierno y la rendición de cuentas" ante los ciudadanos.

"Al final esa excusa de la búsqueda del clima adecuado lo que demuestra es la ausencia de calidad democrática y, en vez de hacer las cosas cuando tocan, las quiere hacer cuando a él le convengan y cuando él quiera, lo cuál es de un autoritatismo absoluto", ha enfatizado.

Gamarra ha reconocido que esta iniciativa no se podrá debatir en Pleno hasta el mes de septiembre pero ha subrayado que su partido quiere dejar constancia de una petición que lleva meses demandando públicamente, incluso "directamente" a Pedro Sánchez en el Congreso.

LAS RESOLUCIONES Y LOS "ACUERDOS QUE ESCONDE" CON SUS SOCIOS

Además, ha situado como una de las causas del retraso de esa cita parlamentaria el hecho que de Sánchez no quiera retratarse con la votación de las resoluciones que los grupos parlamentarios llevan al debate. "Uno de los elementos fundamentales por los que actúa con esta soberbia y este autoritarismo es que no se visualice la debilidad de Sánchez y la debilidad de este Ejecutivo", ha abundado.

Después de los indultos a los condenados por el 'procés' y ante la mesa de diálogo que el Gobierno impulsa con la Generalitat, la portavoz del Grupo Popular ha afirmado que los "acuerdos que esconde el Ejecutivo de Sánchez se verían reflejados en las exigencias de sus socios durante esas resoluciones".

Gamarra ha recalcado que son "interrogantes" que tiene la sociedad española y que deben ser "abordados en un Debate sobre el estado de la Nación". "Son de tal calado las incógnitas y las mentiras en las que está sumido el Ejecutivo de Sánchez que hacen todavía más necesario que nunca que ese debate se produzca", ha enfatizado, para añadir que en esa cita las "mentiras de Sánchez quedaría al descubierto" y también se vería reflejado el "cambio de ciclo político" que se abre en España de la mano del PP.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado este lunes que los independentistas viven instalados "en una pose permanente" y ha restado importancia a la ausencia de su homólogo catalán, Pere Aragonès, en la próxima Conferencia de Presidentes que tendrá lugar a finales de este mes. "Él se lo pierde", ha dicho.

Durante su participación en el curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos que organiza la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Vara ha respondido así al ser preguntado por lo que espera del próximo cónclave autonómico, que tendrá lugar en Salamanca, y al que Aragonés ya ha confirmado que no asistirá.

Vara ha dicho que espera que esa cita vaya "muy bien dentro" aunque luego fuera "nadie" quiera reconocerlo, como dice que ocurrió con todas las conferencias de presidentes que tuvieron lugar durante el estado de alarma derivado del coronavirus.

El presidente extremeño ha minimizado el 'plante' de Aragonés al resto de presidentes autonómicos apuntando que "él se lo pierde" pero, a renglón seguido, ha censurado que el independentismo viva en el "figuroneo" de tener "todos los días" una relación "privilegiada" con el Gobierno central.

ES UNA POLÍTICA ANTIGUA

"Eso es una política antigua", ha señalado Vara, quien ha comentado que él viaja todas las semanas a Madrid para reunirse con ministros o secretarios de Estado y "nunca hace publicidad a nada" para contrastar con lo que hacen los líderes independentistas que, a su juicio, "viven instalados en la pose permanente".

En su discurso, el socialista extremeño ha señalado que en los últimos 43 años se ha construido en España un Estado autonómico "sin un proyecto definido" y, por eso, cree que es necesario reformar la Constitución para cerrar el modelo territorial.

De entrada, ha admitido que ve "muy difícil" cualquier acuerdo en este sentido, pero ha remarcado que "la única manera" de intentar poner solución a la crisis política en Cataluña pasa por modificar la Carta Magna. "Esto no se resuelve con una bandera y un himno, es más complicado que todo eso", ha dicho.

Por todo ello, Vara ha insistido en la conveniencia de acabar de construir el Estado autonómico y de que el PSOE y el PP sean capaces de que "las grandes cuestiones no dependan de lo que piensen los independentistas". "Hay cuestiones de país que no pueden depender de cuántos diputados independentistas hay en el Congreso --ha indicado--. Eso, como país, deberíamos hacérnoslo mirar".

REFORZAR INSTITUCIONES "FEDERALIZANTES"

Vara ha defendido, entre otras cuestiones, la necesidad de "probar a gobernar juntos algunas cosas", como la Salud Pública que, según ha confesado, él no habría transferido a las comunidades, como tampoco algunas actuaciones en materia educativa. "No puede haber 17 currículos académicos", ha dicho.

Y, en este punto, ha abogado por reforzar instituciones "federalizantes", como ocurre en países como Alemania, y ha puesto como ejemplo que el Instituto de Salud Carlos III se convierta en una agencia participada por la Administración central y los territorios.

También cree que debe "darse una pensada" al modelo autonómico para que las comunidades no jueguen a la competición entre ellas, singularmente en materia fiscal, porque eso no hace más que aumentar las desigualdades entre territorios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este lunes que las víctimas del terrorismo, a las que "muchas veces se ha olvidado y no se han tenido suficientemente en cuenta" por parte de la sociedad, son "el baluarte necesario que ha conllevado que la sociedad hiciera frente, de una forma efectiva, a la lacra" del terrorismo y se consiguiera que "esos principios democráticos firmemente consolidados, derrotaran a la barbarie".

Junto al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el ministro ha participado en Vitoria en la presentación del primer tomo del proyecto de investigación 'Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco'.

Grande-Marlaska ha recordado que recientemente asistió en Vitoria a la inauguración del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y ha destacado que se trata de una institución "para trasladar valores democráticos, ética pública, democracia, y recordar que aquello que sucedió durante más de cincuenta años, el terrorismo de ETA y otros terrorismos --tanto nacionales autónomos como terrorismos internacionales-- es algo que no puede seguir ocurriendo".

