La sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes agitadores de la industria de la moda a escala global y la Covid-19 no sólo no ha paralizado esta transformación integral en el sector, sino que la ha acelerado. En concreto, el 83% de los operadores globales del sector señala que la pandemia ha tenido este efecto impulsor en su transición hacia la sostenibilidad.

Pese a ello, el sector tiene todavía grandes retos por delante, con particular foco en ámbitos como las operaciones, la tecnología y las personas, según las conclusiones del informe ‘Shaking Sustainability’, un estudio impulsado por EY y Modaes.es a partir de una encuesta a 50 de los principales operadores del sector de la moda a escala global y un fact checking exhaustivo de sus memorias anuales y de sostenibilidad.

El objetivo de ‘Shaking Sustainability’ es ofrecer una herramienta útil para la industria de la moda, permitiendo a las compañías comparar su desempeño con la media de los mayores grupos del mundo y obteniendo un instrumento que permitirá medir la evolución del sector año a año con datos prácticos y cuantificables.

Los datos cuantitativos se complementan con información cualitativa obtenida a partir de cuatro entrevistas en profundidad a directivos de grandes players del sector y, además, a expertos de las prácticas más significativas de EY tanto del sector de Retail & Consumer Products como de las prácticas de People Advisory Services; Impuestos Indirectos y Strategy & Transactions.

En el capítulo de ‘Gobierno, riesgos y cumplimiento’, el informe revela que el 82% de los grandes operadores del sector a escala global tienen una política de sostenibilidad formalmente aprobada por el consejo de administración. Los operadores le dan una nota de 9 sobre 10 en la relevancia que tiene para ellas el cumplimiento e implementación de políticas y prácticas responsables, pero se puntúan con una media de 7,7 en el nivel de desempeño conseguido.

Además, el 93% de las compañías han desarrollado una identificación y evaluación de los riesgos ligados a la sostenibilidad y el 68% tiene al menos un responsable de las políticas de sostenibilidad en sus comités de dirección.

En cuanto a las operaciones, uno de los aspectos clave para uno de los sectores más globalizados de la economía, el 54% de las empresas asegura que los consumidores pueden realizar actualmente una trazabilidad completa de sus productos. Asimismo, el 69% cuantifica las emisiones de alcance 2 generadas a lo largo de su cadena de valor y el 58% llega a cuantificar las emisiones de alcance 3. Para las compañías del sector, el cambio climático tiene una relevancia media de 8,6 sobre 10, pero sitúan el nivel de desempeño en 6,6 puntos sobre 10.

La sostenibilidad relativa a la salud y seguridad de sus empleados y colaboradores tiene una relevancia de 9,4 sobre 10 para la media de las compañías. En este caso, el grado de desempeño conseguido es mayor, con una media de 8,9 sobre 10 de media.

En el capítulo de ‘Personas’, un 50% de las empresas tienen sistemas de protección de su cadena de suministro con supervisión sindical independiente, el 86% impulsan políticas activas de igualdad, diversidad y empoderamiento de la mujer en el ámbito de la dirección y el 89% tienen un proceso de debida diligencia/auditoría para evaluar el estado de su cadena de suministro.

Por otro lado, el informe señala que la sostenibilidad se ha convertido en un atributo de marca de alto impacto en el desarrollo actual y futuro de las compañías, tal y como suscriben el 96% de los operadores. En ‘Comunicación y márketing’, el informe también apunta que el 77% de las empresas desarrollan de forma recurrente planes de comunicación con el consumidor en aspectos ligados a la sostenibilidad. En cuanto al márketing responsable y etiquetado de producto, tiene una relevancia de 7,2 sobre 10 por parte de las empresas, que dan un 8,6 sobre 10 en el nivel de desempeño en este ámbito.

La tecnología es otro de los campos estratégicos en la transición de la moda hacia la sostenibilidad, y uno de los ámbitos en los que más queda por hacer. En este sentido, aunque el 82% de las empresas han incorporado en el último año nuevas tecnologías e innovaciones sostenibles en la manufactura del producto, las compañías muestran el camino por recorrer en término de innovación tecnológica. En concreto, las empresas le dan a este aspecto una relevancia media de 7,8 sobre 10, mientras que el nivel de desempeño conseguido se sitúa en 6,9 sobre 10.

En finanzas, para sólo un 60% de las empresas los criterios de sostenibilidad tienen una ponderación relevante en las decisiones ligadas a sus transacciones financieras, mientras que en el ámbito jurídico/fiscal el informe revela que un 94% de las empresas cuentan con políticas en materia de sostenibilidad ambiental y laboral de obligado cumplimiento para sus proveedores. Además, el 91% de las empresas cuentan con equipos y sistemas específicos de supervisión para velar por el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad para sus proveedores.

SOSTENIBILIDAD «NO ES SOLO COMPROMISO»

Javier Vello, chief transformation officer y socio responsable del sector de Distribución y Gran Consumo de EY, señala que, para el sector de la moda, «es tiempo de firmar un nuevo contrato emocional entre el consumidor y el sector, donde el consumidor tiene que comprender que es necesario revalorizar la ropa que compra, que el precio medio tiene que adecuarse a unos valores más acordes a los tiempos que vivimos, y el sector comprometerse a fabricar prendas duraderas, sostenibles y producir sólo lo que necesite».

Por su parte, Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY, apunta que la sostenibilidad «no es sólo una cuestión de compromiso empresarial, sino fundamentalmente de competencia, de ser capaces de realizar con éxito la transformación que requiere la sostenibilidad, en beneficio de todos».

En palabras de Pilar Riaño, directora de Modaes.es, «históricamente, la industria de la moda ha liderado cambios sociales y ha sido protagonista de ellos; con la sostenibilidad no será menos, aunque el camino por delante todavía es largo». «Confiamos –agrega– en que este nuevo informe ayude a las empresas y sus directivos, los agentes de esta transformación, a obtener una referencia valiosa con la que moverse».

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes agitadores de la industria de la moda a escala global y la Covid-19 no sólo no ha paralizado esta transformación integral en el sector, sino que la ha acelerado. En concreto, el 83% de los operadores globales del sector señala que la pandemia ha tenido este efecto impulsor en su transición hacia la sostenibilidad.

Pese a ello, el sector tiene todavía grandes retos por delante, con particular foco en ámbitos como las operaciones, la tecnología y las personas, según las conclusiones del informe ‘Shaking Sustainability’, un estudio impulsado por EY y Modaes.es a partir de una encuesta a 50 de los principales operadores del sector de la moda a escala global y un fact checking exhaustivo de sus memorias anuales y de sostenibilidad.

