Hombre, mayor de 45 años y de nacionalidad española es el perfil mayoritario de las personas con discapacidad que trabajan en España según se desprende de ‘La Vida Laboral de las Personas con Discapacidad’, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE añade que, del total de personas de 16 o más años (31.658.600) que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, 3.129.000 (el 9,9% del total) tenían una discapacidad. De estas, un 77,5%, no tuvo más tipo de relación que percibir una pensión contributiva, frentea un 20,6% de las personas sin discapacidad.

Además, un total de 316.800 personas con discapacidad (10,1%) tuvieron relación con la Seguridad Social exclusivamente por estar de alta laboral al menos un día en el año, frente al 61,2% en el caso de las personas sin discapacidad.

El resto, el 12,4% de las personas con discapacidad que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, compatibilizó varias situaciones a lo largo del año: percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta, etcétera.

El total de población con alguna relación en la Seguridad Social aumentó en 523.000 personas (1,7%) respecto a 2018, siendo esta variación de 23.500 personas (0,8%) entre las personas con discapacidad. En el caso de los afiliados en alta con discapacidad, el incremento fue de 5.100 personas (0,8%), mientras que entre las personas sin discapacidad fue de 426.600 personas (2,0%).

Por último, los pensionistas con discapacidad crecieron en 2019 en 23.700 (un 0,9%). Esta cifra fue de 62.900 (un 1,0%) en el caso de las personas sin discapacidad.

El INE señala que el colectivo de personas con discapacidad se caracteriza por su baja participación en el mercado laboral, lo que hace que tengan menos episodios de situaciones en alta laboral. Así, las personas con discapacidad que estuvieron en alta en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra, fueron 626.300, lo que representó un 20,0% del total de las personas con discapacidad que tuvieron algún tipo de relación con la Seguridad Social. Dicho porcentaje fue inferior en más de 55 puntos al de la población sin discapacidad (75,8%).

La distribución por sexo mostró mayor presencia porcentual de hombres entre las personas con discapacidad. Por su parte, la población con discapacidad que estuvo en alta laboral en algún momento de 2019 se concentró en los tramos de mayor edad (más del 60% tenía entre 45 y 64 años).

La mayor diferencia se dio en el tramo de 55 a 64 años, con un 29,8% de personas con discapacidad, frente al 16,1% de la población sin discapacidad. Por nacionalidad, hubo menor proporción de extranjeros entre las personas con discapacidad (3,1%, frente a 12,7% sin discapacidad).

La participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de la discapacidad. Entre las personas en alta laboral en la Seguridad Social en algún momento de 2019, el peso de las que tenían un grado de discapacidad de menor intensidad fue del 55,7% y disminuyó progresivamente hasta el 2,5% para el grado superior de discapacidad.

Las personas con deficiencias en el Sistema osteoarticular representaron el 23,1% de las que tuvieron discapacidad en alta laboral. La menor representación correspondió al tipo de discapacidad asociado a Sistemas digestivo, metabólico y endocrino, con un 3,7%.

AFILIACIONES EN ALTA LABORAL Y PENSIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Las personas con discapacidad tuvieron 1.099.900 situaciones de alta laboral en la Seguridad Social en 2019. Es decir, 1,76 por afiliado. En el caso de las personas sin discapacidad cada afiliado tuvo en promedio 2,12 afiliaciones. El hecho de que el 49,5% de las afiliaciones de personas con discapacidad estuvieron en alta todo el año, frente al 42,0% de las personas sin discapacidad explica esta diferencia.

Además el 73,1% de los afiliados con discapacidad solo tuvo una afiliación en el año, frente al 66,6% en el caso de no tener discapacidad. El 31,1% de las afiliaciones por cuenta ajena de personas con discapacidad fueron contratos indefinidos en 2019, frente al 27,2% en el caso de las personas sin discapacidad.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el hecho de tener una pensión de incapacidad permanente implica ser considerada como persona con discapacidad, existe un mayor número de personas con discapacidad entre los pensionistas, señala el INE. Del total de personas con discapacidad que en 2019 tuvo alguna relación con la Seguridad Social, 2.686.800 recibieron alguna pensión contributiva. Esta cifra supuso el 85,9% del total, frente al 22,8% de las personas sin discapacidad.

Los hombres tuvieron mayor peso entre los pensionistas con discapacidad que entre los que no la tenían (56,6% frente a 49,1%). Únicamente en el grupo de mayores de 65 años las personas con discapacidad tuvieron, de forma significativa, menor representación entre los pensionistas (un 58,2% frente a un 87,4% entre las personas sin discapacidad).

