El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha limitado a solo una opción, la de sufragio universal, la elección de los rectores de las universidades españolas.

Si en el borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado en primera lectura en Consejo de Ministros el 31 de agosto, el ministro incorporó dos formas de elección, un nuevo borrador limita a una la forma de elegir al máximo representante de una universidad, por sufragio universal, como establece la ley actual de universidades (LOU).

El borrador de agosto establecía dos sistemas de elección de un rector. El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema era la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estaría formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio. Con la nueva propuesta, se elimina esta opción.

"Se confirma el modelo actual basado en el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria como modo de elección del rector/a. Se elimina cualquier otra opción de elección del rector/a", recoge la nueva propuesta.

En cambio, el Ministerio sí mantiene una de las medidas más polémicas y criticadas: que no hará falta el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir tres requisitos, como son el tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes a ERC que la Policía Nacional seguirá en la Jefatura de Vía Laietana al entender que "no hay mejor resignificación a un lugar que fue de tortura" durante el franquismo que la labor diaria que realizan los agentes, en colaboración con Mossos d'Esquadra y el resto de fuerzas de seguridad.

"Habla usted de un lugar de represión y tortura en el pasado, y estoy de acuerdo, lo fue", ha señalado Grande-Marlaska en respuesta a la senadora Adelina Escandell, para acto seguido continuar el ministro con la parte en la que no coinciden: "No hay mejor resignificación de un lugar que fue de tortura que la labor que realizan hoy en día la Policía Nacional, luchando contra la violencia, la dominación y el odio".

La senadora de ERC ha recordado que ya en abril preguntó por la salida de la Policía de Vía Laietana, una "maldita" instalación del centro de Barcelona que quieren convertir en museo de la represión franquista, pero que también se ha cargado de simbolismo por ser recurrentemente objetivo de las protestas de grupos independentistas, sobre todo tras la sentencia del 1-O. Marlaska ya descartó entonces abandonar la jefatura, alegando "motivos operativos".

DECLARACIONES DEL NÚMERO DOS DE INTERIOR

Este martes, Escandell ha reiterado su petición a raíz de las palabras del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en las que aludió a Vía Laietana por su simbolismo para diferentes generaciones de policías y que "ha fortalecido la democracia". La senadora ha pedido que le enseñen Historia al 'número dos' de Interior o que se disculpe.

Grande-Marlaska, que ha evitado hablar expresamente de las recientes declaraciones de su 'número dos' durante el acto por el Día de la Policía en Cataluña, ha lanzado un guiño a ERC al sostener que comparte con el PSOE "valores" en lo referente al "compromiso absoluto en la recuperación de la memoria", citando la legislación sobre la materia o la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

"Cualquier conmemoración de la represión, la tortura y el autoritarismo es incompatible con la democracia", ha continuado Grande-Marlaska, destacando que la Policía es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos ya que, junto a Guardia Civil y Mossos, "luchan contra la violencia, la exclusión, la intolerancia, el odio".

"Es decir, luchando contra todo aquello del pasado; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resignifican todos los edificios y cada día se visten con los valores constitucionales", ha terciado el ministro.

El PP ha decidido retomar su renovación regional tras la Convención Nacional celebrada la pasada semana y ya trabaja en un calendario provisional de fechas al que se debe dar luz verde, si bien la idea es dedicar los próximos meses a los cónclaves pluriprovinciales y empezar a partir de marzo de 2022 con los uniprovinciales, entre los que figuraría el de Madrid, según han informado fuentes del partido.

Una vez terminados los congresos provinciales, el PP se volcará ahora en sus congresos autonómicos. Por lo pronto, ya tiene fecha el de Andalucía, que tendrá lugar entre los días 19 y 21 de noviembre en la ciudad de Granada.

El XVI congreso del PP-A reelegirá de nuevo presidente a Juanma Moreno, que afronta su tercer mandato al frente del PP andaluz pero en esta ocasión lo afronta desde la experiencia de gobierno tras "dos años y nueve meses" presidiendo la Junta. Su objetivo, según ha indicado, es impulsar un proyecto político "más permeable y abierto".

LOS ESTATUTOS FIJAN UN PLAZO DE 45 DÍAS DESDE SU CONVOCATORIA

Aunque en los próximos días se convocarán más congresos regionales, ninguno de ellos tendrá lugar antes de noviembre dado que los Estatutos marcan un tiempo de 45 días entre su convocatoria y su celebración con el objetivo de cumplir con los trámites establecidos.

Aparte del Andalucía, están pendientes más de una decena de congresos regionales: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Canarias, Madrid y Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tras los nuevos liderazgos en la Comunidad Valenciana y en Baleares, con Carlos Mazón y Marga Prohens, respectivamente, el partido no descarta más cambios en otros feudos con el objetivo de lanzar su alternativa ante las autonómicas y municipales de 2023, que quiere que sean trampolín de una victoria de Pablo Casado en las generales que se celebrarán unos meses después.

POSIBLES CAMBIOS EN EXTREMADURA, CANTABRIA Y CANARIAS

Extremadura figura entre las comunidades pluriprovinciales en las que podría haber recambio aunque aún no hay decisión tomada. En las quinielas aparece el nombre del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, como posible sustituto del expresidenta autonómico y actual senador, José Antonio Monago.

También está por ver si en Canarias continúa Australia Navarro --que tomó las riendas en 2019 tras la salida de Asier Antona-- o se opta por el cambio con perfiles como el de Manuel Domínguez, presidente del PP de Tenerife.

En el caso de los congresos uniprovinciales, sí que habrá cambio en el PP de La Rioja, dado que su actual presidente, José Ignacio Ceniceros, ya adelantó hace unos meses que no optaría a la reelección. Es posible que la dirección nacional del PP también opte por la renovación en Cantabria, donde el partido está en manos de María José Sáenz de Buruaga.

EL CONGRESO DEL PP DE MADRID, A PARTIR DE MARZO

Aunque 'Génova' aún trabaja con un calendario provisional, los congresos uniprovinciales no se prevén hasta ya entrado 2022. En el caso de Madrid, la fecha que se maneja es "entre marzo y junio", según han informado fuentes del partido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado estas dos últimas semanas un adelanto de ese cónclave a 2021 para centrarse en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, pero 'Génova' ha dejado claro que la Junta Directiva Nacional del PP fijo los congresos uniprovinciales para el primer semestre de 2022.

