Movimiento Marika Madrid ha anunciado que mantiene la concentración convocada para este miércoles a las 21 horas en la Puerta del Sol contra las agresiones a las personas LGTBi ante las agresiones homófobas de los últimos días y después de que se haya conocido que la agresión sufrida el pasado domingo en Malasaña por un joven fue consentida.

En una cadena de mensajes publicados en la red social Twitter, el movimiento ha subrayado que no entrará "en valoraciones" sobre el cambio de versión del joven que aseguró haber sito atacado el pasado domingo por ocho encapuchados en Malasaña, que asegura ahora que las agresiones "fueron consentidas".

"¿Sabéis por qué? Porque también estos últimos días ha habido agresiones en Toledo, en Melilla, en Castellón y en Vitoria", ha señalado en su mensaje, en el que ha recordado igualmente que también se registró otra "agresión lesbófoba en Lleida" y que a Samuel, el joven atacado en A Coruña, "lo mataron por ser maricón".

"Porque todas las que estáis leyendo esto habéis tenido que sufrir la violencia, el acoso, el miedo y el peligro de muerte. Porque muchas no están aquí ya", alega.

"Con la misma rabia. Nos va la vida en ello", zanja el colectivo convocante en el mensaje en el que anuncia que la concentración convocada para las 21 horas se mantiene.

No es la única concentración que tendrá lugar en Sol a raíz de esta última agresión homófoba. El colectivo LGTBI+ de Madrid, COGAM, ha convocado una para este sábado a las 19 horas, también en la Puerta del Sol, contra la "espiral de agresiones" que están sufriendo las personas LGTBI.

El denunciante, un español de 20 años, ha cambiado de versión para reconocer a la Policía que dichas agresiones fueron consentidas, según han confirmado fuentes de Interior.

En un primer momento, el joven aseguró que volvía casa cuando fue abordado en el portal por este grupo, que le profirió insultos como "maricón de mierda". También le propinaron varios cortes con una navaja tanto en el labio inferior como en el glúteo, donde le marcaron la palabra "maricón", dejándole malherido tumbado en el suelo.

Desde el Ministerio se ha puesto en valor el trabajo de la Policía Nacional, ya que el joven que el domingo denunció una agresión en el barrio de Malasaña de Madrid "ha decidido rectificar su declaración inicial y ha declarado que las lesiones inicialmente denuncias fueron consentidas".

"Esta declaración se produce sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones y del procedimiento judicial", según han apuntado las citadas fuentes.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Joan Mena ha calificado de "terrible" que el joven de Malasaña que denunció una agresión homófoba y ahora ha cambiado su versión para reconocer que las lesiones fueron consentidas, pueda inventarse una "barbaridad así", algo que "hace daño".

No obstante, ha subrayado que "nada puede hacer olvidar" que los delitos y agresiones al colectivo LGTBi se han "disparado" y que se debe "combatir los discursos de odio".

Así lo ha trasladado en Twitter tras conocer que este joven ha decidido rectificar en su declaración inicial y señalar que "las lesiones inicialmente denuncias fueron consentidas", según han confirmado fuentes de Interior.

"Es terrible y hace daño que alguien pueda inventarse una barbaridad así. Pero nada nos puede hacer olvidar que los delitos y agresiones hacia el colectivo LGTBI se han disparado. Hay que combatir los discursos de odio y estar orgullosos de nuestra diversidad", ha proclamado en su comentario en redes.

Mientras, la secretaria de Derechos LGTBI de Podemos, Ángela Rodríguez-Pam, también ha pedido que "la última hora no impida" acordarse de toda la historia de la homofobia. "Contra el odio siempre", ha ahondado.

REFORMA DEL DELITO DE ODIO

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado este miércoles que su grupo impulsará en el Parlamento una reforma de los delitos de odio en el Código Penal, al entender que no están bien tipificados actualmente.

Al hilo de las últimas agresiones homófobas y teniendo de plano el revuelo generado por la denuncia de ese joven, cuya versión ahora ha cambiado, Echenique ha explicado que el texto "tiene el espíritu" y "está pensado para proteger a personas migrantes, a minorías religiosas, a personas LGTBI", pero se está usando "de manera espúrea" para "proteger incluso a nazis". "Como si el delito de odio contra un nazi fuera algo que estuviera en el espíritu de esta ley, que no es así", ha declarado.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, confía en que el Pleno del Congreso dé luz verde este mismo mes a la reapertura de la comisión de investigación sobre accidente ferroviario del Alvia que tuvo lugar en Santiago de Compostela en agosto de 2013 en la curva de Angrois.

Esta comisión ya funcionó en el Congreso en 2018 y 2019, pero no pudo concluir sus trabajos por la disolución de las Cortes. Ahora el BNG, junto con ERC y Bildu, ha registrado una iniciativa para que retome su actividad y se "esclarezcan" las causas del siniestro.

La iniciativa ha sido objeto de análisis este miércoles en la Junta de Portavoces y, aunque aún no se ha puesto fecha para su debate en Pleno, según han explicado fuentes del BNg, los nacionalistas confían en que la votación sobre su creación tenga lugar este mismo mes. Dan por hecho que saldrá adelante porque sólo el PP ha expresado sus recelos a reabrir el asunto.

