La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido formalmente que se condecore a los 17 agentes del GEO y UIP que estarán en Afganistán junto al embajador y la segunda de la legación española hasta que se complete la evacuación de la población local que colaboró con España.

«Aunque nada piden por ello, merecen una cruz al mérito policial de máxima relevancia», señala la CEP, que se ha dirigido a la Dirección General de la Policía este viernes para que se reconozca el trabajo de estos compañeros, así como para que se felicite a los que participan en el dispositivo de primera acogida en la base aérea de Torrejón (Madrid).

«Están asumiendo unos riesgos personales elevados y objetivos, con una implicación que está prestigiando a la Corporación al tratarse del único despliegue español en territorio afgano que puede proporcionar seguridad en un entorno de riesgo extremo para la vida«, argumenta la CEP sobre los 17 policías en Kabul.

TRABAJO HUMANITARIO ANTE UNA MUERTE PROBABLE

Según este sindicato representativo, se debe reconocer el «trabajo arriesgado y ejemplar» que están llevando a cabo los diez efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y los siete de las Unidades de Intervención Policial (UIP), ya que lo que intentan es «dar cobertura a la llegada de ciudadanos a los que España desea rescatar».

La CEP cree que se debe reconocer su labor «en el momento de su regreso a España», concediéndoles una cruz de la máxima relevancia «en consonancia con ese trabajo humanitario de personas que huyen de una muerte más que probable», dicen sobre los afganos amenazados por la vuelta talibán.

También citan entre los que deben recibir una «felicitación pública» a los policías que participan en el dispositivo en Torrejón, donde se ha levantado un campamento para la primera atención de los refugiados. Son efectivos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de Policía Científica y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), todos ellos colaborando en el proceso de protección internacional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado que los aviones militares españoles que están evacuando a colaboradores de la misión española en Afganistán no vayan completos, por el «caos» en torno al aeropuerto de Kabul y la dificultad de acceder después de que los talibán controlen toda la ciudad de Kabul y el resto del país. Robles ha detallado que la situación es tan complicada que una de las personas evacuadas ha perdido a una hija en una de las avalanchas.

En una entrevista en RNE, Robles ha narrado un episodio dramático vivido por una de las personas que ha sido evacuada por el contingente español junto a su familia que «en una de las avalanchas, ha perdido a una hija» que se ha quedado en Kabul.

«Si no ha entrado más gente en los aviones es porque la situación para acceder al interior del aeropuerto de Kabul es dramática», ha añadido la ministra, que ha descrito un panorama con heridos, de grandes aglomeraciones y esperas de hasta «48 horas» para acceder al aeródromo.

Así la ministra ha detallado las dificultades que están pasando los colaboradores afganos para llegar al punto de salida. Algunos viven en Kabul y tienen que sortear los numerosos «checkpoints de los talibanes» y otros han tenido que cruzar e país desde localidades lejanas como Herat.

Por otro lado, Robles ha confirmado que Estados Unidos, que mantiene el control del aeropuerto de Kabul, permanecerá en el país más allá del 31 de agosto, fecha que se habían marcado para abandonar Afganistán de forma definitiva porque quieren sacar a 50.000 personas mientras que Alemania va a evacuar alrededor de 10.000 afganos. «Nos han garantizado que hasta que no se vaya la última persona que se tiene que ir no van a abandonar el aeropuerto», ha asegurado.

Preguntada por la posibilidad de enviar más soldados españoles para facilitar la evacuación, Robles ha afirmado que en los dos aviones que partieron desde España viajaban varios militares que se han sumado a los diplomáticos y los GEOS que están trabajando sobre el terreno para completar la evacuación.

AEROPUERTO PARALIZADO DURANTE 24 HORAS

La ministra también ha explicado que los traslados se han complicado por el colapso del aeropuerto que se produjo cuando salió del país el hasta ahora presidente Ashraf Ghani. «Los controladores afganos y todo el personal de seguridad se fue», dijo Robles, quien ha añadido que la infraestructra estuvo 24 horas sin operación hasta que los estadounidenses tomaron el control de nuevo.

Sobre la posibilidad de establecer corredores seguros para acceder al aeropuerto, Robles ha dicho que sería «lo ideal» pero que en este momento es «imposible» porque fuera de este lugar no hay «ningún control de la situación» y el resto del territorio está bajo mando talibán.

INTERPRETES LOCALIZADOS

Robles también ha señalado que están localizados «algunos» de los intérpretes que ayudaron a las tropas españolas, pero que deben llevarlo con «muchísima discreción» por el riesgo que acarrea para ellos.

Así, ha contado que este miércoles «muchos de ellos» estuvieron «9 horas» esperando a la entrada del aeropuerto y finalmente no pudieron acceder debido a la gran aglomeración que había.

«Si después de estar en el aeropuerto tienen que volver a sus casas hay un riesgo de que puedan ser identificados. Es una situación muy complicada», ha zanjado.