El colofón a la renovación del partido lo pondrá el Congreso Nacional, que incluso podría tener lugar a la vuelta del verano del año próximo, si bien la dirección del PP aún no tiene una decisión tomada, según las fuentes consultadas.

Pablo Casado llegó a la Presidencia del PP el 21 de julio de 2018 y este verano se cumplieron tres años de su victoria en el congreso extraordinario en el que se impuso en la recta final a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha mostrado satisfecho del examen comparativo de sus encuestas que ha realizado una empresa privada, Sigma Dos, que con sus mismos cuestionarios ha recabado entre los encuestados unos resultados prácticamente idénticos en la gran mayoría de las preguntas.

A raíz de la pandemia del coronavirus, que puso fin a su tradicional método de trabajo de entrevistas personales, el CIS implantó en junio de 2020 el sistema CATI (Computer Assited Telephone Interview) de entrevistas telefónicas, un sistema muy frecuente en España para la investigación de la opinión pública, esencialmente por razones de rapidez y fiabilidad en la recolección de datos.

Y este año, como otros centros de investigación, decidió encargar lo que se llaman "encuestas espejo" para controlar los resultados de su trabajo. Se trata de un estudio paralelo que realiza una empresa ajena con la misma muestra de ciudadanos, el mismo cuestionario y la misma metodología para ver si hay algún sesgo en función de quién formule las preguntas.

Según relata en un comunicado, el CIS sacó a concurso público la realización de cuatro estudios paralelos a los barómetros y los Índices de Confianza del Consumidor (ICC) de junio y de julio, que fueron adjudicados a Sigma Dos.

La conclusión es que los resultados de los barómetros e ICC de junio y julio elaborados por el CIS y los realizados por Sigma Dos "muestran datos prácticamente idénticos en la gran mayoría de las preguntas en las encuestas que se han comparado".

EN LÍNEA CON LOS ESTÁNDARES

El organismo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos concluye que este examen "valida los procedimientos y la calidad y representatividad de sus encuestas": "El sistema CATI del CIS está alineado con los estándares de las empresas demoscópicas privadas que trabajan con este mismo sistema", destaca.

A su juicio, superar este examen es "el resultado de realizar estudios con máximo rigor y con altos estándares de calidad en todo el proceso, desde el diseño del cuestionario a la selección aleatoria de las personas entrevistadas y la obtención de datos".

La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) ha reclamado una reforma legislativa para evitar el acceso a la nacionalidad española de extranjeros por el mero de haber nacido en Melilla o llevar diez años de forma legal en la ciudad.

Lo hacen, ha explicado, "para evitar el crecimiento de la población marroquí" en la ciudad, "pues de sobra es conocido las irregularidades que se dan en estos casos" por lo que ha llamado "ansias anexionistas" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

En sus propuestas al Plan Estratégico de Melilla, cuyo trámite se presentará este miércoles por el Gobierno de la Ciudad Autónoma para que partidos y organizaciones sociales y económicas den sus ideas, la patronal melillense también ha solicitado que se incluya en ese plan "incrementar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para localizar y expulsar de la Ciudad a los extranjeros que residen en ella de forma irregular".

Para la organización que representa a los empresarios melillenses, "la Unión Europea --y España, obviamente-- tienen a Marruecos como país "amigo" por muchas razones y mantienen un trato muy favorable en las relaciones económicas entre ambas partes, "y a ambas partes nos interesa que Marruecos se desarrolle económicamente, pues es mejor tener un vecino estable --social, económica y políticamente-- que un polvorín que pueda estallar como otros países de influencia islámica".

En este sentido, ha apuntado que "las inversiones y ayudas que recibe Marruecos desde los distintos gobiernos europeos, la propia Comisión Europea y inversiones de las empresas europeas se cuantifican en miles de millones de euros, y a cambio se le pide respeto a los derechos humanos, el control de los flujos migratorios hacia Europa, seguridad jurídica y el cumplimiento de los acuerdos suscritos".

Por ello, CEME-CEOE ha expuesto que "a la vista de los acontecimientos --no solo de los recientes acaecidos en Ceuta en mayo de 2021 con la entrada irregular en la ciudad española de más de 10.000 marroquíes--, Europa se ha dado cuenta que hay que exigirle a Marruecos que cumpla sus compromisos y se olvide de sus ansias anexionistas sobre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y le invita a crear una zona de prosperidad compartida".

Por último, ha señalado que "entendemos que nuestras propuestas no sean compartidas por algunos, pero es nuestra obligación plantear la relación de medidas concretas", al tiempo que ha pedido "altura de miras a todas las fuerzas políticas y que trabajen conjuntamente por nuestra Ciudad" porque opina que, "sin consenso, nada será posible".

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, comparecerá este miércoles en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, a petición del PSOE, con el objetivo de explicar las líneas estratégicas yobjetivos de la Oficina del Español que dirige.

El Gobierno regional quiere con esta Oficina promocionar el idioma, tanto dentro como fuera de España, reforzar su prestigio y velar por su futuro en el mundo digital del siglo XXI.

Para ello, el departamento dirigido por Toni Cantó ha desarrollado cuatro estrategias basadas en el diálogo con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español, la colaboración activa con las entidades que trabajan por el español en la Comunidad, sinergias con entidades culturales internacionales y la gestión de estudios y encuentros con expertos del sector y líderes de opinión.

Entre los primeros pasos, fruto de las gestiones durante los dos primeros meses, destaca la puesta en marcha de un festival de cultura latina, 'Hispanidad', coincidiendo con la Festividad del 12 de Octubre; la firma de varios convenios con instituciones de distinta índole (como la RAE o el COAM); así como la creación de una línea de financiación para atraer proyectos culturales de Hispanoamérica.

La primera acción de este departamento es 'Hispanidad', el festival de cultura hispana que nace con carácter anual y que, en esta ocasión, se desarrollará hasta el 12 de octubre con un programa de cerca de 80 actividades, con 17 conciertos, conferencias, exposiciones y la participación de más de 250 artistas.