"Es la mirada hacia los valores democráticos y hacia lo que conforma una verdadera democracia", ha subrayado antes de afirmar que el centro memorial quiere salir a la sociedad y "contaminarla, recíprocamente en sus valores fundamentales.

El ministro ha explicado que el estudio que se presenta este lunes se enmarca en las actividades que conforman la inauguración del centro y es consecuencia de un convenio entre el Centro Memorial y el Instituto Universitario Valentín de Foronda, trabajos que ha coordinado el profesor José Antonio Pérez. "Es un trabajo realmente serio, un trabajo académico que ha llevado mucho tiempo", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que este trabajo 'Historia y Memoria del terrorismo en el País Vasco', es "una imagen de reflexiva sobre lo sucedido y desde la perspectiva de las víctimas, que muchas veces hemos olvidado o no hemos tenido suficientemente en cuenta el conjunto de la sociedad", cuando son "el baluarte necesario que ha conllevado que la sociedad hiciera frente, de una forma efectiva, a esa lacra y consiguiéramos que esos principios democráticos firmemente consolidados derrotaran a la barbarie".

En la presentación también ha participado el director del Memorial, Florencio Domínguez, Ángel Altuna, víctima del terrorismo, y los representantes de Instituto Foronda, José María Ortiz de Orruño, y el coordinador del proyecto de investigación, José Antonio Pérez.

LA INVESTIGACIÓN

La publicación es el resultado de cuatro años de trabajo que se iniciaron en 2015, con la aprobación por el Patronato del Centro Memorial del primer proyecto impulsado por el mismo para la realización de un estudio riguroso y desde la metodología histórica sobre el terrorismo en el País Vasco.

Este primer volumen de la trilogía ha sido coordinado por José Antonio Pérez y prologado por Florencio Domínguez y Antonio Rivera. Los autores del mismo son los historiadores Iñaki Fernández Redondo, Javier Gómez Calvo y Erik Zubiaga Arana.

El Instituto Foronda ha realizado esta investigación con 26.000 documentos en archivos pdf, más de 2.000 actas de ayuntamientos relacionadas con atentados o actos terroristas en diferentes localidades vascas, y 40 entrevistas en soporte audiovisual con víctimas, testigos y protagonistas.

Este primer libro está estructurado en ocho grandes capítulos que abarcan el terrorismo de ETA, el terrorismo ultraderechista y parapolicial, y las extorsiones al colectivo empresarial y la persecución a la derecha vasca no nacionalista.

La obra completa se editará en tres tomos correspondientes a otros tantos periodos del terrorismo en Euskadi: 1968-1981, 1982-1994 y 1995-2010. La trilogía reúne más de 2.000 páginas y decenas de fotografías que conforman una actualización y puesta al día de toda la bibliografía sobre el terrorismo en el País Vasco.

El material audiovisual está en preparación para elaborar un documental sobre "el miedo y el silencio" derivados del terrorismo enEuskadi. Los investigadores que han participado en este trabajo han elaborado un archivo con una carpeta dedicada a cada víctima, dentro de las cuáles se estima que hay alrededor de 5.000 subcarpetas.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado que el Govern anunciará "en breve" su respuesta a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas contra 34 exaltos cargos de la Generalitat por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017.

En una entrevista este lunes en TV3, ha calificado este organismo de "inquisición económica y política", y ha defendido que la acción exterior de la Generalitat está amparada por el Estatut y el Govern no ha recibido nunca advertencias.

"Debemos protegernos y estar a su lado. Próximamente explicaremos la respuesta concreta" del Govern, ha insistido Vilagrà, que ha explicado que esta respuesta, que anunciarán en los próximos días, permitirá la protección de los servidores públicos.

Vilagrà también ha afirmado que el Procicat anunciará las medidas oportunas tras el repunte de casos de coronavirus, y ha avanzado que serán "quirúrgicas" y de protección del ámbito individual, y que quieren hablar con los sectores afectados antes de hacerlas públicas.

MESA DE PARTIDOS

Preguntada por la petición del PSC para que se reúna la mesa de partidos con representación en el Parlament que aprobó la misma Cámara antes de la mesa de diálogo, la consellera ha acusado a los socialistas de querer "descafeinar" los pactos a los que puedan llegar el Govern y el Gobierno central, y les ha reprochado que planteen la posibilidad de que Vox esté en la mesa de partidos.

"No le pondremos tan fácil al Gobierno español renunciar esta vía.Pactar un referéndum es la vía inclusiva y es la que defendemos", ha destacado Vilagrà cuando le han preguntado si renuncian a la unilateralidad.

Ha añadido que esperarán a ver la evolución de los hechos, de la negociación y el diálogo: "Seremos contundentes, queremos resultados", y ha apostado por centrar esfuerzos en la vía plausible, en sus palabras.

Sobre la reunión entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el miércoles, Vilagrà ha explicado que tendrán ocasión de "profundizar en el entendimiento más que en la discrepancia".

Ha concretado que se han puesto en marcha los mecanismos de coordinación que pactaron ERC y Junts antes de formar Govern y "funcionan bien", y ha añadido que no ha habido ninguna gran discrepancia y quieren que la legislatura dure 4 años y se provechosa.

Las personas mayores de 35 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19 pueden pedir cita desde este lunes por teléfono para vacunarse en sus centros de salud.

De este modo, tendrán que ponerse en contacto telefónico con su centro de salud de referencia y activar la opción '0' en el teclado o verbalmente.

Desde este martes, día 6, estará abierta la citación para estudiantes que vayan a cursar estudios en el extranjero o que hayan sido admitidos en el extranjero o en programas de formación internacional como Erasmus+, becas MAEC-AECID, Fulbright o promovidas por fundaciones privadas, entre otras.