Podemos ha lanzado a través de las redes sociales un vídeo con el que pretende revelar «las verdaderas causas del estado dramático en el que se encuentra el Mar Menor», informaron fuentes del partido en un comunicado.

El Secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha pedido a la ciudadanía «no dejarse llevar por las campañas de intoxicación del Gobierno regional y los lobbies de las multinacionales de la agroindustria».

«La verdad está en el fondo, oculta bajo toneladas de nitratos y mentiras», ha asegurado Hernández parafraseando el título del vídeo divulgado por la formación ‘morada’.

Según Podemos, «en menos de 48 horas el Gobierno regional de López Miras ha cambiado totalmente su versión de los hechos, descartando primero que estuviéramos ante un nuevo episodio de anoxia y cediendo poco después ante la evidencia».

Así, ha denunciado esto «como una nueva evidencia de que López Miras, Luengo y sus supuestos asesores científicos mienten más que hablan». Ante esta situación, Hernández llama a todos los amantes del Mar Menor a «compartir este vídeo y convertirse en altavoces de la verdad que nos están ocultando».

En el clip también se avanzan algunas de las soluciones que Podemos reclama para lograr de forma definitiva «el cese de las agresiones y la recuperación del Mar Menor», algo que pasa por «crear el Parque Regional del Mar Menor y darle a esta joya única la personalidad jurídica y el reconocimiento que merece».

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha exigido este viernes retirar el proyecto de ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid que hoy han aprobado en Junta de Gobierno PP y Cs y con el que cree que «los únicos que pueden estar de enhorabuena y que salen ganando son los coches y la contaminación».

«Almeida nos hace retroceder al siglo pasado, demostrando que es el alcalde con la peor política de movilidad de toda Europa, la movilidad de los tubos de escape y la contaminación», ha criticado Maestre en declaraciones remitidas a los medios.

La portavoz de Más Madrid ha tachado de «desastre» lo que supone la Ordenanza que aprueba la Junta de Gobierno de la ciudad. A su juicio, «no se avanza, se retrocede a los 80; no solo no crece Madrid Central, sino que se suprime». Así, ha reiterado que Más Madrid votará en contra de una medida «que no se ha negociado ni consensuado con la oposición, a pesar de ser crucial para la movilidad y el medio ambiente de la capital, y que supone el fin de Madrid Central».

«Con la eliminación de la zona más eficaz de bajas emisiones de Europa, que era el objetivo del alcalde Almeida desde hace más de dos años, entrarán a diario 50.000 coches más de los que entraban hasta ahora, es decir, un 40% más de vehículos», ha sostenido.

La Ordenanza entra ahora, durante diez días, en periodo de enmiendas, en el que Más Madrid presentará una a la totalidad y enmiendas parciales, una vez analice el texto final que ha aprobado inicialmente la Junta de Gobierno. El grupo municipal, que ha pedido la retirada de esta Ordenanza en repetidas ocasiones, votará en contra de la misma.

Para Rita Maestre, no es cierto que con la ordenanza de Almeida se mantenga el Madrid Central del mandato anterior, al contrario, Almeida le da un «bocado enorme» y lo que el alcalde pregona como la «zona de bajas emisiones más grande de Europa» afectará solo a los coches con etiqueta A, un 2,2% de vehículos en 2023 y menos del 5% hasta 2025 (promete para 2025 lo que ya es una realidad en ciudades como Barcelona o Milán). Sin limitar el tráfico de paso ni ganar espacio para peatones, bicis y transporte público.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid ha insistido este viernes en que va a votar en contra del nuevo proyecto de la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada hoy en Junta de Gobierno y ante la que presentarán alegaciones ante las cuestiones «más lesivas».

En declaraciones remitidas a los medios, su responsable de Medio Ambiente, Ignacio Benito, ha criticado que esta iniciativa «de sostenible solo tiene el nombre», ya que «sigue priorizando los coches frente a las personas» y, además, «ignora que la contaminación se cobra cada año la vida de 2.000 madrileños».

A pesar de ello, cree que «el Gobierno del PP y Cs parece haber encontrado unos apoyos más que cuestionables para sacarla adelante», así que el edil anuncia que su Grupo «presentará enmiendas en las materias más lesivas de la ordenanza», con el fin de que el texto final que se apruebe «sea lo menos malo posible para la ciudad».

«No vamos a apoyar el regreso al pasado de Almeida y Villacís pero trabajaremos por pulir sus pésimas consecuencias para un Madrid con un futuro cada vez más gris», ha añadido.

El concejal ha incidido en que, con la nueva normativa, «no solo no se mejora en nada la actual, sino que, además, se permitirá circular por el centro de la ciudad al menos 15.000 coches adicionales y más motos y vehículos industriales».

A su juicio, la contaminación va a aumentar «más de un 10% en una ciudad que ya lidera la clasificación de capitales europeas con más polución» y «se incrementarán los atascos y aumentarán los obstáculos a circular en bici o a pie».

