El Ministerio de Ciencia e Innovación prevé dedicar al menos 2,5 millones de euros a actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas en la Isla de La Palma, en virtud del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a los afectados para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

El Real Decreto, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, incluye un artículo dedicado a medidas de actuación y fomento en el ámbito científico, técnico e investigador. En concreto, se abre la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia e Innovación tome las decisiones necesarias para llevar a cabo las actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente científico.

Para ello, se permite al Ministerio conceder ayudas a entidades y organismos, tanto públicos como privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en este ámbito; a suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación con las Administraciones públicas más cercanas geográficamente al lugar de la erupción y a promover cuantas actuaciones sean precisas para garantizar la continuidad de la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones públicas y entidades vinculadas.

El Real Decreto-Ley contempla, asimismo, que, para dar cobertura presupuestaria a los costes adicionales derivados de estas investigaciones, se puedan efectuar las oportunas modificaciones presupuestarias que resulten precisas. El Ministerio considera que la ciencia está siendo esencial para disminuir el impacto de las erupciones volcánicas en la Isla de la Palma sobre los ciudadanos y los ecosistemas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación está presente en la Isla a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de sus centros dependientes: el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA). Además, este mismo martes llegará a la zona de operaciones un técnico del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El técnico del CNSA iniciará trabajos de evaluación de la calidad del aire de la Isla de La Palma, en virtud de un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las campañas previstas, que se desarrollarán durante los próximos meses, permitirán complementar los análisis ya realizados por la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aires de Canarias en materia de calidad del aire, ampliando la información de las estaciones presentes actualmente en la isla de La Palma.

En concreto, consistirán en la determinación en tres puntos de concentraciones de partículas respirables de alto riesgo (PM2,5) y su composición en 12 metales pesados (Pb, Cd, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Co, V, Se, Fe y Hg), así como carbono orgánico y carbono elemental.

La próxima semana se incorporarán otros dos técnicos del CSNA. La labor del personal de este centro del ISCIII consistirá en determinar las concentraciones de partículas respirables de alto riesgo y gases atmosféricos y de interés sanitario y medioambiental tras la erupción, de manera que se puedan evaluar los posibles impactos en la salud de la población residente.

Además, darán soporte y complementarán las actuaciones ya iniciadas por otras instituciones locales y /o autonómicas y proporcionarán datos normalizados a las autoridades competentes, tanto autonómicas como estatales, con el objetivo de que se puedan implementar las medidas que se consideren necesarias para la protección de la población y medio ambiente.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Los investigadores del IGME-CSIC están tomando muestras de cenizas, lapilli y lava para estudiar las características del magma. También siguen los desprendimientos causados como daños colaterales del volcán en erupción y han estudiado la estabilidad de las laderas tras los terremotos.

El personal del IGME está realizando vuelos con drones desde el principio de la erupción para seguir la evolución de la situación. Han vigilado las coladas de lava para calcular su velocidad, su potencia, el ancho de las distintas lenguas y delimitar por dónde pueden ir moviéndose y a qué zonas pueden afectar.

Todas estas tareas tienen el objetivo de asesorar al PEVOLCA sobre la evolución de la erupción. Ese está siendo el trabajo en el campo y, en colaboración con los compañeros de Madrid, se están planteando posibles escenarios basados en los datos obtenidos en el campo, sumando todo el conocimiento obtenido para tratar de dar el mejor asesoramiento posible durante la emergencia.

Asimismo, los equipos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), de Santa Cruz de Tenerife, están recogiendo muestras eruptivas (lava y cenizas volcánicas) para realizar análisis químicos y petrográficos.

Además, están calculando el flujo del dióxido de azufre y otros gases que desprende el volcán. También están tomando medidas de alta resolución para determinar la deformación superficial del terreno. Finalmente, medirán el impacto del volcán sobre la biodiversidad insular, especialmente para evaluar las especies con problemas de conservación.

EFECTOS DE LA ENTRADA DE LAVA EN EL MEDIO MARINO

El personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), a bordo del barco oceanográfico 'Ramón Margalef', acaba de terminar su primera campaña de investigación sobre los efectos de la entrada de lava en el medio marino. Durante diez días de trabajo ininterrumpido, han realizado un completo estudio de las propiedades físico-químicas y biológicas del agua y de la geomorfología del fondo marino antes y justo después de la llegada de la colada al océano.

En total se han recogido cerca de 3.000 muestras de agua de mar que suponen más de 500 litros, recogidas desde la superficie hasta los 1.200 metros de profundidad y, algunas de ellas, a escasos metros de la colada gracias al uso de drones pilotados por el equipo SeaDrone del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), que han permitido además analizar la temperatura superficial del agua alrededor del delta de lava gracias a una cámara térmica.

El estudio se completará ahora con más detalle en los laboratorios del Centro Oceanográfico de Canarias del IEO-CSIC, donde se analizarán, entre otras variables: salinidad, oxígeno disuelto, turbidez, pigmentos fotosintéticos, pH, existencia de especies reducidas, sistema del dióxido de carbono, metales pesados, metano, óxido nitroso, concentración de cenizas, así como la abundancia y diversidad de los distintos compartimentos del plancton marino.

Está previsto que el próximo 14 de octubre llegue a la zona el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, equipado con el vehículo submarino ROV Liropus, para continuar los estudios y tratar de observar de forma directa la entrada de lava en el mar.

Entre el calentamiento global y el efecto isla de calor urbano, muchas ciudades del mundo se están calentando. De hecho, el calor extremo afecta ya a casi dos mil millones de residentes urbanos en todo el mundo, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de California en Santa Barbara (Estados Unidos).

El trabajo, publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', es el primero que examina con detalle las tendencias mundiales de exposición al calor extremo en las zonas urbanas.

El estudio abarcó más de 13.000 asentamientos durante casi tres décadas y media. Los autores descubrieron que la exposición a temperaturas peligrosas aumentó un 200 por ciento desde mediados de la década de 1980, y que las personas pobres y marginadas están especialmente expuestas.

"Nuestro estudio revela que la exposición al calor extremo en las zonas urbanas está mucho más extendida, y está aumentando en muchas más zonas, de lo que habíamos pensado hasta ahora. Casi uno de cada cinco habitantes de la Tierra experimentó un aumento de la exposición al calor urbano en los últimos 30 años", advierte una de las responsables de la investigación, Kelly Caylor.

Los investigadores recopilaron sus datos de población a partir de una base de datos mundial sobre asentamientos humanos elaborada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que estima la distribución de las poblaciones urbanas utilizando los mejores datos censales disponibles combinados con técnicas de imágenes remotas Landsat.

A lo largo de su análisis, los investigadores utilizaron una métrica llamada temperatura del bulbo húmedo (índice WBGT) para cuantificar el calor extremo, un índice que tiene en cuenta la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y el calor radiante. Similar a un índice de "sensación", fue desarrollado para reflejar con mayor precisión cómo las condiciones ambientales afectan al cuerpo humano.

Para calcularlo, dividieron la superficie de la Tierra con una cuadrícula. Para cada celda, utilizó sus modelos y conjuntos de datos para calcular la temperatura máxima y la humedad relativa de cada día desde 1983 hasta 2016. Esto le permitió calcular el índice WBGT.

A continuación, superpusieron esta cuadrícula al mapa de las poblaciones urbanas. Eligieron una temperatura de bulbo húmedo de 30° Celsius como umbral de exposición al calor extremo. Este valor se utiliza habitualmente, ya que la Organización Internacional de Normalización considera que supone un alto riesgo de enfermedades profesionales relacionadas con el calor.

Para cada año, contó el número de días en que cada celda superó un WBGT de 30° C, y luego lo multiplicó por la población de esa celda. El resultado fue el número de días-persona al año de exposición al calor extremo con una resolución de 0,05º de latitud por 0,05º de longitud.

"Descubrimos que, en 34 años, la exposición urbana al calor extremo aumentó un 200 por ciento en todo el mundo", explica la científica. Los investigadores también pudieron distinguir entre las contribuciones del crecimiento de la población y el aumento de las temperaturas. Comprobaron que el crecimiento de la población contribuyó en dos tercios al aumento interanual y el calentamiento en un tercio. En un próximo artículo tienen previsto desgranar las aportaciones independientes del cambio climático frente al efecto isla de calor urbano.