En opinión del BNG, la nueva información conocida gracias a los requerimientos de las instituciones europeas ante las "irregularidades e incumplimientos" detectados en este asunto "dan más sentido aún al deber de retomar los trabajos de la comisión parlamentaria".

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

"Es necesario continuar con las pesquisas en sede parlamentaria y más existiendo nuevos datos y la negativa del Ministerio de Transportes a abrir un procedimiento de investigación realmente independiente, dado que la CIAF depende del propio Ministerio, lo que contraviene la normativa comunitaria que es de obligado cumplimiento" ha subrayado Rego.

A su juicio, es de vital importancia que los trabajos realizados en el Congreso en 2018 y 2019 puedan retomarse "para poder lograr el esclarecimiento de la cadena de responsabilidades y, además, determinar las recomendaciones que permitan en el futuro evitar otro accidente en las que debe recogerse el cumplimiento de las Directivas y Reglamentos europeos".

En este sentido, Néstor Rego ha avanzado el compromiso de su formación para que, cuando se constituya la comisión, haya un trabajo fructífero y se pueda conseguir "verdad, justicia y reparación" para todas las víctimas y familiares.

El PP quiere que el Congreso ponga fin a las restricciones de aforo que lleva aplicando desde el inicio de la pandemia del coronavirus y que desde hace meses está fijado en el 50% en las sesiones plenarias, pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quiere que esa decisión se tome por acuerdo entre los grupos parlamentarios, por lo que les ha emplazado a analizarlo e intentar alcanzar un consenso en las próximas semanas.

Según han informado fuentes parlamentarias este es el mensaje que ha enviado Batet este miércoles en la reunión de la Junta de Portavoces, donde se ha tratado este asunto, a raíz de una propuesta elaborada por los servicios jurídicos de la institución.

Antes del paréntesis estival, la propia Batet insistió en varias ocasiones en su deseo de que en este periodo de sesiones que acaba de empezar, con la vacunación ya tan avanzada, se pudiera recuperar la normalidad en la Cámara, pero atendiendo siempre a los criterios de salud pública en función de la evolución de la pandemia.

Hasta ahora el Congreso se ha venido guiando, en líneas generales, por las restricciones de aforo fijadas por la Comunidad de Madrid, donde ahora, por ejemplo, en el caso de los espectáculos teatrales está fijado en el 75%.

Sin embargo, la propuesta redactada por los servicios del Congreso, señala que, de aplicarse ese porcentaje en el hemiciclo, no se podría garantízar la distancia interpersonal de un medio y medio entre sus señorías.

Por ello sugieren que se mantenga la restricción del 50% en el Salón de Plenos, si bien plantean que sí se permita a los 350 diputados ocupar sus escaños a la vez para votar, dado que no suelen durar "más de 20 minutos", y ese es, precisamente, "el tiempo que se toma como referencia para valorar la eventual existencia de un 'contacto estrecho'".

De aceptarse esa idea, habría que derogar el acuerdo adoptado en su momento por el que se permitía votar telemáticamente a todos los diputados que lo solicitaran.

PERIODISTAS Y VISITAS DE ESCOLARES

En el informe de los servicios jurídicos no se menciona la posibilidad de volver a autorizar la presencia de público en las tribunas de público del Congreso ni de las visitas de grupos a las dependencias parlamentarias, un asunto, éste último, que Batet quiere priorizar, especialmente las visitas de alumnos de centros escolares.

El informe tampoco aporta criterios a seguir para la vuelta a la normalidad de los representantes de los medios de comunicación acreditados en la Cámara.

Por su parte, en rueda de prensa, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado que la Cámara recupere totalmente la presencialidad, que todos los diputados puedan acudir al hemiciclo a la vez.

También ha reclamado que se libere de las restricciones a los medios de comunicación y que sus profesionales puedan volver a circular por todos los lugares de la Cámara a los que tenían acceso antes de la pandemia. Gamarra ha subrayado que el papel de "servicio público" de los medios es tan importante que quizá habría que plantearse darles prioridad para volver sobre "otros colectivos".

También desde Vox se ha pedido que se vaya ampliando el aforo en el hemiciclo, pasando de un 50 a un 75%, pero en todo caso la decisión final sobre todos estos asuntos se adoptará en las próximas semanas.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, comparecerá a petición propia este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por primera vez desde que asumió el cargo el pasado julio.

La comparecencia tendrá lugar una semana después de que Llop se reuniera cara a cara en una primera toma de contacto en la sede del Ministerio con varios portavoces Justicia de los grupos parlamentarios. Ni Podemos ni Vox estuvieron presentes. Según aseguraron los asistentes, el encuentro duró casi una hora y giró principalmente sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018.

PP y Ciudadanos aprovecharon la reunión para dejar constancia de su petición de reformar la ley para "despolitizar" la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, según informaron fuentes parlamentarias. La ministra ya ha dicho públicamente que prefiere primero renovar la institución y luego ya estudiar posibles reformas y otros modelos.