En estos momentos la Oficina del Español está trabajando en tres convenios, que serán rubricados próximamente. Uno con la Real Academia Española, con el objetivo de seguir difundiendo el español y mejorar la formación tanto de los alumnos que llegan a la Comunidad para aprender el idioma, como de los profesores de español.

La Oficina del Español creará líneas de financiación de proyectos culturales de Hispanoamérica. Se trata de que creadores y productores de todo el continente encuentren en la Comunidad de Madrid "la financiación necesaria para llevar adelante sus proyectos y radicar aquí parte de su negocio".

Madrid busca consolidarse como "puerta de entrada" en Europa de la creación cultural de América Latina, con el idioma como nexo económico y cultural, al tiempo que quiere aumentar su papel como centro de producción audiovisual para estos profesionales.

LA OPOSICIÓN CRITICA EL "CHIRINGUITO" DE CANTÓ

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que se suprima la Oficina del Español dirigida por Toni Cantó y se destinen los recursos empleados en ella a políticas sociales. Para la formación morada, se trata de "un chiringuito creado ad hoc para garantizar un puesto al señor Toni Cantó al quedarse fuera de la lista electoral".

PSOE también han criticado que la Comunidad se dedique a crear "chiringuitos para amiguetes" y Más Madrid ha ironizado con que se puede llamar "la oficina de la jeta" que deja ver la "cara B del PP una vez que ganan las elecciones". "A Ayuso se le está poniendo cara de Esperanza Aguirre y a Toni Cantó de Santiago Abascal", ha declarado.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha avanzado que en la comisión de este miércoles querrán conocer cuál ha sido el trabajo de Cantó durante estos meses y saber cuáles son las políticas que está llevando a cabo su Gobierno en esta materia. Después de ello, harán una valoración de si está justificado su nuevo puesto o se trata de "un chiringuito".

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido que quizá la izquierda quiera que se nombre a alguien "sectario" y no alguien con "la mayor de las cualificaciones para este puesto".

Ya Toni Cantó se defendió ante las criticas de los grupos de la oposición, diciendo que esta oficina no es "un chiringuito" como acusa con "virulencia la izquierda", de quien señaló que no le sorprendían sus ataques al no gustarles nada "lo que tiene que ver con el español".

La Comunidad de Madrid ha notificado 393 casos nuevos de Covid-19, de los que 233 corresponden a las últimas 24 horas (38,20% menos que hace una semana), y cinco fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 62 casos nuevos de Covid-19 (331 menos), de los que 48 correspondían a las últimas 24 horas, y cuatro fallecidos (uno menos), mientras que el martes de la semana precedente se comunicaron 409 casos (16 más), 306 en el último día, y tres muertos (dos menos).

El número de hospitalizados se sitúa en 363 (uno más que el día anterior) y 146 en la UCI (tres memos), mientras que 36 pacientes han recibido el alta. Además, el número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.020.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 906.726 positivos, un total de 125.682 casos han requerido hospitalización, 13.302 han precisado UCI y 111.604 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 965.829 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.336, de los cuales 5.102 han sido en centros sociosanitarios, 18.780 en hospitales, 1.423 en domicilios y 31 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días continúa en ligero descenso hasta llegar a los 55,81 casos por cada 100.000 habitantes, aunque por encima de la media nacional de 52,51, mientras que la registrada a 7 días se sitúa en 23,39 casos, frente a la media en el país de 21,75.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 9.760.295 dosis de las 10.825.829 recibidas, con 4.440.502 segundas dosis registradas y 234.587 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 23.605 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 76,2%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 87,6%, mientras que el 90% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han cuantificado 1.801 nuevos casos de COVID-19, 905 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 2.290 positivos, lo que evidencia la tendencia a la baja en la evolución de la pandemia.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 4.967.200 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 52,51, frente a 54,12 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 24.918 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 94 nuevos fallecimientos, en comparación con 60 el martes pasado. Hasta 86.621 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 120 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 2.509 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (2.364 ayer) y 604 en UCI (637 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 195 ingresos (182 ayer) y 288 altas (122 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,06% (1,95% ayer) y en las UCI en el 6,61% (6,99% ayer).

Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, las comunidades autónomas han realizado 636.406 pruebas diagnósticas, de las cuales 374.483 han sido PCR y 261.923 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.353,30.

Mientras tanto, la tasa de positividad se sitúa en el 2,29%, frente al 2,38% de ayer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5% para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

Andalucía registra este martes 5 de octubre un total de 218 contagios de coronavirus, inferiores a los 199 del martes y a los 311 de hace una semana, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 13 fallecidos, diez más que los del día anterior y cinco más que los del martes pasado.

Por su parte, la incidencia acumulada se sitúa 40,9 por cada 100.000 habitantes y continúa en nivel de riesgo bajo por coronavirus, de forma que baja 1,8 puntos en 24 horas y 14 puntos en una semana

Los 218 positivos se registran tras los 199 del lunes y domingo, los 246 del sábado, los 318 del viernes, los 351 del jueves, los 321 del miércoles y los 311 del martes pasado.

En esta jornada, Málaga es la provincia que más contagios registra con un total de 63, seguida de Sevilla con 45, Almería con 39, Cádiz con 24, Granada con 15, Córdoba con 14, Jaén con once y Huelva con siete.

En cuanto a los muertos, Salud contabiliza siete en Sevilla, tres en Málaga, dos en Jaén, uno en Cádiz y Huelva, y corrige el balance histórico en Granada restándole uno, lo que da los 13 fallecidos que suma la región este martes. Almería y Córdoba no contabilizan ninguno esta jornada.

ANDALUCÍA SUMA DOS HOSPITALIZADOS HASTA 287

La región registra una leve subida de dos hospitalizados por covid-19 respecto al lunes para situarse en un total de 287, lo que supone un descenso de 91 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajan uno en las últimas 24 horas hasta 84, 21 menos que los notificados hace siete días.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 74 y 18 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 71 y 23 en UCI, Almería con 37 y 15 en UCI, Granada con 31 y ocho en UCI, Córdoba con 23 y ocho en UCI, Jaén con 23 y dos en UCI, Cádiz con 16 y seis en UCI y Huelva con 12 y cuatro en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 803.055 casos confirmados --218 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.228 muertes, trece más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 56.858, 39 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.218 --dos más--, y el número de curados es de 787.729, después de añadirse 625.