La amenaza del calor extremo varió a nivel regional e incluso de ciudad, un tema que los autores planean examinar más a fondo en el futuro. Aproximadamente una cuarta parte del cambio global en la exposición al calor extremo provino de 25 asentamientos urbanos. Los cuatro primeros fueron Dhaka (Bangladesh), Delhi (India), Calcuta (India) y Bangkok (Tailandia). Sin embargo, este problema no se limita a las grandes ciudades. Según los autores, casi 6.000 municipios registraron un aumento significativo de la exposición al calor extremo.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha celebrado este martes una vista por el juicio contra el autor del vídeo viral de la Policía entrando en un piso en Palma durante el confinamiento, un joven para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por presuntos delitos de desobediencia, injurias y calumnias y delito contra la intimidad.

La vista, convocada a las 11.00 horas, ha terminado sin acuerdo entre las partes, por lo que deberá celebrarse el juicio.

Antes del acto, la abogada de la defensa, Beatriz Fernández, ya ha anticipado que no veían viable un acuerdo por la pena "excesiva" que se pedía --tres años de cárcel por parte de Fiscalía-- y por la nulidad del estado de alarma decretado durante la pandemia de Covid-19. Además, ha negado que el acusado fuera quien difundió el vídeo en redes sociales.

Por su parte, el portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez, ha defendido que la intervención de los policías fue "perfecta" e "impecable", y ha asegurado que la difusión del vídeo permite identificar a los agentes y eso supone un peligro para ellos --por la "agresividad" de ciertos colectivos hacia la Policía Nacional, ha precisado--.

Por ello, ha sostenido que la pena de tres años de cárcel no es desproporcionada. En un comunicado, Jupol ha señalado que su petición se eleva a cuatro años de cárcel y una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los cuatro policías afectados.

Paralelamente, el portavoz de Jupol en Baleares, Chechu Enrique, ha defendido que los policías accedieron al domicilio con la autorización del dueño y ha resaltado que la salud pública "era una prioridad".

Finalmente, el abogado de Jupol, Francisco Casado, ha expresado su voluntad de proteger los intereses de los agentes y ha recalcado que, a su entender, los hechos no son sólo "socialmente reprochables por el momento en el que se producen", sino constitutivos de delito.

EL VÍDEO

Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo de 2020, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes se personaron en un domicilio por la llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta, con varias personas que no residían allí. Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.

Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.

El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado "por la fuerza". En las imágenes, el hombre dice que llevaban meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.

La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel para el acusado, un joven de 27 años, por presuntos delitos de desobediencia y calumnias. También solicita indemnizaciones en favor de los policías afectados por valor de 3.000 euros.

La Avenida de Montero Ríos, en la ciudad de Pontevedra, ha inaugurado este martes la exposición itinerante 'Carteles para un Camiño. 100 anos de ilustración Xacobea', que recogerá folletos y programas de fiestas del siglo XX para conocer las tradiciones que confluyen en el Camino de Santiago y la iconografía jacobea.

La Boa Vila es la primera parada de esta muestra que llegará a otras nueve localidades españolas de otras tantas comunidades. A su presentación han acudido el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores; y la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana Moscoso del Prado Hernández.

La exposición podrá visitarse en Pontevedra hasta el 30 de octubre y luego pasará por Tineo (Asturias), Laredo (Cantabria), Sangüesa (Navarra), Jaca (Aragón), León (Castilla y León), Mérida (Extremadura), Sevilla (Andalucía), Cuenca (Castilla-La Mancha), y Nájera (La Rioja).

Rueda ha destacado la importancia de la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades para la difusión del Camino de Santiago y la promoción del Xacobeo 2021-22, debido al potencial de las rutas jacobeas como reclamo turístico y del Año Santo como fenómeno reconocido a nivel internacional.

El vicepresidente gallego también ha subrayado la necesidad de reactivar la actividad del Consejo Jacobeo, en el que están representadas el Estado y las comunidades, para continuar con la recuperación del sector turístico tras la pandemia a través de la difusión del Camino y del Año Santo.

En esta línea, Rueda ha señalado que el trabajo hecho desde la Xunta para reforzar Galicia como "destino seguro" permitió "superar" las expectativas y recibir ya este lunes al peregrino 140.000 con la Compostela sellada, cuando esa era la cifra con la que estaba previsto cerrar este año.

Por eso, ha añadido que las previsiones son positivas de cara a lo que queda por delante de este Año Santo doble, con la llegada de "más turistas y peregrinos" a medida que se vaya recuperando la movilidad y con el despegue del turismo internacional.

COMPLEJO RECREATIVO EN ABEGONDO

Por otra parte, el también conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo ha participado este martes, en Abegondo (A Coruña), en la presentación de la iniciativa 'Dieta atlántica para unha vida saudable', organizada por la asociación Lume Atlántico.

Desde allí, Rueda ha explicado que hay un "interés creciente" por el turismo saludable y de aventura que promueve el Ayuntamiento de Abegondo y que la Administración autonómica apoya con medio millón de euros de inversión para poner en marcha un complejo recreativo en el embalse de Beche con una piscina, cabañas de madera y juegos multiaventura.

"Abegondo invita a cuidarse y la Xunta siempre apoyará iniciativas de este tipo", ha subrayado el vicepresidente primero en este evento al que también han acudido la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y el de Medio Rural, José González.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado a Vox de crear "artificialmente" el problema de la okupación a través de bulos para luego "salvarnos" con una propuesta "tan inviable como inconstitucional" como la defendida la semana pasada en el Congreso para permitir que la Policía pueda desalojar okupas sin orden judicial.

Así lo ha dicho Llop en el Pleno del Senado en respuesta al diputado de Vox Jacobo González Robatto, quien le ha preguntado por el plan del Ejecutivo para proteger a los propietarios ante "el aumento del 40% de la ocupación ilegal de viviendas en los últimos cinco años".

La ministra ha criticado al dirigente de la formación dirigida por Santiago Abascal por difundir 'fake news' a través de sus redes sociales. Así, ha aprovechado su turno de respuesta para recurrir a la hemeroteca y leer varias noticias relacionadas con la okupación publicadas por Vox en su perfil de Twitter que luego fueron desmentidas.

"Algún día deberían explicar a la ciudadanía qué interés les mueve para propagar bulos sobre la okupación, sobre la usurpación de inmuebles", ha señalado para luego añadir cuál es la hipótesis que manejan desde el Gobierno. "Ustedes crean artificialmente un problema por la mañana para inventar la falsa solución por la tarde", ha indicado.

ASEGURA QUE VOX BUSCA GENERAR MIEDO

La ministra ha reprochado a la formación su "vocación de salvapatrias". "Ustedes crean ese problema artificial para luego erigirse en salvadores y parece que en la okupación de viviendas es en lo que ustedes han encontrado su magnífico negocio político", ha asegurado, por lo que ha acusado al partido de sacar "provecho político de la inseguridad" que "provocan en las personas".

Llop ha acusado al partido de hacer del miedo "su razón de ser". "Inflan con datos falsos las cifras de okupaciones para generar un miedo infundado en la población y luego venir a salvarnos con una propuesta o con una ocurrencia", ha dicho en referencia a la reciente propuesta defendida por Vox en el Congreso para que la Policía pueda desalojar a okupas sin orden judicial. "Tan inviable como inconstitucional", ha añadido la ministra.

En este sentido, la titular de Justicia ha asegurado que las propuestas de Vox "forman una agenda de regresión y de recortes en los derechos y libertades". En el marco de su respuesta, Llop ha destacado los datos del Ministerio Fiscal relativos a la okupación y ha subrayado que el delito de usurpación "no crece un 40%", sino que "se reduce significativamente".

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE FAVORECER A LOS DELINCUENTES

González Robatto tampoco ha escatimado en reproches a la ministra y ha acusado al Ejecutivo de no proteger la propiedad privada y de adaptar la ley al okupa "para que siga delinquiendo", en referencia a la obligatoriedad del propietario de mantener los servicios básicos en la vivienda.

Ha criticado la inacción del Ejecutivo y ha recordado que lo que se okupan son las viviendas de "los trabajadores más humildes", no "donde viven los miembros del Gobierno o los altos directivos". "España se convierte en un infierno para el propietario, no para el okupa", ha añadido el dirigente en su turno de réplica.

El presidente del Gobierno sello el acuerdo sobre la ley de vivienda con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un encuentro previo en la Moncloa previo a la celebración del Consejo de Ministros.