La reforma del sistema no es compartida por otros grupos. Según fuentes presentes en la reunión, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, reprochó "tibieza" al Ejecutivo y le emplazó a reformar la ley, pero para forzar la dimisión inmediata de los vocales al día siguiente de agotar su mandato, lo que en su opinión forzaría a los partidos a buscar un acuerdo.

En aquel primer encuentro se habló también de otras reformas pendientes, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según señaló en rueda de prensa el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Edmundo Bal, su formación avisó a la ministra que no votará en favor de la normativa que atribuye la investigación de las causas criminales a la Fiscalía "si previamente no se reforma el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, dotando de verdadera independencia a la Fiscalía".

Asimismo, Llop abordó la conveniencia de recuperar las becas a jóvenes para el acceso a las oposiciones de Justicia, así como el refuerzo de la presencia de la mujer en el Poder Judicial, puntos defendidos entre otros por el portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda.

SALIDA DE CAMPO Y GESTIÓN DEL MINISTERIO

Está previsto, además, que este jueves la ministra defienda la gestión de su departamento y exponga temas relacionados con la modernización del sistema público de Justicia y las reformas legislativas que está llevando a cabo su cartera, tal y como ya ha expuesto en reuniones previas con asociaciones judiciales, operadores jurídicos y funcionarios de la Administración.

Fuentes parlamentarias han asegurado que en el marco de las intervenciones algunos grupos preguntarán a Llop por las razones que llevaron a la salida de su predecesor, Juan Carlos Campo, del Ministerio.

Podemos asegura al titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid que si sigue adelante con su intención de sumar a la investigación una "auditoría económica de los servicios prestados" por Neurona "deberá" requerir información al resto de partidos políticos sobre las consultoras contratadas para las elecciones del 28 de abril de 2019.

En un recurso de reforma de 26 de julio, la formación se muestra en contra de la decisión del magistrado Juan José Escalonilla de ampliar seis meses la investigación para, entre otras cuestiones, verificar los precios de los trabajos prestados a Podemos por la consultora mexicana que da nombre a la causa.

Asegura, sin embargo, que si el juez insiste en encargar la "auditoría económica", esta deberá estar elaborada por un "experto independiente" con "formación específica en materia de consultoría política especializada, y en concreto, en consultoría de campañas electorales". Añade, además, que éste "deberá disponer de parámetros y datos de comparación de servicios prestados en las mismas circunstancias por otras empresas del sector de la consultoría política".

SE COMPARA CON EL PP

En este sentido, Podemos señala que ya constan en fuentes públicas "datos de indudable interés para la investigación", en referencia a la "contratación de servicios de la consultora estadounidense The Messina Group por parte del Partido Popular para servicios idénticos a parte de los que están siendo sometidos a investigación".

Así, la formación 'morada' adjunta noticias relacionadas "con cita expresa tanto de los mismos dirigentes del Partido Popular como de la consultora contratada, en términos muy interesantes para la indagación sobre si los precios pactados con Neurona son ajustados a los precios normales del mercado".

Podemos destaca que en ambos casos se trata de "consultoras norteamericanas" y hace hincapié en que "no es en absoluto anómalo valerse de la contratación de empresas de origen extranjero para determinados servicios electorales".

En este sentido, la formación liderada por Ione Belarra asegura que, "aun siendo conscientes de lo muy provisional de esta información hasta que no sea confirmada con el Partido Popular, el Tribunal de Cuentas y la consultora", el coste total de los trabajos encargados por el partido liderado por Pablo Casado para la campaña del 26 de junio de 2016 "ascendió a los 290.000 euros".

En el marco de esta comparativa, Podemos sostiene que "lejos de situar el precio pactado con Neurona en términos excesivos o injustificados, lo estaría haciendo en términos muy razonables de mercado".

Por ello, asegura que en caso de llevar a cabo la pericial económica encargada por el juez instructor "resultará imprescindible" que se aporten todos los datos relativos a la contratación de The Messina Group por parte del Partido Popular.

Podemos a su vez considera que se deberá requerir información sobre las consultoras contratadas por el resto de partidos que concurrieron a las elecciones de abril de 2019, "aprovechando además que uno de ellos está también personado en el presente procedimiento", en referencia a Vox, que ejerce de acusación popular.

EN CONTRA DE LA PRÓRROGA

Aún así, el partido sostiene que "no resulta necesaria prórroga alguna" dado que los informes solicitados por el titular del juzgado, aún cuando llegaran con posterioridad a la expiración del plazo de 12 meses, se encontrarían dentro del periodo máximo establecido en la ley.

Reprocha al juez que considere ahora relevante verificar si los trabajos llevados a cabo por Neurona son "merecedores del precio pactado entre las partes, en una suerte de auditoría económica de los servicios prestados en atención a parámetros de cantidad y/o calidad".

