El Tribunal Supremo ha tipificado como agresión sexual, y eleva la condena de 2 años y 9 meses a 5 años y 4 meses, a un hombre que intimidó a una menor a través de las redes sociales exigiéndole que le enviase fotografías y vídeos de ella con contenido sexual, y amenazándola, si no lo hacía, con publicar los archivos que ya le había enviado en Tuenti.

El alto tribunal considera que la distancia física entre victimario y víctima no desnaturaliza los requisitos de la agresión sexual puesto que mediante intimidación se atenta contra la libertad sexual de la víctima en un escenario, el de las redes sociales, con mayor impacto nocivo y duradero.

Tal y como recoge la sentencia, el condenado se inscribió en Tuenti con una identidad falsa de mujer y contactó con una menor de 12 años, a quien no conocía, a la que le obligó a hacerse fotos y grabarse vídeos de contenido sexual y enviárselos, bajo la amenaza de denunciar a su familia y de difundir las grabaciones que tenía de ella a sus contactos en esa red social.

La Audiencia Provincial de Valencia le condenó por delito de corrupción de menores y le absolvió del delito de agresión sexual. Sin embargo, la fiscalía presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la absolución de este último delito y, ahora, el alto tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Público.

NO REQUIERE ACTOS DIRECTOS

Para la Sala, la obtención de imágenes de contenido pornográfico de una menor tocándose su propio cuerpo, grabadas por ella misma, a consecuencia de la intimidación ‘on line’ ejercida por el autor, quien amenazó con la divulgación en redes sociales de imágenes de contenido sexual de la menor obtenidas previamente por engaño, constituye un delito de agresión sexual.

Este delito, ha reiterado la Sala, no exige que el agresor realice los actos directa y físicamente sobre la víctima.

La sentencia, ponencia del magistrado Javier Hernández García, explica que la dimensión social de las TIC, al facilitar el intercambio de imágenes y vídeos de los actos de cosificación sexual, puede convertirse en un potentísimo instrumento de intimidación con un mayor impacto nocivo y duradero de lesión del bien jurídico.

La Sala indica que, este nuevo ciberespacio de interacción social «fragiliza los marcos de protección de la intimidad», convirtiendo en «más vulnerables a las personas cuando, por accesos indebidos a sus datos personales, pierden de manera casi siempre irreversible, y frente a centenares o miles de personas, el control sobre su vida privada».

POLIVICTIMIZACIÓN

El tribunal afirma que el riesgo para cualquier persona, pero muy en especial para una mujer menor de edad, de que la imagen de su cuerpo desnudo, mostrando, además, actos de contenido sexual sobre el mismo, pueda ser distribuida por una red social de la que participan muchas personas de su entorno social y afectivo adquiere una relevante gravedad intimidatoria.

En este sentido señala que «la revelación en las redes sociales de la cosificación sexual a la que ha sido sometida la víctima», y en especial, insiste, «cuando es mujer y menor», puede tener «efectos extremadamente graves sobre muchos planos vitales». «Lo que ha venido a denominarse como un escenario digital de la polivictimización», añade

La Sala señala que el hecho de que fuera la propia niña, bajo intimidación, quien realizara los tocamientos con contenido sexual explícito sobre sus partes íntimas «no afecta a la idoneidad de la acción para lesionar el bien jurídico protegido: la libertad de autodeterminación personal proyectada sobre el derecho de toda persona a decidir cuándo, cómo, con quién y a quién mostrar su cuerpo o manifestar su sexualidad o sus deseos sexuales».

«Lo que el tipo del artículo 178 del Código Penal prohíbe es que mediante violencia o intimidación se atente contra la libertad sexual de la víctima, lo que incluye, por tanto, en su contorno descriptivo la agresión a distancia, también la ‘online'», concluye.

Los candidatos de las primarias del PSOE-A para elegir a su cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas –Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro– han alcanzado este lunes un acuerdo para celebrar en la sede regional del partido, ubicada en la calle San Vicente de Sevilla, un debate a tres antes del 13 de junio, fecha de la votación de este proceso interno, si bien aún tienen que concretar el día de su celebración.

Así lo han confirmado fuentes del comité de organización de las primarias del PSOE-A tras una reunión que representantes de las tres candidaturas han celebrado este lunes para abordar la posible celebración de este debate.

Las mismas fuentes han indicado que este martes está previsto que se celebre una nueva reunión, y que en los próximos días habrá que avanzar en los aspectos técnicos y de contenidos de ese debate, sobre el que las candidaturas se han mostrado de acuerdo en que haya participación de la militancia vía preguntas.

POSIBLES FECHAS

Por su parte, fuentes de la candidatura de Juan Espadas han explicado que han propuesto que dicho debate se celebre en lunes, «día más potente en audiencia después del fin de semana», mientras que, según añaden, la candidatura de Susana Díaz y la comisión organizadora regional plantean que sea un viernes por la noche, y la de Luis Ángel Hierro que sea en martes.

Desde la candidatura de Espadas indican que por su parte «no habría problema en ponerse de acuerdo para la semana que viene para garantizar máxima difusión previa«, pero sostienen que celebrarlo el viernes es «matar el foco que el debate debe tener».

La candidatura del también alcalde de Sevilla ha propuesto que haya «participación de militantes y también de periodistas» en este debate, pero la candidatura de Susana Díaz «se ha negado a la participación de periodistas», según han apostillado, al igual que han indicado que «el comité organizador regional autorizará sólo un debate a tres sin posibilidad de que haya cara a cara ni ninguno organizado por medio de comunicación.

LA CANDIDATURA DE HIERRO PLANTEA DOS DEBATES

La persona que ejerza como moderadora del debate está también aún por cerrar, según han explicado tanto desde la candidatura de Espadas como desde la de Luis Ángel Hierro, desde donde, además, han explicado que ellos han planteado la celebración de dos debates de 60 minutos de duración cada uno, el primero en Málaga y el segundo en Sevilla, pero las otras dos candidaturas «se han negado a ello».

Desde la candidatura de Luis Ángel Hierro han defendido que se celebraran dos debates para seguir una «estrategia comunicativa electoral a la Junta», y han apelado a que desde los equipos de Susana Díaz y Juan Espadas fueran «generosos» para hacer huecos en sus agendas a dos debates porque éstos «generan marca, un plus, un fortalecimiento del partido».

Se trata de tener una «visión a la Junta de Andalucía», según defienden desde la candidatura de Luis Ángel Hierro, desde donde justificarían la celebración de un primer debate en Málaga por ser la tierra de procedencia del presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno.