ALMERÍA, CÓRDOBA y GRANADA NO SUMAN DECESOS

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.2228 fallecidos desde el inicio de la pandemia --trece más--, Sevilla con 2.296 se mantiene como la provincia con más muertes --siete más--, seguida por Málaga con 1.967 --tres más--, Granada con 1.865 --menos uno por reajuste en el dato--, Cádiz con 1.606 --uno más--, Jaén con 1.083 --dos más--, Córdoba con 1.073, Almería con 923 y Huelva con 415 --uno más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 803.055 desde el inicio de la pandemia --218 más--, liderados por Sevilla con 176.009 --45 más--, seguida de Málaga con 154.436 --63 más--, Cádiz con 112.460 --24 más--, Granada con 108.848 --15 más--, Córdoba con 72.093 --14 más--, Almería con 69.935 --39 más--, Jaén con 63.934 --once más-- y Huelva con 45.33340 --siete más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 56.858 --39 más--, con Sevilla a la cabeza con 12.825 --15 más--, seguida de Málaga con 10.441 --cuatro más--, Granada con 9.163 --cuatro más--, Cádiz con 6.697 --cinco más--, Córdoba con 5.306 --cinco más--, Jaén con 5.200 --uno más--, Almería con 4.424 --tres más-- y Huelva con 2.802 --dos más--.

De ellos, 6.218 personas han pasado por la UCI en Andalucía --dos más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.243 --uno más--, seguida de Granada con 1.168, Málaga con 1.007, Almería con 754, Cádiz con 685, Córdoba con 658, Jaén con 490 y Huelva con 213 --uno más--.

La cifra de curados alcanza los 787.729 en toda la región, 625 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 171.971 --182 más--, seguida de Málaga con 152.282 --165 más--, Cádiz con 110.037 --50 más--, Granada con 106.767 --85 más--, Córdoba con 70.935 --35 más--, Almería con 68.407 --83 más--, Jaén con 63.083 --13 más-- y Huelva con 44.247 --doce más--.

LA MITAD DE LAS PROVINCIAS, POR DEBAJO DE 50

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 40,9 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 885,6. Detrás se sitúan Huelva con 61; seguida de Málaga con 50,1; Sevilla con 41,3; Granada con 29; Jaén con 25; Cádiz con 23,2, y Córdoba con 20,8.

LA TASA ANDALUZA, CASI 12 PUNTOS INFERIOR A LA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 3.443 casos en los últimos 14 días con una tasa de 40,68 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes --por debajo de la media nacional de 52,51-- y 1.275 en los últimos siete días con una tasa de 15,06, inferior a la nacional de 21,75.

El Gobierno contabiliza 388 pacientes covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 2,18% de camas, inferior a la media nacional situada en el 2,06%, y 80 en UCI, que registran una ocupación del 4,32% de las camas, inferior a la media nacional de 6,61%. Además, registra 25 ingresos por covid en las últimas 24 horas y 47 altas.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha celebrado el acuerdo de la Ley de Vivienda que ha alcanzado este martes el PSOE y Unidas Podemos y ha manifestado que el Gobierno está "muy contento" con la que será una "magnífica Ley de Vivienda". Asimismo, ha avanzado que llevará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso de los Diputados la próxima semana.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Montero ha indicado que en el Gobierno de coalición están "muy contentos" por haber llegado a un acuerdo sobre la Ley de Vivienda que era un "escollo" para avanzar en las negociaciones de los PSG --al ser una de las principales exigencias de Unidas Podemos para acordar las cuentas públicas de 2021--.

"Las negociaciones tienen altibajos, momentos de tensión y un trabajo continuado por debajo durante mucho tiempo que es lo que nos ha permitido llegar esta mañana al acuerdo después de muchos papeles a lo largo de estos últimos días", ha manifestado.

La ministra ha indicado que la propuesta de los PGE se conocerá "con detalle" este jueves y que se llevará al Congreso de los Diputados "a la semana siguiente" si bien deben acordarlo previamente con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, atendiendo a su agenda.

"El presupuesto estará aprobado, como prometimos, antes del 31 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero", ha explicado.

En la misma línea, ha indicado que su ministerio se encuentra trabajando con el resto de grupos parlamentarios para "asegurar" que se superan las enmiendas a la totalidad y para ver "qué tipo de enmiendas van a presentar en el proceso de trámite" al objeto de que puedan considerarlas.

Euskadi dejará atrás la situación de Emergencia Sanitaria este próximo jueves, momento en el que decaerán las principales medidas preventivas frente a la covid-19, salvo la limitación de aforos al 80% en espacios cerrados con capacidad superior a 5.000 personas, y la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores. Y en exteriores cuando no pueda mantenerse la distancia interpersonal de seguridad. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que se abre un "tiempo de esperanza", aunque ha apelado a la prudencia ante las "amenazas" que aún plantea la pandemia.

El fin de la situación extraordinaria de Emergencia Sanitaria por causa de la covid ha sido anunciado por Urkullu en un acto celebrado en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria-Gasteiz, en el que han estado presentes los técnicos que en los últimos meses han asesorado a las instituciones vascas sobre las medidas a adoptar frente a la pandemia, así como los miembros del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), el órgano institucional encargado de aprobar dichas medidas.

El LABI, que en los últimos meses ha estado presidido por el lehendakari, volverá a depender del Departamento de Seguridad, mientras que el Departamento de Salud coordinará los trabajos de Vigilancia Sanitaria, fase en la que entra Euskadi tras poner fin a la Declaración de Emergencia Sanitaria.

Urkullu ha anunciado que, tras analizar los informes de los expertos sanitarios y técnicos, el Consejo Asesor del LABI ha manifestado su posición favorable a la aprobación de un decreto que pondrá fin a la declaración de la situación de Emergencia Sanitaria.

El decreto entrará en vigor una vez sea publicado este próximo jueves, 7 de octubre. La decisión se basa en un dictamen de la Comisión Científico-Técnica que asesora al LABI, en el que se establece que "el impacto de la covid-19 en Euskadi y en este momento deja de tener una afección crítica para el funcionamiento del sistema sanitario, de manera prioritaria, y para el desarrollo suficiente de la actividad precovid".