El objetivo de ‘Shaking Sustainability’ es ofrecer una herramienta útil para la industria de la moda, permitiendo a las compañías comparar su desempeño con la media de los mayores grupos del mundo y obteniendo un instrumento que permitirá medir la evolución del sector año a año con datos prácticos y cuantificables.

Los datos cuantitativos se complementan con información cualitativa obtenida a partir de cuatro entrevistas en profundidad a directivos de grandes players del sector y, además, a expertos de las prácticas más significativas de EY tanto del sector de Retail & Consumer Products como de las prácticas de People Advisory Services; Impuestos Indirectos y Strategy & Transactions.

En el capítulo de ‘Gobierno, riesgos y cumplimiento’, el informe revela que el 82% de los grandes operadores del sector a escala global tienen una política de sostenibilidad formalmente aprobada por el consejo de administración. Los operadores le dan una nota de 9 sobre 10 en la relevancia que tiene para ellas el cumplimiento e implementación de políticas y prácticas responsables, pero se puntúan con una media de 7,7 en el nivel de desempeño conseguido.

Además, el 93% de las compañías han desarrollado una identificación y evaluación de los riesgos ligados a la sostenibilidad y el 68% tiene al menos un responsable de las políticas de sostenibilidad en sus comités de dirección.

En cuanto a las operaciones, uno de los aspectos clave para uno de los sectores más globalizados de la economía, el 54% de las empresas asegura que los consumidores pueden realizar actualmente una trazabilidad completa de sus productos. Asimismo, el 69% cuantifica las emisiones de alcance 2 generadas a lo largo de su cadena de valor y el 58% llega a cuantificar las emisiones de alcance 3. Para las compañías del sector, el cambio climático tiene una relevancia media de 8,6 sobre 10, pero sitúan el nivel de desempeño en 6,6 puntos sobre 10.

La sostenibilidad relativa a la salud y seguridad de sus empleados y colaboradores tiene una relevancia de 9,4 sobre 10 para la media de las compañías. En este caso, el grado de desempeño conseguido es mayor, con una media de 8,9 sobre 10 de media.

En el capítulo de ‘Personas’, un 50% de las empresas tienen sistemas de protección de su cadena de suministro con supervisión sindical independiente, el 86% impulsan políticas activas de igualdad, diversidad y empoderamiento de la mujer en el ámbito de la dirección y el 89% tienen un proceso de debida diligencia/auditoría para evaluar el estado de su cadena de suministro.

Por otro lado, el informe señala que la sostenibilidad se ha convertido en un atributo de marca de alto impacto en el desarrollo actual y futuro de las compañías, tal y como suscriben el 96% de los operadores. En ‘Comunicación y márketing’, el informe también apunta que el 77% de las empresas desarrollan de forma recurrente planes de comunicación con el consumidor en aspectos ligados a la sostenibilidad. En cuanto al márketing responsable y etiquetado de producto, tiene una relevancia de 7,2 sobre 10 por parte de las empresas, que dan un 8,6 sobre 10 en el nivel de desempeño en este ámbito.

La tecnología es otro de los campos estratégicos en la transición de la moda hacia la sostenibilidad, y uno de los ámbitos en los que más queda por hacer. En este sentido, aunque el 82% de las empresas han incorporado en el último año nuevas tecnologías e innovaciones sostenibles en la manufactura del producto, las compañías muestran el camino por recorrer en término de innovación tecnológica. En concreto, las empresas le dan a este aspecto una relevancia media de 7,8 sobre 10, mientras que el nivel de desempeño conseguido se sitúa en 6,9 sobre 10.

En finanzas, para sólo un 60% de las empresas los criterios de sostenibilidad tienen una ponderación relevante en las decisiones ligadas a sus transacciones financieras, mientras que en el ámbito jurídico/fiscal el informe revela que un 94% de las empresas cuentan con políticas en materia de sostenibilidad ambiental y laboral de obligado cumplimiento para sus proveedores. Además, el 91% de las empresas cuentan con equipos y sistemas específicos de supervisión para velar por el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad para sus proveedores.

SOSTENIBILIDAD «NO ES SOLO COMPROMISO»

Javier Vello, chief transformation officer y socio responsable del sector de Distribución y Gran Consumo de EY, señala que, para el sector de la moda, «es tiempo de firmar un nuevo contrato emocional entre el consumidor y el sector, donde el consumidor tiene que comprender que es necesario revalorizar la ropa que compra, que el precio medio tiene que adecuarse a unos valores más acordes a los tiempos que vivimos, y el sector comprometerse a fabricar prendas duraderas, sostenibles y producir sólo lo que necesite».

Por su parte, Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY, apunta que la sostenibilidad «no es sólo una cuestión de compromiso empresarial, sino fundamentalmente de competencia, de ser capaces de realizar con éxito la transformación que requiere la sostenibilidad, en beneficio de todos».

En palabras de Pilar Riaño, directora de Modaes.es, «históricamente, la industria de la moda ha liderado cambios sociales y ha sido protagonista de ellos; con la sostenibilidad no será menos, aunque el camino por delante todavía es largo». «Confiamos –agrega– en que este nuevo informe ayude a las empresas y sus directivos, los agentes de esta transformación, a obtener una referencia valiosa con la que moverse».

La firma automovilística Volkswagen y el Gobierno griego han iniciado la transformación de Astypalea en una isla sostenible e inteligente. Así, este miércoles han comenzado a circular por su superficie los primeros vehículos eléctricos, incluyendo el primer coche de policía ‘cero emisiones’ de Grecia.

En este evento, al que han asistido, entre otros, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, también se han inaugurado los primeros puntos de carga públicos y privados.

Este acontecimiento marca el inicio de la transición a la electrificación completa de Astypalea. En los próximos años, la isla se pasará a la movilidad sostenible e inteligente y modernizará por completo su sistema energético, después de que Volkswagen y el Ejecutivo heleno firmasen un memorando de entendimiento en este sentido el pasado mes de noviembre.

«Astypalea será un laboratorio de futuro sobre la descarbonización en Europa. Investigaremos en tiempo real lo que lleva a las personas a cambiarse a la movilidad eléctrica y qué incentivos son necesarios para realizar la transición a un estilo de vida sostenible», ha indicado Diess.

Por su parte, Mitsotakis ha asegurado que Grecia tiene la misión de transformar su economía y su sociedad en la Grecia 2.0, liderando la revolución ‘verde’ y aprovechando las ventajas de las últimas tecnologías digitales.

«Astypalea será un banco de pruebas para la transición ‘verde’: autonomía energética, totalmente alimentada por la propia naturaleza. Esta bella isla es un pilar central de la transición y estoy inmensamente agradecido con la comunidad local por su apoyo continuado a este proyecto», ha indicado.