Por último, ha criticado Benito que la ordenanza «se ha elaborado deprisa y corriendo», de modo que aún tienen que estudiarla «detenidamente y con mayor profundidad», pero ya consideran que «empeora a Madrid Central y se queda «muy corta en la aplicación de medidas de reducción del tráfico en la ZBE de Plaza Elíptica».

La vicesecretaria general de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una nueva «operación de marketing» con la idea de que España lidere la acogida de afganos que huyen de su país después de que los talibán se hayan hecho con el poder tras la retirada de las fuerzas internacionales.

«Yo creo que nosotros no estamos en una posición de liderar nada. Y que ahora diga el Gobierno ‘yo quiero liderar’ es para ponerse medallas», ha declarado Rodríguez en una entrevista.

A su juicio, los países europeos deben dar refugio a las personas que, a lo largo de los años, han colaborado con las tropas que han estado desplegadas en Afganistán, porque han sido «fieles y leales» y no se las puede «dejar abandonadas».

«Pero de ahí a decir ‘yo ahora lidero y me quedo con todos los refugiados afganos que vengan a Europa’, pues me parece otra vez una operación de marketing», ha comentado como crítica al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

España, que está evacuando de Afganistán a los españoles que había en el país, al personal de su Embajada y a sus colaboradores afganos, se ha ofrecido a sus socios de la Unión Europea para recibir también a los cerca de 400 afganos que han trabajado para las instituciones comunitarias durante los últimos años. Acogerá a entre 40 y 60 de ellos, mientras que el resto serán repartidos entre el resto de países de la UE.

Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que el sistema de protección está «preparado para dar una acogida digna a todas las personas que lleguen de Afganistán con sus familias» y ha agradecido la solidaridad de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos que también han ofrecido sus recursos.

SÁNCHEZ, EN LA MARETA; Y EL GOBIERNO, «DESAPARECIDO»

Elvira Rodríguez ha señalado que este es un «asunto de Estado» en el que están «todos concernidos», tanto el Gobierno como los partidos de la oposición, aunque el Ejecutivo «no lo interprete» así. «Ellos toman las decisiones que creen oportunas y por su cuenta», ha añadido.

Lo ocurrido en Afganistán –cuyo Gobierno se ha desmoronado ante el avance de los talibán, que en pocos días han recuperado el control del país 20 años después de que la invasión estadounidense los expulsara del poder– es «un desastre para la civilización occidental, para Europa y para Estados Unidos», según la dirigente ‘popular’, que ha destacado el «gran esfuerzo» militar que se ha hecho «para que una zona importante del mundo se normalice».

Y «es también un desastre la respuesta de nuestro Gobierno», que, ante esta y otras crisis que se han producido este verano, «parece que está desaparecido», ha censurado.

En este sentido, la también diputada por Madrid en el Congreso ha reprochado a Sánchez que este jueves, «deprisa y corriendo» y cuando ya ha aterrizado en España el primer avión con los evacuados de Afganistán, presida una reunión por videoconferencia con los ministros que participan en esta operación.

«Él no se mueve de La Mareta, viviendo a cuerpo de rey. La verdad es que es que este Gobierno está en lo que está, que son sus cosas, y no en las cosas de todos», ha manifestado en referencia a la residencia propiedad del Estado ubicada en Lanzarote donde el presidente pasa sus vacaciones antes de regresar al palacio de La Moncloa este viernes.

HABLAR CON «TODAS LAS FUERZAS VIVAS» DE AFGANISTÁN

Por otro lado, sobre la afirmación del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, de que los talibán han ganado la guerra en Afganistán y, por tanto, habrá que «tratar con ellos», Rodríguez ha dicho que «habrá que hablar con todas las fuerzas vivas de Afganistán y ver si tiene solución».

«Lo que pasa es que las primeras manifestaciones de los talibanes me parece que no van por ahí. Van a hacer lo que tienen ellos en su política y en su ADN. Ya dijeron que iban a establecer un gobierno de la ‘yihad’ y que actuarían en consecuencia», ha apuntado, calificando de «deplorable» el régimen que pretenden instalar los islamistas radicales, que «no respetan los derechos humanos de los jóvenes, de los niños, ni de las mujeres, pero tampoco los de los hombres».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado al Gobierno la declaración de zona catastrófica por el incendio que se produjo el pasado sábado en la provincia de Ávila y ha resaltado la necesidad de dar «ayudas directas» a los vecinos afectados.

En un mensaje escrito en la red social Twitter, Casado ha indicado que este fuego, producido por un coche que se averió y se incendió en la carretera que une los municipios abulenses de Navalcruz y Cepeda de la Mora, es el «cuarto más grave de la historia de España».

Asimismo, ha subrayado que los vecinos, agricultores y ganaderos afectados «necesitan ayudas directas, créditos ICO, exenciones fiscales y compensaciones a sus municipios».