Así, el miércoles podrán empezar a vacunar a aquellos que hayan pedido cita online a través de una web específica (https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/TESTCOVID) en cuatro dispositivos habilitados para ello: el Hospital La Paz, el Centro de Vacunación de la Comunidad de la calle General Oraá, el Centro de Vacunación Internacional del Ayuntamiento ubicado en la calle Montesa y la sede del Colegio Oficial de Médicos.

También el miércoles se abrirá el sistema de autocita para la vacunación contra la Covid-19 para la franja de 30 a 35 años. Desde su puesta en marcha el pasado 26 de mayo hasta el momento, se han tramitado casi 700.000 peticiones a través de esta plataforma.

El sistema de autocitación para vacunarse contra la Covid-19 se abrió este jueves para las personas de 35 a 37 años que no hayan recibido aún ninguna dosis, de modo que todos los nacidos después de 1.987 pueden pedir su cita para vacunarse en alguno de los 36 puntos habitados para ello.

En concreto, este sistema permite elegir entre 29 hospitales públicos, cuatro centros de salud, el Wanda Metropolitano, además del horario 24 horas activado para la vacunación en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y el WiZink Center.

Inicialmente se abrió a la franja de edad de 57 a 67 años y posteriormente el umbral de edad fue bajando de forma progresiva para avanzar en la inmunización de grupos de población de menor edad, hasta incluir el pasado lunes a personas de 38 y 39 años y, desde este jueves, a las que están en el tramo de 35 a 37 años.

Según el escenario que baraja la Comunidad, sobre el 20 de julio se alcanzaría el 70% de la población diana --mayores de 16 años-- con al menos una dosis de las vacunas y sobre el 9 de agosto se llegaría al 70% con la pauta completa. Con ese porcentaje de inmunizados, la previsión es comenzar la vacunación de menores de entre 16 a 12 años a mediados o finales del mes de agosto, de cara al inicio del curso escolar.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "reflexionar" como "sociedad", con los viajes de fin de curso como telón de fondo, tras constatar la "eclosión" de contagios registrados al final de un año académico con "millones gastados" en proteger a los más jóvenes. Asimismo, ha reconocido que él no ve claro priorizarles por encima de personas de más edad y ha recordado que, abordado el asunto en el ámbito estatal, no se acordó tampoco ningún cambio de criterio.

Así lo ha trasladado durante su participación en la jornada 'Next Generation' en el Foro Ágora de 'El Economista'. Durante su intervención, el presidente gallego incidió en que, durante el curso, se gastaron "millones" en proteger a los alumnos, con más profesorado, mamparas y distancias de seguridad; y ahora, una vez finalizado, llega la "eclosión" de contagios.

"Hay que preguntarse si es razonable hacer viajes de fin de curso cómo si no hubiera pandemia", ha dicho el presidente gallego, con el trasfondo del 'macrobrote' de Mallorca, que ha afectado a varias comunidades, entre ellas a Galicia. Pero en días pasados, Feijóo también ha cargado reiteradamente contra los 'botellones' ilegales que tienen lugar en localidades de la Comunidad gallega.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Feijóo ha insistido en la necesidad de hacer "una reflexión como sociedad". "Hemos blindado aulas, contratado a miles de profesores, mantenido la distancia de metro y medio, y puesto mamparas. "Hay que hacer una reflexión acerca de si después de acabado el curso escolar es razonable hacer viajes de fin de curso como si no hubiese pandemia", ha insistido.

"Tenemos que hacer la reflexión de que no hay vacunas para esos jóvenes y de que la legislación tiene muchos agujeros. Y en tercer lugar, las familias tenemos que persuadir a nuestros jóvenes de que, mientras que no se vacunen, hay que actuar con el mismo rigor que el verano pasado porque, al no haber vacunas, la capacidad de contagio es la misma y aumenta porque el número de variantes ha subido y son más contagiosas", ha agregado.

EL FOCO EN OTOÑO

En esta coyuntura, Feijóo ha vuelto a "pedir disculpas" a los más jóvenes por "no tener" vacunas para todos, y les ha pedido seguir cumpliendo con el uso de mascarilla y el resto de medidas que marcan los protocolos frente a la covid-19.

"Queda poco, estamos en el final del túnel", ha dicho el presidente gallego, quien ya en su intervención había incidido en que es preciso "ponderar" la situación hasta otoño. "En septiembre-octubre podemos tener vacunados a la mayoría de jóvenes, pero hasta septiembre-octubre, por favor, extrememos las precauciones", ha recalcado en las declaraciones posteriores.

"TENGO MUCHAS DUDAS"

Feijóo ha subrayado que Pfizer, el "proveedor oficial" de dosis principal de la UE va a enviar menos vacunas en julio que en junio, por lo que el ritmo en la inmunización será más lento. Por ello, ha hecho un llamamiento en clave europea a tratar de conseguir más vacunas como "objetivo número uno".

Y en cuanto a la posibilidad de cambiar el protocolo para priorizar a los más jovenes, ha recordado que esta cuestión se debatió ya en la Interterritorial sanitaria y no se decidió ningún cambio de criterio.

"Es muy difícil decirle a una persona de 35 años que tiene menos prioridad que una de 25. No soy muy optimista y tengo muchas dudas de que debamos empezar por los más jóvenes y dejar a los de mediana edad sin vacunar", ha dicho el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha reiterado su mensaje de responabilidad a los jóvenes.

"Debemos ser serios y decir a nuestros jóvenes: lo sentimos mucho, no tenemos vacunas de momento. Entendemos vuestro interés por el ocio, pero os pedimos responsabilidad porque, si no, os váis a contagiar y en el mejor de los casos, os váis a cuarentenar", ha resumido, para concluir que la responsabilidad es el único camino "si un joven quiere tener un verano tranquilo".