Los primeros vehículos 100% eléctricos serán utilizados por la policía, la autoridad aeroportuaria y el Ayuntamiento de la isla. La venta de modelos ‘cero emisiones’ a clientes privados empezará a finales de junio y podrán elegir entre los Volkswagen e-up, ID.3 y ID.4, así como el eScooter Seat MÓ.

SISTEMA ENERGÉTICO

Entre otras acciones, el sistema energético de la isla se pasará a las energías renovables en dos fases: de aquí a 2023, un nuevo parque solar proporcionará cerca de 3 megavatios de energía ‘verde’, que cubrirá el 100% de la electricidad necesaria para cargar los vehículos eléctricos y más del 50% de la demanda de toda la isla.

Para 2026, el nuevo sistema energético se ampliará hasta cubrir el 80% de la demanda total de energía. Además, el sistema de almacenamiento de baterías ayudará a equilibrar la red y a utilizar plenamente el parque solar.

«Este proyecto simboliza la realización de nuestra visión para Grecia en los próximos años, es una instantánea del futuro antes del futuro. Nuestro país se ha convertido en un destino de inversiones fiable, y los sectores público y privado están trabajando juntos de forma ejemplar», ha reivindicado el viceministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Kostas Fragkogiannis.

Los once países del área de libre comercio del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), incluyendo Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Malasia, Vietnam, México, Perú y Brunei, han dado luz verde este miércoles al comienzo de las negociaciones de adhesión del Reino Unido.

El país británico, que había solicitado el pasado mes de febrero la apertura de conversaciones sobre su adhesión al acuerdo, podrá así negociar su segundo gran acuerdo comercial internacional tras el ‘Brexit’, después de sellar en septiembre de 2020 un tratado de libre comercio bilateral con Japón.

«La solicitud de adhesión del Reino Unido tiene un enorme potencial para la expansión del comercio internacional y las reglas de inversión en el siglo XXI más allá de la región de Asia y el Pacífico», ha señalado el ministro japonés de Revitalización Económica, Nishimura Yasutoshi, quien presidió la reunión virtual de los miembros del CPTPP.

El Reino Unido es socio estratégico global de Japón y un importante socio comercial», ha añadido Yasutoshi, para quien la incorporación de la segunda mayor economía europea al CPTPP, «sería significativa, no solo para las relaciones entre Japón y el Reino Unido, sino también para un orden económico libre y justo.

De su lado, la responsable británica de Comercio Internacional, Liz Truss, ha expresado su satisfacción por esta «excelente noticia», señalando que el Gobierno británico presentará sus planes al Parlamento en las próximas semanas antes de iniciar las negociaciones.

El CPTPP permite reducir en un 95% los aranceles entre países miembros. Reino Unido registró un superávit comercial con los países incluidos en este área comercial en el primer trimestre del año.

El tratado comercial nació como un impulso de la Administración de Barack Obama para contrarrestar la hegemonía económica china en la región, pero con la llegada posterior a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos se retiró de la mesa de negociaciones y el acuerdo fue rubricado por el resto de países.

En los últimos tiempos, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia han expresado su interés en unirse al área de libre comercio e incluso China se ha mostrado interesada en explorar su adhesión al CPTPP.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) se ha asociado con los fabricantes Airbus y Boeing para demostrar los diferentes sistemas que permiten garantizar la seguridad del transporte aéreo ante la Covid-19.

IATA viene solicitando a los gobiernos que tomen decisiones basadas en datos para poder gestionar los riesgos de la pandemia ante la apertura de las fronteras para los viajes internacionales, argumentando que las estrategias sin cuarentenas obligatorias pueden ser válidas «con un bajo riesgo» para el destino.

El director general de IATA, Willie Walsh, ha solicitado a los gobiernos del G7, que se reunirán a finales de junio, que «se pongan de acuerdo sobre el uso de los datos para planificar y coordinar de forma segura el retorno de la libertad de viajar».

En este contexto, la asociación ha resaltado que la aviación, incluyendo a los fabricantes, trata de mitigar los riesgos para mantener la seguridad en el transporte aéreo. Así, Airbus y Boeing han desarrollado modelos de gestión de riesgos basados en datos para entender el impacto.

AIRBUS ESTIMA QUE LA INCIDENCIA AUMENTARÍA EN UN PUNTO

Por una parte, Airbus ha desarrollado un modelo que evalúa el riesgo en todo el viaje teniendo en cuenta más de 50 variables, como el número de casos confirmados por países, la duración de los vuelos y la estancia en el aeropuerto.

Los supuestos del modelo contemplan más de una docena de fuentes, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y han cotejado datos de los resultados y observaciones reales de los viajes.

Evaluando un viaje desde una zona con incidencia alta, como América Latina y el Caribe, a una región con incidencia media –Canadá–, el fabricante estima que, con el mismo tráfico que en 2019 y sin necesidad de pruebas, la incidencia en Canadá podría aumentar en algo más de un caso por 100.000 habitantes debido a casos importados durante 14 días. Si para viajar se exige PCR, la cifra cae por debajo de un caso por cada 100.000 habitantes.

En el supuesto de un viaje desde una región con incidencia media a otra con una incidencia similar, como sería el caso de Europa y Estados Unidos, si no se exigieran pruebas a la hora de viajar, el modelo de Airbus predice que la incidencia aumentaría en un caso por cada 100.000 habitantes en un periodo de 14 días.

Por último, el supuesto de un viaje desde una zona con incidencia media, como Europa, a una zona con incidencia baja, como Singapur, la reanudación de los viajes incrementaría la incidencia en un caso si no se exige prueba PCR y menos de uno en el caso de que sí.

Airbus considera que este modelo demuestra que el riesgo de transmisión e importación de casos «puede reducirse significativamente mediante la adopción de medidas de cribado y protección basadas en datos».

BOEING DETERMINA MEDIDAS DE CRIBADO

De su parte, el modelo de Boeing está basado en demostrar que existen métodos de control alternativos a las cuarentenas para muchos escenarios de viaje.

Su modelo evalúa la eficacia de los controles de pasajeros y las cuarentenas en países de todo el mundo y tiene en cuenta varios factores, como las tasas de prevalencia de Covid-19 entre los países de origen y de destino, la eficacia de las pruebas de PCR y de antígenos rápidas, y el progreso de la enfermedad para los pasajeros que viajan con Covid-19.

Los datos analizados demuestran que existen protocolos de cribado, como la realización de varias pruebas, tan eficaces como una cuarentena de 14 días y que reducen el riesgo para el país de destino. Asimismo, considera que el cribado es más beneficioso para viajes desde zonas de mayor a menor prevalencia.