Con ese objetivo, el PP ha registrado en el Congreso una iniciativa pidiendo «paliar los efectos ambientales y económicos de los incendios forestales» que tuvieron lugar en Ávila para que se debata en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En esa proposición no de ley, los ‘populares’ instan al Gobierno a elaborar un informe de evaluación de daños; declarar el terreno como zona catastrófica; conceder ayudas económicas a particulares, ganaderos y agricultores; aprobar, si procede, subvenciones por daños en infraestructuras municipales e hidráulicas que se hayan visto afectadas por el incendio; colaborar con las administraciones en trabajos de restauración forestal y ecológica, entre otras propuestas.

La declaración de zona catastrófica también ha sido planteada desde la Junta de Castilla y León, y los grupos parlamentarios de Ciudadanos y de Vox en el Congreso.

El coordinador autonómico de Ciudadanos en Aragón y portavoz del grupo de Cs en el Parlamento autonómico, Daniel Pérez Calvo, ha pedido al Gobierno regional que brinde recursos para acoger a los refugiados afganos «partiendo siempre de su capacidad real para hacerlo y no de buenos deseos, que una inmensa mayoría compartimos».

Daniel Pérez ha reclamado, a través de su cuenta de Twitter, ser solidarios con el pueblo afgano, tras la llegada al poder de los talibanes, «de forma sensata, responsable, segura y coordinada».

Por otra parte, la diputada de Cs en las Cortes de Aragón, Beatriz García, ha presentado una pregunta para su respuesta oral, en el pleno de la Cámara autonómica, a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo, Mayte Pérez, en la que se interesa sobre los recursos concretos con cuenta el Gobierno para la acogida de refugiados afganos y, en concreto, a las mujeres y sus hijos.

En los antecedentes de la pregunta, la parlamentaria de Cs señala que, tras la caída del Gobierno de Afganistán, los talibanes se han hecho con el control del país en apenas unos días, situación ante la que la población «está aterrada» y «millones tratan de abandonar el país».

Sin duda, ha continuado, son las mujeres «las que van a sufrir las peores consecuencias» porque bajo el poder talibán, son «invisibles, están sometida al hombre y su vida pública y libertades desaparecen».

La diputada ha añadido que, desde España, se ha iniciado la evacuación de aquellos afganos y sus familias que han colaborado en diferentes labores y el presidente de Aragón, Javier Lambán, ya ha ofrecido públicamente al Ejecutivo central la colaboración y disposición para la acogida de refugiados, especialmente de las mujeres, «principales víctimas de la barbarie talibán».

Según García, dicha acogida deberá coordinarse, de forma principal, mediante el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, quien catalizará los recursos del resto de los Departamentos y de forma especial los disponibles a través del Instituto Aragonés de la Mujer, «ya que estas mujeres y sus hijos son verdaderas víctimas de violencia, tal y como recoge el Convenio de Estambul».

La hermana del comandante Ripollés, víctima de la tragedia del avión Yak-42, asegura que lleva días «con el miedo metido en el cuerpo» mientras sigue las noticias del retorno de los talibanes al poder en Afganistán. «Mi hermano sí sabía que podía perder la vida, pero creyó siempre que iba a una misión; EEUU nunca», señala en declaraciones.

Su primer mensaje es una mezcla de dolor e incredulidad. «No se puede blanquear a estos salvajes, unos terroristas que quieren volver a la Edad Media», señala Curra Ripollés en referencia a los talibanes.

Está convencida de que su hermano, ingeniero militar que fue a Afganistán a ayudar a la reconstrucción del país y que falleció en la tragedia del Yak-42, de estar vivo sería voluntario o estaría ayudando en la repatriación de afganos.

«Me lo dejó muy claro: ‘tu hermano va a luchar por preservar la paz, no a la guerra», rememora Curra Ripollés, remontándose a la intervención de Afganistán tras el atentado del 11-S de 2001. «Mi hermano y el resto de militares iban muy ilusionados, pero al tercer mes de estar allí ya estaban muy preocupados: no llegó el material prometido para la reconstrucción; la prioridad ya era la guerra de Irak».

DISPUESTOS A DEJAR SU VIDA

Lo que más le duele a la hermana del comandante es que hace 18 años, pese a todo, los militares españoles «sembraron la idea» de que podría mejorarse la situación de la población afgana, y todo esto ahora se tambalea. «Me gustaría destacar el valor de esos hombres y mujeres dispuestos a dejar su vida por un país mejor», añade.

Es por esto mismo por lo que Curra Ripollés ahora siente tanta tristeza, sobre todo por las mujeres y niños afganos que tratan de escapar del país subiendo a uno de los aviones de los países que participaron en la intervención militar.

«Miro a mi hija cuando veo las imágenes de Afganistán y es inevitable pensar que podríamos estar allí, ser una de esas mujeres y estar ahora escondidas», confiesa, «es ése el miedo horrible que tengo metido en el cuerpo desde que comenzó todo esto».

MANDATARIOS DEJAN MUCHO QUE DESEAR

Ella cree que los mandatarios «dejan mucho que desear» y se centra en EEUU: «No tenía una misión, tenía un interés». «No sé qué opinar de un conflicto tan grave, sí me sorprende que no hubiera un plan B en la retirada y que los talibanes asuman el poder», se lamenta.