El grupo de expertos que asesora a las instituciones vascas considera que "el tratamiento de la situación, en este momento y en nuestra situación, puede abordarse como endémica".

El informe constata que los datos y la tendencia actual "se corresponden con las previsiones" establecidas en el 'Plan Bizi Berri IV' --el documento que guía los pasos del Gobierno Vasco para responder a la pandemia-- para el levantamiento de las medidas limitativas de horarios, aforos y estructuración de las diferentes actividades.

El infor,e precisa que "esto significa que puede ponerse fin a la Declaración de la situación de Emergencia Sanitaria", así como que "pueden anularse las principales medidas restrictivas/limitativas que estaban en vigor, aunque con el mantenimiento de cautelas preventivas básicas".

En todo caso, precisa que esta "indudable mejoría" de la situación "no disipa por completo las incertidumbres y amenazas latentes", como "la imprevisibilidad del virus, debido a su elevada capacidad de mutación, el déficit de vacunación en amplias áreas del planeta, y la incertidumbre sobre la persistencia de la inmunidad natural o vacunal".

El lehendakari ha explicado que Euskadi "inicia una nueva etapa de vigilancia sanitaria", en la que se mantendrán las medidas que "vinculan" a las instituciones vascas, tales como la limitación del 80% de aforo en eventos que se desarrollen en espacios cerrados con capacidad superior a 5.000 personas, y el mantenimiento de la obligatoriedad de uso de mascarillas en interiores y en exteriores "cuando no pueda mantenerse la distancia interpersonal" de seguridad.

Iñigo Urkullu ha subrayado que Euskadi ha llegado a este punto tras alcanzar los objetivos fijados en el plan 'Bizi Berri IV'. De esa forma, ha explicado que la situación actual se corresponde con los parámetros establecidos en el 'Nivel 1' del citado documento para levantar ciertas restricciones.

Esta situación se caracteriza por unos indicadores como la ocupación de las UCI de los hospitales inferior a 40 camas, una tasa de incidencia acumulada en 14 días en torno a 60 casos por 100.000 habitantes y con tendencia a la baja, y un 90% de vacunación con pauta completa.

LA CRISIS SANITARIA, SIN FINALIZAR

En todo caso, el lehendakari ha advertido de que no se puede dar por "totalmente finalizada" esta crisis sanitaria. "No debemos bajar la guardia; sigue siendo necesario mantener una actitud de prevención, porque puede ser necesario volver a adoptar medidas preventivas", ha alertado.

Por ese motivo, ha subrayado que resulta "imprescindible" seguir evaluando y analizando la situación día a día. Las próximas semanas, las referencias de evaluación se basarán en el mantenimiento de objetivos como una ocupación de UCI por debajo de 40 camas; una tendencia a la baja o estable en la tasa de incidencia; un avance de la vacunación; una alta capacidad de detección, seguimiento y aislamiento de casos y contactos; y la ausencia de variantes que escapen a la inmunidad de la vacuna.

El lehendakari ha señalado que la "clave" de la situación actual es la vacuna, junto a la que también ha destacado el papel desempeñado en la contención de la pandemia por medidas preventivas, como el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia aconsejada en toda interacción social, así como la continua ventilación de interiores.

VACUNAS, "LA MEJOR HERRAMIENTA"

"La evidencia científica y los datos objetivos son contundentes. La vacuna ha sido la mejor herramienta para doblegar al virus", ha afirmado Urkullu, que ha realizado un llamamiento a culminar el proceso de vacunación.

Iñigo Urkullu, que ha afirmado que "todo el mundo debería poder vacunarse y, quien tiene la oportunidad, debería hacerlo", ha subrayado la importancia de la vacunación "global y solidaria" en todo el mundo.

El máximo responsable del Gobierno Vasco ha dedicado una parte de su intervención a repasar la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha defendido que su gobierno ha actuado con "transparencia", y se ha comprometido a realizar un balance de dicha gestión, "sin rehuir la autocrítica".

EUSKADI, "GESTIÓN DIFERENCIADA"

Además, ha reafirmado su apuesta por la "gobernanza colaborativa", tanto entre las instituciones vascas, como con el Gobierno español, con el que --según ha destacado-- "acordamos una gestión diferenciada y complementaria" de la pandemia de acuerdo al plan 'Bizi Berri'. "La respuesta vasca a la pandemia ha estado al nivel de los países más avanzados del mundo", ha asegurado.

Urkullu ha destacado que la "inmensa mayoría" de la sociedad ha actuado "con responsabilidad y compromiso", y que Euskadi "se sitúa en el grupo de cabeza en el mundo" en cuanto a cobertura de vacunación contra el coronavirus.

También ha manifestado que en el País Vasco "se han realizado más test y ha habido menos personas hospitalizadas e ingresadas en UCI". Además, ha apuntado al hecho de que en la comunidad autónoma el incremento de personas fallecidas en el período covid "ha sido inferior" al del entorno de Euskadi.

Por otra parte, ha recordado que los recursos extraordinarios destinados a los sectores mas afectados por la crisis suman 5.147 millones de euros, lo que sitúa a Euskadi "por encima de la media de nuestro entorno" en el apoyo al turismo, comercio y la hostelería, así como en protección social.

"Estamos en disposición de iniciar un nuevo tiempo", ha afirmado Urkullu, quien ha señalado que pese a que es momento de "esperanza" y del "relanzamiento de Euskadi", será necesario actuar "con prudencia, responsabilidad, compromiso y un espíritu positivo y constructivo".

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ministerio cumplirá con el calendario de implantación de los nuevos currículos de las enseñanzas educativas, frente a las dudas que algunas comunidades autónomas expresaron por la falta de tiempo, como Comunidad de Madrid y Galicia.

La ministra se ha comprometido así a cumplir los plazos, en el Pleno de este martes del Senado, en respuesta a la pregunta formulada por la senadora vasca sobre si el Gobierno cree que el proceso de desarrollo del currículo escolar está siendo el adecuado.

La senadora María Rosa Peral Díez (PNV) ha reprochado al Gobierno que tome como referencia el sistema educativo finlandés, cuando este país ha estado trabajando cuatro años en el desarrollo de sus nuevos currículos, y el Ministerio pretende hacerlo "en tres meses", de manera "precipitada", según la senadora.

