España, a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha entrado a formar parte de la Infraestructura Europea de Biobancos (BBMRI-ERIC), una de las plataformas de investigación más relevantes de la Unión Europea, que reúne más de 700 biobancos y maneja el catálogo de muestras biológicas más grande del mundo.

El principal objetivo de esta entrada, según indica el ISCIII, es impulsar la integración de los biobancos españoles en la infraestructura BBMRI-ERIC. Además, esta entrada facilitará el acceso compartido a información clínica y muestras biológicas, y fomentará la internacionalización de la actividad de los biobancos españoles en diversas iniciativas europeas.

De esta manera, España logrará una mayor visibilidad y participación internacional, al mismo tiempo que armonizará su investigación con los objetivos europeos, ganara experiencia científica y consolidará su labor de financiación de la I+D+i.

"La llegada de España al BBMRI-ERIC es un paso más en nuestro camino hacia la consolidación de la investigación colaborativa con apoyo europeo e internacional. Además, supone un impulso al modelo de plataformas de investigación cooperativa del ISCIII. Estamos muy satisfechos con nuestra llegada a una de las plataformas de investigación europeas más relevantes", ha valorado el director general del ISCIII, Cristóbal Belda.

Por su parte, el director general de BBMRI-ERIC, Jens Habermann ha anunciado que, con esta incorporación, los investigadores españoles tendrán acceso a conocimientos bioinformáticas y ha resaltado que es un "hito importante" para la investigación europea porque "la llegada de España fortalecerá aún más la comunidad".

Los biobancos, presentes en hospitales y centros de investigación, son establecimientos que recogen, almacenan y gestionan muestras biológicas (tejidos, órganos, células, etc.) de animales y personas, y que contienen información clínica de enfermedades y que se utilizan para apoyar y dar servicio a la investigación biomédica.

Con la entrada en esta plataforma, el ISCIII apunta que completa la participación en todas las infraestructuras europeas estratégicas en biomedicina, ya que, hasta el momento forma parte de EATRIS (Medicina Traslacional); ECRIN (Ensayos Clínicos); ERINHA (Microbiología y Agentes Patógenos); Elixir (Bioinformática en Ciencias de la Vida) y EU OpenScreen (Cribados de fármacos).

Un total de 1.783.231 vascos están ya inmunizados completamente contra la covid-19, al haber finalizado la pauta de vacunación, lo que supone un 90,1% de la población de 12 años o más, mientras que 1.802.542 personas, el 91,1%, han recibido ya al menos una dosis, 106.560 mayores de 70 años se han puesto al tercera dosis y un 3% de la población diana tiene contraindicación o se ha negado a recibir el suero.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este lunes, ya se han inoculado en Euskadi 2.512.924 dosis de Pfizer/Biontech (1.163.480 de ellas en segunda dosis y 107.903 en dosis únicas a personas que ya han pasado la enfermedad), 363.589 de Moderna (166.744 de ellas segundas dosis y 25.065 en dosis únicas), 477.857 de AstraZeneca (214.109 segundas dosis y 6.852 dosis únicas) y 99.078 de Janssen (dosis únicas).

Euskadi ha administrado el 92,9% del total de 3.719.130 vacunas recibidas, 1.563.644 correspondientes a primeras dosis y 1.783.231 a segundas dosis o dosis únicas. En concreto, se han recibido hasta la fecha 2.647.530 vacunas de Pfizer (el 94,9% administradas), 526.100 de Moderna (el 69,1% inoculadas), 444.200 de AstraZaneca (todas puestas) y 101.300 de Janssen (el 97,8% administradas).

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 95,8% de los mayores de 100 años, el 93,4% de los vascos de 90 a 99 años, y el 97,3% de los que tienen entre 80 y 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 95,9%, entre la población de 60 a 69 años es del 94,5% y del 94,9% entre las personas de 50 a 59 años.

También han sido ya vacunados con una primera dosis el 91,4% de la población de 40 a 49 años, el 84,1% de las personas de 30 a 39 años, el 80,4% de los de 20 a 29 años, un 88,9% de la franja de edad de 16 a 19 años y un 89% de los menores de 12 a 15 años.