Boeing ha utilizado datos reales de viajes entre Islandia y Canadá para realizar el modelo de cribado de pasajeros y validar las conclusiones. En este momento, el fabricante estadounidense está estudiando escenarios con población vacunada.

Ante estos resultados, Walsh ha considerado que el coste económico y social de las medidas generales adoptadas por los gobiernos hasta la fecha «ha sido innecesariamente alto» y que se está demostrando que puede haber «políticas de viajes calibradas que aborden los riesgos, permitan viajar y protejan a las personas».

La IATA, además, defiende que, según los datos, la vacuna protege a la población y rebaja el riesgo de importación del virus, por lo que el reto estaría en los viajes de los no vacunados y en conseguir que las medidas «no sean discriminatorias».

En esta línea, resalta que entre el 25 de febrero y el 5 de mayo de 2021 se realizaron 365.895 pruebas a pasajeros que llegaban al Reino Unido que tenían PCR negativa en el momento del viaje y solo el 2,2% dio positivo durante la cuarentena de 14 días.

El PSOE y Unidas Podemos quieren que a partir del próximo año el sector de las petroleras y gasísticas asuma una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 6% en la venta y el consumo de combustibles, la electricidad para los vehículos por carretera y los biocarburantes para uso aéreo.

Así figura en las enmiendas registradas en el Congreso por las formaciones que sustentan el Gobierno, al decreto ley 34/2020 con medidas económicas y tributarias en el que el Ejecutivo traspuso la directiva europea de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.

En ella se establece a partir de 2022 una reducción del 6% en estas emisiones del ciclo de vida, por unidad de combustible y de energía suministrados en el transporte, en comparación con el nivel medio de emisiones de GEI por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010.

Estarán obligados a cumplir con esta reducción de emisiones en su combustible el sector petrolífero, el del gas licuado del petróleo y el gas natural, desde operadores a distribuidores al por menor, y también consumidores, en la parte de su consumo no suministrado por los agentes anteriores.

EL INCUMPLIMIENTO IMPLICA SANCIÓN GRAVE

La reducción de emisiones podrá alcanzarse a través del uso de biocarburantes, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y los venteos en las instalaciones de producción. El incumplimiento de todas estas obligaciones a partir del próximo año constituirá una infracción grave dentro del régimen sancionador de la Ley del sector de hidrocarburos.

Esta regulación, según justifican los grupos que conforman el Gobierno, tiene origen en una directiva europea relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, que establece que las emisiones de GEI deben reducirse hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y un 4% de forma voluntario

Para completar el 4% de reducción de emisiones voluntario, el Gobierno plantea que un 2% sea a través de tecnologías «respetuosas con el medioambiente» (como la captura y almacenamiento de carbono y el uso de vehículos eléctricos), y el otro 2% a través de la compra de créditos con arreglo al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

DECRETO TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

La nueva regulación también obliga a las compañías a acreditar sus reducciones, presentando la información y documentación auditada por una empresa independiente, disponiendo un método de cálculo a utilizar para comparar las reducciones realizadas con el valor de referencia previsto.

Estas enmiendas van dirigidas al decreto ley 34/2020, aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre y que el Congreso acordó tramitar como proyecto de ley para poder plantear cambios. En él se incluía una trasposición de la directiva europea sobre gas natural, que buscaba reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea.

Esta norma, en vigor desde su publicación en el BOE, regula un procedimiento para que el Ministerio de Transición Ecológica pueda otorgar una exención relativa a la separación de propiedad entre las actividad de transporte y comercialización o producción de gas natural y de acceso regulado y no discriminatorio a sus instalaciones.

Asimismo, regula un procedimiento entre los Estados miembros con terceros países respecto a las redes de transporte de gas natural, se aumenta el límite máximo de las transferencias al sistema eléctrico procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 90% de la recaudación total y hasta un máximo de mil millones de euros.

Las eléctricas han encadenado este miércoles su tercer día consecutivo de caídas en Bolsa y se dejan ya casi 5.600 millones de euros en lo que va de semana, lastradas por el recorte de más de 1.000 millones de euros anuales que pretende aplicar el Gobierno sobre el exceso de retribución de la hidráulica y nuclear.

Endesa e Iberdrola, las empresas más castigadas por la medida, volvieron a finalizar una jornada en terreno negativo. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se dejó un 1,33% en la sesión, para caer hasta los 10,775 euros. En lo que va de semana ha perdido un 4,68% y acumula una caída en su capitalización de más de 3.400 millones de euros.

Por su parte, Endesa, que es el primer operador de energía nuclear en España, perdió un 0,09% este miércoles, para cerrar en los 22,02 euros por acción. Desde el lunes suma un descenso del 6,9% y ha perdido unos 1.730 millones de euros de su valor en Bolsa.

La tercera compañía más castigada por el anuncio del Gobierno es Acciona, que, con un descenso del 2,18%, fue el valor más penalizado este miércoles, retrocediendo hasta los 134,7 euros. En tres jornadas, la caída del grupo de renovables asciende a un 5% y se deja unos 400 millones de euros de su capitalización.

El valor que mejor está superando la ‘tormenta’ bursátil en el sector en lo que va de semana es Naturgy que, tras remontar un 0,28% este miércoles, alcanzando los 21,4 euros, solo pierde un 0,32% en la semana.

Los mayores descensos para las eléctricas se produjeron en el arranque de la semana, el pasado lunes, al rumor de las intenciones del Ejecutivo de llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros.

Sin embargo, una vez confirmada la medida y acordado el inicio de su trámite, que el Gobierno espera que pueda salir adelante en este mismo 2021, las ‘grandes’ del sector no han conseguido escapar del ‘rojo’ ante las previsiones del impacto por la medida.

CITI RECORTA PRECIO OBJETIVO A ENDESA E IBERDROLA

Los analistas también han certificado el impacto que supondrán estos planes de recorte para estos activos de las eléctricas. Así, Citi ha recortado su recomendación para Endesa de ‘comprar’ a ‘neutral’, rebajando también su precio objetivo de 23,6 euros a 21,2 euros.

En el caso de Iberdrola, los analistas del banco estadounidense también ha rebajado su precio objetivo para la energética ante el impacto de esta medida, pasando de 8,6 euros a 8,3 euros.

Citi considera que Endesa será la compañía del sector más castigada por el ‘hachazo’ del llamado dividendo de carbono, con una reducción de su beneficio por acción del 14,3% entre este año y 2025. Para Iberdrola cifra un impacto del 8,3%.