"El ocio con medidas de seguridad es posible; si no, es una fuente de contagios", ha zanjado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la legalidad de los traslados de presos de ETA que han puesto fin a la dispersión y ha afirmado que "lo que es legal es legal, y no hay puntos intermedios". Además, ha confirmado la existencia de reuniones de representantes de EH Bildu con directores de las cárceles vascas, "en materia penitenciaria, cada uno dentro de sus competencias".

De forma previa a su participación en la presentación del primer tomo del proyecto de investigación "Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco" que se ha llevado a cabo en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, ha asegurado que no ha habido un proceso de traslado de los presos de ETA que estuviera "diseñado o definido".

Según ha explicado, existe "un trabajo de cumplimiento de la Ley General Penitenciaria", respecto al traslado de los presos de la organización terrorista ETA. "Han sido peticiones de las Juntas de Tratamiento y actuaciones de acuerdo con las mismas", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que "lo que era la dispersión de los miembros de ETA" fue una política antiterrorista "que dio resultados importantes y decisivos" pero, tras más de 10 años de la "derrota" de la organización terrorista, "evidentemente, las políticas son de otra índole".

"Lo que estamos hablando, en un Estado de Derecho, es de aplicación de la Ley General Penitenciaria. No se ha hecho otra cosa. En todos los casos, en todos los traslados que han tenido como destinatarios los presos condenados por hechos de naturaleza terrorista y pertenecientes a la organización terrorista ETA, han obedecido única y exclusivamente a la Ley General Penitenciaria", ha reiterado.

Grande-Marlaska, que ha asegurado que "nunca" confrontará con las asociaciones de víctimas, que le merecen "el máximo de los respetos", ha afirmado que sí podrá "entrar en controversias con partidos políticos concretos", como los de "la derecha", que "sí utiliza y sigue utilizando el terrorismo como herramienta política, de una manera absolutamente improcedente e impertinente".

El ministro ha recordado que se reúne con las asociaciones de víctimas del terrorismo "de una forma continuada" a las que transmite que "lo único" que hace el Ministerio del Interior es "la aplicación pura de la ley".

Preguntado por la posibilidad de que se den "otros pasos" con los presos de ETA, ha recordado que su Ministerio aplica la Ley General Penitenciaria. "En las cuestiones de progresión de grados o de cualquier otra circunstancia, ahí interviene el Poder Judicial, la Fiscalía, son cuestiones que serán de aplicación de la Ley en su conjunto y con la intervención judicial cuando sea necesario, conforme al mismo ordenamiento jurídico", ha puntualizado.

En este punto, ha vuelto a defender que los traslados de estos reclusos "son legales" porque "se está aplicando la ley". "Lo que es legal es legal, no caben puntos intermedios", ha asegurado. Por ello, ha asegurado que el Gobierno central "aplica la ley en todo momento".

Grande-Marlaska, que ha rechazado el término "acercamiento" para puntualizar que se trata de "traslados", ha aclarado que estos son instados por las Juntas de Tratamiento "atendiendo a las circunstancias individuales de cada uno".

"Son estudios individualizados, expedientes concretos. Aplicar la Ley General Penitenciaria a cada uno de los internos, a sus circunstancias personales, a su historia delictiva y al resultado de un tratamiento", ha indicado, al volver a ser cuestionado por si se producirán acercamientos a cárceles más cercanas al País Vasco.

REUNIONES CON EH BILDU

Ante las informaciones de reuniones que representantes de EH Bildu han mantenido con los directores de los tres centros penitenciarios vascos, ha insistido en que "el Gobierno, Ministerio del Interior, instituciones penitenciarias, aplica la ley en todo su ámbito".

Según ha reiterado, en "muchas de las actuaciones" en materia penitenciaria viene la actuación o la intervención tanto de Fiscalía como del Poder Judicial".

"Sé que hay reuniones, pero el alcance, simplemente, vuelvo a decir, en materia penitenciaria, cada uno dentro de sus competencias. Nunca más allá y fuera del ámbito de las competencias", ha explicado. Grande-Marlaska ha reiterado que "es algo tan simple y tan simple como la aplicación de la Ley General Penitenciaria en todo momento".

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha esperado que de la Cumbre entre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares surja un "modelo de estado en el que haya armonía, cohesión y justicia social". Además, ha apostado porque entre ambas comunidades impulsen la reforma del sistema de financiación.

El presidente valenciano espera además que nazca una "nueva etapa de relaciones" entre "dos comunidades que tienen tantos vínculos en común y tantos intereses de futuro".

Así se ha pronunciado Puig a su llegada al Palacio de Congresos de Palma, donde se celebra la Cumbre, en la que participan también empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil. Puig considera este encuentro "un paso adelante en la manera de entender la España real, basada en muchas miradas desde la diversidad y la suma permanente".

El presidente ha explicado que en este encuentro esperan definir proyectos europeos y concretar iniciativas, así como hablar de "cómo se puede impulsar la reforma definitiva del modelo de financiación". "Aunque partimos de posiciones diferentes, hemos visto en los últimos tiempos como tanto la Comunidad Valenciana como Baleares se han visto en divergencia respecto a la media de renta per cápita respecto a la media española", ha agregado.

Por ello, Puig espera que de esta cumbre surja un "modelo de estado en el que haya armonía, cohesión y justicia social". Además, espera que estas cumbres puedan continuar, y ampliarse a otras autonomías para construir "esta España desde abajo", con "respeto a las identidades y singularidades, siempre pensando en la igualdad de las personas".

En este sentido, ha indicado que en septiembre se reunirá con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y aunque "no será una cumbre como tal", sí le gustaría que se pudiera hacer una. Preguntado por Cataluña, ha explicado que también ha hablado con el presidente Pere Aragonés, y que es la primera vez que se hacen este tipo de cumbres. "Esperemos que funcione bien", ha agregado.