En todo caso, ante la opción de que finalmente sea sólo uno el debate a celebrar entre candidatos, desde la candidatura del exdiputado y profesor de la Universidad de Sevilla han planteado que se celebre el próximo martes, 8 de junio, para que sea un día más cercano a la jornada de votación y porque entienden que es un día en el que la gente está más en su casa después del fin de semana, según han señalado las fuentes consultadas del equipo de Luis Ángel Hierro, que han planteado además a la comisión organizadora de las primarias que remita por correo electrónico a las candidaturas su propuesta de bloques temáticos sobre los que giraría el debate.

No obstante, desde dicha candidatura plantean que el debate dure 90 minutos, dedicando 60 de ellos a los bloques políticos que se acuerden y los restantes 30 a lo que planteen los afiliados.

Finalmente, desde la candidatura de Hierro han señalado que les ha «sorprendido» ver este lunes que en la sede regional del PSOE-A ya se estaba «montando un plató» para el debate sin que se hubiera celebrado aún la primera reunión para abordar esta cuestión, y han preguntado a la comisión organizadora si habían contactado con algún medio de comunicación generalista para que retransmitiera el debate.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional para adherirse a la denominada ‘Marcha por la libertad del pueblo saharaui’. El texto ha sido presentado conjuntamente por todos los grupos del Legislativo.

En la declaración, el Parlamento señala que el pueblo saharaui «lleva más de 45 años en busca de la paz» y destaca que el Legislativo tiene «un compromiso permanente con la defensa del pueblo saharaui y la población refugiada en Argelia». Así, se adhiere «enteramente» a la marcha y lanza «un llamamiento a las personas y colectivos a juntarse a ella».

El Parlamento de Navarra ve en esta iniciativa «una oportunidad para visibilizar la situación del pueblo saharaui, condenar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, denunciar el expolio de recursos naturales del territorio y exigir a las Naciones Unidas y demás instancias internacionales intervenir vehementemente en la culminación del proceso de descolonización».

El Legislativo foral añade que «España, como Potencia Administradora del Territorio, ahora de iure, asumió ante la comunidad internacional ‘proteger los intereses de la población saharaui y desarrollar sus instituciones políticas para conducirla hasta la plenitud del Gobierno propio.

El Parlamento foral señala asimismo que Marruecos «ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental y no se le reconoce ninguna soberanía sobre el territorio».

En la declaración, el Legislativo se muestra «plenamente convencido de que el problema del Sáhara Occidental persiste porque se niega a los saharauis sus derechos legítimos a la libertad y a la autodeterminación». El Parlamento condena «con la máxima energía los actos de represión, el allanamiento de morada, los asedios de domicilio, las agresiones físicas, torturas, intimidaciones y las coacciones físicas perpetrados por el Reino de Marruecos contra la población saharaui en general y contra los defensores de derechos humanos en particular en el Sáhara ocupado».

Además, el Parlamento de Navarra expresa su «máxima preocupación por las desapariciones y los encarcelamientos injustificados de los saharauis que reivindican sus derechos legítimos a la libertad» y pide «la liberación inmediata de todos los prisioneros saharauis».

El Parlamento de Navarra no ve «ninguna justificación a la impunidad de la que goza Marruecos en las prácticas represivas que perpetra en el Sáhara Occidental» y se compromete a «seguir de cerca la situación en el Sáhara Occidental».

Unidad Podemos (UP) ha anunciado este lunes que presentará enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para 2021 destinadas a «reducir ratios, recuperar derechos e incrementar la inversión en centros educativos«, informaron fuentes de la formación ‘morada’ en un comunicado.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín; el coordinador del grupo parlamentario, Ángel Luis Hernández, y el coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, han mantenido una reunión de trabajo junto a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación.

Los tres dirigentes políticos han detallado las principales carencias de unas cuentas que consideran «objetivamente malas para la enseñanza pública». Según ha explicado Hernández, los Presupuestos «tienen un carácter retroactivo», ya que «se deberían estar ejecutando desde enero y contemplan gastos que ya se han realizado».

Además, a juicio de Hernández «también llegan mal», pues «siguen la tónica de ejercicios anteriores donde eran evidentes los beneficios a la educación privada y concertada», mientras que «ahondan en la senda del maltrato sistemático a la enseñanza pública desde la propia Consejería de Educación».

Para el dirigente de Podemos, «llama la atención que los encargados de gestionar la educación pública se hayan erigido en adalides de la educación privada y como luchadores contra el Gobierno central frente a la LOMLOE», mientras que «se olvidan de revertir todos los recortes que desde 2012 se perpetúan en la educación pública regional».

Desde Unidas Podemos han anunciado que presentarán enmiendas destinadas a que estos recortes sean eliminados, «como ya debería haber hecho la consejería de Educación».

Las enmiendas irán encaminadas a reducir el número de alumnos por aula, disminuir la carga lectiva del profesorado, incrementar el gasto de funcionamiento de los centros y recuperar «algunos derechos» como el cobro del verano para los interinos, «algo que ya han dictaminado los tribunales.

En definitiva, las enmiendas de Unidas Podemos «servirían para mejorar unos presupuestos que atacan la educación pública regional, que es el garante de un sistema que sirva para promocionar al alumnado».

A esta reunión de trabajo han asistido representantes de los sindicatos ANPE, SIDI, CCOO, UGT y STERM. Tras el encuentro, el portavoz de CCOO en Enseñanza Pública, Diego Fernández, ha explicado que las organizaciones han transmitido a la coalición de izquierdas sus principales reivindicaciones.

Entre estas demandas destaca la necesidad de implementar en la Región de Murcia el tramo educativo de 0 a 3 años, «suponiendo un incremento de la oferta formativa en ese tramo desde la oferta pública de plazas»; medidas necesarias para combatir las cifras de abandono escolar temprano y el refuerzo de la enseñanza de adultos y de las enseñanzas de segunda oportunidad.

Además, Fernández ha señalado que es «urgente» dar solución a los problemas de infraestructuras de los centros, como el proceso de desamiantado, «que lleva décadas de retraso en la Región de Murcia».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha abogado este lunes en Sevilla por la continuidad del pacto que mantienen PP y Cs en la Junta de Andalucía frente a las exigencias de Vox de convocar elecciones al Parlamento de Andalucía.

«Vamos a seguir trabajando, cumpliendo el acuerdo de gobierno», ha afirmado en relación a la estabilidad del Gobierno andaluz, que ha considerado «a pruebas de boicots de partidos que no piensan en los andaluces», mientras que ha señalado sobre la figura del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico, Juan Marín, como futurible candidato a la Presidencia de la Junta, que «Juan sabe que tiene mi reconocimiento y apoyo como vicepresidente de la Junta».

«Estoy muy orgullosa del trabajo de Juan Marín, compañero en la ejecutiva permanente», ha remachado.

En una comparecencia informativa en Sevilla, Arrimadas, a preguntas de los periodistas, ha defendido que «Ciudadanos está haciendo lo que dijimos que haríamos en campaña, es lo que estamos haciendo en el Gobierno».