Recuerda que la línea central de investigación era si el servicio prestado fue "real o simulado" y pregunta "en qué medida es relevante" para la causa que se realice ahora una "auditoría económica" de los productos desarrollados por Neurona. En este sentido, insiste en que en el auto por el que se acuerda ampliar seis meses la investigación "no se hace mención alguna a la relevancia que dicha diligencia tiene, en cuya virtud se acuerda la prórroga de la instrucción".

Así, Podemos sostiene que "resultaría preciso reflejar los motivos concretos" por los que el juez considera que dicha auditoría debe llevarse a cabo poder completar la investigación. Además, reprocha al magistrado instructor que no explicase las razones que han impedido concluir las pesquisas.

TRABAJO "MULTIDISCIPLINAR"

La formación 'morada' defiende que el trabajo desarrollado por Neurona no consistió únicamente en la elaboración de vídeos y precisa que --tal y como "constataron todos los testigos"-- "fue de carácter multidisciplinar en todas las áreas que requiere un equipo de campaña electoral".

Además, recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya se pronunció sobre el recorrido de "una nueva línea de investigación sobre la cuantificación económica del servicio prestado", en referencia al contrato suscrito por Podemos con otra compañía. En aquel momento, subraya, los magistrados estimaron "no ha lugar continuar con el procedimiento para verificar si el precio está ajustado a los valores normales del mercado".

Podemos insiste en que ya "hay material más que suficiente en la causa como para que las partes se pronuncien sobre si hay indicios bastantes para sostener si hay alguna supuesta simulación" en el contrato con Neurona.

El ex presidente de BBVA Francisco González ha acusado a la Fiscalía de impulsar una "investigación prospectiva" por lanzar acusaciones "genéricas" para justificar la imputación por el presunto delito de administración desleal, insistiendo en que, en todo caso, las gestiones que encargó a su ex jefe de Gabinete Joaquín Gortari para obtener información de una finca no fue para "fines privados" sino para salvaguardar el "buen nombre" del banco.

El escrito presentado por el antiguo directivo, gira en torno a la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de imputar a González un delito de administración desleal --ya estaba investigado por cohecho y revelación de secretos-- por emplear recursos de BBVA "para su uso exclusivamente personal". En concreto, "para valorar la adquisición de una finca a título privado".

El juez accedió así a lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción, si bien esta imputación por un nuevo delito en el marco de la macrocausa 'Tándem' --donde se investigan los negocios oscuros del comisario José Manuel Villarejo-- fue contestada por González en un recurso de reforma donde solicitó a García-Castellón que revocara su decisión, esgrimiendo que las "averiguaciones" que pudiera encargar a Gortari estaban destinadas a preservar el "buen nombre" de BBVA.

Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro pidieron al juez que mantuviera la imputación de González por administración desleal, llamando la atención sobre la supuesta "falta de consistencia" por parte del ex presidente del BBVA al señalar ahora como prescritos hechos que antes decía desconocer. En un nuevo movimiento procesal, González ha contestado al Ministerio Público para insistir en que esta línea de investigación es estéril.

"El Ministerio Fiscal pretende una suerte de investigación prospectiva y general sobre mi mandante fundamentada en unos hechos completamente genéricos, inconcretos y preocupantemente cambiantes según conveniencia procesal", ha advertido la defensa de González al magistrado, en un último escrito fechado el pasado 6 de septiembre.

El ex presidente de BBVA afea a los fiscales que fundan el delito de administración desleal en "dos abstracciones genéricas": la presunta utilización de un recurso de la entidad financiera para valorar la adquisición de una finca a título privado sin concretar a qué recurso y a qué finca se refiere y sin precisar "qué perjuicio económicamente evaluable se habría producido al banco".

"A VER QUÉ ME ENCUENTRO"

Para González, "es evidente que la falta de concreción de los hechos cercena el correcto ejercicio del derecho constitucional de defensa", así como la prohibición de lanzar "causas generales".

Frente a ello, recuerda que "España es un Estado social y democrático de Derecho serio, en el que a las personas se les investiga por hechos concretos, no genéricos o futuribles, debiéndose informar a dichas personas de tales hechos para que puedan defenderse". "En otras palabras, en nuestro Estado de Derecho no está permitido investigar con el objetivo, permítasenos la expresión, de '¿a ver que me encuentro?'", remacha.

Además, la defensa aclara que el hecho de que en su recurso de reforma mencionara operaciones que podrían estar en la mira de Fiscalía no implica un reconocimiento de ningún tipo, explicando que, ante dicha falta de concreción en la acusación vertida, en "un ejercicio de adivinación" supuso que se refería a una finca de El Escorial.

Asimismo, considera "preocupante" que el Ministerio Público comente que los hechos relativos a esta finca serían solo algunas de las operaciones que conducirían a la administración desleal. "¿Qué operaciones son esas?, ¿cuándo se nos va a informar sobre ello? (...), ¿cuándo nos podremos defender entonces?", insiste.

LAS GESTIONES DE GORTARI

Reitera igualmente que las gestiones que González pidió realizar a Gortari relacionadas con una finca en la que estaba interesado "se justifican en la salvaguarda del buen nombre de la entidad, para corroborar que no había riesgos reputacionales" para BBVA.