Respecto a la financiación, Puig ha incidido en que la Comunidad Valenciana "lleva mucho tiempo reivindicándola" y "ya viene de largo", puesto que "el sistema anterior era peor que el actual". Por ello, ha defendido que se garantice la "suficiencia financiera" de las autonomías y ha lamentado que en la pandemia se han quedado "muchos problemas parados".

Para Puig, el cambio del modelo de financiación es "inaplazable" y se necesitan "generar espacios de cohesión y proximidad para conseguir la reforma lo más pronto posible".

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha criticado este lunes que el presidente del Govern, Pere Aragonès, no prevea abrir la mesa de partidos representados en el Parlament: "Vemos inmobilismo y monólogo por parte del Govern" cuando cree que debería hacer gestos como convocar este espacio de diálogo.

"Hasta ahora ha sido sólo el Gobierno de España el que se la ha jugado" con los indultos, ha asegurado Granados, que ve al Govern poco dispuesto a hacer política para desencallar la situación, ya que está encallado en los mantras de la autodeterminación y la amnistía, ha dicho en rueda de prensa.

Ha sostenido que Aragonès no puede defender el diálogo con el Gobierno central y negarlo en Cataluña: "Parece que quiera ir a hacer un monólogo con las reivindicaciones independentistas en setiembre", ha añadido sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

Granados ha recordado que el expresidente del Govern, Quim Torra, sí abrió esta mesa --que se aprobó por mayoría en la Cámara catalana--, y ha asegurado que convocarla es para Aragonès "una exigencia si quiere representar a todos los catalanes, y el resto son notas a pie de página" y excusas, según ella.

Preguntada por la reunión prevista para este miércoles en Bélgica entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado que "tienen muchas cosas que hablar, porque han tenido muchos desencuentros en los últimos años y no tienen una relación muy fluida".

Sobre el rechazo de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la vía unilateral, ha señalado de que "la unilateralidad no es democracia" y, después de que Aragonès asegurara el domingo en 'El Periódico' que en Cataluña no hay colonos, ha dicho que no se aplica el derecho a la autodeterminación porque nunca ha sido una colonia.

Preguntada por la posibilidad de que el Govern cubra las fianzas de los afectados por la causa del Tribunal de Cuentas, ha destacado que "la propia Generalitat es consciente de las dificultades que puede incurrir, incluso del riesgo de malversación si lo avalan con fondos públicos", y ha asegurado que los afectados tienen todas las garantías en el proceso.

ASESINATO EN LA CORUÑA

Granados ha lamentado el asesinato de un joven homosexual en A Coruña por una paliza el sábado, y ha avanzado que representantes del PSC participarán en la concentración en Barcelona a las 18.00 horas, como "rechazo de todos y cada uno de los discursos de odio que llevan a la violencia".

Ha asegurado su apoyo al Govern ante el repunte de casos de coronavirus, y ha explicado que la diputada socialista encargada del área de salud, Assumpta Escarp, ha pedido una reunión al conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, para abordar los dispositivos activados para hacer frente a la situación.

PPdeG, PSdeG y BNG, grupos políticos con representación el Parlamento de Galicia, han mostrado este lunes su condena al crimen de Samuel Luiz Muñiz en la madrugada del sábado en A Coruña y han apelado a que las fuerzas del orden que investigan lo ocurrido esclarezcan los hechos que envuelven la muerte del joven.

Los tres portavoces de las formaciones que integran el hemiciclo de la Cámara autonómica --Pedro Puy (PP), Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG)-- han iniciado sus ruedas de prensa celebradas en la mañana de este lunes con palabras de apoyo a los familiares y allegados de Samuel.

Todos ellos han incidido en la importancia de que la investigación llegue al fondo del asunto, se identifique a los responsables de la paliza y se dilucide si hubo algún componente de odio en la agresión.

El popular Pedro Puy, después de trasladar el pésame a los allegados de la víctima, manifestó su rechazo "a cualquier forma de violencia, sea cual sea su inclinación".

Por su parte, Pontón ha avanzado que el BNG apoya y participará en las concentraciones convocadas en más de 50 localidades gallegas en la tarde de este lunes en protesta por el crimen.

La líder frentista ha subrayado la importancia de que se investigue "si detrás del asesinato hubo homofobia", ya que es "una cuestión fundamental" conocer si en los hechos pudo existir "un delito de odio".

En este sentido, ha incididio en que es preciso "hacer una reflexión" sobre episodios de este tipo porque "detrás de los discursos del odio, el racismo, de la xenofobiao la LGTBIfobia, está la intolerancia".

Por último, el socialista Gonzalo Caballero ha reinvidicado que "no se pueden consentir niveles de odio, crispación y violencia" como los que rodean la muerte de Samuel, un crimen que "no puede quedarse sin responsables".

En todo caso, ha apelado a la prudencia y a dejar trabajar a las fuerzas del orden para conocer qué ocurrió. "Lo que es evidente es que, con unas causas u otras, todos tenemos que entender que la violencia no puede tener cabida en la sociedad", ha apostillado.

Podemos ha marcado como prioridad para los próximos Presupuestos Generales del Estado avanzar en una reforma fiscal bajo la estela del acuerdo histórico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluye un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%.

Así lo ha traslado en rueda de prensa los coportavoces de la formación morada Isa Serra y Pablo Fernández para dejar constancia de que la legislatura entra en un "nuevo tiempo" ante los avances de la vacunación, que vislumbran el horizonte final de la crisis del Covid-19.

En este sentido, Serra ha subrayado que la situación sanitaria obliga a seguir siendo prudentes pero ha desgranado, tras el despliegue de importantes medidas del "escudo social", llega una fase de "redoblar los esfuerzos" en el seno del Gobierno de coalición para salir de esta crisis con "más derechos".