Fuentes de la negociación han explicado que el consenso entre la dos alas del Ejecutivo se ha producido en una intensa mañana de contactos y negociaciones, logrando así desbloquear un asunto que llevaba casi un año encallado.

Esto ha permitido, a su vez, facilitar la aprobación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que se formalizará en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves, si bien la normativa sobre vivienda no irá a esa sesión.

Las citadas fuentes han explicado que a primera hora de la mañana se produjeron contactos para tratar el asunto entre la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y el titular de Presidencia, Félix Bolaños.

El objetivo era evaluar un documento de propuesta normativa que se remitió ayer noche entre los socios y después de que la cita del lunes por la mañana entre Bolaños y Belarra, que han encabezado las negociaciones sobre vivienda en los últimos días, no fructificara en ese acuerdo.

De esta forma, entre las 7 y 8 horas de hoy se reúnen y perfilan aspectos técnicos entre estos miembros del gabinete pero aún no hay cerrado un acuerdo propiamente dicho sobre el asunto capital en el que había diferencias en las últimas horas: la regulación del precio del alquiler para propiciar bajadas en pisos de grandes propietarios, específicamente en lo referido a fondos de inversión y entidades financieras.

Tras esa primera reunión a primera hora y antes de la celebración del Consejo de Ministros, se vuelve a abordar el asunto en Moncloa con presencia de Sánchez, Bolaños, Belarra, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la titular de Hacienda, Maria Jesús Montero.

Ahí es cuando se gesta el avance definitivo al dar su visto bueno el presidente a incluir esta regulación para grandes propietarios con entidad jurídica, una condición que era indispensable para el socio minoritario en la nueva Ley de Vivienda, sellando de esta forma el consenso anunciado una vez comenzó la sesión del Consejo de Ministros.

MEDIDAS DE LA LEY

Y es que Unidas Podemos reclamó como condición necesaria para pactar las nuevas cuentas públicas desbloquear antes esta normativa, que fue un compromiso alcanzado entre los socios en el acuerdo de los Presupuestos vigentes, que data de octubre del año pasado.

La nueva ley de vivienda, aparte del "corazón" que supone los mecanismos para regular el alquiler, también contemplará destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.

En el caso de las personas físicas y pequeños propietarios, se opta por el modelo de incentivos fiscales de hasta el 90 para los que decidan bajar la renta de alquiler a sus inquilinos.

A su vez, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos serán las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismo para limitar los precios de los alquileres que va poner a su disposición el Gobierno.

También incluye esta futura normativa el recargo en el IBI del 150%, que se planteará para viviendas vacías sólo se aplicará en los Ayuntamientos que lo pidan, tal y como ha explicado Bolaños en rueda de prensa posterior al Consejo.

MESES DE NEGOCIACIÓN

Junto a ello se establecerán medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable, como ha apuntado en Twitter la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales.

"Han sido largos meses de negociación pero el acuerdo para la ley de vivienda marca un hito histórico en nuestro país. Regulación de precios del alquiler, protección frente a los desahucios y parque público de vivienda. ¡Sí, se puede!", ha reconocido en su comentario en redes.

Paralelamente, el presidente ha anunciado este martes que la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Gobierno incluirá la creación de un 'bono joven' de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años.

UNIDAS PODEMOS CELEBRA EL ACUERDO: "EL PSOE HA ENTRADO EN RAZÓN"

Tras meses de negociación sin resultado, diversos cargos del espacio confederal han ensalzado el acuerdo adoptado y han felicitado a la ministra de Derechos Sociales por hacerlo posible durante la intensificación de los contactos que se produjo ayer.

En este sentido, la diputada de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha celebrado que el"sentido común" se haya "abierto paso" para plasmar una ley de vivienda que regule el precio del alquiler, algo necesario para también articular los Presupuestos de la "recuperación".

"El PSOE parece que ha entrado en razón (...) El principal escollo parece que se ha salvado", ha destacado Vidal para agregar que, con dicha normativa, el país se asemeja al entorno europeo que establecen medidas de control de precios, sobre todo en grandes ciudades.

A su vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el acuerdo con el PSOE para la regulación de los precios del alquiler alcanza la propia redacción legal de la futura Ley de Vivienda, como "garantía" de que "esta vez va en serio".

La Ley de Memoria Democrática, que amplía la ley de memoria histórica vigente desde 2007, pasará la próxima semana su primer examen en el Pleno del Congreso con el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado ERC, PP y Vox para que el texto sea devuelto al Gobierno.

Así lo ha acordado este martes la Junta de Portavoces de la Cámara que ha programado ese primer debate para el próximo jueves, 14 de octubre, según se ha informado en fuentes parlamentarias.

Mientras el PP y Vox se han limitado a solicitar la devolución de su proyecto al Ejecutivo, ERC, habitual aliado del Gobierno en el Congreso, ha optado por presentar un texto alternativo para que sea el que se tramite ya que considera que la propuesta del Ejecutivo es manifiestamente insuficiente.

El grupo que ahora capitanea Gabriel Rufián, ya votó en contra entonces de la ley auspiciada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y sostiene que la decisión del Ejecutivo de coalición de modificar aquella norma les ha dado la razón.

Pero el nuevo texto, que será defendido en la tribuna del Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tampoco convence a los miembros de ERC, que intentarán sea sustituido por su propia norma.

En su texto alternativo, ERC va más allá del proyecto del Gobierno y plantea reconocer "cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas" víctimas del franquismo y su derecho a la "reparación".

HOMENAJES A REPRESALIADOS HASTA 1982

Así, aboga por obligar al Gobierno a "restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares", ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.

También cuantifica en 135.000 la indemnización que deben recibir las personas beneficiarias de quienes "fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978".

Además, da un año al Gobierno para presentar un estudio sobre la represión contra las "personas y colectivos que lucharon por los valores democráticos y los derechos nacionales, entre los años 1975 y 1982, perpetrada por funcionarios el Estado y organizaciones paramilitares" y que después estudie hacerles homenajes y posibles vías de reparación.

Su propuesta también obliga a hacer homenajes a los perseguidos "por destacarse en la lucha democrática a favor de un Estado descentralizado y de la afirmación nacional de sus territorios", así como los fusilados, presos, exiliados o las mujeres por su especificidad como víctimas de la represión.

ERC demanda, asimismo, reconocer jurídica y moralmente la "lucha por la democracia" de los 'maquis' y de todas las personas que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, con indemnizaciones económicas incluidas. Para los brigadistas internacionales reclama distinciones oficiales.

CERTIFICADO ESPECÍFICO SOBRE COMPANYS

El texto de los independentistas persigue reconocer por ley a la II República como "un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político", así como "sus leyes y símbolos como propios e históricos", y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de "un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República".

Además, prevén apoyo económico y jurídico del Gobierno para quienes denuncien los delitos cometidos durante la dictadura, teniendo en cuenta la "imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad", y que se declaren ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como todas su resoluciones, en especial las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, entre otros.

En el caso del presidente de la Generalitat Lluis Companys fusilado tras un consejo de guerra, el texto alternativo de ERC contempla que el presidente del Gobierno entregue la certificación correspondiente de nulidad al presidente catalán. También propone la aprobación de "sentencias de nulidad" por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia.

INNECESARIA Y REVANCHISTA

El texto incluye otro artículo para que en un año las administraciones invaliden todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de adeptos al régimen, así como de condecoraciones concedidas por "hechos de colaboración con el franquismo" o vulneración de los derechos fundamentales.

El PP también pide la devolución al Gobierno de su proyecto de ley pero, en su caso por creer que se trata de una norma "innecesaria" y guiada por "un espíritu de confrontación entre españoles".

Parecidos argumentos usa Vox, que la considera una ley "revanchista" y "totalitaria" que "impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia, "divide a los españoles --tanto a los de 1936 como a los de 2021-- en buenos y malos" y "pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa".

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración por primera vez del Día del Cine Español este próximo miércoles 6 de octubre, en la que usan como ejemplo de "motor de proyección internacional" para España al director Pedro Almodóvar y a la actriz Penélope Cruz.

Precisamente, este martes se ha conocido que 'Madres paralelas', la película dirigida por Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz, no representará a España en la próxima gala de los Oscar --ya que finalmente la elegida por los académicos ha sido 'El buen patrón', de Fernando Léon de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem--.