En cuanto al tipo y grado de discapacidad de los pensionistas, se observa una distribución muy similar al de la afiliación, con predominio de la deficiencia del Sistema osteoarticular y un aumento del porcentaje de pensionistas con el grado máximo de discapacidad (9,7% frente aun 2,5% de los afiliados en alta).

En 2019 los pensionistas con discapacidad que tenían reconocida una incapacidad permanente y no estaban registrados en la BEPD fueron el 40,2%. Estas personas no tenían asignado un tipo y grado de discapacidad.

En cuanto a la edad de la primera alta laboral de las personas con discapacidad es de 20,8 años, 1,1 años menos que las personas sin discapacidad. En general, las personas con discapacidad tienen una edad de la primera alta laboral ligeramente menor que las personas sin discapacidad. Las excepciones las constituyen los jóvenes de 16 a 29 años y los extranjeros.

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido este miércolesque el fondo de diez millones de euros que servirá para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a excargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern sirva también para eventuales casos futuros porque según ha declarado, «la represión utilizará todos los senderos posibles».

Aragonès ha señalado que este fondo complementario de riesgos es similar a pólizas de seguros que tienen otras administraciones públicas, y ha dicho que representa un paso adelante, aunque no una solución completa.

Así ha defendido la leglaidad del fondo y ha señalado que defenderán que ningún trabajador público sea «perseguido por haber hecho bien su trabajo y de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con sus funciones y encargos del Parlament», ha dicho preguntado por el diputado de ERC Josep Maria Jové en el pleno del Parlament, ante el que ha proclamado que los trabajadores públicos no deben temer hacer su trabajo.

Ha garantizado que «no hay desplazamiento patrimonial en ningún caso» y que la cobertura de riesgo es menor que las que tienen algunas Comunidades Autónomas y el Gobierno central, según Aragonès, que ha señalado que no se asume directamente la responsabilidad contable, sino que se garantiza el aval.

Jové ha sostenido que esta causa del Tribual de Cuentas contra 34 excargos del Govern forma parte de la «ejecución de un plan perfectamente diseñado que ahora pasa por estrangular económicamente», y ha subrayado que la vía económica es menos visible que la cárcel, pero que es durísima e implacable.

«CUENTA ATRÁS»

También ha preguntado por este asunto el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ante el que el Aragonès ha garantizado que el Govern tomará «las medidas necesarias para dar cobertura a los trabajadores públicos, a los funcionarios y a los altos cargos en el ejercicio de sus cargos y habiendo actuado de acuerdo con la normativa», y le ha recordado que existe la presunción de inocencia.

Garriga ha asegurado que llevarán el asunto a los tribunales impulsando una querella por malversación de fondos públicos: «Ha empezado su cuenta atrás como presidente», ha avisado a Aragonès, quien le ha replicado que si empieza o no su cuenta atrás deberá decidirlo el Parlament, y no Vox.

Garriga ha vinculado fondos del Govern a informes del Consejo de Europa, ante lo que Aragonès se ha preguntado si insinúa que los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa están dispuestos a ser sobornados para elaborar un informe, y ha criticado su tono y esta «nueva amenaza de la extrema derecha».

Esclerosis Múltiple España (EME) y 26 asociaciones y fundaciones han desarrollado una nueva edición de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’, que tendrá lugar este domingo, y que, tras una edición muy digital en 2020, volverá este año 500 playas y piscinas españolas, más del doble que el año pasado.

Durante el ‘Mójate’, los asistentes participan de diferentes actividades. También ayudan en la mejora de la calidad de vida a través de la atención social y la rehabilitación, mediante la adquisición de productos con diseños creados especialmente para la campaña por Katuki Saguyaki y Judit Canela.

Estos diseños están plasmados en numerosos artículos: desde toallas y camisetas veraniegas, hasta bidones de agua, pasando por bolsas de playa, delantales y cuadernos. Una de las formas de mojarse por la esclerosis múltiple (EM) es precisamente hacerse con ellos o donando a la asociación y fundación de EM adherida a la campaña más cercana en ‘www.mojateporlaem.org’.

Así, en la página web de ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ también se pueden consultar en un mapa interactivo las actividades que se desarrollarán cerca de una localidad, entre las que se encuentran concursos y acciones audiovisuales.

ACTIVIDADES DIGITALES

Además de recuperar actividad presencial en playas y piscinas de la geografía española, este año se vuelve a contar con iniciativas en el ámbito digital. De esta forma, se podrá hacer girar la ‘ruleta Mójate’, obteniendo un reto como en la anterior edición para compartir en redes sociales, donde también se participa en la conversación con el hashtag #Mojate2021. Asimismo, una novedad este año es la creación del filtro ‘Mójate’ de Instagram. Los usuarios podrán acceder de forma rápida y divertida a una versión de la ruleta para encontrar una manera original de mojarse.