Curra Ripollés, que ha participado estos días en protestas en favor de la población afgana frente a las instituciones europeas, recuerda que tras la muerte de su hermano consiguió la ayuda de muchas personas para enviar a Afganistán ropa y también ordenadores.

Por eso, viendo el drama de tantas personas y las muestras de ayuda y los intentos desesperados por sacar al mayor número de personas de Kabul, lo que despierta en ella es el «orgullo de vivir en un país como España, pese a todo».

Su idea era seguir el «ejemplo» de su hermano y del resto de militares que tendieron puentes para enseñar el español y ganarse la confianza de la población local, incluso de las mujeres que vestían el burka. «Hacían lo que podían, pero en sus conversaciones con mujeres y niñas sí despertaron el interés por progresar; por eso, sí mereció la pena», sostiene.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes un escrito, en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), en el que interesa procesar a trece personas por un delito de pertenencia a organización terrorista, y a nueve de ellos además por un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias y aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

En el escrito de 43 páginas, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, realiza un repaso al papel de cada uno de los encausados en los hechos y explica que todos ellos comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla. Apunta que abogaban por el uso de «la violencia en su máxima expresión» para forzar a las instituciones «a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España».

Así, resalta que la creación de diferentes comisiones por territorios de miembros de los CDR permitió tras la celebración del referéndum ilegal de 2017 que afloraran grupos que «tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada».

En ese marco, señala, se crea el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por los investigados y que Aglutinaba a un número reducido de diferentes CDR «que evidencian una gran radicalidad». Asevera el fiscal que los miembros del ERT participaron de forma activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha como cortes de carretera, vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners o el levantamiento de las barreras de los peajes.

Carballo apunta que los investigados, como miembros del ERT, «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable». El objetivo, dice, era el de llevar a cabo «acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados endos domicilios particulares».

ORDEN DEL ‘CNI CATALÁN’ PARA OCUPAR EL PARLAMENT Y AGUANTAR UNA SEMANA

Los investigados, prosigue el Ministerio Público, participaron en la creación del Centro de Coordinación (CECOR) para las acciones de los CDR «asumiendo el encargo recibido de un denominado ‘CNI Catalán’ para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción «en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente». Para ello, indica, eran necesarios «importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización».

El plan era aguantar una semana dentro apoyándose con intendencia desde el exterior y montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, «todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros».

El Ministerio Público indica que esa célula a la que pertenecían los investigados «elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior» y recuerda que fue a principios de 2018 cuando uno de ellos, Ferrán Jolís, se constituyó como el iniciador del ERT.

Relata el fiscal que desde entonces participaron en acciones de los CDR, incluso como comando autónomo, y pone como ejemplo la coordinación con el CECOR para «controlar», a nivel autonómico, las acciones que ejecutaron 1 de octubre de 2018. «También, cabe destacar los actos de protesta que se desarrollaron durante la jornada del 21 de diciembre de 2018, con motivo del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona», dice, para sumar también por «llamativa» la acción del 1 de febrero de 2019 cuando un grupo de personas arrojaron en la calzada de la C-55 una gran cantidad aceite, en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners.

EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

El escrito de Fiscalía llega después de que viera la luz un informe de la Guardia Civil en mayo en el que atribuye a los detenidos varias búsquedas en Internet de «posibles objetivos» entre diferentes personalidades contrarias a la independencia de Cataluña, entre los que figura el líder del PP, Pablo Casado.

Fue en junio de 2020 cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón citó para declarar a seis de ellos. En el marco de esta investigación fueron detenidos en septiembre 2019 un total de nueve personas, de las cuales siete fueron a prisión provisional. La Audiencia Nacional les puso en libertad bajo fianza y con medidas cautelares unos meses después.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calificaba ya en septiembre de 2019 de grupo terrorista a los nueve detenidos de los Comités de Defensa de la República (CDR) y aseguraba que sus «proyectos terroristas» estaban en un «avanzado grado de preparación», pues ya tenían «objetivos seleccionados».

Los miembros de los CDR que Carballo interesa procesar son Eduardo Garzón, Esther garcía Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Abueso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Duch, Rafael Delgado, Ferrán Jolís, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero.

El Secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, ha asegurado que los primeros ciudadanos evacuados, que llegaron este jueves a España, «se encuentran bien» y «descansando» después del «largo viaje» y la «experiencia que representa un traslado circunstancial» y «traumático» como este. Además, ha señalado que el objetivo de su departamento es «reducir al máximo» su estancia en el campamento provisional instalado en Torrejón (Madrid).

Perea ha explicado que los afganos evacuados están recibiendo «tratamiento psicosocial» y «atención humanitaria» desde el primer momento.

Además, ha destacado los espacios «específicos para niños» que se han habilitado en este campamento y de los que ya se benefician los 55 menores que han llegado a España desde el país asiático. «Tenemos una especial atención, con actividades, ludotecas, espacios de juego y de esparcimiento», ha declarado.