Además, se ha quejado de que "no es de recibo" que los currículos de Infantil y Primaria hayan sido enviados a las comunidades autónomas hace apenas dos meses, cuando a su juicio, "el desarrollo del currículo necesita tiempo, rigor y seriedad", tienen que estar aprobados para su entrada en vigor el curso que viene, criticando también que las propuestas de los currículos se han dado a conocer por los medios de comunicación, antes que por las propias administraciones.

Por su parte, la ministra ha defendido que desde que se aprobó la nueva Ley educativa, la LOMLOE, en diciembre del año pasado, el Ministerio se encuentra trabajando "con toda la celeridad y máximo rigor" para poner en marcha los nuevos currículos. "Todo esto lo hacemos con las comunidades autónomas para poder cumplir con el calendario escolar; se están dando los pasos adecuados", ha dicho.

De hecho, ha pedido a la senadora que no tenga "inquietud" por este tema, porque desde el Ministerio se va a cumplir con los objetivos y con el calendario de implantación, según ha asegurado, ya que la senadora ha echado también en cara a la ministra que no haya comentado "nada" sobre planificación ni cuál es el cronograma que maneja el Ministerio, así como que las comunidades aún desconozcan el borrador del currículo de Secundaria, por ejemplo.

Ante esto, Alegría ha anunciado que ya se encuentra en trámite el currículo de Infantil, que en "próximas fechas" las administraciones educativas recibirán el de Primaria y Secundaria y que también "en próximas fechas" adelantará el Ministerio el de Bachillerato.

La ministra ha destacado durante su intervención también que para el desarrollo de los currículos el Ministerio ha contado con expertos y "un número importante de profesores de distintas materias y enseñanzas". Además, ha recordado que se ha ido adelantando el contenido de los borradores para que las comunidades autónomas fuesen también trabajando en ello.

El Ministerio de Ciencia e Innovación prevé dedicar al menos 2,5 millones de euros a actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas en la Isla de La Palma, en virtud del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a los afectados para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

El Real Decreto, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, incluye un artículo dedicado a medidas de actuación y fomento en el ámbito científico, técnico e investigador. En concreto, se abre la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia e Innovación tome las decisiones necesarias para llevar a cabo las actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente científico.

Para ello, se permite al Ministerio conceder ayudas a entidades y organismos, tanto públicos como privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en este ámbito; a suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación con las Administraciones públicas más cercanas geográficamente al lugar de la erupción y a promover cuantas actuaciones sean precisas para garantizar la continuidad de la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones públicas y entidades vinculadas.

El Real Decreto-Ley contempla, asimismo, que, para dar cobertura presupuestaria a los costes adicionales derivados de estas investigaciones, se puedan efectuar las oportunas modificaciones presupuestarias que resulten precisas. El Ministerio considera que la ciencia está siendo esencial para disminuir el impacto de las erupciones volcánicas en la Isla de la Palma sobre los ciudadanos y los ecosistemas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación está presente en la Isla a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de sus centros dependientes: el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA). Además, este mismo martes llegará a la zona de operaciones un técnico del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El técnico del CNSA iniciará trabajos de evaluación de la calidad del aire de la Isla de La Palma, en virtud de un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las campañas previstas, que se desarrollarán durante los próximos meses, permitirán complementar los análisis ya realizados por la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aires de Canarias en materia de calidad del aire, ampliando la información de las estaciones presentes actualmente en la isla de La Palma.

En concreto, consistirán en la determinación en tres puntos de concentraciones de partículas respirables de alto riesgo (PM2,5) y su composición en 12 metales pesados (Pb, Cd, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Co, V, Se, Fe y Hg), así como carbono orgánico y carbono elemental.

La próxima semana se incorporarán otros dos técnicos del CSNA. La labor del personal de este centro del ISCIII consistirá en determinar las concentraciones de partículas respirables de alto riesgo y gases atmosféricos y de interés sanitario y medioambiental tras la erupción, de manera que se puedan evaluar los posibles impactos en la salud de la población residente.

Además, darán soporte y complementarán las actuaciones ya iniciadas por otras instituciones locales y /o autonómicas y proporcionarán datos normalizados a las autoridades competentes, tanto autonómicas como estatales, con el objetivo de que se puedan implementar las medidas que se consideren necesarias para la protección de la población y medio ambiente.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Los investigadores del IGME-CSIC están tomando muestras de cenizas, lapilli y lava para estudiar las características del magma. También siguen los desprendimientos causados como daños colaterales del volcán en erupción y han estudiado la estabilidad de las laderas tras los terremotos.

El personal del IGME está realizando vuelos con drones desde el principio de la erupción para seguir la evolución de la situación. Han vigilado las coladas de lava para calcular su velocidad, su potencia, el ancho de las distintas lenguas y delimitar por dónde pueden ir moviéndose y a qué zonas pueden afectar.

Todas estas tareas tienen el objetivo de asesorar al PEVOLCA sobre la evolución de la erupción. Ese está siendo el trabajo en el campo y, en colaboración con los compañeros de Madrid, se están planteando posibles escenarios basados en los datos obtenidos en el campo, sumando todo el conocimiento obtenido para tratar de dar el mejor asesoramiento posible durante la emergencia.

Asimismo, los equipos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), de Santa Cruz de Tenerife, están recogiendo muestras eruptivas (lava y cenizas volcánicas) para realizar análisis químicos y petrográficos.

Además, están calculando el flujo del dióxido de azufre y otros gases que desprende el volcán. También están tomando medidas de alta resolución para determinar la deformación superficial del terreno. Finalmente, medirán el impacto del volcán sobre la biodiversidad insular, especialmente para evaluar las especies con problemas de conservación.

EFECTOS DE LA ENTRADA DE LAVA EN EL MEDIO MARINO

El personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), a bordo del barco oceanográfico 'Ramón Margalef', acaba de terminar su primera campaña de investigación sobre los efectos de la entrada de lava en el medio marino. Durante diez días de trabajo ininterrumpido, han realizado un completo estudio de las propiedades físico-químicas y biológicas del agua y de la geomorfología del fondo marino antes y justo después de la llegada de la colada al océano.