A la campaña en el entorno digital ya se han sumado para dar a conocer más la EM y el evento personas conocidas en la sociedad como la cantante Verónica Romero; los humoristas Sara Escudero y Oscar Terol; el exconcursante de Pasapalabra Jero Hernández. También participan el exfutbolista Javier Artero y la presentadora y periodista Cristina Maró, quienes conocen la EM en primera persona. Ellos cuentan no solo lo que significa este evento para las personas que tienen esta enfermedad neurodegenerativa, sino también para sus familias.

«Me gusta ver que hay fechas como ésta, en la que todos nos unimos para concienciar por la EM para conseguir apoyo para la atención y rehabilitación. Es una forma bonita de pasar un buen rato y hacerlo por un buen motivo. El día del ‘Mójate’ ganamos todos frente a la EM», señala Maró.

Por su parte, Artero hace una mención especial al ambiente de familia que se vive esos días y a la campaña como punto de conexión. «‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ es una cita clave del verano en la que se genera un ambiente muy familiar. Ese día nuestros seres queridos también están ahí, a nuestro lado, de una manera muy especial».

Por otro lado, la vicepresidenta de Esclerosis Múltiple España, Ana Torredemer, pone de relieve «la importancia de continuar con una atención presencial y un acceso a la atención de calidad, como las que ofrecen las asociaciones y fundaciones de EM, que han demostrado aún más en pandemia ser un actor de primer nivel en la gestión de ‘la enfermedad de las mil caras».

La ONG Caminando Fronteras estima que un total de 2.087 personas migrantes han fallecido o desparecido en su ruta por mar entre África y España en el primer semestre de 2021, de las cuales 341 eran mujeres y 96 niños. Esta cifra es un 526% superior a la contabilizada por la ONG en el mismo periodo de 2020.

La organización ha presentado los datos que ha recogido a través de su observatorio de las diferentes rutas migratorias hacia España, que obtiene información a través de las llamadas de emergencia y avisos que les llegan desde las propias embarcaciones en riesgo, a las que después se les hace un seguimiento, y con los datos que ofrecen familiares y conocidos de las personas que inician sus rutas hacia el país.

Estos números determinan que en enero murieron 326 personas, en febrero 324 y 132 en marzo, el mes menos dramático de los seis primeros de este año. A partir de ahí, la cifra ha aumentado a las 422 víctimas contabilizadas en abril, las 418 de mayo y las 465 de junio.

La entidad se ha mostrado preocupada porque estas cifras, en algunos casos, son superiores a las que se registraron durante todo el año pasado. En 2020, los muertos fueron en torno a los 2.170 pero, además, la ruta canaria, «la más mortífera del mundo» según el informe de Caminando Fronteras, las cifras del primer semestre de 2021 (1.922 víctimas) ya son más altas que las recogidas en todo 2020 (1.851).

En la ruta del Alborán, por su parte, las víctimas contabilizadas son 93, en 9 naufragios; mientras que la ruta del Estrecho y de Argelia han registrado 36 víctimas en lo que va de 2021, en 9 y 4 naufragios respectivamente.

EL AÑO CON DATOS «MÁS TERRIBLES»

«Está siendo un año horroroso», ha declarado Maleno, antes de indicar que se tratan de los datos «más terribles» que la ONG ha contabilizado «desde 2007».

Dentro de las cifras presentadas por Caminando Fronteras, destaca también que 42 embarcaciones han desparecido en el primer semestre de 2021 con todas las personas a bordo y que entre las víctimas de estas tragedias hay personas de hasta 18 nacionalidades, especialmente de Guinea y Costa de Marfil.

Además, el documento advierte de que, de las víctimas desaparecidas, apenas se encuentra el cuerpo del 4% y el porcentaje de identificaciones de los mismos es aún más bajo.

Maleno ha explicado que el aumento de víctimas en la ruta canaria se debe a un mayor uso de lanchas neumáticas en un trayecto que es «muy peligroso». La activista por los derechos humanos ha destacado que este tipo de embarcaciones ha sido siempre más común en rutas por el Mediterráneo y advierte de que las neumáticas no resisten una navegación por el Atlántico en un viaje que, además, es más largo.

LA CRISIS CON MARRUECOS AUMENTÓ LAS MUERTES

En concreto, ha explica que en los primeros seis meses del años, la presencia de lanchas neumáticas en la ruta a Canarias suponen el 33% de las alertas que ha recibido la ONG, un porcentaje que, según su experiencia, es «muy elevado» para el Atlántico.