Tras esgrimir que «participé en muchos actos en campaña con Juan Marín», la presidenta de Cs ha defendido sobre la contribución de su partido que «estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer, lo que firmamos en el acuerdo de gobierno con el PP, que se está cumpliendo, que es bueno, que funciona».

«Nadie me ha preguntado cuestionando la gestión de Ciudadanos, la solidez del Gobierno, nadie me cuestiona por la gestión de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, por la gestión del Gobierno en general», ha proseguido argumentado la presidenta de este partido sobre la marcha del Gobierno andaluz.

Arrimadas ha apuntado, sin mencionar a Vox, ante la voluntad reiterada de llevar el Gobierno de coalición de PP y Cs hasta el final, que «serán otras fuerzas las que tendrán que explicar por qué tantas ganas de hacer caer un gobierno que nos ha costado 40 años en formar, que trae esta modernidad, apertura, aire fresco».

La presidenta de Cs ha abogado por un trabajo de su partido que ha descrito como «seguimos construyendo» mientras que ha espetado que «los que tienen tantas ganas de derribar que lo expliquen».

Cuestionada sobre la estabilidad parlamentaria del Gobierno andaluz si decae el apoyo que ha ofrecido hasta el momento Vox, Arrimadas ha sostenido que «trabajamos con todas las fuerzas, con todos los grupos para que salgan adelante las iniciativas» y ha apuntado ante la aprobación definitiva por el Pleno del Parlamento de Andalucía de la semana que viene de la Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción que «me gustaría saber qué va a hacer Fvox, si va a votar en contra la ley».

«La pregunta es para Vox, si van a votar en contra de la ley», ha apostillado Arrimadas.

Sobre el futuro electoral de Andalucía, Arrimadas ha esgrimido que «queda tiempo para gestionar, queda tiempo en Andalucía para las elecciones, queda un año de legislatura», mientras que ha expresado su apoyo hacia la figura de Marín como vicepresidente de la Junta y en general de las consejerías que gestiona Ciudadanos, para afirmar que «es un honor el trabajo hecho en la Junta».

«Es sueño hecho realidad, estamos centrados en gestionar», ha afirmado Arrimadas sobre la presencia de Cs en la Junta de Andalucía, al tiempo que ha descartado una fusión de PP y Cs en una única lista electoral en Andalucía al afirmar que «Ciudadanos gobierna bien, es fundamental para el futuro de Andalucía», mientras que ha abogado por «seguir defendiendo el gobierno, la estabilidad después de dos años y medio de estabilidad, reformas y modernidad», en su balance del Gobierno andaluz.

«PARA CS ERA UN RETO GOBERNAR EN LA COMUNIDAD MÁS POBLADA»

En su intervención inicial ante los medios, antes de someterse a las preguntas, Arrimadas ha defendido «el aire fresco, la estabilidad» que ha traído Cs al Gobierno andaluz, al tiempo que ha defendido que «era un reto para un partido liberal gobernar en la comunidad más poblada» y sobre el que ha concluido que «es un reto superado con creces».

Tras apelar a que Andalucía se situaba ante «un cambio después de 40 años esperando ese cambio que se nota» y ha afirmado que con su partido «la modernidad ha entrado por la puerta y la corrupción ha salido por la venta», hecho que ha proyecto con la Ley contra el Fraude y la Corrupción, de la que ha considerado que entraña «un antes y un después», así como ha calificado como «símbolo de una gestión limpia, moderna».

Arrimadas se ha centrado en aspectos sobre la gestión de Cs en la Junta de Andalucía, así como que haya contrarrestado iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que ha enumerado los peajes en las autovías para apuntar que «los andaluces no soportarán la necesidad recaudatoria del Gobierno más caro de la historia, que tiene el récord de asesores».

La presidenta de Cs ha apuntado que para su partido y para el PP «la reactivación es una prioridad» en Andalucía, por lo que ha esgrimido en este sentido los 1.700 millones de euros destinados a la reactivación, mientras que ha sostenido que «estamos al final de esta pandemia, aunque todavía hay que seguir siendo prudentes, la vacunación va a muy buen ritmo», hecho que ha estimado será necesario para «reactivar muchos sectores económicos», entre los que ha situado al turismo, actividad que ha identificado como «uno de los motores del país y de Andalucía, un sector estrátegico».

LAS DOS ALMAS DE NUESTRO PROYECTO

La presidenta de Cs ha defendido «las dos almas de nuestro proyecto», que ha situado «en las políticas con cabeza de bajada de impuestos y las políticas sociales con corazón y sensibilidad», que ha materializado en cuestiones como «el récord de plazas en dependencia mientras que otros no ejecutaban las partidas».

En el discurso de Arrimadas ha habido una referencia también a que el Gobierno andaluz ha alcanzado un gasto educativo equivalente al 5% del PIB, hecho que ha presentado como «una demanda histórica de la comunidad educativa» para reivindicar que «el talento sobra en nuestra tierra», antes de insistir en la existencia de «un Gobierno fuerte, que ha tardado 40 años en formarse».

«Andalucía tiene un bastión, una muestra de lo bien que podemos gobernar», ha afirmado.

Vox considera fundamental la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía y, mientras, mantendrá su oposición a todas las iniciativas del Gobierno de PP y Ciudadanos que no lleven su firma o incumplan el pacto de investidura. «¿O el PP está teatralizando un cambio de posición porque lo que le gustaría es tener como socio al PSOE?», ha preguntado en rueda de prensa el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé.

El también eurodiputado ha subrayado que «gracias a Vox» se puso fin en el año 2018 a décadas de Gobierno socialista en Andalucía, pero ha advertido de que eso no es «suficiente» y ha denunciado que el Ejecutivo regional de Juan Manuel Moreno está «incumpliendo» el acuerdo de investidura.

Un ejemplo de ello, ha asegurado, es la ley del suelo presentada por el Gobierno andaluz la pasada semana, que fue rechazada tras la abstención de Vox. Buxadé ha asegurado que así seguirán haciendo cada vez que PP y Ciudadanos presenten una iniciativa «que atente contra los principios o los acuerdos firmados con Vox».

De hecho, ha asegurado que su partido está dispuesto a sentarse con el PP para consensuar una nueva ley del suelo «que sea beneficiosa para todos los andaluces y no solo para unos pocos y que asuma los principios ideológicos de la izquierda».

«¿O el PP está teatralizando un cambio de posición porque lo que le gustaría es tener como socio al PSOE? –ha preguntado Buxadé–. Que Moreno Bonilla responda si quiere pactar con el PSOE o quiere un cambio de régimen de verdad en favor de la libertad y la prosperidad de los andaluces».