INMUNIZACIÓN COMPLETA

La tasa de personas con inmunización completa alcanza ya el 94,7% entre los mayores de 100 años, es del 93,4% entre las personas de 90 a 99 años, y del 97% en la franja mayores de 80 a 89 años. El porcentaje es del 96% en las personas de 70 a 79 años, mientras que en el colectivo de 60 a 69 años la tasa es del 94,5% y en el de 50 a 59 años, del 93,4%.

Además, ya han recibido la segunda dosis el 90,6% de las personas de 40 a 49 años, el 82,3% de la franja de edad de 30 a 39 años, el 78,4% del colectivo de 20 a 29 años, el 86,9% de los jóvenes de 16 a 19 años y el 86,7% de menores de 12 a 15 años.

Por su parte, ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra el covid 106.569 vascos. En concreto, han recibido el tercer pinchazo 20.509 personas de 90 años o más (64,6%), 57.062 mayores de entre 80 y 89 años (47,3%), 20.694 personas de entre 70 y 79 años (10%) y 8.304 mayores de 70 años (0,6%).

Una encuesta realizada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en los últimos diez días a casi 800 facultativos de Atención Primaria (AP) de toda Andalucía, destaca que el 98,1 por ciento de los médicos afirman que en la Comunidad no se ofrece una atención segura y de calidad. Según la encuesta, el 84,1 por ciento de los encuestados refiere que la plantilla de su centro no está completa y en el 95,4 por ciento de los casos "casi nunca o nunca" se cubren las ausencias de los facultativos. Ningún entrevistado ha contestado a que siempre se cubren.

Los datos muestran que la falta de médicos hace que el 93,7 por ciento de los profesionales afirmen que en su agenda no tiene tiempo para formación y, por tanto, se les está negando ese derecho al igual que en casi la mitad de las consultas, el 48,2 por ciento, no se está cumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales sobre los descansos.

Desde el Sindicato Médico Andaluz han afirmado que, con estos datos "es evidente que falta personal médico en los centros de AP de Andalucía y que se está sobrecargando a los profesionales de cada centro de atención".

Estos datos han sido obtenidos mediante encuesta anónima que es, según han explicado desde el SMA, "el método que consideramos que puede ser más fiable por cuanto los facultativos se pueden expresar de manera libre y sin presión".

Para los médicos, los resultados son especialmente preocupantes en aquellos que se refieren a la sobrecarga asistencial, los pacientes citados a la misma hora o 'bises' o la demora y la respuesta sobre los protocolos de consulta de reorientación de la demanda en la que, "a pesar de la demora y la sobrecarga, la mayoría de los médicos opina que no les parece correcto que los enfermeros asuman sus funciones y que incluso podrían incurrir en un delito de intrusismo".

REORIENTACIÓN DEMANDA

En este sentido, el 90,4 por ciento de los médicos son contrarios a que enfermería asuma las funciones del médico tal y como se recogen en los protocolos de consulta de reorientación de la demanda. La implantación de los nuevos protocolos propuestos por el Gobierno andaluz no cuenta con el respaldo de los facultativos quienes consideran que el personal de enfermería que realiza estas funciones podría incurrir en intrusismo.

Los datos reflejan la "inasumible cifra" de que más del 73 % de los facultativos de AP tienen una demora de más de siete días para las citas presenciales y telefónicas de sus pacientes y que, pese al nuevo protocolo de reorientación de la demanda y teniendo en cuenta aquellos centros en donde ya se ha aplicado, el 94,8 por ciento de los encuestados pone de manifiesto que "el Plan de Consulta de Reorientación de la Demanda o no es resolutivo o lo es muy poco y, al final, acaban siendo derivados a la consulta del médico".

Ante ello, desde el Sindicato Médico Andaluz ha afirmado que "lo único que se consigue con que enfermería atienda a los pacientes que deben ser valorados por el médico no es más que marear al paciente y perder un tiempo que, en ocasiones, pudiera ser vital".

encuesta, que realiza anualmente el SMA para detectar la situación de los facultativos de Primaria en Andalucía, revela que el 39,6 por ciento de los médicos consultados atiende entre 61 y 70 pacientes al día y que sólo el 11 por ciento estaría atendiendo a menos de 40 pacientes al día.