Pero, además, Caminando Fronteras apunta hacia la crisis diplomática de España con Marruecos como uno de los factores que han aumentado el porcentajes de muertes de migrantes en el mar. A su juicio, la defensa de la vida que es obligación de los estados «deja mucho que desear» en este caso.

«Ha habido una dejación de responsabilidades en el rescate. Lo hemos visto en Marruecos», ha denunciado Maleno, quien ha explicado que la marina del país africano «no ha asistido» alertas que han enviado pateras o la propia ONG sobre la situación de riesgo o deriva de embarcaciones; y en el que caso de acudir, los rescates «han sido bastante negligentes», ha declarado.

En España, ha indicado la activista, se necesitan «más medios aéreos» y la entidad se une, según han explicado, a las peticiones de Salvamento Marítimo para las mejoras de condiciones del persona y de los medios disponibles para abordar la realidad de la ruta canaria.

«MARRUECOS DEJÓ DE RESCATAR»

Pero, además, ha puesto el foco en la crisis del pasado mayo, con la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Caminando Fronteras cree que el país debió prever que mientras esto sucedía también estaban «dejando salir» desde la costa hacia Canarias y de una forma desesperada en embarcaciones precarias. Eso provocó, ha indicado la fundadora de la ONG, que en 15 días desaparecieran más de 480 personas.

Además, ha indicado, durante esta crisis «Marruecos dejó de rescatar» por lo que, a su juicio, España «debería haber reforzado» su servicio «teniendo en cuenta la situación especial a la que se enfrentaba».

Es por eso que Maleno ha hecho un llamamiento a los gobiernos y, especialmente al español, para que se produzca una «reunión urgente» entre los ministerios implicados en esta materia, y se tomen medidas frente a «la necesidad urgente de defender la vida en la ruta canaria» y evitar que «en los próximos 6 meses» del año no haya «cifras tan vergonzosas» como estas.

«Pensábamos que se tomarían medidas tras la experiencia del año pasado, pero no se han tomado», ha lamentado Maleno, que echa en falta «la coordinación con los países» con los que España «comparte aguas». También llama a dar «órdenes claras a quienes gestionan» las fronteras, como las fuerzas y cuerpos de seguridad.

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES

En la rueda de prensa también han participado José Antonio Benítez, sacerdote miembro del Secretariado diocesano de migraciones de Las Palmas, y Teodoro Bondyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), que han hablando de las carencias que existen a la hora de acompañar a los familiares de las víctimas de estas rutas.

Benítez ha reclamado la puesta en marcha de puntos de información para las familias de las víctimas que reclaman información sobre su paradero, además de un protocolo de actuación que hagan los trámites automáticos y ágiles.

El sacerdote ha explicado un caso en el que se recibió al familiar de una víctima en Lanzarote. Lo hicieron voluntarios del Secretariado, una abogada que les ayuda y un traductor que acompañaron durante dos días a esta persona que tuvo que identificar el cuerpo, hacerse pruebas de ADN y visitar el cementerio en el que quería que fuera enterrada la víctima.

«Se fue agradecida a pesar de la dureza de la situación», ha explicado Benítez, quien ha alabado la entrega de los voluntarios y la ausencia de facilidades de la Administración.

Bondyale, ha señalado también la importancia del acompañamiento en un proceso de duelo recordando el caso de la menor Eléne, de dos años, fallecida a su llegada a Canarias, tras ser trasladada al hospital. Bondyale ha criticado que se la separara de su madre y su hermana de 13 años que viajaban con ella y que fueran también las FAAC quienes se ocuparan de cumplir los deseos de que la pequeña fuera enterrada por el rito musulmán, en la tierra, y no en un nicho como lo hace el Ayuntamiento de Las Palmas.

«Hablamos de coordinación poniendo a las personas en el centro y a los derechos humanos», ha apuntado Maleno, antes de exigir de nuevo al Gobierno que trabaje en esta línea y evitar una «dejación de la responsabilidad» que los estado tienen para con la defensa de los derechos humanos.

Francisco Cuenca (PSOE) se ha convertido este miércoles en el nuevo alcalde de Granada por mayoría absoluta en sustitución de Luis Salvador (Cs), que dimitió a raíz de que el PP rompiera el pacto de gobierno que mantenía con su formación y que este miércoles ha permitido al candidato socialista hacerse con la Alcaldía dándole su apoyo, junto al del otro edil de Cs y los de Unidas Podemos.

La lista liderada por Francisco Cuenca fue la más votada en las pasadas elecciones municipales, cuando obtuvo una representación de 10 concejales, cuyos votos se ha sumado este miércoles a los tres de Unidas Podemos y los dos de Ciudadanos, que han optado por dar su apoyo expreso al candidato socialista en vez de abstenerse, con lo que ha sumado 15 apoyos.