A este respecto, en su recurso planteó qué pasaría en el "hipotético y ficticio" escenario de que el anterior propietario de la finca estuviera relacionado con algún delito o que la hubiera comprado con dinero blanqueado. Si hubiera sido así, contestaba, habría trascendido la "esfera privada" de González para impactar "directamente" en BBVA "causando un enorme daño reputacional" al banco.

Añade ahora que, "aunque fuese cierto que se hiciese para fines privados --que no lo es--, no sería administración desleal, pues ningún perjuicio para la entidad podría manifestarse por 'quitarle' un momento de su tiempo a un empleado", dado que "la cuestión no reviste la gravedad que justifique la intervención del derecho penal".

"Con todo el respeto debido", incide, "pensamos que las explicaciones dadas tanto por el señor Gortari como por el señor González (...) son del todo razonables para cualquier persona que conozca cómo funciona un gabinete de presidencia dentro de una entidad financiera".

SIN RASTRO DE LOS CORREOS

Por otro lado, García-Castellón, en una providencia del pasado 1 de septiembre, ha solicitado al ex director de Riesgos de BBVA Antonio Béjar que concrete las direcciones de correo electrónico de las personas con las que dice que se intercambió 'mails' que arrojarán luz sobre el rol que jugó en la contratación de los servicios de CENYT, la cabeza del grupo empresarial de Villarejo.

El instructor también pide a la Unidad de Asuntos Internos que facilite las direcciones de correo electrónico de Villarejo, su socio Rafael Redondo y otras personas asociadas a CENYT que guarden relación con esta pieza 9 de 'Tándem', donde se indaga en los trabajos que BBVA encargó a las empresas del comisario para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos servicios, el banco habría pagado al ahora policía jubilado más de 10 millones de euros.

El ex director de Riesgos --también imputado-- pidió al magistrado que reclamara estos 'mails' por entender que blindan su defensa. De acuerdo con un oficio de Asuntos Internos, BBVA entregó al juzgado un 'pendrive' con los correos de Béjar con las personas indicadas.

Sin embargo, el banco manifestó, según refleja dicho oficio, que no se han localizado 'mails' con Villarejo, entre otros, y que desconoce las direcciones de correo electrónico de las otras personas señaladas por Béjar, por lo que ha pedido que se le faciliten para poder buscarlos.

Las cofundadoras de LactApp, Maria Berruezo y Alba Padró, impulsoras de la 'app' española sobre lactancia materna, se han reunido este miércoles con la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien les ha comentado que "es necesario que las políticas públicas consigan que las madres puedan sentirse acompañadas dentro de un mundo que es hostil con la maternidad", según han informado al término del encuentro.

Durante el encuentro, han abordado cómo ha afectado la pandemia a la lactancia materna, destacando que en este período ha habido un aumento de las mastitis, más problemas de bajo peso en los bebés, aumento de dudas sobre técnicas de lactancia y consultas sobre relactación.

Para Berruezo, "la pandemia ha evidenciado la soledad de las madres y ha mostrado que no cubrir sus necesidades tiene consecuencias directas en su salud física y mental". Padró ha apuntado que "las mujeres necesitan siempre encontrar el apoyo necesario en este momento tan crucial, ya que el principal problema de abandono es no tenerlo".

En ese sentido, Montero ha señalado que las políticas públicas deben conseguir que las mujeres encuentren recursos "para poder vivir su maternidad de la forma que deseen", y ha abierto la puerta a que LactApp se incorpore a grupos de trabajo que abordan iniciativas relacionadas con la maternidad y los cuidados.

INFORME LACTANCIA

Berruezo y Padró han presentado en el Ministerio el Informe Lactancia 2020, que repasa las principales consecuencias que la pandemia ha tenido en la lactancia materna, como el aumento de mastitis (con un aumento del 31% en las consultas recibidas en la app de LactApp), más problemas de bajo peso de los bebés (aumento del 12%), dudas sobre técnicas de lactancia (incremento del 104%) y consultas sobre relactación (subida del 133%) ante la necesidad de restablecer la producción de leche de la madre tras verse interrumpida, como sucedió tras las separaciones de madres y bebés en hospitales durante el posparto inmediato al inicio de la pandemia.

En total, las consultas online sobre lactancia materna aumentaron un 116 por ciento en la aplicación de LactApp a partir del inicio de la pandemia. También se recogió un notable incremento de dudas de mujeres sanitarias y otras trabajadoras esenciales preocupadas por la compatibilidad de su trabajo con la lactancia materna.

Los equipos de Cruz Roja han multiplicado por 15 las intervenciones del servicio de albergue provisional desde el inicio de la pandemia, según ha informado este miércoles la ONG.

Tal y como ha explicado la entidad, uno de sus mayores retos de 2020 ha sido dar respuesta a las necesidades surgidas por el Covid-19 con todo tipo de intervenciones e iniciativas de ayuda, incluyendo aquellas destinadas a apoyar a colectivos como las personas sin hogar.

La crisis sanitaria hizo que se incrementaran las intervenciones en este sentido y, en especial, las de los Equipos de Respuesta Inmediatas de Albergue Provisional que creció hasta en un 1.500%, según ha señalado la entidad.