En total se han recogido cerca de 3.000 muestras de agua de mar que suponen más de 500 litros, recogidas desde la superficie hasta los 1.200 metros de profundidad y, algunas de ellas, a escasos metros de la colada gracias al uso de drones pilotados por el equipo SeaDrone del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), que han permitido además analizar la temperatura superficial del agua alrededor del delta de lava gracias a una cámara térmica.

El estudio se completará ahora con más detalle en los laboratorios del Centro Oceanográfico de Canarias del IEO-CSIC, donde se analizarán, entre otras variables: salinidad, oxígeno disuelto, turbidez, pigmentos fotosintéticos, pH, existencia de especies reducidas, sistema del dióxido de carbono, metales pesados, metano, óxido nitroso, concentración de cenizas, así como la abundancia y diversidad de los distintos compartimentos del plancton marino.

Está previsto que el próximo 14 de octubre llegue a la zona el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, equipado con el vehículo submarino ROV Liropus, para continuar los estudios y tratar de observar de forma directa la entrada de lava en el mar.

Entre el calentamiento global y el efecto isla de calor urbano, muchas ciudades del mundo se están calentando. De hecho, el calor extremo afecta ya a casi dos mil millones de residentes urbanos en todo el mundo, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de California en Santa Barbara (Estados Unidos).

El trabajo, publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', es el primero que examina con detalle las tendencias mundiales de exposición al calor extremo en las zonas urbanas.

El estudio abarcó más de 13.000 asentamientos durante casi tres décadas y media. Los autores descubrieron que la exposición a temperaturas peligrosas aumentó un 200 por ciento desde mediados de la década de 1980, y que las personas pobres y marginadas están especialmente expuestas.

"Nuestro estudio revela que la exposición al calor extremo en las zonas urbanas está mucho más extendida, y está aumentando en muchas más zonas, de lo que habíamos pensado hasta ahora. Casi uno de cada cinco habitantes de la Tierra experimentó un aumento de la exposición al calor urbano en los últimos 30 años", advierte una de las responsables de la investigación, Kelly Caylor.

Los investigadores recopilaron sus datos de población a partir de una base de datos mundial sobre asentamientos humanos elaborada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que estima la distribución de las poblaciones urbanas utilizando los mejores datos censales disponibles combinados con técnicas de imágenes remotas Landsat.

A lo largo de su análisis, los investigadores utilizaron una métrica llamada temperatura del bulbo húmedo (índice WBGT) para cuantificar el calor extremo, un índice que tiene en cuenta la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y el calor radiante. Similar a un índice de "sensación", fue desarrollado para reflejar con mayor precisión cómo las condiciones ambientales afectan al cuerpo humano.

Para calcularlo, dividieron la superficie de la Tierra con una cuadrícula. Para cada celda, utilizó sus modelos y conjuntos de datos para calcular la temperatura máxima y la humedad relativa de cada día desde 1983 hasta 2016. Esto le permitió calcular el índice WBGT.

A continuación, superpusieron esta cuadrícula al mapa de las poblaciones urbanas. Eligieron una temperatura de bulbo húmedo de 30° Celsius como umbral de exposición al calor extremo. Este valor se utiliza habitualmente, ya que la Organización Internacional de Normalización considera que supone un alto riesgo de enfermedades profesionales relacionadas con el calor.

Para cada año, contó el número de días en que cada celda superó un WBGT de 30° C, y luego lo multiplicó por la población de esa celda. El resultado fue el número de días-persona al año de exposición al calor extremo con una resolución de 0,05º de latitud por 0,05º de longitud.

"Descubrimos que, en 34 años, la exposición urbana al calor extremo aumentó un 200 por ciento en todo el mundo", explica la científica. Los investigadores también pudieron distinguir entre las contribuciones del crecimiento de la población y el aumento de las temperaturas. Comprobaron que el crecimiento de la población contribuyó en dos tercios al aumento interanual y el calentamiento en un tercio. En un próximo artículo tienen previsto desgranar las aportaciones independientes del cambio climático frente al efecto isla de calor urbano.

La amenaza del calor extremo varió a nivel regional e incluso de ciudad, un tema que los autores planean examinar más a fondo en el futuro. Aproximadamente una cuarta parte del cambio global en la exposición al calor extremo provino de 25 asentamientos urbanos. Los cuatro primeros fueron Dhaka (Bangladesh), Delhi (India), Calcuta (India) y Bangkok (Tailandia). Sin embargo, este problema no se limita a las grandes ciudades. Según los autores, casi 6.000 municipios registraron un aumento significativo de la exposición al calor extremo.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha celebrado este martes una vista por el juicio contra el autor del vídeo viral de la Policía entrando en un piso en Palma durante el confinamiento, un joven para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por presuntos delitos de desobediencia, injurias y calumnias y delito contra la intimidad.

La vista, convocada a las 11.00 horas, ha terminado sin acuerdo entre las partes, por lo que deberá celebrarse el juicio.

Antes del acto, la abogada de la defensa, Beatriz Fernández, ya ha anticipado que no veían viable un acuerdo por la pena "excesiva" que se pedía --tres años de cárcel por parte de Fiscalía-- y por la nulidad del estado de alarma decretado durante la pandemia de Covid-19. Además, ha negado que el acusado fuera quien difundió el vídeo en redes sociales.

Por su parte, el portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez, ha defendido que la intervención de los policías fue "perfecta" e "impecable", y ha asegurado que la difusión del vídeo permite identificar a los agentes y eso supone un peligro para ellos --por la "agresividad" de ciertos colectivos hacia la Policía Nacional, ha precisado--.

Por ello, ha sostenido que la pena de tres años de cárcel no es desproporcionada. En un comunicado, Jupol ha señalado que su petición se eleva a cuatro años de cárcel y una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los cuatro policías afectados.

Paralelamente, el portavoz de Jupol en Baleares, Chechu Enrique, ha defendido que los policías accedieron al domicilio con la autorización del dueño y ha resaltado que la salud pública "era una prioridad".

Finalmente, el abogado de Jupol, Francisco Casado, ha expresado su voluntad de proteger los intereses de los agentes y ha recalcado que, a su entender, los hechos no son sólo "socialmente reprochables por el momento en el que se producen", sino constitutivos de delito.