Este martes, el Consejo de Ministros acordó iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley con el que reducir los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ (‘windfall profits’) de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.

En concreto, la propuesta, que abre ahora el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).

Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.

Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado ‘fondo verde’ es gradual -un 20% cada uno de los cinco años-.

«ROBUSTO» JURÍDICAMENTE Y «COMPATIBLE» CON EL MERCADO.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defendieron que el mecanismo para acabar con los ‘windfall profits’ de la nuclear y la hidráulica, aunque también afectará a algunas eólicas anteriores a 2005, es «robusto» jurídicamente, con lo que se pretende así blindar contra las más que seguras demandas por parte de las eléctricas, y es «compatible» con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2.

Así, estimaron que la propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al que existió ya entre 2006-2009, con la minoración de una parte del ‘dividendo’ del CO2 a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado.

Este recorte en la sobrerretribución de la generación hidráulica y nuclear, incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, afecta principalmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, y en menor medida, a EDP España y Acciona, propietarios de estos activos.

La empresa social es más competitiva según directivos de BBVA, Damm Sacyr reunidos en la sesión online ‘La RSE como factor clave para aumentar la competitividad’, celebrada esta semana y enmarcada en el Ciclo de Conferencias Esade – Fundación SERES.

«Desde SERES creemos que en los asuntos ESG cada vez la S adquiere más peso, con las personas en el centro. Una construcción de empresas más humanas, en las que el valor de los intangibles determinará más su sostenibilidad en el tiempo, su predilección por parte de los consumidores o inversores, pero sobre todo que en plena 4a revolución industrial no dejará a nadie atrás» destacó la subdirectora general de la Fundación SERES, Lucila García, durante la sesión.

«Con esta misma rotundidad se afirmaba este año en el foro de Davos que estamos en un año crucial para reconstruir la confianza. De la misma manera reforzaba esta idea el propio Foro Económico Mundial con algunas conclusiones de su decimosexta edición del informe de Riesgos globales, que incluía los riesgos sociales como las brechas de desigualdad entre los cinco primeros puestos de su ranking de riesgos probables y con alto impacto», añadió Lucila García.

Para el profesor y director de los programas de formación directiva para ONG del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi Carreras, «ahora es más importante que nunca contar con empresas que sean responsables y competitivas y que tengan la conciencia de querer generar valor compartido». «Es difícil conectar la RSE con la competitividad, si no se cuenta con un liderazgo plenamente responsable. Si ese liderazgo es estratégico y responsable y apuesta por cambios anticipativos en sus compañías, existe una conexión entre las empresas responsables y su grado de competitividad» afirmó.

Por su parte, la directora de Desarrollo de Personas de Damm, Elísabeth Hernández, resaltó el ADN responsable de la compañía y señaló que en el caso de Damm siempre han sido «socialmente responsables» ya que «la pandemia ha acelerado procesos» que ya tenían en marcha. Asimismo, destacó que «la estrategia de RSE es global, en toda la cadena de valor y tiene un objetivo claro para estar cerca del cliente hostelero a través de acciones como la campaña publicitaria de Chefs con clientes que se comprometen a seguir trabajando como hasta ahora y la app móvil que ha permitido seguir las últimas actualizaciones según avanzaba la pandemia o la elaboración de una carta digital».

Mientras, la directora de Programas de Inversión en la Comunidad de BBVA, Lidia del Pozo, puso en valor los retos principales a los que se enfrenta el banco «contribuir a las prioridades estratégicas, desarrollo de un plan de inversión en la comunidad y contribuir a la transformación, especialmente en el uso del dato, la digitalización y los grupos de interés. La pandemia ha acelerado la transformación del sector, puesto que la digitalización de las finanzas y el cliente en el centro en un marco de resiliencia son asuntos muy relevantes en este momento, que estamos trabajando en una recuperación sostenible.

Hizo hincapié también en cómo «la estrategia de RSE en el banco que es muy robusta ha tenido mucha incidencia en el desarrollo estratégico del propósito. Tiene también mucho impacto en la generación de un liderazgo responsable. Tanto cliente como sociedad se ponen en el centro del propósito de los bancos».

Según Diego Zamorano, CSR Manager de Sacyr, «hemos comenzado un nuevo ciclo estratégico en el que nos ponemos nuevos retos como empresa, como miembros de una sociedad global y eso implica que debamos atender diferentes grupos de interés. Indudablemente existe el reto de generarmás impactos y explicarlos para que se entiendan fuera de la gestión empresarial y que constituye una forma de hacer mejor nuestro trabajo».

Además, insistió en la importancia de la materialidad y cómodesde las empresas se pretende mejorar la forma de realizar su trabajo. «El cuadro de mando y las herramientas que tenemos en Sacyr muestra de manera clara cómo estamos reduciendo las emisiones, a pesar de tener más negocio. Esto es un gran avance y muestra mayor eficiencia. Contamos con servicios más sociales y sostenibles, tal y como nos está demandando hoy la sociedad» reconoció.

El Consejo Económico y Social (CES) fía la velocidad para salir de la crisis al avance en el proceso de vacunación y que la recuperación será asimétrica por sectores, según se desprende de su memoria socioeconómica y laboral 2020.

De hecho, prevé que el turismo no recuperará sus niveles previos a la pandemia hasta finales de 2022. La institución explica que la reactivación de la economía española vendrá de la mano de la recuperación del consumo privado, con la paulatina reducción del ahorro acumulado en 2020, que llegó a alcanzar el 14,8% de la renta disponible de los hogares.

Por otro lado, sobre el mercado laboral, ve necesario rediseñar y reforzar las políticas activas de empleo, así como mejorar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Asimismo, asegura que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia requiere de un amplio consenso político y de la participación activa de los agentes económicos y sociales para poner en marcha medidas que impulsen la economía y el progreso social, y eviten el efecto «boomerang» que se produce cuando las reformas no cuentan con el suficiente apoyo parlamentario y social para perdurar en el tiempo.

Por otro lado, ha pedido que se ponga en marcha una ‘hoja de ruta’ para la consolidación fiscal que disipe las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública y genere confianza en la economía, «que a medio plazo debe afrontar desafíos relacionados con su escaso crecimiento potencial, la baja productividad, las elevadas tasas de desempleo y el alto nivel de desigualdad».

«La pandemia ha supuesto un test de estrés para todas las áreas de las políticas del bienestar, la protección y la inclusión social, que no se habían recuperado por completo», según el CES, que admite que la respuesta a esta crisis, a diferencia de la anterior, «ha sido contundente».

No obstante, a pesar de que la intervención del sector público haya atemperado la caída de los ingresos de las familias, el CES pide una estrategia integral de cohesión social para proteger a los más vulnerables.