«Ayer mi directora general me decía que eran niños que llegaban casi sin sonrisa», ha declarado Perea, antes de apuntar que, poco a poco, y tras la experiencia «traumática» ya se están «animando a jugar».

Preguntado, en el programa ‘Espejo Público’, por el operativo desplegado, el secretario de Estado ha destacado la «complejidad» que supone poner en marcha operaciones de este tipo «con tan poco tiempo» y con la obligatoriedad de «coordinar múltiples servicios», ya que además de la atención humanitaria, se están facilitando trámites de protección internacional que «requieren puestos descentralizados» y la realización del cribado sanitario por el Covid-19.

A su juicio, el campamento instalado en Torrejón ha sido «la mejor» opción para el «esfuerzo logístico» que ha llevado a cabo el Gobierno en esta materia y en el que participan diferentes departamentos del Ejecutivo.

MINIMIZAR EL TIEMPO DE ESTANCIA

Perea ha destacado que se ha conseguido «levantar una ciudad desde la nada». Y aunque ha indicado que «poco a poco» de irán «mejorando condiciones», ha indicado que están «satisfechos» con ellas y ha calificado las instalaciones –que ha visitado– como «muy dignas».

Del mismo modo, ha declarado que el «objetivo fundamental» de su departamento es «reducir al máximo» el tiempo de estancia de las familias en Torrejón. Tal y como había informado el Gobierno, el tiempo máximo de permanencia es de 72 horas, pero Perea ha señalado que, si este tiempo se puede reducir, así se hará.

En su intervención, ha agradecido a los militares y los servicios de acción exterior que están garantizando la llegada de personas desde Kabul, así como a las CCAA y ayuntamientos que han ofrecido sus recursos para acoger a refugiados afganos. Unos recursos que, según ha explicado, se podrían usar en una segunda fase de este operativo, ya que el sistema de acogida estatal en colaboración con las ONG, ha apuntado, es «robusto».

A su juicio, esta situación es un reflejo de España: «un país de acogida y solidaridad que cuando hay que arrimar el hombro, responde».

SIN COMPETENCIAS EN CEUTA

En este sentido, se ha referido a la participación del país como ‘hub’ de la UE para el reparto de ciudadanos que lleguen de Afganistán y ha asegurado que se trata de una muestra del «compromiso europeísta» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado desde el inicio del mandato.

Por otra parte, Perea ha sido cuestionado por las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos, un tema que, según ha aclarado, no es competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El secretario de Estado ha indicado que ellos han actuado en su ámbito, que es ayudar a la ciudad autónoma ante el «impacto» de la «entrada masiva» de personas el pasado mayo y ha indicado que tienen una interlocución «constante» con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

La vicesecretaria general de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha reclamado al Gobierno que la devolución a Marruecos de los menores no acompañados que entraron irregularmente en España a mediados de mayo se haga «ordenadamente» y también ha señalado la importancia de «no crear crisis diplomáticas» con el país magrebí y de reforzar el control de la frontera.

«Lo que estamos demandando es que las cosas se hagan bien y ordenadamente», porque «esto parece el camarote de los hermanos Marx», ha afirmado, durante una entrevista, sobre el traslado de los menores marroquíes de vuelta a su país.

Así, ha indicado que la semana pasada comenzaron las devoluciones desde España «parece que sin seguir los trámites ordinarios y legales» establecidos, y el Ministerio del Interior, ante las críticas recibidas, «dice que la culpa la tiene el Gobierno de Ceuta» pese a que, según la prensa, «quien ha dado las órdenes» es el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Respecto a la postura expresada por el presidente de Ceuta, el ‘popular’ Juan José Vivas –que ha asegurado que la operación de repatriación, paralizada temporalmente por un juzgado, se ha realizado de forma coordinada con el Ejecutivo central y cumpliendo la ley–, Rodríguez ha explicado que la queja del PP es que «no se sabe qué hace» el Gobierno de Sánchez ni «cómo lo hace».

«Con nuestros compañeros de Ceuta hemos hablado en múltiples ocasiones y sabemos el gravísimo problema que tienen en un territorio tan pequeño, con tantos jóvenes y niños solos a los que Marruecos colocó a nuestro lado de la frontera», así que «yo entiendo al presidente Vivas cuando dice: ‘es que esto para nosotros es insoportable, en el sentido más estricto de la palabra'», ha manifestado.

Ante la petición de explicaciones por parte de la Fiscalía y de miembros del propio Ejecutivo de coalición como Ione Belarra, de Podemos, Grande-Marlaska ha afirmado que los menores querían regresar a su país. Sin embargo, la ONG Save the Children ha advertido de que no se ha hecho un análisis individualizado de cada caso, como exige la ley de extranjería.

La opinión de la vicesecretaria de Sectorial del PP es que «la inmensa mayoría de esos menores, por no decir todos, donde están mejor es con sus familias» y, por tanto, «eso es lo que habría que arreglar». «Lo lógico sería que volvieran con sus padres, porque muchos vinieron engañados» a España y la solución para ellos «no es estar solos y sueltos en Ceuta», ha comentado.