"Pusimos a disposición de quienes lo necesitara más de 5.800 plazas de alojamiento para que las personas sin domicilio pudieran realizar el confinamiento", ha explicado el jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, Iñigo Vila.

La ONG ha destacado que este equipo también ha entregado bienes básicos a domicilio, unas cifras que para la entidad eran "inimaginables a inicios de año": 850.000 productos, entre los que se incluyen equipos de protección individual, medicamentos, productos básicos de higiene y alimentación".

AYUDA SANITARIA

Por otra parte, Cruz Roja señala la labor que se ha realizado como apoyo sanitario. En este sentido, indica que se realizaron más de 21.000 traslados urgentes de personas afectadas, se atendieron a 360.000 personas dando apoyo en la toma de muestras, se instalaron más de 30 infraestructuras hospitalarias temporales y la actividad de la unidad de Atención Psicosocial incrementó en un 300% su actividad con respecto al año anterior, destacando la atención del propio personal interviniente durante la primera fase de la emergencia.

En total, la atención de más de 1.200.000 personas y 2.368.000 respuestas se gestionaron desde el área de conocimiento de Socorros durante la pandemia, ha apuntado Cruz Roja.

La Fiscalía ha recurrido esta semana el tercer grado --régimen de semilibertad-- de Jordi Montull, exnúmero 2 del Palau de la Música en la época de Félix Millet y que fue condenado a siete años y medio de cárcel por su papel en el desfalco de la institución musical. El Ministerio Público considera que ese grado es prematuro y que no ha cubierto con lo aportado en concepto de responsabilidad civil la totalidad del perjuicio ocasionado.

Según confirman fuentes jurídicas el recurso contra esa progresión de grado fue presentado este lunes, y la defensa de Montull, dirigida por el despacho Bataller Bardají Abogados, ya prepara su escrito de oposición al recurso alegando que no hay riesgo de reincidencia ni de fuga y que su representado, de avanzada edad y con patologías médicas, ha trabajado en los diferentes programas penitenciarios de forma voluntariosa.

En el escrito del Ministerio Público se pone el foco en que en este caso Montull "se enriqueció con la cantidad de la que se apropió" y que se desconoce "lo pagado hasta el momento". Fiscalía apunta que "si bien en los informes de la junta de tratamiento se recoge que el interno puso en manos de la justicia importantes sumas de dinero y bienes", no obstante estos "no alcanzan a cubrir significativamente parte del grave perjuicio causado, por lo que el escaso esfuerzo reparador impide la progresión acordada".

Montull ingresó en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) en julio de 2020 para cumplir condena por el caso Palau. Su ingreso se produjo de forma voluntaria para cumplir esa pena de siete años y medio de cárcel tres días antes del límite fijado por la Audiencia de Barcelona.

El ingreso se producía después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara la sentencia del caso Palau en el que también fueron condenados Felix Millet, expresidente del Palau, y Daniel Osàcar, extesorero de CDC, junto a otras nueve personas a penas de entre ocho meses y nueve años y ocho meses de prisión.

CASO PALAU

La sentencia por el saqueo del Palau de la Música y las comisiones irregulares a CDC se conoció en enero de 2018, y en ella se falló que el saqueo ascendió a 23 millones de euros que fueron destinados al beneficio particular de los acusados y al pago de comisiones a CDC. Además indicaba que se desconocía el paradero de seis millones de esta cantidad global.

El principal condenado fue el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, a 9 años y ocho meses de prisión y a una multa de 4 millones. El fiscal pedía 14 años y nueve meses, y se le consideró autor de un delito continuado de malversación y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público, delito continuado de tráfico y un delito de falsedad contable, delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Por su parte, Montull fue condenado a 7 años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; tráfico de influencias; blanqueo de capitales; y delito contra la Hacienda Pública. El fiscal pedía 10 años y diez meses.

A ambos se les aplicó las atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, y se les condenó a abonar a las distintas entidades del Palau 23 millones de euros de manera conjunta y solidaria.

La banda de folk gallego Tanxugueiras, formada por Olaia Maneiro, Aida Tarrio y Sabela Maneiro, se ha impuesto como la favorita de los fans de Eurovisión para representar a España en la próxima edición de 2022.

En concreto, con el tema 'Figa', Tanxugueiras se ha impuesto en 'La Elección Interna 2022', una encuesta anual entre los socios y lectores del portal 'Eurovisión-Spain.com', en la que ha vencido en todas y cada una de las votaciones realizadas a lo largo del verano.

Los eurofans han escogido 'Figa', canción lanzada el pasado mes de julio y que hace referencia a un amuleto contra el mal de ojo. A través de ella, Tanxugueiras rompe con los estereotipos y denuncia la caza de brujas a la que fueron sometidas las mujeres durante siglos.

Aunque la canción con la que España participará en Eurovisión en 2022 se elegirá en el resucitado Festival de Bernidorm, esta encuesta interna da una idea de lo que al público le gustaría ver en el concurso.