El candidato del PP, Francisco Fuentes, ha contado con el voto a favor de los seis concejales de este partido, de los tres concejales de Vox y de los tres no adscritos: Sebastián Pérez –que dejó el Partido Popular el pasado mayo– y los dos exediles de Cs Manuel Olivares y Lucía Garrido. Su candidatura ha sumado así el apoyo de 12 de los 27 corporativos que han ido introduciendo su papeleta en la Jarra de los Caballeros XXIV tras ser llamados por orden alfabético. La mayoría del pleno está fijada en 14.

Francisco Cuenca vuelve a ostentar de nuevo el bastón de mando después de que ya se hiciera con él en 2016, a raíz de la dimisión del entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), tras su detención en la llamada ‘Operación Nazarí’ sobre una supuesta trama corrupta en la ciudad, rompiendo con ello 13 años de gobierno del PP en la ciudad.

En la investidura de este miércoles, Cuenca ha contado con el apoyo de diversos representantes socialistas, entre ellos, el presidente provincial del PSOE, José Entrena; el vicepresidente primero del Congreso y diputado del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Durante su discurso, tras recibir el bastón de mando y el collar de oro de la ciudad, Cuenca ha llamado a todas las fuerzas políticas a la «unidad», anunciando que este próximo lunes convocará una junta extraordinaria de portavoces para «poner, entre todos, los pilares de la recuperación de Granada» y les ha invitado a «un pacto por Granada» para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el Ayuntamiento y que a partir de hoy la ciudad «cierre la puerta a un periodo que debemos olvidar», ha dicho.

Se ha referido además a la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia, afirmando que «Granada no olvidará jamás a las personas fallecidas aquí por culpa de este virus maldito».

«Granada no sólo no ha permanecido ajena a esta triste fotografía. Nuestro modelo económico, –excesivamente dependiente del sector servicios–, ha provocado que las cifras más preocupantes de esta crisis hayan encontrado en Granada un escenario tristemente cómodo: el desempleo, la caída del PIB, la incidencia vírica; todos estos marcadores han situado a Granada a la cabeza de las peores clasificaciones en nuestro país», ha sostenido Cuenca, quien ha recalcado que «ha llegado el momento de revertir esta situación, de aprovechar un escenario que, gracias a las ayudas que vamos a recibir de diferentes administraciones, podemos aspirar a la mejor recuperación posible».

«Somos la ciudad donde Moderna fabrica sus vacunas; somos la tierra del acelerador de partículas; somos la capital europea de la Inteligencia Artificial; somos una ciudad capital del pensamiento. Todo ello debe ser un imán para la llegada de empresas a Granada», ha agregado el regidor, quien además ha anunciado que «no mas allá del mes de septiembre» convocará una Conferencia de Alcaldes de la Gran Ciudad Metropolitana «para hacer eficiente todo lo que compartimos y todo lo que nos une».

«No es el tiempo de las discrepancias partidistas, no es el tiempo de los bloques: es el tiempo de Granada», ha remarcado al final de su discurso tras la crisis municipal vivida en las últimas semanas en el consistorio.

Cuenca (Granada, 1969) es portavoz del grupo municipal socialista desde 2011. Es diplomado en Educación Física por la Universidad de Granada, funcionario de la Junta de Andalucía en excedencia, y máster en Alta Dirección de Entidades Sociales.

Ha sido coordinador de la Delegación de la Junta de Andalucía y delegado de Obras Públicas e Innovación en Granada, y es padre de dos hijos. Originario del populoso barrio de la Chana, el socialista entró en política desde el movimiento vecinal, inspirado por su tío, Juan Cuenca, un histórico socialista que falleció en 2007. Es amante de la lectura y de la música independiente y el rock. Pero, además, también disfruta de las tradiciones, como la Semana Santa granadina. Es socio del Granada CF desde niño, y también es un apasionado del Club Baloncesto Granada.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «a tontas y a locas» tras el aumento de casos de coronavirus y ha afirmado que, 10 días después, de eliminar mascarillas y abrir fronteras hay una «quinta ola». A su entender, el Ejecutivo «siempre llega tarde», «a rastras» y «siempre lo hacen mal».

Así se ha pronunciado al ser preguntada si está de acuerdo con aplicar nuevas restricciones como cerrar el ocio nocturno como ya plantean algunas autonomías ante el incremento de la incidencia acumulada en España e incluso volver al toque de queda como propone Castilla y León.

A su llegada al curso de verano ‘España, Europa y libertad’ que organiza la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Pastor ha afirmado que a Pedro Sánchez y a su ministra de Sanidad, Carolina Darias, «se le ha ido una vez más la pandemia de las manos».