EL GOBIERNO DEMOSTRÓ «POCA INTELIGENCIA» EN LA CRISIS CON RABAT

Para evitar una entrada masiva de inmigrantes como la que se produjo el pasado mayo desde el país vecino, Rodríguez cree que hay que «reforzar la frontera, hablar con Marruecos y no crear crisis diplomáticas» como la desencadenada entonces con un Estado que está «tan cerca» de España y con el que hay «muchos intereses cruzados».

«Entrar en conflicto con esos países demuestra muy poca inteligencia política, muy poca inteligencia diplomática y mucho dedicarse no se sabe a qué, pero no a lo que se tiene que dedicar el Gobierno», ha declarado la diputada del Congreso.

La crisis migratoria, en la que miles de inmigrantes irrumpieron en Ceuta, incluidos cientos de niños y adolescentes, sucedió un mes después de que el Ejecutivo de Sánchez permitiera la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que ingresó en un hospital de Logroño para recibir tratamiento tras enfermar por el Covid-19.

Rabat dejó patente su malestar con España al denunciar que Ghali había entrado usando «documentos falsificados y una identidad usurpada», e insistió en reivindicar la integridad territorial de Marruecos frente a las aspiraciones de los habitantes del Sáhara Occidental.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes el envío de dos diplomáticos para reforzar el operativo de evacuación de los colaboradores afganos de España y que actualmente encabeza el embajador saliente, Gabriel Ferrán.

En una entrevista en el Canal24h, Albares ha destacado la «extraordinaria labor» realizada por Ferrán, que ya llevaba años en este «puesto de mucho desgaste» y cuyo sucesor, Ricardo Losa, fue nombrado en el Consejo de Ministros del 3 de agosto.

Sin embargo, dadas las circunstancias en Afganistán, ha explicado el ministro, y puesto que «era lo más prudente y lo más eficaz», es que «más allá de plazos administrativos» Ferrán siguiera en su puesto y coordinara la evacuación. «Él desde el primer momento me dijo que sí», ha precisado.

No obstante, dada la dificultad que entraña esta operación de evacuación, por los problemas para llegar hasta el aeropuerto y también para localizar a los afganos que trabajaron para España, algunos de ellos hace ya muchos años, se va a enviar a dos diplomáticos más para reforzar el operativo, en el que también trabaja la segunda de la Embajada.

RECHAZA LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

Por otra parte, ha defendido la actuación del Gobierno en lo relativo a la evacuación, y en particular la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayando que, a su juicio, ningún partido «puede estar en contra» de lo que se está haciendo.

La oposición ha criticado en los últimos días la ausencia de Sánchez, quien no ha hecho ninguna declaración pública sobre la situación de Afganistán después de que los talibán se hicieran con el control del país el domingo y solo se ha pronunciado por Twitter al respecto.

Albares ha recalcado que es Sánchez quien está «liderando» todo el proceso y que él mismo «ha perdido la cuenta» de las veces que han hablado en los últimos días. De hecho, ha señalado, fue suya la idea de que España sirviera de ‘hub’ para la recepción y posterior traslado a otros estados miembro de los afganos que trabajaron para la UE, que el resto de socios acogieron el lunes con beneplácito.

«Sinceramente no se me ocurre que pueda haber ninguna fuerza política española que pueda estar en contra de lo que está haciendo el Gobierno de España en estos momentos», ha reivindicado, subrayando que es «garantizar la seguridad de todos los españoles en Afganistán, proteger a todos aquellos afganos que han trabajado con nosotros y ofrecer su solidaridad al resto de Europa para ser puerta de entrada» para los afganos que trabajaron para la UE.

«Esto es un asunto de Estado que compete a todos los españoles, a todas las fuerzas políticas y todos tenemos estar a la altura de lo que quieren los españoles y sus valores», ha remachado, sin aclarar si él mismo o el presidente del Gobierno prevén comparecer en el Congreso, como ha reclamado la oposición.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha criticado este viernes tanto a la alcaldesa de Gijón, Ana González, quien ha decidido no prorrogar más el contrato de la feria taurina, y de su homólogo en Oviedo, Alfredo Canteli, quien ha dicho que se equivoca y que él siempre dice que los toros en Gijón y la ópera en Oviedo.

«Ana González aplica su personalísimo criterio para prohibir los toros en Gijón y Canteli aplica el mismo para prohibirlos en Oviedo, con el agravante de que ha decidido imponer que los toros en Gijón y la ópera en Oviedo», ha dicho Coto a través de una nota de prensa.

A su juicio, ambas posiciones son «profundamente sectarias», y suponen un ‘porque lo digo yo’ «de tinte totalitario». Ha indicado Coto que en Oviedo siempre hubo corridas de toros y convivieron pacíficamente con la ópera.