De hecho, la memoria alerta de cómo se han agravado las brechas sociales y defiende que se lleve a cabo una reforma del sistema educativo que permita abordar los retos estructurales y la adaptación a la sociedad digital.

El CES también insta a conciliar el crecimiento económico inclusivo con el bienestar social y la transición ecológica y sostenible, animando a aprovechar las oportunidades ligadas a la recuperación para la regeneración urbana y rural.

Por otro lado, aboga por un parque de alquiler social que resuelva el problema del acceso a la vivienda para los jóvenes y por dar un impulso decidido a la salud pública.

SEGUIR APOYANDO AL TEJIDO EMPRESARIAL

Además, la memoria recoge que la mejor medida económica contra la crisis es seguir apoyando al tejido empresarial, «que se enfrenta a riesgos de deterioro de sus balances y sobreendeudamiento, lo que podría afectar a la estabilidad financiera y condicionar la recuperación».

El presidente del CES, Antón Costas, ha presentado las principales propuestas que recoge la memoria esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro celebrado en el Palacio de la Moncloa.

Costas ha destacado que la pandemia ha cambiado la mentalidad política-económica y ha puesto en valor la importancia de contar con instituciones capaces de responder a los viejos retos de la desigualdad y a los nuevos desafíos relacionados con el cambio tecnológico, el cambio climático y el cambio geopolítico.

El Ibex 35 ha cerrado con pérdidas del 0,1% en la sesión de este miércoles, lo que ha colocado al selectivo por debajo de la barrera de los 9.200 puntos, en una jornada en la que se publicará el Libro Beige de la Reserva Federal (Fed).

Además, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han indicado que ven «probable» un deterioro en la calidad de los activos de las entidades financieras españolas a medida que se van retirando las medidas de «alivio» como las moratorias adoptadas para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia.

Por otro lado, este miércoles se ha publicado el dato mensual del paro registrado del pasado mes de mayo, cuando el desempleo bajó en 129.378 personas, su mayor descenso mensual de toda la serie histórica. Asimismo, la Seguridad Social ganó 211.923 afiliados medios, su mejor dato desde 2018.

En este contexto, el Ibex ha cerrado en los 9.180,7 puntos. Las mayores subidas las han registrado Amadeus (+2,26%), Ferrovial (+1,61%), IAG (+1,21%), Red Eléctrica (+1,00%), CaixaBank (+0,63%), Repsol (+0,62%) y Colonial (+0,60%).

Por el contrario, en el terreno negativo destacaban las caídas de Solaria (-4,58%), Siemens Gamesa (-4,19%), Acciona (-2,18%), Grifols (-1,72%), PharmaMar (-1,64%) e Iberdrola (-1,33%).

El resto de bolsas europeas han terminado la sesión con ganancias, del 0,39% en Londres al 0,50% en París, al 0,23% en Fráncfort y al 0,12% en Milán.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 68,50 dólares, tras subir un 1,1%, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 71,03 dólares, con un ascenso del 1,11%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2215 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 64,7 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,451%.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha asegurado que el Gobierno prevé que el plan de recuperación permitirá que toda Galicia cuente con acceso a redes de conectividad digital de alta velocidad en 2025.

Así lo ha trasladado en un encuentro mantenido este miércoles con representantes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en A Coruña, donde ha detallado los planes del Ejecutivo central para extender la conectividad al 100% de la población y acelerar el despliegue de redes y servicios 5G, según ha explicado la Delegación del Gobierno en Galicia.

«En 2025 no quedará población en Galicia que no tenga acceso a redes de alta velocidad», ha asegurado Roberto Sánchez. De este modo, ha apuntado que este objetivo se enmarca en la estrategia del Gobierno para afrontar el Reto Demográfico y se desarrolla mediante el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de Impulso a la tecnología 5G.

Además, ha resaltado que el Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA-NGA) en Galicia ha permitido aumentar en 32 puntos la cobertura a 30 megabits por segundo entre 2018 y 2020 hasta el 95,07%, una cifra similar a la cobertura digital del resto de España a esta velocidad, que alcanza el 95,19%.

En este sentido, ha recordado que la cobertura a 100 megabits por segundo en Galicia se situaba en el 59% en 2017 y ha avanzado que, tras la finalización de los proyectos en ejecución, se estima que en 2022 la cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales a 100 alcanzará al 83,67% de la población.

A este respecto, ha recordado que estos planes contarán con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (UE) y se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales se extiende hasta 2025, fecha en la que se prevé alcanzar el 100% de cobertura con redes de 100 megabits por segundo para toda la población. Además, se busca que la totalidad de los motores socioeconómicos tenga una conexión escalable a un gigabit por segundo en ese año.

Mientras, el objetivo de la Estrategia de impulso de la tecnología 5G es acelerar el despliegue de esta tecnología dado su gran efecto sobre la economía y su capacidad para ejercer como vector de extensión de la cobertura de redes de alta velocidad.

PROYECTO PILOTO

Por otra parte, el secretario de Estado ha asistido en Santiago a la presentación de un proyecto piloto realizado en Galicia que aborda la aplicación del 5G en sistemas de vigilancia, logística y soportes remotos para la recepción de instrucciones y controles de procesos en plantas de producción, entre otros

Las iniciativas enmarcadas en este proyecto, que lleva a cabo una unión temporal de empresas entre Orange, Gammera Nest, Cinfo y Optare Solutions y que cuenta con financiación de Red.es en el marco del Plan Nacional 5G, se encuentran en marcha.

Dentro de la iniciativa presentada, se llevan a cabo 13 proyectos, con una inversión de más de 9 millones de euros, y de las que nueve se realizan en la provincia de Pontevedra, dos en la de Lugo, una en A Coruña y otra en Ourense.

UTILIZACIÓN DEL 5G EN EL CONTROL DE ACCESO

El proyecto que se encuentra más avanzado consiste en la utilización del 5G en un sistema de video biométrico para limitar los accesos a la lonja de Vigo al personal autorizado. Paralelamente, se trabaja en la aplicación de esta tecnología a un soporte remoto experto para la industria que permite recibir instrucciones en tiempo real y otro para urgencias sanitarias, así como en un control de procesos críticos en plantas de producción mediante comunicaciones sin cables.

Asimismo, se desarrollan un sistema de visitas virtuales para lugares turísticos y otro para la educación con clases que incluyen contenido en 3D, además de un campus inteligente, un control de empaquetado por procesamiento de imagen, un mecanismo de logística y gestión de flotas sobre 5G y otro de vigilancia mediante aeronaves non tripuladas.