Para ello, reivindica la celebración de elecciones para tener un nuevo Parlamento que refleje «fielmente» la realidad política de Andalucía, en la que Buxadé ha asegurado que Vox es ya la tercera fuerza política, como sucedió en las elecciones generales de 2019. Además, ha apuntado que Ciudadanos ya ha demostrado en otras autonomías que no es un socio «de fiar».

Buxadé también ha negado que Vox mantenga esta actitud para «forzar» elecciones, sino que lo hace en exigencia al cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Y, a la vez, pide el adelanto electoral porque la situación es totalmente distinta a la del año 2018″.

Además, ha negado que el asunto se pueda reducir a la decisión del Ejecutivo andaluz de acoger a 13 menores inmigrantes. Buxadé ha defendido que esos menores deberían volver a sus países de origen con sus padres, pero ha insistido en que la oposición de Vox al Gobierno de Moreno Bonilla es más profunda.

Y ha puesto como ejemplo la exigencia de que el Ejecutivo traslade a las fuerzas de seguridad los datos de los inmigrantes ilegales, a los tiene acceso a través de la tarjeta sanitaria, para su repatriación «inmediata». «Que España no sea el coladero de Europa», ha pedido.

INMIGRACIÓN MASIVA Y VIOLENTA

Buxadé ha sostenido que el debate sobre la inmigración ilegal no se ha acabado una vez que «aparentemente» se ha resuelto la crisis con Marruecos y ha señalado que hasta 300 personas han llegado ilegalmente a España durante las últimas 24 horas, la mitad de ellos a Canarias.

Según ha augurado, este asunto seguirá «vigente» hasta que Vox esté presente tanto en el Palacio de la Moncloa como en los gobiernos autonómicos para «poner fin» a la inmigración ilegal con la colaboración de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

Este fue uno de los asuntos que ocupó parte del encuentro mantenido la pasada semana con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a quien Buxadé ha ensalzado por haber logrado acabar con la inmigración ilegal en su país. «Esa inmigración masiva, ilegal y violenta en muchísimas ocasiones que no viene para pagar nuestras pensiones sino para vivir de las ayudas sociales que pagan los españoles con sus impuestos», ha denunciado.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este lunes reactivar ya la mesa de diálogo desvinculándola de la concesión de indultos a los presos del 1-O y ha asegurado que quieren que el líder del partido, Oriol Junqueras, pueda participar en la próxima reunión con el Gobierno central: «Es innegable que nos gustaría muchísimo que estuviera Oriol Junqueras participando en esta mesa como presidente de ERC, es evidente».

En rueda de prensa telemática, ha insistido en que la mesa de diálogo se debe volver a reunir lo más pronto posible ahora que ya hay nuevo Govern en Cataluña: «Creemos que se debería hacer lo antes posible y a poder ser antes del verano. No es una cuestión de que ahora tengamos que esperar a los indultos y después ya veremos, es que se debe resolver el conflicto político».

Vilalta ha insistido en que, para ERC, los indultos no son la solución al conflicto, sino que defienden la amnistía, aunque ha recalcado que no se opondrán a una medida como esta que sirva para «aliviar el sufrimiento y el dolor de los presos».

Por eso, no ha querido posicionarse sobre la fórmula concreta con la que el Gobierno prevé aplicar estos indultos y ha afirmado que no le sorprenden las reacciones «de la caverna más ultra del Estado» contra la libertad de los presos independentistas.

«Vemos otra vez como la derecha española se deja arrastrar por la extrema derecha», ha apuntado, y cree que es lo mismo que ocurrió ya con la campaña contra el Estatut.

Preguntada sobre la reforma del delito de sedición en el Código Penal, la portavoz republicana ha contestado que quieren esperar a ver «la letra pequeña», pero que en cualquier caso considera que lo que hay que hacer no es reformar este tipo penal, sino derogarlo.

«NO HAY QUE ESPERAR A NADA MÁS»

Sobre la mesa de diálogo, Vilalta ha argumentado que, con la constitución del nuevo Govern, ya se cumplen todas las condiciones para retomarla y no hay ningún impedimento para no hacerlo: «No podemos dejar pasar más tiempo», y ha reiterado que debe desvincularse de la concesión de los indultos.

«No es que una cosa esté condicionada a la otra. Lo que queremos es retomar esta vía de diálogo y negociación y poder poner sobre la mesa las soluciones políticas a un conflicto que es político», y ha vuelto a decir que las propuestas que pondrá sobre la mesa el independentismo son la autodeterminación y la amnistía.

Así, ha sostenido que después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, puedan hacer su primer encuentro o conversación, se deberá poner «día y hora» a la próxima reunión de la mesa de diálogo.

«No hay que esperar a que pase nada más», ha añadido en alusión a los indultos, y ha confiado en que esta reunión pueda servir para algo más que una foto y que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga sobre la mesa su propuesta para resolver el conflicto catalán.

Vox ha confirmado que acudirá «en masa» a la manifestación convocada para el próximo 13 de junio por la plataforma Unión78 en la madrileña Plaza de Colón para protestar contra la posible concesión de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

«A nosotros nunca nos han preocupado las fotos, los que están preocupados por las fotos son otros», ha aseverado el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, en alusión velada al PP, que asegura que no se pondrá en primera línea de la concentración para dejar todo el protagonismo a los convocantes, entre los que se encuentra la exlíder de UPyD Rosa Díez o la expresidenta del PP vasco María San Gil.

Buxadé ha recalcado que Vox participará en la citada manifestación yendo «en masa» a la Plaza de Colón, a la que ha animado a asistir a todos los españoles que quieran reivindicar la unidad de España, el respeto a la soberanía nacional y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, pero también que deseen pedir la dimisión de un Gobierno «que entrega el futuro del país a la antiEspaña que representan las formaciones separatistas».

VOX SIEMPRE ESTÁ EN PRIMERA LÍNEA

Pero ha rehusado especificar si estará o no en primer línea de esa cita, que reunirá a dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos. «Vox siempre está en primer línea cuando se trata de defender España y las resoluciones judiciales firmes de los tribunales, incluso aún cuando estuviésemos en desacuerdo», ha señalado.

Dicho esto, ha subrayado que desconoce cuál es la posición que finalmente adoptará el PP porque ha recordado que cuando hace una semana Vox anunció que recurriría los indultos y movilizaría a los españoles, el PP apuntó que sólo presentarían mociones en los ayuntamientos.

Una acción política «decidida y determinada» que, según se burlado el dirigente de Vox, hizo que le «temblarán las piernas» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, y provocó que 24 horas después confirmara que acudirían a la manifestación de Colón pero sin decir quién.

Pues nosotros vamos a estar todos los que podamos, con nuestra bandera nacional, que es la que nos une a todos y, por supuesto, sin ningún ánimo de salir en ninguna foto porque lo relevante no es la foto», ha insistido.