A ello se suma que el 56,6 por ciento de los facultativos tiene una media de entre seis y diez bises al día y que solo hay un 2,9 por ciento que manifiesta que no ve pacientes bises. Es decir, "que lo que debería ser lo normal de no tener que ver a varios pacientes citados a la misma hora sólo se cumple en un porcentaje escasísimo", han explicado. Además, el 59,9 por ciento de los médicos de Atención Primaria atiende a diario entre cinco y diez urgencias, además de a los pacientes citados en consulta.

SITUACIÓN REAL DE ASISTENCIA

Desde el Sindicato Médico Andaluz han destacado que esta encuesta pone de manifiesto la situación real de la Atención Primaria en Andalucía en donde la opinión casi unánime de los facultativos es que "en la comunidad no se ofrece una atención segura y de calidad a los pacientes".

"En contra de lo que nos quiere hacer ver la Administración andaluza hay falta de facultativos y los que quedan, o van a quedar si no se marchan antes, están sobrecargados de trabajo, con listas de espera inasumibles para cualquier sistema sanitario, en el que siguen apareciendo varios pacientes citados a la misma hora, tienen que atender urgencias al mismo tiempo que los pacientes citados en consulta, en centros con las plantillas incompletas y en los que en muchas ocasiones ni se respetan los tiempos de descanso".

Además, "no se cubren las ausencias, no hay tiempo para la formación y, a pesar de todo ello, opinan que la solución no es que enfermería asuma las funciones del médico mediante la consulta de reorientación de la demanda e incluso se podría estar incurriendo en un delito de intrusismo", han concluido.

La encuesta se puede ver de forma completa en el enlace: https://www.smandaluz.com/uploads/documentos/bfdb7a2f89e4bfae7bee6404c3c944b0.pdf

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha restado importancia al acto que compartirán el próximo sábado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la líder de Más Madrid, Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra.

En este sentido, ha desvinculado relación con el proyecto de frente amplio que impulsa Díaz, dado que la propia ministra de Trabajo ha dejado claro que el diálogo para su articulación se hará con la sociedad civil y, la cita del 13 de noviembre, será un encuentro de distintos actores políticos.

Durante una rueda de prensa en la sede del partido y preguntado por los medios sobre por qué no se ha invitado a líderes de la formación morada, Fernández ha dicho que es un acto que organiza el partido de Oltra, Iniciativa, y respeta "profundamente" la "autonomía" de cada formación para organizar eventos como estime oportuno, llamando a quienes consideren "oportuno" y "pertinente".

Sobre si esta cita puede tener relevancia de cara a proyectos de unidad, el dirigente de la formación morada no da mayor trascendencia" a esta cumbre de líderes políticas progresistas. Sobre todo porque Díaz ha reiterado que su proyecto de frente amplio quiere "interpelar" y "dialogar" con la sociedad civil mientras que este acto congrega a políticos.

"No significa nada más", ha ahondado Fernández para limitar su alcance al nivel de otros muchos actos entre partidos que se suceden a lo largo del país.

ACTO SIN SIGLAS PERO CON DESTACADAS DIRIGENTES PROGRESISTAS

El evento está organizado por Iniciativa-Compromís, el partido de Oltra, en las que participan las cuatro políticas desvinculadas de sus siglas, a modo de reflexión sobre ideas y experiencias políticas bajo liderazgos femeninos. La intención es no hablar ni de listas ni abordar la situación de posibles alianzas entre partidos, pues las participantes expondrán su visión personal de determinadas políticas.

No obstante, la cita ha generado revuelo en pleno debate sobre las estrategias de reagrupación de la izquierda para garantizar gobiernos progresistas en los próximos comicios. La fecha también coincide con el congreso que celebrará el PSPV-PSOE durante todo ese fin de semana en Benidorm.

Según fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda, Díaz acudirá a este acto tras haber sido invitada pero lo han desligado de la plataforma que impulsa para ensanchar el espacio progresista a la izquierda del PSOE.

El vicepresidente y responsable de Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha destacado los "fondos de alcance histórico" que pondrá sobre la mesa el organismo internacional y que tendrán alcance en la educación española.

Al respecto, ha remarcado el nuevo programa 'Erasmus+' con un presupuesto de "cerca de 30.000 millones" para los próximos siete años, que dobla la partida del periodo anterior y que beneficiará a diez millones de jóvenes, y los Fondos de Recuperación y Resiliencia, que aportarán "una oportunidad sin precedentes" en las reformas e inversiones que promuevan los países miembro en la educación.