Por tanto, ha garantizado que Unidas Podemos, como parte de ese Ejecutivo, va a impulsar más derechos para la ciudadanía y los próximos PGE son una "buena oportunidad para ello", así como de aumentar el grado de cumplimiento del acuerdo de coalición con el PSOE.

Y en este sentido, Serra ha subrayado que la reforma fiscal es uno de sus objetivos para los PGE, dado que "no hay justicia social sin justicia fiscal". En este punto, ha aludido al "histórico" pacto en la OCDE para aplicar ese tipo mínimo del 15% a las grandes empresas, dado que el sistema no puede mantener la carga de la presión fiscal en los trabajadores y autónomos.

Por tanto, ha opinado que es el momento de aplicar fórmulas de mayor progresividad para que "aporten más" los que "más tienen". "Tenemos que seguir cumpliendo el acuerdo de gobierno y seguir avanzando en la recuperación económica", ha remachado.

EL CAMINO LO MARCA LA OCDE

Por tanto, Serra ha explicado que tendrán que hablar con su socio de coalición pero entienden que el acuerdo de la OCDE "marca el camino" a seguir para "avanzar en justicia fiscal", aspecto en el que ya van "muy tarde".

Además, ha remarcado que el bloque progresista en el Congreso ha evidenciado los éxitos de esa mayoría, que tras la fase de desjudicialización del conflicto catalán debe volver a expresarse también en los PGE.

La semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tienen que aprobarse antes de que finalice el año, por lo que se comprometió a presentarlos "en tiempo y forma".

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de cinco años de prisión por un delito de lesiones agravadas con la agravante de parentesco a un hombre que apuñaló a su hermano durante una discusión en la vivienda que compartían en València.

El tribunal le obliga, además, a indemnizar con 17.300 euros a la víctima por las lesiones y las secuelas que sufrió a consecuencia de la agresión, y con 13.811 euros a la Generalitat Valenciana por los gastos de la asistencia médica al lesionado. Por otro lado, el agresor no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con el perjudicado durante siete años.

Los hechos tuvieron lugar sobre el mediodía del 13 de mayo de 2019, en el transcurso de una discusión, cuando el condenado cogió un cuchillo, se abalanzó sobre su hermano y se lo clavó en el costado izquierdo con el ánimo de quitarle la vida.

A continuación, tal y como recoge la resolución, cuando el acusado comprobó el estado en que se hallaba el agredido, interrumpió la agresión y fue hasta el domicilio de un tío suyo que vivía en las inmediaciones para que lo llevara con su furgoneta hasta un hospital.

El condenado ayudó a subir a su hermano al vehículo, que lo transportó rápidamente hasta el hospital, donde fue operado de urgencia y quedó ingresó en la UCI con el pulmón izquierdo y el corazón afectados por el arma. De no haber recibido esa asistencia sanitaria de forma urgente, la víctima hubiera fallecido.

Aunque la Sala considera probado que la intención del penado era matar a su familiar, le absuelve del delito de homicidio en grado de tentativa del que le acusaba la Fiscalía, y por el que esta parte pedía una condena de nueve años de prisión, y le declara autor de un delito de lesiones agravadas.

La Audiencia de Valencia ha tomado esta decisión tras aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al conocido como desestimiento activo.

Así, los magistrados argumentan que, una vez interrumpida la acción delictiva por parte del penado, éste se apresuró con la ayuda de un amigo y su primo para que su hermano "recibiera de la manera más rápida posible asistencia médica".

Su actuación, según la sentencia, "fue eficaz, al menos, para reducir el tiempo de espera de su hermano antes de subir a la furgoneta y ser conducido al hospital".

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que su formación está "preparada" para la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana y ha expresado que, si él fuera Ximo Puig, las convocaría "lo antes posible" ya que ha augurado que "cada día que pasa", el 'president' de la Generalitat "sacará peor resultado".

Mazón ha criticado la "mala gestión" del jefe del Consell en ámbitos como la financiación, agua, de sectores productivos y lengua y se ha mostrado "harto" del "ninguneo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dedica todos los días" a la autonomía y que el Botànic "aplaude y silba".

El presidente del PPCV, en una entrevista en 'Herrera en Cope', ha asegurado que los valencianos "están hartos de la mala gestión" de Puig y de Pedro Sánchez. "Nos desprecian en la financiación, en el agua, en los sectores productivos que no son incluidos en planes europeos o en el pedir permiso a Cataluña para imponer un modelo lingüístico que ahoga nuestra libertad", ha afirmado.

Preguntado por una convocatoria de elecciones autonómicas, ha criticado que serán "cuando más le convenga a Puig y no a la Comunitat", frente a lo que ha defendido que el PPCV está "preparado". "Si fuera Puig, las convocaría lo antes posible porque, cada día que pasa, sacará peor resultado", ha expresado.

"En 2015 perdimos la Generalitat y en 2019 sacamos peores resultados, aunque en algunas zonas mantuvimos ayuntamientos importantes, sobre todo en Alicante. La crisis galopante y aquellos casos de corrupción convenientemente aireados por la izquierda y desde sectores mediáticos nos hicieron daño", ha reconocido.

"LA FINANCIACIÓN NO ES UN JUEGO DE ESGRIMA"

Sobre la financiación autonómica, ha incidido en que la valenciana es la comunidad "peor financiada de todas", una circunstancia, además, "reconocida por todos". No obstante, ha señalado que no se trata de "un juego de esgrima para ver qué presidente autonómico gana y quién pierde, sino que significa sanidad y servicios sociales".

Así, ha defendido que este asunto sea "un punto de encuentro en el que todos ganemos", a la vez que se ha mostrado "dispuesto a hacer frente común con Puig en todo lo que sea bueno para la Comunitat, venga de donde venga, aunque lo proponga Podemos". "Hemos venido a aportar soluciones, no a agrandar los problemas", ha aseverado.