A la pregunta de si Vox va a tratar de impulsar otros mecanismos para intentar frenar los indultos a los presos del procés, Buxadé ha recordado que su partido interpondrá los recursos correspondientes contra esa hipotética decisión del Gobierno y que va a «sacar a la gente a la calle».

¿QUÉ MÁS VAMOS A HACER?

«¿Qué más vamos a hacer?», se ha preguntado el portavoz, quien ha garantizado que Vox no sólo va a manifestarse el próximo 13 de junio sino que va a seguir estando «en primera línea» siempre contra todos aquellos que vuelvan a firmar resoluciones «ilegales».

Por último, preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno pretenda acelerar una reforma del delito de sedición, Buxadé ha indicado que es «otro acto de traición y complicidad con el separatismo». «Es como la segunda vía en caso de que pueda suceder que Vox interponga recurso contencioso contra la decisión del indulto y el Tribunal Supremo digo lo que va a decir: que es una majadería y una injusticia desde todo punto de vista», ha apostillado.

Según ha abundado, es «el efecto llamada a la antiEspaña» porque se viene a decir a los independentistas que pueden volver a hacer «un alzamiento público y tumultuario» porque, con es reforma legal que podría impulsar el Ejecutivo, tan sólo deberán pagar con una «multa».

El líder del PP, Pablo Casado, cree que en España hace falta un «gobierno de salvación nacional» que integre a personas de distintas orientaciones políticas como el que dirige actualmente Mario Draghi en Italia y apuesta por comandarlo en solitario, sin el apoyo de Vox.

«Cuando lleguemos al poder, necesitaremos un gobierno… prácticamente de salvación nacional», ha señalado Casado en una entrevista concedida al ‘Financial Times’, en la que sostiene que el PP podría volver pronto al poder, si bien no habla de plazos concretos, toda vez que la legislatura no termina hasta 2023.

«Necesitamos a personas con mucha experiencia, incluido a nivel internacional y con diferentes orientaciones políticas», ha subrayado el líder del PP, puntualizando que dicho gobierno debería contar «no solo con conservadores, sino liberales y cristiano-demócratas así como antiguos social-demócratas».

Sería, ha precisado, «un Gobierno como el de Italia, pero elegido democráticamente», en referencia al hecho de que Draghi comanda actualmente un gabinete de coalición con el respaldo de los principales partidos políticos y resultado de un acuerdo entre estos para poder hacer frente a los estragos de la crisis provocada por la pandemia.

«Mi intención es gobernar en solitario», ha puntualizado Casado, defendiendo que «el PP no forma parte de un bloque con Vox» sino que «puede gobernar si tiene solo un escaño más» que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y evitando pronunciarse sobre si los de Santiago Abascal son un partido democrático.

En su opinión, «las crisis fortalecen a los gobiernos, incluso si gestionan mal las cosas» pero las consecuencias «les debilitan, incluso si gestionan las cosas bien», lo que avalaría su tesis de que el PP está viendo reforzadas sus opciones de gobernar, como apuntan también los sondeos.

GESTIÓN AL FRENTE DEL PP

Por otra parte, ha sacado pecho de su gestión al frente del PP, reconociendo que se planteó dejar la política en 2018 e incluso hizo una entrevista para un puesto en una multinacional en París. Sin embargo, finalmente se presentó a las primarias, imponiéndose a Soraya Sáenz de Santamaría.

«Tenía un partido muerto, estaba tercero en todas las encuestas», ha recordado Casado, subrayando que el PP «estaba desapareciendo». Así pues, su prioridad inicial fue evitar que Ciudadanos siguiera arrebatando votos al PP, algo que logró en las elecciones de 2019, y luego reunificar a la derecha, ha explicado.

«Incluso en mi propio partido decían: ‘Casado está obsesionado, debería dejar de intentar de unir al centro-derecha e ir a por Sánchez», ha rememorado, asegurando que él tenía «claro» que con tres partidos en la derecha «era imposible ganar».

Esa situación ha cambiado, pero Casado refuta que la posición del PP como primera fuerza en la actualidad se deba al resultado logrado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, argumentando que eso «no fue la causa sino la consecuencia» de la mejora de la posición de los populares.

CAMBIO DE CICLO POLÍTICO

«Hay un cambio real en el ciclo político en España y estamos listos para gobernar», ha recalcado Casado. «No sé si será en los próximos doce meses pero creo que será pronto», ha añadido, reconociendo que llegados a ese punto lo que el PP tendrá que hacer será «aprobar todas las reformas en tres meses».

Entre sus planes, según el ‘Financial Times’, ha citado la reducción del impuesto de la renta, la abolición del impuesto sobre sucesiones, la reforma de la indemnización por despido para mejorar la flexibilidad del mercado laboral y ajustar el sistema de gobierno regional.

Por otra parte, en lo que se refiere a los escándalos por corrupción que han salpicado al PP, Casado ha esgrimido que si el partido le eligió como líder «fue para romper con el pasado». En este sentido, ha evitado pronunciarse sobre si el expresidente Mariano Rajoy conocía la contabilidad b de Luis Bárcenas: «Hemos decidido no hablar más de este asunto» que está en los tribunales.

Unidas Podemos ha presentado este lunes en rueda de prensa su Ley de Salud Mental, un texto que quiere consensuar con el Ministerio de Sanidad del Gobierno del que forma parte, con sus socios del PSOE y con el resto de grupos parlamentarios, según ha explicado su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.

En aras de ese consenso, el grupo confederal no ha registrado aún su propuesta en la Cámara y espera recibir aportaciones de diversos ámbitos antes de hacerlo, previsiblemente, ya después del verano, en el próximo periodo de sesiones.

La propuesta es similar a la ya registrada por Podemos en 2019, pero que no se tramitó por la disolución de las Cortes, con algunas actualizaciones relativas, sobre todo, a las deficiencias en este ámbito que ha puesto de manifiesto la pandemia.

Después de que Más País haya hecho bandera de este asunto, Echenique ha querido subrayar que Unidas Podemos fue la primera formación que registró, en su momento, una ley específica sobre salud mental.

«En política es importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que se hace. Afortunadamente en los últimos meses, se ha abierto un debate público sobre este tema y ahora toca pasar de las palabras a los hechos», ha afirmado.

MÁS PROFESIONALES

Según han avanzado Echenique y la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos, Rosa Medel, la norma apuesta por un aumento «decidido» en recursos humanos para acercar a España a las ratios europeas.

Así, establecen que «el Consejo Interterritorial deberá garantizar que el Sistema Nacional de Salud cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes». Eso sí, da un margen de cuatro años desde la entrada en vigor para llegar progresivamente a esas cifras.

Poniendo fin a la «falta crónica de profesionales», también en el ámbito de la enfermería, Unidas Podemos persigue garantizar el acceso de todos los que lo necesiten a la salud mental, de manera que, en palabras de Echenique «no sea un derecho de clase».