"El cine español, en los nombres de Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Isabel Coixet o Icíar Bollaín, ha sido y sigue siendo motor de proyección internacional de nuestro país, en tanto articulan un relato global de España como un país moderno y democrático", señala la declaración institucional del Gobierno.

En este mismo texto se recuerda que el arte cinematográfico y audiovisual es "un bien patrimonial cuyo soporte, tanto analógico como digital, es frágil, y por lo tanto requiere una protección especial y específica". Es por ello las próximas modificaciones en la Ley de Depósito Legal y del Patrimonio Histórico "incorporarán políticas activas para la protección" del cine.

Mediante esta declaración institucional, el Gobierno de España expresa su compromiso firme para potenciar la industria cinematográfica española como parte de la europea teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad inmersa en una cultura fundamentalmente audiovisual y digital, cada vez más globalizada", resalta el texto.

Asimismo, el Ejecutivo ha ratificado la defensa del patrimonio cinematográfico y audiovisual como patrimonio histórico español para hacerlo accesible a efectos educativos, académicos y culturales.

En la declaración institucional se hace un recorrido por los inicios del cine --con el nacimiento de este arte a finales del siglo XIX-- e identificación el desarrollo de un cine propio español desde hace un siglo.

La declaración también cita a nombres emlemáticos de la cinematografía española como los de Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez, Alberto Closas, Lola Gaos, Juan Antonio Bardem, José Luis López Vázquez, Aurora Bautista, María Casares, Lola Flores, Margarita Alexandre, Ana Mariscal o Jorge Semprún.

"Habiendo visto su adolescencia truncada por el horror de una guerra civil, (esta generación) supo llevar a las salas cinematográficas una serie de propuestas que destacaban por su diversidad y capacidad para plasmar los cambios sociales del país, a la par que integraban en sus narrativas, las principales tendencias del cine más internacional", ha apuntado.

10,2 MILLONES DE EUROS PARA LAS SALAS DE CINE

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas a las salas de exhibición cinematográfica por un total de 10,2 millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a personas físicas y jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica registradas como empresas privadas o como entidades sin ánimo de lucro establecidas en España.

El objetivo es que puedan mantener abiertas las salas y llevar a cabo actividades de exhibición cinematográfica y ejecución de proyectos culturales, así como la promoción y la atracción de público, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tal y como ha señalado, estas ayudas tienen carácter excepcional, por la situación provocada por el COVID-19. "Las restricciones aplicadas para evitar la propagación del virus afectaron a las salas, que han tenido disminuir y cerrar su actividad. Es necesario proteger la estabilidad y viabilidad futura de las salas de exhibición cinematográfica", ha concluido.

El cineasta Luis Enrique Parés será el nuevo director artístico de Cineterca Madrid tras haber sido elegido por concurso público y dirigirá la programación de este espacio a partir de enero de 2022.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, en breve se incorporará a su puesto, desde el que marcará el rumbo de los próximos años para este espacio emblemático integrado en el centro de creación contemporánea Matadero Madrid, que tiene como misión la de ser "centro de referencia local, nacional e internacional del cine y la creación audiovisual".

El proceso de selección, diseñado por el Ayuntamiento de Madrid y abierto el pasado mes de julio mediante un procedimiento de concurrencia pública, ha analizado los proyectos presentados teniendo en cuenta una serie de objetivos estratégicos definidos para el centro.

Entre ellos, figuran el fomento de contenidos que conecten transversalmente el cine y el audiovisual con otras artes, el refuerzo de canales estables de diálogo y cooperación con el sector cinematográfico y audiovisual local o el incentivo de la investigación, el aprendizaje y el encuentro con el cine y para el cine a través del desarrollo de actividades destinadas tanto a profesionales como al público general.

BUSCA "CONSOLIDAR" LA CINETECA COMO "CENTRO DE REFERENCIA"

El Ayuntamiento de Madrid busca "garantizar la consolidación" de Cineteca como "centro de referencia" en el ámbito del cine y la creación audiovisual, con especial atención al impulso de la creación española actual tanto de artistas consagrados como noveles, al equilibrio en la programación de cineastas nacionales e internacionales, la experimentación en los lenguajes cinematográficos y el apoyo al cine independiente.

Luis Enrique Parés es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Documental de Creación por la Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Estudios sobre Cine Español por la Rey Juan Carlos de Madrid.

Desde 2019, trabaja en su tesis doctoral en torno al cine español en el exilio francés mientras prosigue en su carrera de gestor cultural como programador iniciada en 2012 como integrante del Departamento de Programación de Filmoteca Española y desarrollada también en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en el Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile), con los que continúa colaborando en la actualidad.

En su faceta como divulgador, destaca su colaboración con Historia de nuestro cine, el programa de RTVE que coordina y presenta desde 2015, así como la publicación de diversos textos como 'Del expreso a la taberna y vuelta atrás. Sobre un posible Cine de Humor Absurdo Español' (2020) o 'A imposible historia do 9'5mm en España' (2017).

COMISIÓN DE VALORACIÓN

La comisión de valoración ha estado formada por cinco profesionales de "reconocida independencia y trayectoria profesional" en el cine y la creación audiovisual: Javier Asenjo, Inés Enciso, Enrique Gonzalez Kuhn, Álex Lafuente y Marta Medina, así como por un representante del Área de Cultura, Turismo y Deporte.

En su valoración, la Comisión ha buscado el equilibrio entre la trayectoria y el perfil profesional de la candidatura y la especificidad del proyecto propuesto para Cineteca Madrid conforme a la misión y objetivos del programa.

"El proyecto de Luis Enrique Parés ha sido elegido por su capacidad para generar lazos de colaboración e intercambio desde el conocimiento del entorno y la identidad de Cineteca, y por transmitir con claridad la posibilidad de poderse poner en marcha desde el primer momento, con un alcance que va más allá de la propia Cineteca, acercándose a los barrios y adaptándose a las diferentes circunstancias de la institución", han destacado.

Cruz Roja ha repartido un total de 200 ayudas entre damnificados por la erupción volcánica en La Palma, de las que 104 son económicas y 96 distintos bienes.

Así, se trata de tarjetas de compra para consumir en distintos supermercados, tarjetas monedero para necesidades específicas, ayudas de alquiler de viviendas, reparto de productos de primera necesidad como alimentos, y 'kits' de higiene personal de adulto y de bebé y limpieza del hogar.

Asimismo, el pasado sábado, el voluntariado de Cruz Roja comenzó con el reparto en calle de más de 50.000 mascarillas FFP2 en los municipios afectados, tanto a intervinientes en esta emergencia como a la población palmera en general.

Desde el pasado 19 de septiembre, momento en que comenzó la erupción volcánica en Cumbre Vieja, Cruz Roja en Canarias ha realizado un importante despliegue de recursos humanos y materiales en la isla, atendiendo hasta el momento más de 1.200 personas afectadas en la isla.

En este dispositivo continúan activos sus Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) de Albergue y Logística, Comunicaciones, Atención Psicosocial, y Búsqueda y Salvamento, a los que recientemente se ha sumado el servicio de apoyo psicológico 'Cruz Roja Te Escucha La Palma', con el teléfono 900 107 917, confidencial y gratuito, puesto en marcha para atender las necesidades de atención psicológica o acompañamiento emocional a las personas damnificadas.

Además, Cruz Roja ya trabaja en proyectos a corto, medio y largo plazo para apoyar a las personas afectadas en las fases de recuperación, con especial atención a la infancia, personas mayores y núcleos familiares que han sufrido la pérdida total de sus hogares y medios de subsistencia.

Para ello, además de contar con más de 80 personas voluntarias activas en terreno, se está incorporando personal contratado con diferentes perfiles --psicólogos, trabajadores sociales, administrativos, logistas-- para dar soporte a la acción de la organización en la isla y los diferentes proyectos que se están desarrollando.

La organización va a priorizar garantizar la seguridad alimentaria y salud de la población evacuada (instaladas en recursos alojativos provisionales o reubicados con familiares o amistades), dar apoyo psicosocial a las personas afectadas, acceso a derechos sociales, rehabilitación de viviendas, apoyo al empleo, apoyo escolar y actividades de ocio para niños y jóvenes y cobertura de las necesidades educativas.

La institución tiene habilitados varios canales para las personas que deseen colaborar con este operativo humanitario a través de Bizum (código 03165) o transferencia bancaria (ES90 2100 6617 8222 0097 4717).