"España es un gran país beneficiario de ambas ayudas y estamos a su disposición para optimizar su beneficio de estudiantes y jóvenes"; ha apuntado sobre ambas líneas en su visita a Salamanca para participar en la jornada inaugurado del encuentro 'Diálogo sobre el futuro de la Educación".

En este acto, Schinas ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del Senado, Ander Gil, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, quienes también han intervenido en el acto de apertura de la jornada.

En su intervención, el comisario europeo ha indicado que la reflexión sobre educación "es más importante hoy que nunca" y que este foro se celebra en Salamanca durante estos días por ser "epicentro europeo de la educación", ya que en su seno alberga "la universidad más antigua de España y de las primeras en Europa", un estudio que ya en el siglo XVI recibía a estudiantes europeos que llegaban a sus aulas llamados por el conocimiento de la Escuela de Salamanca.

Sobre la actualidad, Schinas ha apuntado que se vive "un periodo de profunda transformación" por la pandemia, el cambio climático, la transformación digital o "las amenazas mundiales" a la seguridad y valores democráticos.

Ya en referencia a la educación, que ofrece "una dimensión fundamental" en el proceso de cambio, ha animado a reflexionar y "abrir la discusión a todos aquellos que quieran participar, y llevar el debate a todos los rincones".

Después de reseñar que la pandemia ha puesto de manifiesto "carencias" como los dificultades de los más desfavorecidos para llegar a la formación telemática, ha repasado proyectos educativos como la estrategia anunciada en 2020 para "lograr un espacio europeo de educación" o un plan de acción de educación digital.

Asimismo, ha destacado que la Comisión Europea "propondrá tres medidas concretas" en 2022 para mejorar la digitalización y las competencias digitales, la excelencia que fomente la posición de "liderazgo mundial" de las universidades europeas o propuestas concretas para la juventud.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, condenado el pasado 28 de octubre a dos años de cárcel por pagar en 'b' más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede del partido en Génova, rompió con su abogado Gustavo Galán tan solo cinco días después de la sentencia de la Audiencia Nacional.

Según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado fuentes jurídicas, el letrado presentó su escrito de renuncia el pasado 2 de noviembre, aunque el distanciamiento entre ambos se remonta al pasado mes de marzo, cuando Bárcenas compareció ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta utilización de fondos reservados en el Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy para obstaculizar causas que afectaran a dirigentes del PP.

Según las mismas fuentes, el desencuentro entre el extesorero y su abogado se produjo después de que Bárcenas se volviese a "desdecir, ahora en relación a su mujer" Rosalía Iglesias "y la amenaza de su posible ingreso en prisión en el escrito que" el extesorero "habría firmado y que posteriormente se presentó ante Fiscalía Anticorrupción" el pasado mes de febrero.

Ese escrito fue remitido al Ministerio Fiscal cinco días antes de que la Audiencia Nacional comenzase a juzgarle, precisamente, por los pagos para las obras del cuartel general de los 'populares'. En el mismo, Bárcenas reafirmó su "voluntad de colaborar con la Justicia", tanto en la pieza relativa a la caja B como en "aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o plena instrucción".

ALARGÓ SU DEFENSA PARA EVITAR CONSECUENCIAS "GRAVOSAS"

Esta "contradicción" de Bárcenas no habría pasado "desapercibida" para su entonces abogado, puesto que además "no terminó aflorando en las importantes sesiones que se producirían unos días después con la comparecencia como testigos de relevantes personalidades del PP" como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Las mismas fuentes explican que Galán no renunció por aquel entonces a la defensa de Bárcenas puesto que habría tenido consecuencias gravosas "a la marcha de las sesiones en la Audiencia Nacional", pudiendo retrasar la comparecencia de los declarantes.

Otras fuentes jurídicas consultadas han sostenido que no es habitual que un abogado renuncie en estos términos a la defensa de su representado, tan solo unos días después de una sentencia condenatoria. Especialmente cuando todavía quedan trámites pendientes como podrían ser un escrito de aclaración de sentencia o un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Galán ejercía la representación del otrora gerente del Partido Popular desde el pasado mes de enero. No es la primera vez que Bárcenas se ve obligado a cambiar de abogado, pues en 2013 fueron Miguel Bajo y Alfonso Trallero los que renunciaron por pérdida de confianza y discrepancias sobre a la estrategia de defensa a desarrollar en el marco del caso Gürtel.