«Pero ahora Canteli ha decidido aplicar una curiosa redistribución de actividades entre las dos ciudades. En Madrid conviven con normalidad toros y ópera, dos actividades tan diversas como compatibles, hasta el punto de que ambas han alcanzado niveles de excelencia», ha dicho.

Además, ha añadido que si se está trabajando por rehabilitar la Plaza de Toros con 5.000 asientos, sería conveniente saber si, además de criterios «personalísimos», existen otras razones más fundadas para excluir de una plaza de toros los festejos taurinos.

«Oviedo ya es capital de la ópera asturiana, mejor haría Canteli en aprovechar su tan cantada amistad con el presidente del Principado, Adrián Barbón para exigirle que cumpla con esta seña de identidad, no en vano la Ópera de Oviedo es, de toda España, la que menos dinero recibe de su propia Comunidad Autónoma», ha concluido.

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en la provincia de A Coruña, que formaban parte un grupo criminal vinculado con una organización internacional dedicada a las estafas bancarias utilizando la metodología conocida como ‘SIM Swapping’.

Según informa la Benemérita, el equipo de Estafas Telemáticas de A Coruña y Carballo inició las investigaciones en febrero del año pasado a raíz de una serie de estafas utilizando como método el duplicado de tarjetas SIM de los perjudicados.

El grupo usaba, para estafar a sus clientes, el método ‘SIM Swapping’, que consiste en obtener las claves de acceso a la banca on line de las víctimas a través de técnicas como el phishing, malware o pharming.

Una vez obtenidas, duplicaban la tarjeta telefónica de la víctima para recibir los códigos de verificación de las transferencias a realizar, perdiendo de esta forma el control total de su línea telefónica y de sus cuentas bancarias.

TRANSFERENCIAS FRAUDULENTAS

A partir de ese momento comenzaban a realizar transferencias fraudulentas desde la cuenta de la víctima a cuentas de terceras personas de las que se servían para canalizar el dinero. En esta ocasión, además, solicitaban préstamos a la entidad bancaria con el fin de obtener un mayor beneficio económico.

Durante las investigaciones la Guardia Civil averiguó que, una vez que tenían ese duplicado, los criminales conseguían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaban transferencias de dinero sin su consentimiento.

La operación ‘Albor’ de La Guardia Civil finalizó con la detención de ocho personas en la localidades coruñesas de A Coruña, Arteixo, Ferrol, Miño, Carballo, Camariñas y Malpica. Uno de los detenidos, natural de Camariñas, realizaba las funciones de jefe de grupo.

En concreto, captaba tanto a las personas que realizaban los duplicados de las tarjetas SIM de las víctimas, como a quienes ejercían la función de ‘mulero’, recibían el dinero defraudado en cuentas bancarias, lo hacían efectivo en cajeros automáticos o directamente en caja para, posteriormente, remitirlo al contacto de la organización cobrando una pequeña cantidad de dinero por ello.

VINCULACIONES

Como consecuencia de las investigaciones, la Guardia Civil vinculó este grupo con otros en las provincias de Badajoz, Madrid, Málaga y Valencia, dependientes todos ellos de una organización criminal de ámbito internacional con sede en Brasil.

La Guardia Civil pudo esclarecer múltiples denuncias de estafa presentadas en Badajoz, Valladolid y Toledo por un valor de 49.500 euros.

La mayoría de los detenidos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares. Así, los participantes de mayor implicación ya fueron detenidos anteriormente por una operación con la misma forma de operar.

La portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra, ha pedido este viernes que se pongan en marcha recursos para proteger a los Menas porque, si no, se «responde favorablemente a los discursos de odio» de Vox, de criminalización de los menores extranjeros. Esta sería, en su opinión, la manera de ofrecer una respuesta «contundente a la extrema derecha».

Después de que la devolución a Marruecos de los menores extranjeros que entraron en mayo en Ceuta no acompañados, Serra ha afirmado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que lo que tienen que hacer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conjunto del Gobierno es resolver la situación.

Tras recordar que ya han calificado de «muy grave» lo sucedido porque «vulnera el derecho internacional y la legislación propia», ha señalado que los menores no acompañados que entran en España deben ser protegidos de manera especial.

DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La dirigente de Podemos ha insistido en que las devoluciones en caliente «son gravísimas en cualquier situación, pero muchísimo más cuando se habla de menores de edad». Por ello, ha emplazado a que se realicen informes individualizados y ha recordado que la ministra de derechos sociales, Jone Belarra, se ha puesto a disposición del Ministerio del Interior para colaborar en este protocolo.

«Hay que poner en marcha los recursos necesarios para proteger a los niños. Si no, lo que se está haciendo es responder favorablemente a los discursos de Vox, que tratan de identificar a los menores inmigrantes como un problema social, buscando un chivo expiatorio, atacándoles, generando odio hacia ellos, cuando lo que realmente hay que hacer como país y como poderes públicos, es garantizar los derechos de la infancia», ha añadido.

Para Isa Serra, esta sería la forma de «dar una respuesta contundente a la extrema derecha que insiste en criminalizar a estos niños».