En este punto, ha recordado que Sánchez anunció que «mascarillas fuera» y lo aprobó mediante real decreto ley, al tiempo que tomó medidas para que «las fronteras se abrieran de nuevo», bajando las restricciones. «Y han pasado 10 días y se encuentran con una quinta ola. Siempre llegan tarde, siempre llegan a rastras y siempre lo hacen mal», ha declarado.

«SE TOMAN MEDIDAS SIN TENER EN CUENTA CRITERIOS CIENTÍFICOS»

Pastor, exministra de Sanidad, ha asegurado que la salud pública consiste en «prevenir» y ha añadido que el Ejecutivo está actuando con «precipitación», haciéndose una «enmienda a ellos mismos» con el documento remitido a las autonomías hablando de «una serie de restricciones» ante el aumento de los casos, al tiempo que Darias comunica por carta a los consejeros que les van a mandar «rastreadores y tests de antígenos».

«Hoy hay Consejo de Política Interterritorial y en esa reunión lógicamente se va a plantear la situación en la que estamos, en la que las personas no vacunadas, una inmensa mayoría se están contagiando y eso es porque se toman medidas sin tener en cuenta criterios científicos y técnicos y teniendo en cuenta criterios políticos», ha manifestado.

Pastor ha aludido al «gran anuncio» de Sánchez de quitar las mascarillas en el exterior y lo ha vinculado a que en aquel momento estaba encima de la mesa otro asunto «grave» como los indultos y no quería que saliera eso en la «escaleta del día». A su entender, con esa decisión se mandó «un mensaje de incertidumbre absoluta los ciudadanos».

«FALTA DE CONFIANZA» EN EL GOBIERNO

Tras reiterar que en España «no se toma ni una sola medida con criterios científicos y técnicos», ha afirmado que ella «nunca» ha visto un país en el que un ministro de Sanidad «dice una cosa y los ciudadanos hacen la contraria», algo que, según ha recalcado, se ha visto con la elección de vacuna o con la decisión de quitar las mascarillas. A su juicio, eso evidencia la «falta de confianza» en el Gobierno de Pedro Sánchez y en las autoridades sanitarias.

Preguntada de nuevo si entonces está de acuerdo con cerrar el ocio nocturno o volver a los toques de queda, Pastor ha señalado que ella con lo que está de acuerdo es con que se reúna «de verdad» un comité científico que tome decisiones a la vista de los indicadores y el grado de inmunidad.

En este punto, la responsable de Política Social del PP ha indicado que España tiene que hacer un estudio de inmunidad porque en este momento saben cuántas personas vacunadas hay pero no se sabe «la inmunidad real que tiene la población». «Están actuando a tontas y a locas», ha concluido.

Crue Universidades Españolas y la Fundación Carolina han presentado el informe ‘Evaluación de la vinculación de los másteres españoles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)’, que analiza el grado de relación de la oferta de estos estudios de posgrado de las universidades españolas con los ODS de la Agenda 2030. En dicho informe, los rectores indican la importancia de seguir a hoja de ruta de los 17 ODS para que la Universidad lidere el cambio que resulta necesario.

Este proyecto, coordinado por el Servicio de Datos y Estudios de Crue, supone la primera iniciativa de este tipo llevada a cabo en España y pretende ser el primer paso para la creación de una metodología dentro de las universidades que haga extensible la relación de los ODS no solo a los másteres universitarios, sino a todos los productos docentes, de investigación y de transferencia generados en el seno de estas instituciones de Educación Superior.

En este acto virtual, retransmitido en directo por Twitter y YouTube, han participado el presidente de Crue y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja; el vicepresidente adjunto de Crue Salustiano Mato, y la representante de Crue en el Consejo de Desarrollo Sostenible, la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar.

El presidente de Crue ha agradecido a la Fundación Carolina su colaboración y compromiso por lograr un mundo «más justo y solidario» a través de iniciativas como esta que buscan situar los ODS como líneas estratégicas a la hora de formar a la juventud.

Según ha indicado, el estudiantado tendrá una enorme responsabilidad de cambiar el mundo en un futuro próximo y este estudio es, a su juicio, una muestra más del compromiso de la Universidad española con la Agenda 2030. En este sentido, ha señalado que el sello distintivo de la Universidad es formar en conocimientos y valores.

Por su parte, José Antonio Sanahuja ha destacado la vocación iberoamericana de este estudio, desde un tipo de cooperación académica avanzada que entiende la movilidad como una pieza clave de los procesos de internacionalización y diplomacia pública: Para la Fundación Carolina ha supuesto la oportunidad de integrar en una acción compartida el trabajo de la Cooperación Española, de las empresas que integran nuestro patronato y de las universidades, ha afirmado Sanahuja.