'KITCHEN' Y COMISIONES FINALISTAS

El sustituto entonces fue el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, quien llevó la defensa durante tan solo dos años. El último en renunciar a su defensa fue Joaquín Ruiz de Infante después de que la Audiencia Nacional denegara liberar fondos del extesorero para el pago de sus honorarios.

En la actualidad, Bárcenas también cuenta con la abogada Marta Giménez Cassina, encargada de su representación legal en 'Kitchen', el espionaje parapolicial al que habría estado sometido entre 2013 y 2015 para impedir que la información comprometedora que pudiera tener sobre sus famosos 'papeles' llegara a la Justicia.

Por otro lado, Giménez Cassina también se encarga de la defensa de Bárcenas en la investigación que coordina el Juzgado Central de Instrucción Número 5 para determinar si las donaciones realizadas por empresarios a la presunta 'caja b' del PP tenían como finalidad determinadas adjudicaciones de obra pública.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido y respaldado la actuación correcta, exquisita y siguiendo los protocolos del Centro de Emergencias del 112 en el incendio de Navalacruz (Ávila).

Suárez-Quiñones se ha referido así al informe de la Guardia Civil sobre el incendio, que publica el diario El Mundo y que señala que la tardanza en el envío de un helicóptero descontroló el incendio y que se podría haber evitado la extensión que alcanzó el fuego, que ascendieron a 20.000 hectáreas.

El consejero, en declaraciones, ha incidido en que ya hizo las valoraciones oportunas sobre la actuación de los servicios de emergencias en su comparecencia de más de cuatro horas en las Cortes de Castilla y León y ha señalado que considera que la actuación fue "absolutamente diligente", que fue "estrictamente" conforme al protocolo.

En cuanto al informe, Suárez-Quiñones ha eludido opinar sobre su contenido, el cual respeta porque tiene su finalidad, que es ir a la Administración de Justicia, y el juez lo valorará y dictará las resoluciones oportunas susceptibles de recurso, algo que sólo se puede respetar.

Así, ha reiterado su "total respaldo" a la labor realizada "con toda corrección y siguiendo los protocolos" por los servicios del 112, que ha sido "exquisita", siguiendo los protocolos con una calificación de cada incidente "de conformidad con las llamadas".

"Ex post y a toro pasado todos sabemos mucho y sabríamos que hubiéramos hecho, pero los medios hay que administrarlos ex ante, cuando se produce, conforme a los datos objetivos que hay en el momento", ha asegurado el consejero, quien ha insistido en que la adjudicación de medios por parte del 112 "fue perfecta".

A este respecto, ha agregado que "cuestión distinta" es que las circunstancias concurrrentes en aquel momento, como ha recordado que explicó en las Cortes, dieron lugar a "unas condiciones climatológicas extremas que nunca se habían dado" y que son fueron la base de la extensión del incendio junto con las dificultades que tiene la orografía de la zona donde se produjo.

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha reafirmado su disconformidad con la Ley de Equidad y Cohesión sanitaria que impulsa la ministra del ramo, Carolina Darias, y ha avanzado que presentarán una "batería de enmiendas" en el trámite parlamentario, de cara a poder revertir las privatizaciones en estos servicios que habilita la Ley 15/1997. Con ello, confían en que el PSOE "entre en razón" y se avenga a sus postulados.

En rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha subrayado que su formación no puede apoyar esta normativa, aprobada hoy en Consejo de Ministerio, porque deja "intacta" la ley que impulsó el Gobierno popular del expresidente José María Aznar en la que se fija la externalización sanitaria.

Esto confronta, ha relatado, con lo fijado en el acuerdo de gobierno de coalición que estipula la revisión de dicha legislación para potenciar la gestión sanitaria directa.

Fernández ha remarcado que en Unidas Podemos apuestan "de manera incontrovertida" y sin ambages" por la sanidad pública y, por tanto, quieren "desprivatizar" este servicio esencial.