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 50 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Dos hospitales de Castilla-La Mancha ya no tienen pacientes COVID en sus UCI, concretamente el de Cuenca y Guadalajara.

Por provincias, Ciudad Real ha registrado 15 casos, Cuenca 15, Toledo 13 casos y Albacete 7. Guadalajara no ha registrado casos. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 237.662. Por provincias, Toledo registra 89.502 casos, Ciudad Real 55.667, Albacete 37.254, Guadalajara 31.891 y Cuenca 23.348.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 48. Por provincias, Toledo tiene 17 de estos pacientes (13 en el Hospital de Toledo y 4 en el Hospital de Talavera de la Reina), Albacete 12 (8 en el Hospital de Albacete, 2 en el Hospital de Hellín, 1 en el Hospital de Almansa y 1 en el Hospital de Villarrobledo), Ciudad Real 9 (4 en el Hospital de Ciudad Real, 3 en el Hospital de Tomelloso, 1 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Puertollano), Guadalajara 6 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 4 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 18. Por provincias, Ciudad Real tiene 7 de estos pacientes, Albacete 6, Toledo 5.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, ambos en la provincia de Ciudad Real. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.321. Por provincias, Toledo registra 2.399 fallecidos, Ciudad Real 1.780, Albacete 914, Guadalajara 658 y Cuenca 570.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Cinco centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes.

De estos 5 centros, 2 están en la provincia de Ciudad Real, 2 en la de Cuenca y 1 en Toledo. Los residentes con caso confirmado son 12. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.131.

El Consejo Económico y Social de España (CES) resalta la necesidad de configurar un marco de financiación estable para la Corporación RTVE, "con la fijación de cantidades mínimas y máximas a aportar por cada uno de los agentes que contribuyen a financiar el servicio público audiovisual".

Así lo pone de manifiesto el órgano consultivo en su dictamen sobre el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, en el que avala la elaboración de una ley que sustituya a la actual, en lugar de reformarla, para acoger la nueva directiva europea.

En concreto, el CES pone de relieve la "necesidad de contar con una financiación suficiente, estable, y sostenible" para la Corporación RTVE, hasta ahora regulada en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación, y de acuerdo con la ley 17/2006, de creación de la misma.

En este sentido, pide que "se haga efectivo con prontitud" y se eleve a las Cortes para su aprobación el Mandato Marco de RTVE, así como recuerda que el anterior venció en 2017 y "es un instrumento necesario para, entre otros fines, concertar entre el Gobierno y la Corporación nuevos contratos programa trienales, del modo previsto en la Ley 17/2006, y especificar en su horizonte temporal el marco financiero, delimitando la aportación directa del Estado y las provenientes de los ingresos especificados en la Ley 8/2009".

"Esto permitiría la configuración de un marco de financiación estable, con la fijación de cantidades mínimas y máximas a aportar por cada uno de los agentes que contribuyen a financiar el servicio público audiovisual", sostiene en el dictamen.

Por otra parte, el Consejo avala la creación de una nueva ley ante "la transformación que ha experimentado el panorama de los servicios audiovisuales como consecuencia de la aparición de nuevos servicios, del aumento de los canales de comunicación o de la generalización del uso de dispositivos de acceso a contenidos --como los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores--.

En relación con la comunicación audiovisual como servicio de interés general, el CES defiende una regulación que garantice "la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios". Así, el dictamen insiste en que la información y los servicios informativos "son servicios esenciales y deben regirse por los principios de veracidad, pluralidad, objetividad, neutralidad e independencia".

En cuanto a los servicios informativos, el Consejo ve preciso considerar fórmulas para articular la participación de grupos sociales relevantes, como complemento a la labor de la CNMC o autoridad de control independiente, "de cara a reforzar la pluralidad y transparencia en las líneas editoriales de entidades públicas de comunicación".

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E IGUALDAD DE GÉNERO

Respecto a los principios básicos de la comunicación audiovisual, el dictamen del Consejo insta a reforzar la alfabetización mediática y la igualdad de género, "proyectando una imagen equilibrada y plural de las mujeres en los medios y un uso no sexista del lenguaje".

Asimismo, el Consejo señala la "falta de referencias" del Anteproyecto a la dimensión laboral y a la calidad del empleo y recomienda incorporar "referencias que remitan al diálogo social sectorial y a la negociación colectiva".

También lamenta que el texto remitido para su valoración "muy probablemente" no haya sido el Anteproyecto definitivo, así como "el escaso plazo de tiempo" que ha tenido para realizar su labor consultiva.

Además, dada la importancia reguladora que tendrá el desarrollo reglamentario de la Ley General, el Consejo considera oportuno solicitar que se sometan a su dictamen aquellos desarrollos normativos para la ordenación del sector que resulten de especial relevancia para el ámbito consultivo de este órgano.

Galicia iniciará el próximo sábado su 'nueva normalidad', un escenario que, en lo epidemiológico, ya ha alcanzado este martes al situarse con índices de contagios por SARS-Cov-2 tanto a 14 como a siete días por debajo de 25 y de 10, respectivamente. Con estos datos, la decisión del comité clínico que asesora a la Xunta y que se traducirá en un nuevo protocolo de aforos, es que el próximo fin de semana, que coincide con el Puente del Pilar, todas las actividades podrán exprimir, de forma generalizada, hasta el 90 por ciento de su capacidad.

Es la principal novedad que devuelve a la Comunidad gallega a una cierta situación previa a la pandemia, si bien falta por devolver los horarios de apertura correspondientes a las licencias a la hostelería --hasta la 1 de la madrugada-- y ocio nocturno --máximo hasta las 4 horas--, y abordar otras cuestiones que, por ahora, tampoco se van a cambiar, como el uso de la mascarilla en interiores. También se seguirá adelante en la petición del certificado covid para acceder a determinadas actividades.

El otro aspecto novedoso es que desaparecen los niveles de restricciones que se han empleado hasta el momento y que en la pandemia pasaron por distintas fases, desde el cierre de áreas sanitarias o grupos de ayuntamientos, hasta limitaciones en cada término municipal. Toda Galicia estará desde este fin de semana en el mismo nivel y el Sergas vigilará los brotes y actuará sobre cada uno de ellos.

En los últimos 14 días, un total de 209 ayuntamientos no notificaron (casi un 70%); mientras que de los 313 ayuntamientos, 249 no lo hicieron en los últimos siete días, lo que asciende al 80 por ciento. "Son muy buenas noticias", ha manifestado Comesaña, en la rueda de prensa posterior al comité clínico de este lunes.

Estos datos son los que avalan el avance hacia la "nueva normalidad" el próximo, en la que Galicia entrará de lleno, aunque todavía con ese tramo final por recorrer, para el que el propio conselleiro se ha dado un plazo de 15 días hasta el comité clínico de la semana del 18 de octubre, para alcanzar un "escenario de normalidad absoluta".

Concretamente, Galicia (con 715 casos activos, 1.200 menos que hace dos semanas) registró este martes una incidencia a 14 días de 22,95 (32 puntos por debajo de la media estatal) y de 8,66 a siete días (15 por debajo de la media). El cambio es de -5,8 por ciento diario, desde el cambio de tendencia el 28 de julio.

A estos datos, el conselleiro de Sanidade agregó que la incidencia también está disminuyendo en el grupo de 0 a 11 años, que es el que está sin inmunizar --la vacuna no tiene autorización--.

La incidencia en este grupo es de 54,99 casos por cada 100.000 habitantes, frente a algo más del 96 de la media nacional y de los 82,89 casos por cada 100.000 habitantes de hace una semana.

Además, el conselleiro de Sanidade hizo hincapié en otro dato, la positividad de las pruebas realizadas, que se sitúa por debajo del 1,20 por ciento, a distancia del 5 por ciento que señala la OMS para tener controlada la pandemia y del 3 por ciento que se fijó el propio Sergas.

AMPLIACIÓN GENERAL DE AFOROS

Así las cosas, desde el sábado, Galicia, en situación de "riesgo controlado", contará con un 90 por ciento de aforo en general (en los que hasta ahora había un 75 por ciento de aforo), al tiempo que se amplían los grupos en hostelería a diez y 20 personas en interior y exterior, respectivamente.