En este sentido, ha asegurado que su formación va a exigir «que se cumpla hasta el último punto del acuerdo de Gobierno» que suscribió con el PSOE para avanzar en «justicia social» y que se revierta la «infrafinanciación histórica» que arrastra el sistema público de salud para dotarlo de más profesionales y acabar con las listas de espera.

Entre las medidas incluidas en la ley destaca la de «obligar» a las empresas a «proteger» la salud mental de las plantillas con medidas de «prevención, vigilancia y control», la «efectividad del derecho a la desconexión digital, la promoción de un ambiente agradable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras».

NO A LAS PRÁCTICAS COERCITIVAS

También incluye medidas para acabar con el «estigma» de los enfermos mentales, garantizar su autonomía, que se tiene en cuenta su opinión, que sean debidamente informados sobre los posibles tratamientos, y reciban una atención integral y con perspectiva de género. De hecho, establece derechos específicos para los pacientes con diversidad funcional, los niños y adolescentes y las mujeres.

El texto, contempla también el derecho de los enfermos a «una intervención en salud mental que las proteja de la iatrogenia», que todos los servicios que se presten en este ámbito adopten tratamientos basados en el «consentimiento libremente otorgado» y que «ninguna persona sea sometida a terapia electroconvulsiva si así se recoge en el Documento de Voluntades Anticipadas».

Asimismo, aboga por formar a los profesionales para «evitar la contención mecánica y cualquier otra práctica coercitiva», que deberán quedar registradas y justificadas.

REGISTRO Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La ley dedica un capítulo específico a la prevención del suicidio, con un protocolo específico para su identificación precoz, la creación de un registro de datos estatal y formación especializada.

Además, defiende implantar programas específicos orientados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria, en Centros Educativos y en los Servicios Sociales, dirigidos especialmente a las y los niños y sus familias, identificando y abordando factores de riesgo psicosociales.

Por último, el grupo confederal plantea una revisión quinquenal de las estrategias de salud mental, para que estén permanentemente actualizadas, todo, ha remarcado Echenique, con «escrupuloso respeto» a las competencias autonómicas, puesto que ya sanidad está transferida.

La secretaria general del PP-A, Loles López, se ha mostrado este lunes «sorprendida» por el «silencio cómplice» que aprecia en el PSOE-A ante «algo tan grave» como los posibles indultos del Gobierno de Pedro Sánchez a los presos por el proceso soberanista catalán que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y ha instado a los candidatos de las primarias del PSOE-A para aspirar a la Junta Susana Díaz y Juan Espadas a que «se pronuncien» sobre dichos indultos.

«Si el socialismo andaluz no cree ya en la unidad de España, entonces es que está tocando suelo», ha aseverado Loles López en una rueda de prensa en la sede del PP-A en Sevilla en la que ha exhortado a los candidatos socialistas a que «empiecen a centrarse en los problemas de los andaluces, algo que llevan sin hacer todo este tiempo, ni siquiera en el difícil momento de la pandemia», según ha lamentado la dirigente del PP-A e informa el partido en una nota.

En esa línea, Loles López ha lamentado que «en el PSOE de Andalucía no saben arrimar el hombro y ahora están demostrando que tampoco no saben abandonar las guerras internas y sumarse a los andaluces».

La secretaria general del PP Andaluz ha contrapuesto los dos modelos de gobiernos que, en su opinión, representan Pedro Sánchez y el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, advirtiendo de que «en el Gobierno de España se le está poniendo alfombra roja a quienes quieren acabar con este país, a quienes no creen en el constitucionalismo y pretenden poner fin a ese modelo común de convivencia y libertad que se llama España».

Frente a ello, «aquí en Andalucía, con el Gobierno de Juanma Moreno, se pone la alfombra roja a las vacunas para proteger a los andaluces, a blindar los servicios sociales y para la recuperación económica; una alfombra roja, en definitiva, para el futuro de los andaluces», ha dicho Loles López.

La ‘número dos’ del PP-A ha defendido que «el Gobierno de Juanma Moreno tiene los mismos intereses que los de la gente y la tierra que gobierna, por eso trabaja con sensibilidad y responsabilidad y poniendo los intereses del pueblo por encima de todo», algo que, a su juicio, contrasta con la acción del Gobierno de Sánchez, «cuyo único objetivo es perpetuarse en el poder», según ha sostenido.

En esa línea, Loles López ha aseverado que «no estamos ante un indulto, sino ante un pago político», y ha apuntado que «el Gobierno de España miente, ya que no se trata de cerrar fracturas, sino de pagar facturas para con el objetivo de seguir manteniéndose en Moncloa».

López ha criticado que «Sánchez quiere llevar esos indultos incluso con el criterio contrario del Tribunal Supremo», y ante ello ha subrayado que los ‘populares’ «vamos a llevar iniciativas en todas las instituciones en contra de este ataque del Gobierno de Sánchez a la mayoría de los españoles, a la libertad y convivencia que supone este país», según ha zanjado.

EH Bildu ha considerado que la inauguración este martes del Memorial de Víctimas en Vitoria es «un acto de irresponsabilidad» ya que pretende «hipotecar la construcción de la paz y de la convivencia democrática en nuestro país».

En ese sentido, ha subrayado que «es imposible construir la paz y la convivencia con un relato tuerto, que ni ve ni escucha la realidad ocurrida desde una mirada amplia, empática y, sobre todo, inclusiva» y ha denunciado que «en vez de acudir a parámetros de solución del conflicto, ahonda en esquemas diametralmente opuestos».

Los parlamentarios de la coalición soberanista Eba Blanco y Unai Urruzuno han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que han recordado que este martes se inaugura en Vitoria «a bombo y platillo» el Memorial de las Víctimas, con la presencia, entre otros, del rey Felipe VI, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su entender, se trata de una infraestructura que «ignora y margina» a una gran parte de las víctimas de este país y que, además, «solamente pretende ser un elemento más para la construcción de un debate de parte y que no resulta ser inclusivo».

La representante de EH Bildu ha insistido en que lo que se inaugura es un memorial «para unas víctimas, con todos los recursos y con una inauguración pomposa», mientras que las demás víctimas como «las del franquismo, las del terrorismo de Estado, las de vulneración de gravísimos derechos humanos, no tienen ni un solo espacio donde se acoja ni su verdad ni su reparación, donde además se pueda hacer un mínimo duelo memorialístico».

En esa línea, ha incidido en que esto es un «instrumento para consagrar la categorización de las víctimas» por el que, según ha dicho, «algunas tendrán todo el apoyo institucional mientras que otras muchas no tendrán nada» y «unas serán de primera, otras de segunda, otras de tercera e incluso a otras muchas se les niega la categoría de víctimas».