Así, el planteamiento del espacio confederal es presentar enmiendas, cuando entre el anteproyecto de Ley de Equidad en la Cámara Baja, que estipulen la imposibilidad de aplicar nuevas concesiones de gestión indirecta y no renovando las ya existentes.

CONFÍAN QUE EL PSOE RECTIFIQUE

"Es la oportunidad de cerrar la puerta a la concepción de la sanidad como un negocio, como una mercantilización", ha desgranado el dirigente de la formación morada para insistir en que quieren una "modificación profunda" de la normativa impulsada por Aznar.

En consecuencia, ha dicho que confían que el PSOE "entre en razón", "rectifique" y "acepte" esas enmiendas, dado que ahora no están conformes con el planteamiento recogido por la titular de Sanidad.

PODEMOS: DARIAS MANTIENE "LA PUERTA ABIERTA A LA PRIVATIZACIÓN"

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros a esta normativa, fuentes de la formación morada han indicado que el texto de Darias no modifica de forma sustantiva la ley 15/1997 y "mantiene la puerta abierta a la privatización de la Sanidad".

Al respecto, ha apuntado que esta norma no deroga el marco que posibilita la gestión sanitaria por parte del sector privado, dado que preserva la ley de Aznar, y el anteproyecto de la ministra recoge expresamente que la prestación y gestión de servicios sanitarios puede llevarse a cabo con "medios propios" mediante acuerdos, convenios o contratos "con personas o entidades públicas o privadas".

También cargan contra el anteproyecto, pues habilita la creación de los llamados "consorcios sanitarios", que permiten la participación de empresas privadas.

Una postura que confronta, según estas fuentes, con el pacto de gobierno y su compromiso de "blindaje" del sistema público de salud con la apuesta por la gestión pública directa.

ECHENIQUE TAMBIÉN CARGA CONTRA EL ANTEPROYECTO

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cargado en Twitter contra el anteproyecto y ha explicado que su espacio busca un "modelo organizativo común, ordinario y preferente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud" consistente en la titularidad pública y la gestión pública directa.

Es más, ha criticado que "privatizar la sanidad pública malvendiéndola a buitres ahora se dice en neolengua 'colaboración público-privada', que queda más cuqui".

LEY QUE IMPIDE NUEVOS COPAGOS

La ministra de Sanidad desglosó el pasado 18 de octubre que el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión contemplará la introducción de medidas para impedir nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía, además de medidas para blindar la normativa sanitaria.

De hecho, subrayó que el compromiso del Gobierno es seguir dando "pasos firmes hacia una sociedad cada vez más inclusiva, justa y próspera, sin dejar a nadie atrás", para añadir que el anteproyecto.

El pasado julio el grupo parlamentario confederal avanzó sus planes para conseguir derogar la ley 15/1997 y acabar con el marco que permite la externalización de la gestión sanitaria, con el objetivo de evitar futuras privatizaciones.

UP YA AVANZÓ EN EL CONGRESOS SU PLANES DE DESPRIVATIZACIÓN

De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y la responsable de Sanidad de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Rosa Medel, recalcaron que, con la supresión de dicha ley, buscan "blindar" el modelo de gestión pública directa, máxime tras un contexto de pandemia donde se ha evidenciado la importancia de fortalecer la sanidad pública.

También detallaron que esta iniciativa forma parte del acuerdo de coalición suscrito por el PSOE y, por tanto, el Ministerio de Sanidad y los socialistas conocen sus planes.

Echenique manifestó que la externalización "va en contra del interés general" y solo sirve para "enriquecer" a grandes corporaciones del sector, pues implica un coste mayor para las arcas públicas que la gestión pública directa. Mientras Medel apuntó que la gestión indirecta cambia la visión de la sanidad pública al pasar "de ser un derecho a un negocio", además de una "ruptura" con el principio de "equidad" del Sistema Nacional de Salud.

La Unión Europea ha denunciado este lunes la falta de garantías democráticas en las elecciones generales de Nicaragua, así como la falta legitimidad de los resultados, por lo que ha exigido al presidente, Daniel Ortega, que "devuelva la soberanía" al pueblo de Nicaragua y ha amenazado con adoptar nuevas y amplias sanciones que vayan más allá de las restricciones individuales.