La ampliación de aforos será para comercios academias, lugares de culto, congresos e instalaciones deportivas y similares. También se elimina el número máximo en los grupos de este tipo de actividades, como gimnasios, lo cual también se aplica a la actividad cultural.

Con público sentado, los espectáculos musicales y artísticos aumentan al 90 por ciento y se quedan en un 50 por ciento cuando son de pie. En los que se celebren al aire libre, el público de pie pasa al 66 por ciento sin límite de personas.

Cambios en zonas comunes de hoteles, un 75 por ciento de aforo de pie en transporte público (y 100% sentado) y albergues al 75 por ciento son otros casos en los que se sigue aumentando la capacidad, junto a los velatorios, que pasan de diez a 20 por túmulo.

En hostelería habrá que esperar a ese plazo de 15 días para que vea mejorada su situación en cuanto a horarios, aunque se aumentan ya los grupos posibles, a diez y 20 en terraza. Los aforos mejoran según el grado de seguridad (del 50 al 75 y del 75 al 90 por ciento). De momento, el ocio nocturno permanece en las mismas condiciones con las que abrió este fin de semana.

VIGILANCIA ESPECIAL, RETRO RASTREO

El segundo gran bloque de actuación que el comité clínico trató es la vigilancia especial de los casos, haciendo hincapié en la situación en los centros educativos y en los centros sociosanitarios. Además, el Sergas retoma el retro rastreo, que ya empezó a utilizar antes de la última ola, y que supone investigar los casos positivos más allá de las 48 horas de una prueba positiva o de la aparición de síntomas de un contacto.

Se trata, en palabras del conselleiro, en "afinar" la actuación para la contención del virus. Además, se seguirá secuenciando para detectar posibles cambios en la prevalencia de las variantes o mutaciones de la cepa, para lo que se contará con el apoyo especial del servicio de microbiología. Actualmente, el 100 por cien de los casos se corresponden con la variante delta.

Comesaña, que también hizo hincapié en la trilogía "higiene, distancia y ventilación" como aspectos a mantener, ha indicado que también se hará un seguimiento especial de la efectividad de las vacunación.

La Comunitat Valenciana ha notificado este martes seis fallecimientos, 5 en los últimos siete días y 1 en julio, y 139 contagios, mientras que los hospitales valencianos tienen ocho ingresados y dos camas UCI ocupadas menos que ayer, según la actualización de la Conselleria de Sanidad.

Con estos nuevos casos, la cifra total de positivos se sitúa en 510.677 personas. Los nuevos casos por provincias son 22 en Castellón (53.146 en total); 74 en Alicante (187.335 en total) y 43 en Valencia (270.194 en total).

Por su parte, total de decesos desde el inicio de la pandemia es 7.799: 843 en la provincia de Castellón, 2.991 en la de Alicante y 3.965 en la de Valencia y sigue habiendo 2 casos no asignados.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 165 personas ingresadas, 44 de ellas en la UCI: 27 en la provincia de Castellón, 4 en UCI; 70 en la provincia de Alicante, 22 de ellas en la UCI; y 68 en la provincia de Valencia, 18 en UCI.

Además, se han registrado 220 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 512.189 personas.

Por provincias, 53.527 altas se han dado en Castellón, 187.161 en Alicante y 271.444 en Valencia, mientras que el total de altas no asignadas se mantiene en 57.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 2.141 casos activos, lo que supone un 0,41% del total de positivos y desde la última actualización, no se ha registrado ningún brote de 10 o más casos.

El "bono vivienda" anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consistirá en una ayuda de 250 euros al mes para que los jóvenes puedan pagar el alquiler, es una copia del modelo del "cheque vivienda" que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2007, seis meses antes de las elecciones generales.

El "bono vivienda" que ha anunciado Pedro Sánchez formará parte de la nueva Ley de Vivienda que, según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se aprobará en las próximas semanas con el fin de enviarla al Parlamento para su tramitación.

Este bono joven estará dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años y estará destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo o ingresos anuales inferiores a 23.725 euros al año. Aunque en los casos de las familias más vulnerables este "bono joven" podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 por ciento de su valor.

Pedro Sánchez, que intervenía en la inauguración del I Foro Urbano de España, que se celebra este martes en Sevilla, ha justificado la medida en la necesidad de que los jóvenes puedan emanciparse antes en España. "Vamos a destinar una política pública a reducir la edad de emancipación tan insoportablemente alta en nuestro país para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con el apoyo y ayuda de la Administración General del Estado", ha remarcado el presidente.

Precisamente esta justificación, la necesidad de adelantar la edad de emancipación, fue la que dio el Gobierno de Zapatero cuando presentó la medida. Lo hicieron a la par el entonces presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda, que en aquel momento era Carme Chacón.

De hecho, el "cheque vivienda" se denominó "Renta Básica de Emancipación" y se encardinó dentro de lo que se llamó "Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler". Incluso se presentó con la afirmación de que "España no se puede permitir tener la mayor edad de emancipación de Europa", tal y como afirmó, junto a Zapatero, la ya fallecida Carme Chacón.

Aunque las medidas se anunciaron en septiembre de 2007, no entraron en vigor hasta el uno de enero de 2008, justo cuando faltaban dos meses para las elecciones. El llamado "cheque vivienda" de entonces supuso una ayuda de 210 euros mensuales para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes de los 22 a los 30 años e incluía un préstamo de 600 euros para pagar la fianza y un aval de seis meses.

Los jóvenes tenían que estar ocupados y con ingresos máximos de 22.000 euros anuales, bien del trabajo por cuenta ajena, autónomos o parados con prestación de desempleo o becarios. Y los extranjeros que lo solicitaran debían tener cuatro años de residencia legal en España.

Zapatero fue un poco más generoso con el tiempo, porque el plan se aprobó para cuatro años y el plan actual de Pedro Sánchez es para los próximos dos años. Eso sí, estableció una serie de medidas para evitar fraudes, de tal manera que no se aceptaron contratos de alquiler entre familiares próximos, el receptor no podía ser ya propietario de una vivienda y en caso de que los titulares del alquiler fueran varios, la ayuda se prorrateaba.

En esta ocasión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado más detalles sobre la medida, ni qué pasará con la ayuda en caso de que la misma vivienda esté alquilada por varias personas.

400 MILLONES EN 4 AÑOS PARA 300.000 JÓVENES

Pero ambos planes traían ya un origen anterior, el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Zapatero para 2005 a 2008, que incluía ayudas directas de 2.880 euros anuales como máximo, es decir, 240 euros al mes para jóvenes menores de 35 años y por un periodo de 24 meses. La medida era de la ministra María Antonia Trujillo --la ministra que pagó 10.000 pares de zapatillas 'kelifinder' para buscar casa-- y no se llegó a aplicar, pero fue rescatada por Carme Chacón unos meses antes de las elecciones de 2008.

El "cheque vivienda" de Zapatero equiparó en aquel momento a otra de las medidas estrella del entonces presidente del Gobierno, el "cheque bebé" de 2.500 euros que el Gobierno daba a los recién nacidos desde 2007.

Pero la ayuda para pagar el alquiler, a diferencia del "cheque bebé", se salvó de la quema en aquella sesión parlamentaria del 12 de mayo de 2010, en la que el entonces jefe del Ejecutivo anunció uno de los mayores paquetes de recortes de la democracia que aplicó para reducir el déficit público, en plena crisis económica y con la amenaza de la intervención de la economía española por parte de la Unión Europea.

Sin embargo, el "cheque vivienda" no sobrevivió a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, quien impelido por Bruselas a reducir el déficit, fue una de los primeros gastos que suprimió en sus primeras decisiones como presidente del Gobierno.

Así, en diciembre de 2011 y a pocos días de ganar las elecciónes, Rajoy no renovó este plan, que caducaba en esos días, y dio por finiquitado el "cheque vivienda" que durante cuatro años había supuesto un gasto de 400 millones de euros y beneficiado a más de 301.000 jóvenes de entre 22 y 30 años.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado este martes que levanta la emergencia declarada en Euskadi por la pandemia de la covid-19 y entrará en una etapa de vigilancia sanitaria con aforo del 80% en eventos que se desarrollen en recintos con capacidad para más de 5.000 personas.

Las mascarillas se mantendrán en interiores, y en exteriores cuando no exista una distancia interpersonal de metro y medio. El decreto del Gobierno Vasco que recogerá estas medidas entrará en vigor a partir del próximo jueves.

Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede de Lehendakaritza tras la última reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en la que se ha decidido levantar la emergencia sanitaria en Euskadi y desactivar la mayoría de las restricciones adoptadas para luchar contra la covid-19, siguiendo con las recomendaciones del informe de la Comisión científico-técnica.

Todos los integrantes de la mesa institucional y la técnica que han realizado el seguimiento de la situación epidemiológica para establecer las medidas a seguir en cada momento han acompañado al presidente del Gobierno Vasco.

El Lehendakari ha explicado que el impacto del coronavirus en Euskadi en este momento "deja de tener una afección crítica" para el funcionamiento del sistema sanitario, de manera prioritaria, y para el desarrollo suficiente de la actividad precovid.

SITUACIÓN ENDÉMICA

Iñigo Urkullu ha destacado que el tratamiento de la situación puede abordarse en la actualidad "como endémica". En este sentido, ha explicado que el número de infecciones se vuelve relativamente constante a lo largo del tiempo, aunque puede haber "brotes ocasionales".

Los datos y la tendencia actual se corresponden con las previsiones establecidas en el Plan Bizi Berri IV, que prevé el levantamiento de las medidas limitativas de horarios, aforos y estructuración de las diferentes actividades.

FIN DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

"Esto significa que puede ponerse fin a la Declaración de la situación de emergencia sanitaria. Significa, así mismo, que pueden anularse las principales medidas restrictivas o limitativas que estaban en vigor, aunque con el mantenimiento de cautelas preventivas básicas", ha remarcado.

En todo caso, ha reconocido que esta "indudable mejoría de la situación no disipa por completo las incertidumbres y amenazas latentes que se concentran en tres puntos: la imprevisibilidad del virus debido a su elevada capacidad de mutación, el déficit de vacunación en amplias áreas del planeta y la incertidumbre sobre la persistencia de la inmunidad natural o vacunal".

Por ello, ha subrayado que, en esta una nueva etapa de vigilancia sanitaria, se mantendrá una limitación del 80% de aforo eneventos que se desarrollen en espacios cerrados en recintos con capacidad superior a 5.000 personas.

De la misma forma, ha dicho que "continuará en vigor la obligatoriedad de uso de mascarillas en interiores, y en exteriores cuando no pueda mantenerse la distancia interpersonal".

Canarias ha registrado 47 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 95.387, mientras que los fallecidos se elevan a los 989 al no tener que lamentar ninguna muerte en el último día, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Así del total de casos, 1.086 están activos (-172), de los que 32 están ingresados en UCI, 105 permanecen hospitalizados (-25) y 949 están en sus domicilios. Además 93.312 personas han recibido el alta médica en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias alcanza los 21,46 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días se sitúa en 48,62 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 2.152.889 pruebas PCR en las islas, de las que 125.360 resultaron positivas, lo que supone el 5,82 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 18 positivos, acumulando 45.624 casos, de los que 557 están activos epidemiológicamente (-141), 564 han fallecido y 44.503 han superado la enfermedad; Gran Canaria cuenta con 36.386 acumulados (+21), de los que 258 son activos (-32), 336 han muerto y 35.792 recibieron el alta médica.

Por su parte, Lanzarote suma ocho positivos, con 6.920 acumulados, de los que 102 son activos (+3), mientras ha registrado 51 óbitos y 6.767 superaron la enfermedad; Fuerteventura se mantiene con 4.480 casos acumulados, de los que 149 están activos (-1), 17 fallecieron y 4.314 recibieron el alta médica; y La Palma se mantiene con 1.108 casos, de los que 12 están activos (-1), siete han muerto y 1.080 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene en el acumulado de 465 al no sumar nuevos casos, de los que ocho están activos, cuatro han fallecido y 453 superaron la enfermedad; mientras que La Gomera se mantiene con un acumulado de 403 casos, sin tener activos, uno ha muerto y 402 han recibido el alta médica.

Un grupo de activistas de Ecologistas en Acción ha llevado a cabo una plantación simbólica de lechugas hidropónicas en las aguas del Mar Menor para denunciar "el alto contenido en nutrientes procedentes de abonos agrícolas que posee el ecosistema", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"Los mismos abonos que hacen crecer las algas del fitoplancton y han convertido las aguas en una sopa verde son los utilizados para el cultivo intensivo de hortalizas", ha declarado Sara Acuña, coordinadora de la campaña a bordo del velero Diosa Maat.

En este sentido, ha apuntado que "informes científicos como el del IEO publicado el pasado mes de septiembre establecen que los nutrientes presentes en la laguna salada son principalmente de origen agrícola, usados para producir de forma intensiva e industrializada verduras y hortalizas en el Campo de Cartagena".

Además, Ecologistas en Acción ha indicado que para producirse la eutrofización de las aguas es necesaria la entrada de nitrógeno y fósforo. "Este último no entra a través de las aguas del acuífero, sino principalmente a través de fenómenos de contaminación difusa y las avenidas, que suponen la entrada principal de sedimentos y fosfatos, arrastrando contaminantes acumulados en la cuenca durante meses o años", ha explicado.

El origen del aumento de nutrientes en el Mar Menor "no se encuentra solo en el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos de la industria agrícola, sino que también influyen las técnicas de cultivo". Así, "en lugar del tradicional cultivo de secano, el paisaje actual dibuja inmensas fincas de decenas o cientos de hectáreas allanadas con el objetivo de evacuar el agua de lluvia con rapidez.

Este diseño, según Ecologistas en Acción, ha propiciado el aumento de las escorrentías, así como su capacidad de erosionar y arrastrar tierras de cultivo cargadas de nitratos y fosfatos. Además, se ha perdido otro elemento importante en la zona final de las ramblas para frenar de forma natural la llegada de sedimentos y nutrientes: los humedales.

FRANJA RENATURALIZADA

La asociación ha reivindicado la importancia de recuperar en el Campo de Cartagena la estructura y funciones de la red natural de ramblas y zonas inundables, motivo por el que ha presentado una propuesta de franja renaturalizada perimetral en el Mar Menor ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Esta franja tiene el objetivo de contribuir a la resolución de la crisis eutrófica en la que se encuentra la laguna salada, que se ha hecho de nuevo palpable este verano con la mortandad masiva de peces y crustáceos en sus aguas", ha puntualizado.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, ha precisado que la franja propuesta "se establecería en un área perimetral que supone en torno al 12% de la cuenca vertiente, donde las limitaciones a la actividad agrícola y urbanística serían las más restrictivas".

En esta zona primaría la renaturalización y recuperación de funciones de retención de suelos y nutrientes. Además, se han identificado unas 3.000 hectáreas de terreno no protegido y no urbanizado que "pueden formar parte de un programa de adquisición pública para recuperar humedales".

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha autorizado la licitación del concierto que garantizará la asistencia sanitaria de 2022 a 2024 a todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, a los funcionarios en prácticas y los letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional.

Según ha informado el departamento que dirige Pilar Llop, se trata de un concierto orientado a la modernización y mejora de los servicios que presta la Mutualidad General Judicial, garantizando la asistencia sanitaria con el mismo contenido que el resto del Sistema Nacional de Salud. Los profesionales de la Administración de Justicia, y sus beneficiarios, podrán optar por recibir la prestación sanitaria a través de alguna de las aseguradoras que suscriban el acuerdo.

Será a partir del 1 de enero de 2022 --fecha de entrada en vigor del nuevo concierto-- cuando el colectivo protegido por el ascienda a un total aproximado de 81.000 mutualistas y beneficiarios. Se espera que a su conclusión el próximo 31 de diciembre de 2024 alcance un volumen aproximado de 90.000 mutualistas y beneficiarios. La cuantía total de la contratación alcanza los 234.880.371 euros.

El Ministerio asegura que el concierto supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia un incremento del 10% respecto a la del 2021. "Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud", señalan, explicando que se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia.

El nuevo concierto apuesta por la incorporación de las nuevas prestaciones que se incluirán en la Cartera Común de servicios del Sistema Nacional de Salud, como son la prestación de reproducción humana asistida a mujeres solas, parejas de mujeres lesbianas y transexuales o necesidades sanitarias del colectivo LTBI y transexuales.