Adicionalmente, entre los proyectos se incluyen un sistema para la mejora de la productividad agraria a partir de parámetros aportados por sensores, otro de mejora del acceso móvil y un mecanismo de juego interactivo multijugador masivo para ‘smartphones’.

Durante la presentación, la directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, ha señalado que Galicia aspira a convertirse en una de las primeras regiones europeas en contar con servicios precisos para la extensión de la tecnología 5G en su territorio. Así, ha afirmado que esta tecnología resulta «clave para mejorar la conectividad» en esta comunidad, caracterizada «por la dispersión poblacional y la complejidad orográfica».

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este miércoles que el Gobierno no ha abandonado la idea de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para presentar los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado correspondientes al mes de mayo, donde ha apuntado que la comisión de expertos podría dar su dictamen sobre cuál debe ser el nivel del SMI a lo largo de este mes.

Asimismo, ha indicado que la comisión creada para tal fin dirá «cuál es la senda de crecimiento» del salario mínimo para converger con los estándares internacionales, europeos y con lo que establece la carta social europea, que, «por cierto, España ya tiene ratificada en su versión revisada».

Pérez Rey ha afirmado que el Ejecutivo está esperando a las conclusiones definitivas de la comisión de expertos, «que ha hecho un trabajo extraordinario con un nivel de rigor científico muy importante».

«Ha llevado mucho tiempo y análisis, no precisamente sencillos y que se abordan por primera vez», ha resaltado el secretario de Estado.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Trabajo constituyó un grupo de expertos integrado por miembros del Gobierno, representantes de los agentes sociales y profesionales académicos, que determinará la ruta para la subida progresiva del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar, a final de legislatura, el 60% del salario medio en España.

Este grupo de expertos, que lleva por nombre Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social en materia de SMI, establecerá la senda de subida del SMI más adecuada en 2021, 2022 y 2023 para llegar a ese objetivo del 60% del salario medio, recogido tanto en el acuerdo de Gobierno de coalición como en la Carta Social Europea.

CEOE Y CEPYME ABANDONARON LA COMISIÓN

Esta comisión fue constituida por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y de ella formaban parte siete expertos académicos, tres miembros del Gobierno y cuatro representantes, en total, de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. No obstante, días después de su constitución, los empresarios decidieron abandonar esta comisión, porque creían que «desvirtuaba» el diálogo social y no entendían ni su composición ni su objetivo.

Los empresarios enviaron una carta al Ministerio de Trabajo y Economía Social en la que mostraban su negativa a participar en esta comisión, ya que creían que el espacio para hablar de esto era el diálogo social. Además, recordaron que la subida del SMI es una cuestión que compete «exclusivamente» al Gobierno.

Por la parte de profesionales académicos, están en esta Comisión el presidente del CES y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas; la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó; el exprofesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid José Ignacio Pérez Infante; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca Rafael Muñoz de Bustillo; la profesora de Economía de la UAH Inmaculada Cebrián López; la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica, y Gemma Galdón Clavell, miembro del departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona.

Por parte de los agentes sociales forman parte de este grupo de expertos María Jesús Cedrún (UGT) y Carlos Martín (CCOO), mientras que en representación del Gobierno están Manuel Lago (Ministerio de Trabajo y Economía Social), César Veloso (Ministerio de Hacienda) y Carlos Cuerpo Caballero (Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital).

El ex ministro de Economía Rodrigo Rato responderá en julio, mediante el recurso de defensa que ya preparan sus abogados, a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por las que el juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado contra él la apertura de juicio oral. Le atribuye presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Así lo ha manifestado Rato escuetamente tras conocer la decisión del magistrado. El ex ministro ha eludido pronunciarse sobre otro de los puntos del auto conocido este miércoles, en el que se le impone una fianza por un total de 65.132.961 euro, con el fin de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponérsele en sentencia. El juez le apercibe además de que de no aportar esta cantidad «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

En su resolución, el magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas en la vista que debe fijarse en la Audiencia Provincial de Madrid, para la que aún no hay fecha.

Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

FRAUDE DE 8,5 MILLONES

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

«Dada la naturaleza de la pena solicitada», el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la administración de justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Le da además un día de plazo, desde el momento en el que sea notificado formalmente de esta decisión, para prestar fianza por un total de 65.132.961 euros, con el fin de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponérsele en sentencia, y con el apercibimiento de que de no aportar esta cantidad «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

El magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas.

En esta resolución, contra la que no cabe recurso y que tiene fecha de 1 de junio, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

MENOS DELITOS Y CITA EL 11 DE JUNIO

Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral. Sobre ese extremo, el auto dado a conocer este miércoles señala que en su escrito pidiendo la transformación en procedimiento abreviado el fiscal no señalaba dichos delitos, que si aparecieron posteriormente en el escrito de conclusiones provisionales.

«Se trata, por tanto, de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados», apunta el juez.

Serrano-Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo «las pruebas de que intenten valerse».

«Dada la naturaleza de la pena solicitada», el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la administración de justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción calcula que las cuotas defraudadas suman 7.470.163,96 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional.

UN ENJAMBRE SOCIETARIO Y UN EX CUÑADO

La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias, y del asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara –filial de la británica Vivaway– y organizando la repatriación del dinero blanqueado a través del ‘trust’ gibraltareño Finsbury.

Conforme al escrito de acusación, Rato también habría titulado cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza desconocidas para la Hacienda Pública, que ha operado a través de otras cuentas en la Isla de Man, Curaçao o Kuwait, y se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de ‘trust’ y sociedades opacas.

El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el ex vicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado ‘crédito lombardo’, que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores; las propias inversiones de las sociedades de Rato en la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh; o las millonarias ampliaciones de capital en Kradonara y Vivaway.

SE ACOGIÓ A LA AMNISTÍA FISCAL

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades suyas, con lo que reconoció un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros por el que pagó a Hacienda 11.533,35 euros.

A juicio del Ministerio Fiscal, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (…), utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior».

Durante la instrucción también han aflorado indicios de que Rato cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad firmados por Bankia con las empresas Publicis y Zenith de cara a la salida a bolsa de la entidad bancaria cuando él era su presidente.

Las comisiones se habrían canalizado desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del también acusado Alberto Portuondo, que además habría sido contratado como asesor de Bankia. Albisa habría cobrado el dinero y enviado parte del mismo a Kradonara –una de las empresas de Rato– con la cobertura de un supuesto contrato de asesoría a la otra mercantil.

OTROS ACUSADOS

El juez ha propuesto juzgar, además de a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Además, por corrupción en los negocios ha apuntado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis y Zenith y a siete personas relacionadas con ellas.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles en Palma que el Gobierno destinará 230 millones de euros procedentes de un capítulo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia específicamente a planes de sostenibilidad y energía en Baleares.