En materia educativa, ha asegurado que, en cuanto su formación gobierne la Generalitat, eliminará el requisito lingüístico, que es "una barbaridad" que "impone la lengua", y apostará por un modelo "de convivencia entre el castellano y el valenciano" porque "no queremos llegar a los límites de división de Cataluña".

El dirigente 'popular' y también presidente de la Diputación de Alicante ha defendido que su formación aspira ser un "gran espacio de encuentro común" frente a la "división a la que el tripartito nacionalista de izquierdas somete a la Comunitat".

Mazón ha señalado que el PPCV aspira a gobernar en solitario, "sin complejos ni prejuicios", y se ha mostrado "encantado" de aceptar el apoyo de Vox "si aceptan las normas para mejorar la sociedad".

"DOBLE VARA DE MEDIR" DE LA IZQUIERDA

Por otro lado, ha defendido que el síndic del PSPV, Manolo Mata, "debería abandonar su cargo" tras conocer que va a ejercer como abogado de un empresario en prisión provisional por el caso 'Azud' y ha censurado la "doble vara de medir" del gobierno valenciano. "Venían a salvar a la Comunitat Valenciana de la corrupción y todos los investigados del tripartito siguen en sus puestos", ha recriminado.

Sobre la situación epidemiológica, ha incidido en la necesidad de "extremar las precauciones" por el incremento de los contagios en las últimas semanas, al tiempo que ha criticado que la Comunitat Valenciana "ha pagado un precio muy alto al estigmatizar a la hostelería". "No es un tema fácil de abordar desde que Sánchez se lavó las manos y trasladó la responsabilidad a las comunidades", ha añadido.

Finalmente, preguntado por las declaraciones del expresident de la Generalitat Francisco Camps sobre la posibilidad de presentarse para ser candidato a la Alcaldía de Valencia por el PP, ha zanjado que "no hay ningún debate" al respecto porque "los valencianos quieren a María José Catalá, que es la mejor".

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer imponer "un régimen de terror" con la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que planea el Ejecutivo y que, según ha avanzado, su formación impugnará ante el Tribunal Constitucional cuando se apruebe.

En una rueda de prensa en la sede nacional de su partido, Buxadé se refería así anteproyecto de reforma publicado este fin de semana por 'El País', según el cual, ha indicado el eurodiputado, el Gobierno podrá "imponer prestaciones personales y volver a confinar a los españoles sin pasar por el Parlamento".

"¿Será capaz Sánchez de imponer la censura a la prensa y requisar de bienes solo a los españoles o lo hará también con los inmigrantes?", se ha preguntado el dirigente de Vox, quien ha denunciado las "entradas ilegales" de la semana pasada por aguas de Murcia y Almería.

EXPLICACIONES EN EL CONGRESO

Además, Buxadé ha cargado contra el Gobierno por querer aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional con la "antiespaña", en referencia a sus aliados parlamentarios. "No necesitamos una ley de pandemias que va a servir para atacar la unidad de España y los derechos de los españoles, lo que necesitamos es que el Gobierno deje La Moncloa", ha dicho.

Aun reconociendo que se trata de un mero "anteproyecto", el eurodiputado ha garantizado que su partido "luchará" contra esas pretensiones. Por lo pronto, ya han solicitado la comparecencia en el Congreso del director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, para que informe sobre las "prestaciones personales" que el Gobierno pretende imponer a los ciudadanos en caso de emergencia.

Así, tras señalar que, de hacerse realidad en esos términos, Vox llevará esta reforma al Tribunal Constitucional, el portavoz ha aprovechado para volver a urgir al Alto Tribunal a dictar sentencia ya sobre la legalidad del estado de alarma decretado en marzo de 2020 para frenar la pandemia de coronavirus. "¿O es que van a esperar a que se apruebe la nueva Ley de Seguridad Nacional?", se ha preguntado.

Por otra parte, la diputada Patricia Rueda ha confirmado que el partido se presentará como acusación en el caso de los menores que fueron de viaje de estudios y quedaron "retenidos en un hotel de Palma" por el macrobrote de coronavirus que se ha extendido por varias comunidades.

"No permitiremos un uso arbitrario de las leyes para restringir derechos", ha dicho Rueda, a la vez que ha acusado al Gobierno de "maltratar" la imagen turística de España con sus decisiones. "Este Gobierno ha tratado peor a los estudiantes de Baleares que a los ingresados en los centros de atención temporal de extranjeros", ha apuntado, por su parte, Buxadé.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (PSOE), ha manifestado este lunes que no teme que el PP cambie la actual ley nacional de educación, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), también llamada Ley Celaá, porque "es una ley acogedora de cualquier ideología".

"¿Qué que va a hacer (el PP) con la ley? Nosotros pensamos en mantener el Gobierno porque pensamos que el Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez es justamente lo que necesita la sociedad española", ha manifestado en declaraciones a la prensa en Carmona (Sevilla), donde participa en un curso de verano de la Universidad Pablo de la Olavide (UPO).

La ministra ha resaltado las virtudes de la ley y criticado que el Partido Popular decidió "con cuatro mantras" hacer oposición con la educación, "cuatro cuestiones que fácilmente se pueden verificar apenas abrir la ley".

Según ha expuesto, una de ellas era la falta de libertad, cuando "la ley afirma la libertad de enseñanza rotundamente desde sus primeros principios". Otra el castellano, cuando la ley "afirma rotundamente que todas las administraciones educativas garantizarán el aprendizaje en castellano y en las demás lenguas cooficiales conforme a la Constitución".

Otra fue la discapacidad, que "íbamos a cerrar los centros de educación especial" cuando "eso es imposible" y "sería insensato de un país cerrar los centros de educación especial", lo que "no quiere decir que no se incorporen más recursos a los centros ordinarios para tratar de manera muy inclusiva la discapacidad", ha apuntado la ministra.