Desde que España participa en Eurovisión en el año 1961, ninguna canción en las diferentes lenguas cooficiales del Estado ha representado al país.

Tras conocerse el resultado del a encuesta realizada entre los fans del festival y en la que 'Perra' de Rigoberta Bandini y María José Llergo con 'La luz' completan el podio, las Tanxugueiras se han mostrado "agradecidísimas" a través de su perfil en la red social Twitter. "Que viva el gallego, la diversidad, las mujeres y la música", finaliza su mensaje.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, comparecerá este jueves en el Congreso para dar cuenta de las líneas generales que llevará adelante en su departamento, una cita que llega en medio de los últimos desencuentros entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bolaños, que ya estaba en Moncloa como secretario general de Presidencia, accedió al cargo de ministro el pasado mes de julio en la remodelación del Gobierno diseñada por el presidente Pedro Sánchez y la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Habitualmente, los nuevos miembros del Ejecutivo suelen desfilar por la Cámara Baja al poco de tomar posesión. Sin embargo, al ser julio un mes inhábil a efectos parlamentarios, la comparecencia se pospuso a septiembre, con el inicio del curso parlamentario, aunque el PP intentó adelantarla sin éxito en la Diputación Permanente.

En concreto, el ministro de la Presidencia, cuyas explicaciones también reclaman Vox, Ciudadanos y Esquerra Republicana (ERC), está citado este jueves a las once de la mañana en la Comisión Constitucional, con la que se 'estrenará' en el ruedo parlamentario.

Y PRÓXIMA RONDA DE REUNIONES CON LOS GRUPOS

El pasado mes de julio, al poco de asumir su nueva responsabilidad, el Congreso celebró un Pleno extraordinario para convalidar los últimos decretos aprobados por el Consejo de Ministros pero ni él ni el resto de sus nuevos compañeros pisaron la Cámara Baja.

Sin embargo, sí hizo una ronda de contactos telefónicos con todos los portavoces parlamentarios salvo Vox --que se autoexcluyó--, a los que emplazó a reunirse de forma presencial este mes de septiembre, y mantuvo un primer encuentro con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Bolaños pretende aprovechar las reuniones con los portavoces parlamentarios para informarles de las prioridades legislativas del Gobierno y hablar, entre otras cuestiones, sobre la urgencia de renovar los órganos constitucionales, entre ellos el CGPJ, cuyo mandato caducó hace dos años y medio.

Precisamente, la comparecencia del ministro tendrá lugar en medio de las fricciones con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. El presidente del PP, Pablo Casado, condicionó la renovación a que antes se reforme la ley para que los doce vocales de la carrera judicial sean elegidos por los propios jueces, pero el Ejecutivo rechazó horas después esa propuesta.

Horas más tarde, se volverá a debatir sobre este asunto en el Congreso, donde también está prevista la comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ya mantuvo una reunión informal con los portavoces de los grupos en la que la bloqueada renovación del CGPJ fue el tema principal.

La Guardia Civil ha rastreado este miércoles tres puntos en la nueva búsqueda que ha emprendido en lugares próximos a Manuel (Valencia) para localizar el cuerpo de Marta Calvo, la joven desaparecida hace dos años y por cuya muerte, y la de otras dos mujeres más, está en prisión Jorge Ignacio P.J.

Los agentes han contado con la unidad canina de la Guardia Civil para inspeccionar el paraje natural de Font Amarga en Manuel, la Ermita de Santa Ana en Llosa de Ranes y una zona rural en los alrededores de la localidad de Villanueva de Castellón.

Patrullas de la Guardia Civil y agentes de la UCO se han desplazado al paraje natural de la Font Amarga a las 10.00 horas donde han retomado la búsqueda. Se trata de una zona a unos tres kilómetros y medio de distancia de Manuel, lugar donde desapareció Marta Calvo en noviembre de 2019 tras haber mantenido un contacto sexual con Jorge Ignacio P.J., que residía en la localidad.

Durante dos horas los agentes han estado inspeccionando una de las área de este paraje, próxima a una antigua cantera. Después se han dirigido hacia la Ermita de Santa Ana, en el término municipal de Llosa de Ranes, donde han continuado su labor de rastreo durante unos treinta minutos.

Posteriormente, los efectivos han abandonado este lugar para dirigirse a la última localización que han registrado durante la mañana de este miércoles. Una zona rural ubicada en el camí de Font de Poveda, entre la localidad de Villanueva de Castellón y Manuel.

Esta última inspección se ha prolongado unos 40 minutos hasta que el dispositivo de búsqueda ha dado por finalizada esta primera jornada de registro que se ha reanudado después de que los investigadores hayan constatado que el detenido omitió en su declaración que había estado en esa zona de Manuel durante cierto espacio de tiempo durante esa mañana, un hecho que sí que han podido comprobar al tener los resultados de la geolocalización de su móvil.

La joven desapareció en Manuel, donde residía su presunto asesino, en noviembre de 2019, tras haber mantenido un contacto sexual con él. Una vez detenido, Jorge Ignacio declaró que la chica falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y posteriormente descuartizó el cuerpo y distribuyó sus restos por contenedores.