En declaraciones a los medios tras reunirse en Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Francina Armengol, el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; y el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, Ribera ha explicado que este plan ‘Islas 100 por 100 renovables’ –Canarias también recibirá recursos específicos– deberán ir encaminados a desarrollar planes relativos a la sostenibilidad del turismo o el correcto uso de la energía en las infraestructuras ambientales como la desalación.

El conseller Yllanes ha destacado en este sentido la apuesta del Gobierno por las energías renovables para reducir la dependencia de las Islas de los combustibles fósiles.

En línea con recursos similares, serán las administraciones las que presenten sus proyectos a financiar con estos fondos. Además, ha apuntado Yllanes, el Govern «estará atento» a las manifestaciones de interés de iniciativas privadas para avanzar también en la colaboración y presentación de proyectos.

El vicepresidente ha trasladado el compromiso del Ejecutivo autonómico para presentar proyectos junto a municipios y consells insulares para lograr la financiación correspondiente.

Yllanes ha hecho hincapié en el «compromiso» de la ministra Ribera y el Ejecutivo estatal con la sostenibilidad de Baleares –retos compartidos con el Govern, ha añadido– para avanzar en las estrategias de desarrollo de la transición energética, una cuestión «imprescindible» para un territorio «frágil» situado en un «punto estratégico» en relación a los efectos del cambio climático.

INVERSIONES PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

La ministra ha anunciado, por otra parte, la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas al proceso de electrificación e implantación de energías renovables en Baleares.

Se trata del programa Solbal 2, gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), y que estará dotado con 18,7 millones de fondos FEDER que se destinarán a reforzar la estrategia de electrificación del archipiélago con energías verdes, con especial énfasis en la fotovoltaica.

El programa da continuidad a las ayudas de 2019 y supondrá sumar 38 proyectos de instalaciones fotovoltaicas, 28 en Mallorca, seis en Menorca y cuatro en Ibiza.

VANGUARDIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La presidenta del Govern, Francina Armengol, por su parte, ha resaltado que la «lealtad institucional» está dando frutos y ha subrayado que la ministra Ribera «siempre ha ayudado a Baleares» a situarse a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y de la apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Según han apuntado tango Armengol como Ribera en la rueda de prensa, durante la reunión han podido abordar, entre otros asuntos, el reciente acuerdo para la financiación de la depuradora de Palma, las inversiones en materia de conectividad energética entre islas y con la península, el impulso a la eficiencia en el ámbito de la industria, así como el desarrollo de estrategias de movilidad eléctrica.

Indra, a través de su filial Minsait, ha sido elegida por el Ministerio de Interior de la República Argentina para realizar el escrutinio provisional de las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como de las Generales, que comprenden la elección de legisladores nacionales, junto a las elecciones ejecutivas y legislativas provinciales y todas las municipales que se realicen en 2021.

El contrato, que asciende a un montante de 13,8 millones de euros (1.594 millones de pesos argentinos), recoge, tal y como publica el Boletín Oficial argentino, el diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de digitación, procesamiento y publicación para el recuento provisional de resultados a nivel nacional y distrital.

Indra ha realizado el procesamiento de datos de todas las Elecciones Nacionales de Argentina desde el año 1997 hasta la fecha, con excepción de las de 2019.

La propuesta de Indra ha resultado elegida por la Comisión Evaluadora del Ministerio del Interior con una valoración de 276 puntos sobre un total de 300.

La compañía quedó 26 puntos de diferencia por encima respecto a su competidor en el proceso, la firma de origen venezolano Smartmatic. Conforme a ello y según el dictamen publicado, «se considera a la oferta base de la firma Indra SI S.A. la más conveniente para el organismo contratante, con un puntaje final de 97.60 puntos, por resultar su oferta base técnicamente admisible y económicamente conveniente».

Según documentación oficial, Minsait tiene más de 40 años de experiencia en la celebración de elecciones y, a día de hoy, ha desarrollado más de 400 proyectos electorales de carácter nacional e internacional con más de 4.000 millones de electores involucrados.

De este modo, se sitúa en una posición de ventaja para afrontar el nuevo escenario electoral con todas las garantías de transparencia y seguridad, tanto física como desde el punto de la información.

La compañía presta cobertura con sus soluciones y servicios a todas las necesidades del ciclo electoral, desde el registro de ciudadanos hasta el análisis de resultados tras las elecciones, pasando por todo el servicio de captura y difusión de resultados durante la jornada electoral.

El Congreso de los Diputados, en su Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, debatirá próximamente sobre la renovación de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia instaladas en España, según informaron en fuentes del sector.

En concreto, el debate se enmarca dentro de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

La enmienda tiene por objeto «respaldar, apoyar y mantener la competitividad del tejido industrial español por su condición de sector estratégico, a través de la renovación del parque energético industrial de alta eficiencia (cogeneración-biogás-biomasa y tratamiento de residuos)».

En este sentido, propone la «renovación de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, residuos, biomasa y biogás» y resalta la importancia de estas tecnologías para la industria, ahondando en el objetivo de «apoyo a la industrialización», detallada en el capítulo 11 del proyecto de ley.

Las plantas de cogeneración son instalaciones independientes o instaladas en empresas industriales en las que se produce de manera simultánea electricidad, de la que una parte se utiliza para autoconsumo de la empresa y el resto se vierte a la red para su comercialización, y calor a partir de gas natural, biogás o biomasa, que se usa en los procesos productivos de un importante número de compañías manufactureras, tales como alimentación, cerámicas y azulejos, o la industria química y farmacéutica.

Según los datos de REE en 2020, la cogeneración produce el 10,8% del total de la electricidad utilizada en España con un 5,1% de potencia instalada.

La enmienda pretende «renovar el parque de activos de energía asociados a la industria con las mejores medidas tecnológicas disponibles y en alineación con el PNIEC», para alcanzar diferentes objetivos, entre los que se incluye una «mejora de eficiencia energética y coste de producción industrial» y destaca el papel que la cogeneración puede jugar en una «reducción real y mesurable de emisiones y transición a un programa energético descarbonizado».

Asimismo, considera que esta renovación de instalaciones puede contribuir al «mantenimiento de fuerza laboral especializada y estructural», a generar «arraigo poblacional en zonas dónde la industria opera», y que en general están alejados de grandes centros poblacionales y enmarcados en zonas agroganaderas.

Por último, estima que la renovación contribuiría a generar «economía de escala e inversiones adicionales en la incorporación de tecnologías más eficientes».