Celaá ha resaltado que la educación es "el cimiento básico" para el desarrollo y "la principal herramienta" de la igualdad, y por eso han sacado la Lomloe, que "trata mucho lo que es la educación afectivo sexual, la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, y la educación para evitar la segregación, sea esta de la naturaleza que sea", de extracción socio-económica, raza, discapacidad o genero.

"Sabemos que la educación es el principal instrumento para luchar contra la violencia de género y hemos de luchar contra la violencia de género porque en lo que va de año tenemos 23 mujeres asesinadas que han dejado 13 niños huérfanos", ha añadido.

Ha destacado que con recursos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia cuentan con casi 5.000 millones para trabajar en equidad, digitalización y también en formación profesional, que Andalucía ha recibido casi 800 millones en lo que va entre el 2020 y 2021, y que el Gobierno ha incrementado en un 139% el presupuesto de educación porque "siente la educación como una prioridad de país".

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha manifestado este lunes que la sentencia que ratifica la condena a 19 meses de prisión a la exportavox de Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra debe merecer "un reproche político".

Tras participar en un acto, el consejero madrileño ha señalado que la resolución del Tribunal Supremo se "valora por sí misma", dado que describe el delito que cometió la exparlamentaria regional y la pena que se le ha impuesto por los delitos cometidos, entre ellos atentado, lesiones y daño.

"Estamos ante algo que pone de manifiesto un comportamiento de esta persona que ha merecido un reproche penal y debe merecer un reproche político", ha subrayado López.

Serra fue condenada a 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad por participar en los altercados contra un desahucio en 2014.

Se la penó también por un delito leve de lesiones a una multa de cuatro meses, a razón de diez euros diarios (400 euros); por un delito de daños a cuatro meses, con la misma cuota diaria (400 euros), y se le inhabilitó al derecho del sufragio pasivo, lo que se confirma ahora.

En el fallo, los magistrados del Supremo defienden el atestado policial de los hechos y las diligencias abiertas para su averiguación ante las sospechas de irregularidades planteadas por la defensa en su recurso.

El Supremo señala que los vídeos exhibidos en el juicio y que constan en la causa no "acreditan la participación de la acusada en las agresiones", pero tampoco "la desmienten en cuanto no recogen en su integridad ni todo el episodio ni, en particular, todas las perspectivas o ángulos posibles".

"Solo pueden visualizarse unos específicos planos que apenas permiten vislumbrar a alguno de los varios lanzadores de efectos", recoge el fallo.

También menciona que las personas identificadas junto a larecurrente acabaron "reconociendo no solo su presencia en el lugar sino también su intervención en los hechos", lo que a juicio del tribunal de casación "constituye elemento corroborador que hace muy poco verosímil que los agentes fuesen mendaces y/o errasen solo en relación con la ahora recurrente y no en sus referencias a los demás ya enjuiciados".

"Hay indicios que conducen objetivamente a considerar que no son identificaciones caprichosas o poco fiables: los insultos que se ponen en su boca son muy específicos y dotan de singularidad y mayor recognoscibilidad a una persona en un grupo. Su papel más o menosprotagonista no aparece en todas las declaraciones; sí, en muchas, sudeambular por diversas zonas", agregan los magistrados.

Frente a ello, recalca que "la Sala --de instancia-- ha omitido toda mención a que fuese instigadora o inductora directa o cabecilla seguramente por considerar un tanto ambigua y no unánime esa imputación", al igual que "tremendamente valorativa, en tanto se basaba en impresiones o intuiciones y no en datos claros objetivables evidenciados por los agentes".

La Fundació Bofill ha pedido este lunes al Govern de la Generalitat que vincule la investigación educativa y la evaluación de políticas a toma de decisiones de las Consellerias de Educación y de Investigación y Universidades.

En un acto, ha presentado el manifiesto 'Apostemos por la investigación para mejorar la educación del país', firmado por más de 150 profesionales y expertos en educación y gestión pública, acompañado de un estudio que desarrolla los puntos del texto.

El manifiesto pide que, durante esta legislatura, el Govern y el Parlament se cercioren de que existe una investigación educativa, que garanticen que el conocimiento generado es transferido a los actores del sistema educativo, evalúen las políticas educativas y garanticen que las evidencias se tienen en cuenta en la formulación de dichas políticas.

Asimismo se pide que el presupuesto para la I+D educativa llegue a unos 56 millones de euros --un 1% del presupuesto de la Conselleria de Educación-- para 2024, cuadruplicando los 14 millones actuales, una cifra "ridícula" según el coautor del estudio y secretario ejecutivo de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), Josep Maria Vilalta.

La también coautora del estudio, la socióloga Núria Comas, ha asegurado que "se está aprovechando poco la investigación y las evidencias disponibles sobre educación".

Vilalta ha destacado que en Catalunya hay unos 80 grupos de investigación en el ámbito educativo, un "capital importantísimo", cuya producción, no obstante, no se transfiere al Govern y a los centros educativos, según los autores.

Comas ha subrayado la importancia de financiar bien a esos grupos, dotarlos de datos de calidad e incentivar que "aborden retos concretos" con convocatorias específicas de la administración o modificando mecanismos que regulan su trayectoria profesional, así como disponer de órganos de asesoramiento para los diputados expertos en educación.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Asimismo los autores han pedido que el conocimiento generado sea incorporado al proceso de diseño de las políticas: "Quizás es momento de introducir un mecanismo que fuerce que las políticas están basadas en evidencias robustas", ha dicho Comas.

En este sentido, el catedrático de Sociología Xavier Bonal ha apuntado que hay poca cultura de evaluación de las políticas públicas en general, y de las educativas en particular, algo que "llama la atención", y ha pedido potenciar la recogida de datos.

Por último, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo, ha dicho que la investigación y la práctica deben ir juntas en una "retroalimentación indispensable" y que los docentes muchas veces no se centran en la evidencia sino en intuiciones.