La rectora Rosa María Aguilar ha subrayado que la Universidad 2030 tiene que hacer lo que ha hecho siempre, pero no como siempre y ha advertido de que «solo siguiendo la hoja de ruta de los 17 ODS, la Universidad será capaz de liderar el cambio que hay que realizar». También ha indicado que la sostenibilidad y el cumplimiento de estas metas marcan la agenda de trabajo de las universidades. «Es clave para nuestro presente, pero, sobre todo, es urgente para nuestro futuro», ha concluido.

ANALIZADOS 415 MÁSTERES CURSADOS POR 25.000 ESTUDIANTES

El vicepresidente adjunto de Crue, Salustiano Mato, ha explicado las claves de este proyecto de evaluación que ofrece una radiografía sobre la adecuación de los ODS en las titulaciones de posgrado y permite agruparlas en diferentes perfiles según su relación específica con los objetivos marcados por Naciones Unidas.

Para definir esta metodología, primero se realizaron entrevistas a personas relevantes dentro de la dirección y coordinación de estudios de Máster del Sistema Universitario Español, teniendo en cuenta no solo las ramas de conocimiento, sino también su distribución geográfica. En segundo lugar, se desarrolló un cuestionario con respuestas de más de 415 titulaciones de máster que cursan alrededor de 25.000 estudiantes, lo que ofrece una muestra lo suficientemente robusta para entender cómo se relacionan los contenidos de dichas titulaciones con la esencia general de los 17 ODS y con las metas de cada uno de esos ODS en particular.

Los resultados de este informe demuestran que, además de trabajar en los Objetivos vinculados al campo de la educación (ODS4), desde las universidades, y más concretamente desde los generadores del contenido de las titulaciones, se trabajan otros objetivos y metas muy vinculadas a sus áreas de estudio. Entre ellas, de manera transversal, destacan la lucha por la igualdad de género y por el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible.

Los tribunales españoles han tramitado 3.658.530 procedimientos de separación y divorcio, tanto consensuados como no consensuados, y 4.754 de nulidad matrimonial. El total, 3.663.284 expedientes judiciales de disolución matrimonial desde la aprobación de la primera Ley el divorcio en España en 1981 y hasta 20202, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, se han registrado 86,8 disoluciones por cada 1.000 habitantes.

Desde 1939 hasta 1981, la única disolución posible del matrimonio era la muerte o declaración de fallecimiento o la nulidad (canónica en la mayoría de los casos), que no es propiamente una disolución sino la desaparición del vínculo matrimonial con efectos retroactivos.

Fue la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, la que volvió a permitir en España el divorcio como causa de disolución del matrimonio mediante la modificación del Código Civil.

Con posterioridad, hubo otros dos hitos legales: la Ley 15/2005, de 8 de julio, que eliminó la separación como requisito previo indispensable para la obtención de una sentencia de divorcio y fijó, tanto para separaciones como para divorcios, un plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio para poder presentar la demanda, en la que ya no debía especificarse la causa. Esta ley estableció también que no sería necesario el transcurso del plazo de tres meses en caso de riesgo para la vida, la integridad física o moral y para la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos.

Finalmente, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria previó la tramitación de determinados procesos de separación y divorcio ante notario.

LA REFORMA DE 2005 CONVIRTIÓ LAS SEPARACIONES EN RESIDUALES

Los datos ponen de manifiesto cómo, a partir de 1983 y hasta 2005, elnúmero de separaciones superó al de divorcios en cada ejercicio. Laaprobación de la Ley 5/2005 invirtió la situación y, al simplificarse los trámites del proceso de divorcio, desde 2006 las separaciones se convirtieron en un procedimiento residual.

De las 82.340 separaciones de 2004 se pasó a 55.640 de 2005 y a las 14.158 de 2006. En esos mismos años, los divorcios pasaron de 52.591 en 2004 a 93.615 en 2005 y a 141.317 en 2006.

Además, entre 1981 y 1995, separaciones y divorcios eran en su mayoría procesos contenciosos. Desde 1995 para las separaciones y desde 1999 para los divorcios, las disoluciones matrimoniales de mutuo acuerdo tendieron a ser predominantes.

DESCENSO POR LA CRISIS ECONÓMICA Y DURANTE LA PANDEMIA

El número total de procesos de disolución matrimonial por año, desde 1981, experimentó su máximo en 2006, lo mismo que el número de disoluciones. por 1.000 habitantes. Desde 2007, se aprecia una importante caída, posiblemente como consecuencia de la crisis económica, según apunta el CGPJ.