Ahora, los investigadores han constatado que mintió en su declaración inicial del lugar donde estuvo la mañana siguiente a la desaparición de la chica y han podido comprobar que pasó tiempo en una zona que será ahora registrada por agentes de la UCO con ayuda de la Unidad Canina para tratar de dar con alguna pista de la joven.

El pasado mes de agosto concluyeron los trabajos de búsqueda del cuerpo de Marta en el vertedero de Dos Aguas, ocho meses después de haberse iniciado, tras el análisis de miles de toneladas de basura y sin ningún hallazgo relevante por parte de la Guardia Civil, que sospecha que el cadáver de la desaparecida no está allí, al igual que sostiene la familia.

"MARTA ESTAMOS YA MÁS CERCA"

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, en un comunicado que ha enviado a los medios de comunicación, ha querido agradecer el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que "no han cesado" en encontrar a su hija y ha calificado su labor de "intachable e inmejorable", "y esto es justo sea dicho a gritos.

"Agradecerles que no hayan cesado en la búsqueda, su incansable entrega, y su gran profesionalidad", ha dicho y añade: "Todo apunta a que estamos más cerca de recuperar a mi querida hija Marta y mucho más cerca de que su asesino se vea en tan esperado juicio por mi parte", ha señalado la madre de Marta con la esperanza de que esta nueva búsqueda de su hija, emprendida este miércoles, pueda localizar el cuerpo de Marta, dos años después de su desaparición.

Burón quiere la prisión permanente para el detenido por su "maldad" y su "falta de colaboración". Asimismo, ha querido agradecer el cariño que han recibido tanto ella como su familia durante este tiempo y ha querido destacar que "juntos" y "respetando la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo conseguiremos". La madre de Marta ha querido concluir este comunicado lanzando un mensaje de esperanza: "Marta estamos ya más cerca, te amo".

La Comisión de Cultura del Senado ha aprobado este miércoles el dictamen del informe de la ponencia del Proyecto de Ley con medidas de apoyo al sector cultural por la Covid entre las críticas del Grupo Popular, que ha alertado que no se está "tratando a la cultura con consideración".

El informe ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos salvo la abstención de Vox --al igual que en la Cámara Baja--. En total, han sido diez las enmiendas incorporadas al informe de la ponencia por parte del grupo socialista --la mayoría cuestiones técnicas, aunque también referidas al régimen fiscal de rodajes en Canarias--, el cual también ha vetado varias de las enmiendas presentadas por otros partidos.

Esto ha servido al senador 'popular' Miguel Lorenzo para criticar que "se esté restando un debate sosegado" a las cámaras en torno a las ayudas culturales por Covid. "No se está dando ni plazos ni tiempo para tramitarlas. En pocos días se han presentado las enmiendas, hoy la ponencia y la comisión: esto no parece de recibo", ha lamentado.

"Es una falta de respeto a la cámara y a esta comisión. Queremos trabajar con profundidad y sentido común, negociando como hicimos en el Estatuto del Artista. Entiendo que no aprueben las enmiendas, lo que no entiendo es que no se discutan, porque eso va contra la democracia", ha lamentado, tras dejar claro no obstante que apoyan el Proyecto de Ley por la importancia para el sector.

En total, el Grupo Popular ha recibido el veto a 17 enmiendas presentadas en el Senado, algunas de ellas referidas a ayudas extraordinarias para empresas de tauromaquia y profesionales taurinos que fueron excluidos de prestaciones por desempleo o para financiación a la compra de obras de arte.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Almudena Otaola ha mostrado su "desagrado" por una tramitación "de urgencia a la que se están acostumbrando". "Las prisas no son buenas consejeras y últimamente es lo que estamos viendo, pero si ya había una situación crítica antes de la pandemia, ahora más y es obligación nuestra no poner palos en las ruedas a quienes nos ayudan a sobrellevar ciertas situaciones", ha recordado la senadora vasca.

La senadora socialista Riansares Serrano ha recordado que en la tramitación de este Proyecto de Ley existe la posibilidad de vetos por parte del Gobierno, ya que está previsto por la normativa. "Es legal y democrático, así que no engañen ni confundan", ha remarcado.

"Queda mucho por hacer, pero esta ley es fundamental para el sector. La cultura nunca se ha rehecho del todo de la crisis del 2008", ha destacado Serrano, quien además ha insistido en que las ayudas a la cultura "también las pueden proporcionar las comunidades autónomas.

AYUDAS DE 2020

El 5 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley por el que se destinaban alrededor de 76 millones de euros a ayudas para el sector cultural y a la financiación de las empresas culturales, y que incluía también medidas fiscales, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo, cambios en los requisitos para las películas que optan a ayudas o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros aspectos.

También se dotaba con 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, con el fin de facilitar la financiación de las pymes del sector cultural. Posteriormente, se han ido aprobando otras medidas sociales complementarias que han llegado a los técnicos y auxiliares del mundo de la cultura y para el sector taurino, que habían quedado fuera de las anteriores ayudas.