«BUNKER MEMORIALISTA»

La coalición soberanista ha denunciado que se trata de «bunker memorialista» que «para nada» es un instrumento que sirva para «construir una memoria viva, dinámica y empática», al tiempo que ha advertido de que, más que para construir convivencia, se ha «ideado como arma arrojadiza, para intentar asentar un relato concreto y parcial». «Hablamos de un memorial dispuesto a ocultar una parte de la verdad, siempre que esta no favorezca a sus intereses», ha añadido.

De este modo, ha recordado que el Memorial es «una infraestructura diseñada desde y para Madrid, en plena época de Mariano Rajoy, teledirigido políticamente para imponerlo en tierras vascas, concretamente en Vitoria, entonces su último feudo».

Además, ha considerado «muy significativo» y «prueba clara de su visión parcial e interesada de la historia» que un memorial radicado en Vitoria «deje fuera la masacre del 3 de marzo de 1976» y ha subrayado que «no es ni normal ni admisible que los cinco obreros asesinados y los centenas de heridos aquel día no tengan ningún espacio en ese centro».

«El edificio que se va a inaugurar mañana podría ser un memorial, pero no lo va a ser, en tanto en cuanto se pretende construir una memoria de parte, nada inclusiva, donde no se reconoce a las víctimas del 3 de marzo pero, en cambio, se pretende consagrar a torturadores como Melitón Manzanas y otros tantos activistas franquistas que tanto daño y sufrimiento generaron a nuestro pueblo», ha censurado.

EH Bildu ha insistido en criticar que se pretende «erigir un relato que emana naftalina, que mira al pasado más que al futuro, que construye un relato de parte y excluyente». A su juicio, «a mejor muestra es que quien viene a inaugurarlo es la institución que legitimó y legitima que el franquismo siga a día de hoy en las instituciones y en la vida política española», en alusión a la participación del rey Felipe VI en el acto.

Finalmente, Blanco y Urruzuno han opinado que se trata de «un acto de irresponsabilidad» ya que pretende «hipotecar la construcción de la paz y de la convivencia democrática en nuestro país» y han subrayado que EH Bildu no lo «legitima» porque no va a «coadyuvar en hipotecar el futuro de nuestro país».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Gobierno planteará de forma inminente abordar la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos, algo que pretende que cristalice antes de que acabe el mes de junio.

Durante su intervención en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, García-Page ha dicho que en todo caso se trata de un extremo que quiere afrontar «con coherencia nacional» y previo planteamiento al Gobierno de la nación de la mano del resto de autonomías.

Todo ello para que sea una «decisión madura» a tomar en las próximas semanas y antes de que se cumpla un año de que entrara en vigor el uso obligatorio de este material sanitario.

Esto es posible, ha apuntado, «gracias a un proceso de vacunación enormemente positivo» que le hace ser «optimista». «El pueblo español ha cumplido, con la forma de ser que tenemos, pero ha cumplido como pocos en Europa. Sinceramente, en sus casas y fuera de ellas. Y esto merece dedicarles un reconocimiento», ha señalado.

«SACAR CORAJE Y SALIR REFORZADOS»

Ahora, García-Page ha pedido «sacar coraje y no volver al punto de partida», ya que el objetivo es salir «lo mejor que se pueda», ya que «toda crisis puede ser una oportunidad».

Ha pedido fortalecer la «fraternidad» en la sociedad tras esta crisis, punto donde ha lamentado que la política se esté realizando con un nivel de decibelios «altísimo, como en una discoteca».

Así, insiste en «hacer oídos sordos» ante el ruido pero, sin embargo, sin dejar de escuchar». «Separando el grano de la paja, las corrientes de fondo de las superficiales», ha afirmado.

Según ha vaticinado, habrá en el corto plazo un «proceso tremendo de recuperación» tanto en la economía como en «los valores».

Aunque habrá gente que quiera «abonar el pesimismo», acabarán «amargados» porque la realidad pasará por que la «España de siempre» acabará reforzada. «La mejor medicina es la unidad».

ESTABILIDAD PARA LA CERTIDUMBRE

Castilla-La Mancha tiene, según ha dicho, «las cosas claras» en cuanto a la necesidad de abordar el corto plazo desde la «estabilidad», algo necesario si se quiere avanzar.

Esta estabilidad trae «certidumbre» aunque parezca «más aburrida» de puertas para afuera, algo que la hace «infinitamente más útil».

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo (PP), ha adelantado este lunes que ya están confeccionando los presupuestos autonómicos para 2022 y que se los ofrecerán tanto a Vox, «el socio» con el que han trabajado «toda la legislatura» hasta ahora, como al PSOE y Adelante Andalucía, aunque «la situación política ahora mismo no es la misma» con los del partido de Santiago Abascal.

En un acto organizado por la ‘Cadena Ser’, Bravo ha argumentado sobre la negativa actual de Vox a apoyar al gobierno regional de PP y Ciudadanos que aprobar los presupuestos «no es fácil», pero ha relatado que desde que llegó «nada» lo ha sido.

Así, en la primera comparecencia como consejero en la Comisión de Economía en 2019 «me dijeron que no iba a haber presupuestos, que eso suponía la disolución del gobierno y nos íbamos a elecciones. Hoy la perspectiva nos lleva a dos años y pico después», ha subrayado.

Entonces se aprobaron los presupuestos de 2019 con Vox y cuando llega 2020 negocian «algunas cosas» que este partido quería «revisar» porque «si es para mejorar, se incorpora todo lo que nos propongan, de igual forma que se han incorporado cosas de Adelante Andalucía porque tenían razón». «Es verdad que la situación política ahora mismo no es la misma. Era muy complicado, habíamos generado una relación que nos permitía eso», ha defendido Bravo.

En esta línea, los presupuestos son «la mejor fórmula» para sacar proyectos adelante y si no los hay «el escenario no es el que nos gustaría», pero «se puede trabajar con presupuestos prorrogados», como muchas comunidades autónomas hacen.

«El objetivo a día de hoy es hacer los presupuestos y que cuenten con el apoyo de los partidos que quieran. De nuevo, abriremos el escenario tanto a Vox, que es el socio con el que hemos trabajado toda la legislatura, pero creo que el año pasado también abrimos una vía con el PSOE y Adelante Andalucía, y si queremos que sea el presupuesto de los andaluces debe estar apoyado por los representantes de los andaluces», ha subrayado.

«No tengo mucho olfato político, pero sí mucha ilusión y fuerza», ha respondido al ser preguntado sobre si Vox terminará apoyándolos, y ha insistido en que el objetivo es prepararlos. «Si hacemos unos buenos presupuestos para los andaluces es difícil que alguien te vote en contra», ha añadido.