Asimismo, se añaden a esa cartera la prestación de ayuda para morir así como nuevas prestaciones para las víctimas de violencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) pide a los países de todo el mundo que mejoren la eficacia de los servicios climáticos para el agua en todo el mundo y, en particular, que se invierta en gestión de recursos hídricos y en sistemas de alerta temprana en países menos adelantados, especialmente en Asia y África, así como en los pequeños estados insulares, porque más de 3.600 millones de personas no tienen un acceso adecuado al agua.

Así lo manifiesta la OMM en su 'Informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2021: Agua' que refleja que los peligros relacionados con el agua, como las crecidas y las sequías, se han intensificado a causa del cambio climático y que prevé que el número de personas afectadas por el estrés hídrico se elevará "considerablemente", lo que verá exacerbado por el crecimiento de la población y la disminución de los recursos hídricos disponibles.

El nuevo informe en el que han participado diversos organismos, los sistemas de gestión, vigilancia, predicción y alerta temprana son fragmentados e inadecuados, y los esfuerzos desplegados a escala mundial en materia de financiación climática resultan insuficientes.

El documento insiste en la importancia de tomar "medidas urgentes" orientadas a mejorar la gestión cooperativa de recursos hídricos, adoptar políticas integradas sobre el agua y el clima, e incrementar las inversiones en este preciado bien que sustenta todos los objetivos en materia de desarrollo sostenible, adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastre.

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, ha explicado que el aumento de las temperaturas está generando cambios en las precipitaciones a nivel mundial y regional, lo que ha dado lugar a "variaciones en la distribución de las lluvias y las estaciones agrícolas, con importantes repercusiones en la seguridad alimentaria, así como en la salud y el bienestar de los seres humanos".

Asimismo, recomienda subsanar las deficiencias de capacidad en materia de recopilación de datos sobre las variables hidrológicas básicas que sustentan los servicios climáticos y los sistemas de alerta temprana y mejorar la interacción entre las partes interesadas a nivel nacional para diseñar y poner en funcionamiento los servicios climáticos conjuntamente con los usuarios de la información, a fin de brindar un mejor apoyo a la adaptación en el sector hídrico.

Del mismo modo, el informe revela la "necesidad apremiante" de optimizar el seguimiento y la evaluación de los beneficios socioeconómicos, lo que ayudará a exponer las mejores prácticas y de subsanar las deficiencias de datos para los servicios climáticos en el sector hídrico.

De los 65 miembros de la OMM, sobre todo los pequeños estados insulares no se dispone de datos de los miembros sobre los servicios climáticos para agua y solo el 19 por ciento de ellos proporcionó datos para este informe, por lo que la organización considera "insuficiente" a la hora de evaluar el estado de las capacidades de estos países y las necesidades en materia de servicios climáticos para el agua.

Entre las principales conclusiones, el documento detalla las tendencias en los depósitos de agua continental de los últimos 20 años. En ese periodo, según cita el informe, 3.600 millones de personas tuvieron acceso inadecuado al agua, como mínimo, un mes al año en 2018 y calcula que esta cifra superará los 5.000 millones de personas de aquí a 2050.

Además, en estas dos últimas décadas, los depósitos de agua continental, es decir la suma de todo el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre y debajo de esta, incluida la humedad del suelo, la nieve y el hielo, se han reducido a un ritmo de 1 centímetro al año y destaca que las mayores pérdidas se están produciendo en la Antártida y en Groenlandia.

No obstante, muchos lugares con alta densidad de población en latitudes más bajas están registrando pérdidas considerables de agua en zonas que, tradicionalmente, han sido fuentes de abastecimiento de agua, lo que trae aparejadas importantes consecuencias para la seguridad hídrica.

Asimismo, el estudio de la OMM alerta de que esta situación se ve agravada por el hecho de que solo el 0,5 por ciento de los recursos hídricos del planeta es agua dulce disponible y aprovechable y de que en los últimos 20 años ha aumentado en un 134 por ciento la frecuencia de los peligros hidrológicos relacionados con las crecidas, respecto a las dos décadas anteriores.

La mayoría de las muertes y pérdidas económicas debidas a las crecidas se registraron en Asia, donde la OMM recomienda fortalecer los sistemas de aviso de crecidas fluviales de extremo a extremo.

En cuanto al número de sequías, concluye que aumentaron, tanto en número como en duración, un 29 por ciento durante el mismo periodo. La mayoría de las muertes relacionada con las sequías ocurrieron en África, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar los sistemas de aviso de sequías de extremo a extremo en esa región.

Por último, entre sus recomendaciones, la OMM anima a los países a unirse a la Coalición para el Agua y el Clima, cuya voluntad es responder a la necesidad de lograr avances integrados en materia de políticas y promover soluciones prácticas óptimas.

Esta coalición brinda apoyo a los países de modo que mejoren la evaluación de los recursos hídricos, así como los servicios de predicción y proyección para el agua.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 25 casos positivos de covid-19 confirmados, mientras que el número de personas hospitalizadas ha descendido hasta las 22, ocho menos que en la jornada anterior tras producirse un nuevo ingreso y nueve altas, con cinco pacientes en las UCI.

En esta jornada se ha registrado un fallecimiento, una mujer de 63 años de El Risco, vacunada, que eleva el total de víctimas a 1.944 desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, se han dado 242 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 100.387 altas desde el inicio de la pandemia, mientras que la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 49,92 casos y a los 7 días en 24,07.

Además, no se abren brotes nuevos y se cierran cinco, uno en Puebla de la Calzada, dos en Badajoz, uno más en Trujillo y otro en Garrovillas de Alconétar.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, Badajoz notifica siete casos positivos, tiene tres pacientes hospitalizados de los que uno se encuentra en la UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.926 altas; mientras que Cáceres notifica dos casos positivos. Tiene cinco pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 533 fallecidos y ha dado 17.168 altas.

El área de Mérida registra cinco casos positivos. Tiene siete pacientes hospitalizados por covid-19, uno de ellos en UCI. Acumula 247 fallecidos y ha dado 17.101 altas; mientras Don Benito-Villanueva de la Serena notifica dos casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Acumula 264 víctimas mortales y ha dado 13.699 altas.

El Área de Salud de Plasencia registra un caso positivo. Tiene cuatro pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 9.608 altas; y Navalmoral de la Mata notifica dos casos positivos. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 114 fallecidos. Ha dado 4.761 altas.

Finalmente el Área de Salud de Llerena-Zafra registra cuatro casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.980 altas, mientras Coria registra dos casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por covid-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.144 altas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este martes que unos 15 trabajadores especializados en psicología se sumarán al equipo estable que se encuentra en la Oficina de Atención Ciudadana instalada en la isla de La Palma para atender a los afectados por la erupción del volcán.

Torres ha señalado, en declaraciones a los medios, que ha analizado durante la mañana de este martes la evolución de la citada Oficina desde su apertura el pasado fin de semana, que ha permitido en los primeros dos días prestar atención directa a una veintena de personas, mientras que este lunes y martes "han sido más las personas que han acudido fundamentalmente" para informarse sobre la vivienda que han perdido, así como para conocer las ayudas básicas e incluso para solicitar tratamiento psicológico.

En este sentido, ha expuesto que al equipo estable de trabajadores sociales que actualmente hay en la Oficina, se va a unir otro equipo de "14, 15 personas especialistas en el área psicológica e incluso se van a desplazar al hotel de Fuencaliente miembros de estas oficinas para informar a las más de 200 personas que están en el hotel sobre las ayudas, los papeles y los trámites que tienen que realizar".

SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO

Por otro lado, el presidente de Canarias ha asegurado que están trabajando "a destajo para solventar un problema de envergadura" como es el suministro de agua de riego para quienes lo tienen cortado por la afección del volcán y la lava a la tubería principal.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Canarias ha arbitrado "todas las medidas y todos los mecanismos posibles" que "sean más rápidos" para dar una solución a este problema y, entre ellos, ha citado la adquisición de dos desaladoras que llegarán a La Palma este martes y se instalarán "a la mayor brevedad posible, a lo que se sumarán barcos cisternas que vienen de la península y los helicópteros Kamov para trasladar agua desde los distintos embalses.

En cuanto a la posibilidad de tomar otro tipo de medidas como una tubería que atraviese la costa, Torres subrayó que se tardaría "meses, meses en tener el agua", de ahí que se haya optado por otras acciones para "intentar acortar al máximo" el tiempo para una emergencia en la que hay que poder dar el agua a las zonas que se han quedado sin ella con este corte.