En 2010 los datos se estabilizan y, entre 2015 y 2019, se aprecia un nuevo descenso, aunque más suave. Además, el CGPJ apunta que la disminución en el número de procesos de disolución en 2020 puede atribuirse a los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19.

Además, la comparación entre el número de matrimonios y de disoluciones (incluidas las notariales) muestra cómo en 2020, por primera vez en la serie histórica, las segundas superaron a los primeros, hecho que puede también atribuirse a la pandemia.

En términos absolutos, Cataluña (671.582), Andalucía y Madrid (523.205), son las comunidades que más procedimientos han tramitado. Mientras que, según la tada por cada 1.000 habitantes, lidera el ranking Canarias, con 120,5 procedimientos por cada 1.000 habitantes; Islas Baleares, con 109,2; y de nuevo Cataluña, con 100,7.

LAS ISLAS LIDERAN LA TASA POR CADA 1.000 HABITANTES

Según explica el CGPJ, la elaboración del estudio ha requerido complementar los datos estadísticos recopilados desde 1995 por el Servicio de Estadística Judicial del CGPJ con los de los ejercicios anteriores, hasta 1981, provenientes de las Memorias del CGPJ. Los datos de 1981 corresponden a los últimos cuatro meses del año.

Además, para la elaboración de la estadística por territorios, se ha tenido en cuenta que los datos correspondientes al periodo 1981 a 1988 provienen de las antiguas Audiencias Territoriales, mientras que los del periodo 1989 a 2020 son datos recabados de los Tribunales Superiores de Justicia.

Por tanto, para la elaboración de la estadística completa (desde 1981 hasta 2020) se han imputado a los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja los correspondientes a las audiencias territoriales de Albacete, Burgos, Pamplona y Madrid, realizando un reparto proporcional con los datos provinciales de 1995 a 2000.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido este miércoles las medidas sociales promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a los efectos de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus porque han contribuido a reforzar el Estado de Derecho por la vía de la potenciación de la igualdad y, por ende, a mejorar la democracia.

Durante su participación en el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), De la Vega ha puesto en valor las propuestas impulsadas por el Ejecutivo de coalición, pues considera que han sido «muy necesarias» para los más de 2,5 millones de personas que sufren pobreza severa en nuestro país.

En concreto, ha elogiado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que experimentó «algunos problemas» al principio pero que augura que ha llegado «para quedarse», así como los ERTES, una solución que no sólo se ha aplicado en España sino a nivel europeo y que han impedido que el Covid impactara aún más en el empleo. En este punto, ha destacado que la pandemia ha provocado que más de 23 millones de europeos se hayan ido al paro.

La máxima responsable del citado órgano consultivo también ha aplaudido que el Ejecutivo decidiera que, durante el estado de alarma, se aplazara el pago de los alquileres, se frenaran los desahucios, se protegiera a los trabajadores más vulnerables, se estableciera una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos o se garantizara los suministros a los ciudadanos más desfavorecidos.

INTRANQUILIDAD POR LA EUROPA DE LA IGUALDAD

Y es que, según ha señalado, los efectos de la pandemia están condicionados por las desigualdades entre y dentro de los países, lo que obliga, a su juicio, a ahondar «más que nunca» en el Estado de Derecho social en el escenario postCovid.

En este punto, ha dicho que existen razones para estar «intranquilos» en torno a la supervivencia en Europa del Estado de Derecho democrático e inclusivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, las reformas que se están llevando a cabo en países como Polonia y Hungría contra la libertad de los jueces o la libertad de expresión.

«Y la regresión no sólo continúa, sino que parece imparable», ha advertido, cuestionando en concreto que recientemente el Gobierno polaco haya expresado su voluntad de acabar la Convención de Estambul contra la violencia machista, así como la legislación homófoba aprobada en Hungría. «El tema es preocupante», ha dicho.

LO VIEJO CONOCIDO YA NO ES MEJOR QUE LO BUENO POR CONOCER

Así las cosas, y ante el incremento de la desigualdad con motivo de la crisis de la pandemia, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho global adoptando medidas específicas que no se basen en «lo viejo conocido» que, en su opinión, «ya no es mejor que lo bueno por conocer».

«Nada me gustaría más que ver que lo bueno que está por venir es la consolidación del un Estado de Derecho a nivel global en el que los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos y que no sea incompatible con el Planeta –ha dicho–. Es el espíritu de la agenda 2030, el de no dejar a nadie atrás».

Y, en este punto, se ha dirigido especialmente a los jóvenes, a los que ha pedido que no se cansen de ser «militantes» del Estado de Derecho para contribuir a la construcción de una democracia «resiliente» en el que se «dignifique» la política y el diálogo sirva par resolver los grandes desafíos globales.