EL VÍDEO

Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo de 2020, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes se personaron en un domicilio por la llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta, con varias personas que no residían allí. Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.

Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.

El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado "por la fuerza". En las imágenes, el hombre dice que llevaban meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.

La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel para el acusado, un joven de 27 años, por presuntos delitos de desobediencia y calumnias. También solicita indemnizaciones en favor de los policías afectados por valor de 3.000 euros.

La Avenida de Montero Ríos, en la ciudad de Pontevedra, ha inaugurado este martes la exposición itinerante 'Carteles para un Camiño. 100 anos de ilustración Xacobea', que recogerá folletos y programas de fiestas del siglo XX para conocer las tradiciones que confluyen en el Camino de Santiago y la iconografía jacobea.

La Boa Vila es la primera parada de esta muestra que llegará a otras nueve localidades españolas de otras tantas comunidades. A su presentación han acudido el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores; y la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Adriana Moscoso del Prado Hernández.

La exposición podrá visitarse en Pontevedra hasta el 30 de octubre y luego pasará por Tineo (Asturias), Laredo (Cantabria), Sangüesa (Navarra), Jaca (Aragón), León (Castilla y León), Mérida (Extremadura), Sevilla (Andalucía), Cuenca (Castilla-La Mancha), y Nájera (La Rioja).

Rueda ha destacado la importancia de la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades para la difusión del Camino de Santiago y la promoción del Xacobeo 2021-22, debido al potencial de las rutas jacobeas como reclamo turístico y del Año Santo como fenómeno reconocido a nivel internacional.

El vicepresidente gallego también ha subrayado la necesidad de reactivar la actividad del Consejo Jacobeo, en el que están representadas el Estado y las comunidades, para continuar con la recuperación del sector turístico tras la pandemia a través de la difusión del Camino y del Año Santo.

En esta línea, Rueda ha señalado que el trabajo hecho desde la Xunta para reforzar Galicia como "destino seguro" permitió "superar" las expectativas y recibir ya este lunes al peregrino 140.000 con la Compostela sellada, cuando esa era la cifra con la que estaba previsto cerrar este año.

Por eso, ha añadido que las previsiones son positivas de cara a lo que queda por delante de este Año Santo doble, con la llegada de "más turistas y peregrinos" a medida que se vaya recuperando la movilidad y con el despegue del turismo internacional.

COMPLEJO RECREATIVO EN ABEGONDO

Por otra parte, el también conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo ha participado este martes, en Abegondo (A Coruña), en la presentación de la iniciativa 'Dieta atlántica para unha vida saudable', organizada por la asociación Lume Atlántico.

Desde allí, Rueda ha explicado que hay un "interés creciente" por el turismo saludable y de aventura que promueve el Ayuntamiento de Abegondo y que la Administración autonómica apoya con medio millón de euros de inversión para poner en marcha un complejo recreativo en el embalse de Beche con una piscina, cabañas de madera y juegos multiaventura.

"Abegondo invita a cuidarse y la Xunta siempre apoyará iniciativas de este tipo", ha subrayado el vicepresidente primero en este evento al que también han acudido la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y el de Medio Rural, José González.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado a Vox de crear "artificialmente" el problema de la okupación a través de bulos para luego "salvarnos" con una propuesta "tan inviable como inconstitucional" como la defendida la semana pasada en el Congreso para permitir que la Policía pueda desalojar okupas sin orden judicial.

Así lo ha dicho Llop en el Pleno del Senado en respuesta al diputado de Vox Jacobo González Robatto, quien le ha preguntado por el plan del Ejecutivo para proteger a los propietarios ante "el aumento del 40% de la ocupación ilegal de viviendas en los últimos cinco años".

La ministra ha criticado al dirigente de la formación dirigida por Santiago Abascal por difundir 'fake news' a través de sus redes sociales. Así, ha aprovechado su turno de respuesta para recurrir a la hemeroteca y leer varias noticias relacionadas con la okupación publicadas por Vox en su perfil de Twitter que luego fueron desmentidas.

"Algún día deberían explicar a la ciudadanía qué interés les mueve para propagar bulos sobre la okupación, sobre la usurpación de inmuebles", ha señalado para luego añadir cuál es la hipótesis que manejan desde el Gobierno. "Ustedes crean artificialmente un problema por la mañana para inventar la falsa solución por la tarde", ha indicado.

ASEGURA QUE VOX BUSCA GENERAR MIEDO

La ministra ha reprochado a la formación su "vocación de salvapatrias". "Ustedes crean ese problema artificial para luego erigirse en salvadores y parece que en la okupación de viviendas es en lo que ustedes han encontrado su magnífico negocio político", ha asegurado, por lo que ha acusado al partido de sacar "provecho político de la inseguridad" que "provocan en las personas".

Llop ha acusado al partido de hacer del miedo "su razón de ser". "Inflan con datos falsos las cifras de okupaciones para generar un miedo infundado en la población y luego venir a salvarnos con una propuesta o con una ocurrencia", ha dicho en referencia a la reciente propuesta defendida por Vox en el Congreso para que la Policía pueda desalojar a okupas sin orden judicial. "Tan inviable como inconstitucional", ha añadido la ministra.

En este sentido, la titular de Justicia ha asegurado que las propuestas de Vox "forman una agenda de regresión y de recortes en los derechos y libertades". En el marco de su respuesta, Llop ha destacado los datos del Ministerio Fiscal relativos a la okupación y ha subrayado que el delito de usurpación "no crece un 40%", sino que "se reduce significativamente".

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE FAVORECER A LOS DELINCUENTES

González Robatto tampoco ha escatimado en reproches a la ministra y ha acusado al Ejecutivo de no proteger la propiedad privada y de adaptar la ley al okupa "para que siga delinquiendo", en referencia a la obligatoriedad del propietario de mantener los servicios básicos en la vivienda.

Ha criticado la inacción del Ejecutivo y ha recordado que lo que se okupan son las viviendas de "los trabajadores más humildes", no "donde viven los miembros del Gobierno o los altos directivos". "España se convierte en un infierno para el propietario, no para el okupa", ha añadido el dirigente en su turno de réplica.