Preguntado si independientemente de que se aprueben se va a agotar la legislatura, se ha remitido al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), y del vicepresidente, Juan Marín (Cs). «Lo han dicho muy claro, el objetivo de este gobierno es agotar la legislatura».

Aunque ha reconocido que «es verdad que hay elementos que te pueden llevar a una tensión tal que no», ha subrayado que agotar la legislatura y no adelantar elecciones supondría dar una imagen de Andalucía «de certeza, confianza, seguridad, de cumplimiento».

«Es verdad que la política ha cambiado de un día para otro y lo hemos visto en los últimos acontecimientos en lo que llevamos de año, pero que el objetivo de la Junta de Andalucía ahora mismo es agotar la legislatura, no sé si es lo mejor para los partidos que estamos, pero que es lo mejor para los andaluces seguro, y por eso tenemos claro que hay que intentar agotarla», ha insistido.

NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En la tertulia el consejero también ha sido preguntado por nuevos criterios para la financiación autonómica y ha defendido que el sistema «requiere una reflexión y consenso amplios».

Ha criticado que el modelo actual se aprobó en 2009 con la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca) por la mínima en el Congreso de los Diputados, con 176 votos, mientras que el modelo anterior contó con «el 93%» de los votos, por lo que ha reclamado «un análisis completo».

Ha dicho que a Andalucía le corresponden 900 millones de euros más de los que reparte el actual modelo, pero subrayado que «nada de eso se arregla si no se tiene en cuenta Valencia, que está peor financiada que Andalucía, ni Murcia». Luego «en tercer lugar va Andalucía», pero ha insistido en que el nuevo modelo tiene que aprobarse para mejorar la situación de todas las comunidades autónomas.

FONDOS EUROPEOS

Sobre los Fondos europeos Next Generation EU, ha reclamado «realmente una cogobernanza» con el Gobierno de España. «En esos recursos creo que las comunidades autónomas tenemos la ejecución, el Gobierno de España ha hecho el 50%. Yo digo que seguro que las CCAA vamos a ejecutar más del 50% porque hoy en día tenemos un Estado de las autonomías, asumimos unas competencias importantes y el Gobierno en algunos casos no va a tener capacidad y si quitásemos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), se va a quedar una cantidad muy por debajo», ha apuntado.

También ha exigido que se tramiten más rápido porque las previsiones que se hacían «se van realmente retrasando» por las reformas, ante lo que ha reflexionado que, «si el Gobierno tiene tan claro que eso es lo que necesita España» y no se tienen reglas fiscales, ¿Por qué no empezar ya?».

¿Es que solo valen esos proyectos si los paga un tercero? Pongamos que somos los alemanes: ‘Ah, estos señores lo que son préstamos no los quieren, solo los que son a fondo perdido», ha afeado, en alusión a los 70.000 millones de euros que recibe España a fondo perdido y otros 70 en forma de préstamos.

Preguntado sobre los proyectos remitidos por Andalucía al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, ha lamentado que se mandaron más de 150 y no han recibido «ni una contestación». A partir de ahí, el Gobierno «está sacando convocatoria ministeriales, él dice como lo vamos a hacer y de momento vamos ejecutar lo que dice el Gobierno de España», ha concluido.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos quiere conocer más detalles del anuncio realizado la pasada semana por el jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en relación a la creación de una Agencia Espacial Española.

Por ello, los ‘naranjas’ han registrado tres preguntas escritas en el Congreso sobre el estado en el que se encuentra el proyecto, qué órganos y/o ministerios están involucrados en la creación de esta agencia y para cuándo pretende el Gobierno que la agencia esté operativa.

Asimismo, quiere saber dónde tendrá su sede esta agencia, qué presupuesto y personal aproximado se prevé que tenga y cuánto de este presupuesto y personal será un incremento neto respecto a la situación actual.

Por último, reclama al Ejecutivo saber qué organismos, institutos y agencias existentes serán afectadas por la creación de la agencia y cuántos desaparecerán o pasarán a integrarse en la nueva agencia.

«Les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española», señaló sin dar más detalle Redondo, mientras estaba explicando los cinco capítulos en los que se divide la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que se aprobará antes de verano y sustituye a la de 2017.

La creación de una Agencia Espacial Española es una idea que lleva años centrando el debate en el ámbito científico y tiene sus defensores y detractores. «Llevo muchos años haciendo reflexión sobre si en España estamos en el punto de si necesitamos una agencia espacial española que complemente a la agencia espacial de España, que es la europea», dijo el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en un coloquio online organizado por Executive Forum el pasado 3 de marzo.

«Siempre se puede crear más estructuras, pero da un poco de miedo (…); crear muchas estructuras públicas no siempre es la solución a las cosas; pensamos que, de momento, vamos a quedarnos como estamos», señaló al ser preguntado al respecto.

Tal y como defendió, prácticamente toda la inversión que se hace en España en el área de investigación y desarrollo en el ámbito espacial proviene del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de las contribuciones que hace el Gobierno a la Agencia Espacial Europea (ESA).

Antes de ser ministro, en julio de 2015, Duque abogaba por una agencia espacial española que actuase como interlocutor único y tuviese acceso directo a la Moncloa, de la misma forma que en Estados Unidos el administrador de la NASA lo tiene a la Casa Blanca, según comentó en una entrevista concedida a la UPM.

LA INDUSTRIA ESPACIAL ESPAÑOLA, A FAVOR

Por su parte, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) recibió «con gran satisfacción» el anuncio del Gobierno, una aspiración del sector recogida en la Agenda Sectorial de la Industria Espacial Española, presentada en octubre de 2019.

Para Tedae, el espacio es un sector «altamente estratégico, al que le corresponde una política de Estado», que se materializaría a través de la Agencia Espacial Española y facilitaría la definición e implementación de una política nacional en materia espacial.

Asimismo, la asociación señaló que la gestión y defensa de los intereses nacionales en materia espacial se desarrolla «en un entorno internacional complejo, competitivo y muy exigente», por lo que la Agencia Espacial Española dotaría de «mayor coherencia a la interlocución exterior y a la acción del conjunto de las administraciones públicas en materia espacial».

En ese sentido, resaltó que la mayor parte de países del entorno disponen de agencias espaciales nacionales. Por ejemplo, en Europa es el caso de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Polonia, Suecia, Suiza, Austria y Rumanía.

En cuanto al modelo de agencia, Tedae aboga por una que concentre esfuerzos en coordinar necesidades y que priorice en sus presupuestos el desarrollo de programas tanto de carácter nacional como internacional.

Según la asociación, los fondos de recuperación suponen «la gran oportunidad» de lanzar con fuerza el proyecto de Agencia Espacial Española, impulsando programas tractores que permitan a la industria desarrollarse, en un momento en que el sector espacial a nivel global y europeo se encuentra «en una etapa de fuerte crecimiento».