"Las elecciones del 7 de noviembre han tenido lugar sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en una contundente declaración en nombre de los Veintisiete.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del presidente de Nicaragua se ha hecho este domingo con cerca del 75 por ciento de los votos en las elecciones generales que la UE ya tachó de falsas dado el contexto de represión en el que se han celebrado.

Así las cosas, el bloque europeo acusa a Ortega de haber eliminado toda la competencia electoral y haber privado al pueblo nicaragüense del derecho de elegir libremente a sus representantes. "La integridad del proceso electoral fue aplastada por la encarcelación sistemática, la intimidación y el acoso de los precandidatos presidenciales, líderes rurales, estudiantes, opositores, periodistas, representantes de empresarios y defensores de Derechos Humanos", ha subrayado.

A juicio de la UE, el régimen nicaragüense no solo ha privado a la sociedad nicaraguense de unas elecciones transparentes, libres, creíbles e inclusivas sino que ha incumplido sus compromisos con las libertades fundamentales y Derechos Humanos consagrados en la Constitución del país.

La UE, que mantiene a 14 dirigentes nicaragüenses en su lista negra, defiende que hasta ahora ha optado por medidas concretas para sancionar a los responsables de la situación en Nicaragua, pero ha avisado con cambiar su perspectiva y tomar medidas más extensas.

"Con este espíritu, consideraremos todos los instrumentos a nuestra disposición para tomar medidas adicionales, incluyendo aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales. Pedimos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, sus legítimos dueños", ha recalcado la declaración de los Veintisiete sobre su respuesta a la deriva autoritaria de Ortega.

PONER FIN A LA REPRESIÓN

La UE recuerda su llamada a respetar los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano y reitera su compromiso con el apoyo económico y social a los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense. En esta línea pide la liberación de los presos políticos y la anulación de las causas legales contra ellos.

Igualmente, reitera la petición al régimen de Ortega para que ponga fin a la represión y restaure el total respeto a los Derechos Humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos. Reclama la vuelta al país de instituciones la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la absolución a una mujer que fue detenida en el Aeropuerto de El Prat llevando 474 gramos de cocaína dentro del cuerpo, al constatar que lo hizo forzada porque era víctima de trata.

La sentencia, rechaza el recurso de la Fiscalía y ratifica la absolución que ya dictó la Audiencia de Barcelona al considerar que, a causa de la situación de vulnerabilidad que vivía, la mujer fue captada para hacer de 'mula'.

Vivía en un barracón en Lima (Perú) con su madre, dos hermanos y su bebé de cuatro meses, y a causa de la situación de pobreza en que estaba puso varias anuncios para buscar trabajo, a través de los que la contactó una organización dedicada al narcotráfico internacional.

Esta organización le ofreció 4.000 euros a cambio de transportar la cocaína desde Lima hasta Barcelona, y la mujer hizo este trayecto llevando, dentro del cuero, 25 preservativos con un total de 474 gramos de cocaína.

Al aterrizar, la policía le encontró la droga durante un control en el aeropuerto y la detuvo acusada de un delito contra la salud pública, pero fue absuelta porque los jueces constataron que, aunque era consciente de que llevaba la droga, era víctima de trata y fue "víctima de abuso de su extrema vulnerabilidad".

La sentencia señala que en este caso se identificó a la mujer como víctima de trata después de que transportara la droga, sin que hubiera una causa contra quienes la forzaron a hacerlo.

Los jueces señalan que "es un caso, no infrecuente, en que la administración" no identifica a las víctimas de trata y pasa muy poco tiempo desde que son captadas hasta que son forzadas para cometer un delito.

Andalucía desarrollará, en colaboración con el Gobierno central y con Cantabria, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, proyectos comunes de I+D+I en ciencias marinas a través de los planes complementarios de investigación ligados a los fondos europeos de recuperación.

En este sentido, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha firmado el convenio marco que deben rubricar, además del Ministerio de Ciencia e Innovación, los consejeros responsables de investigación e innovación de las otras cuatro comunidades participantes en este programa específico, informa la Junta en un comunicado.

Los planes complementarios permiten establecer colaboraciones y alinear los esfuerzos de la Administración central y las comunidades autónomas con los fondos europeos de recuperación en áreas estratégicas para el país,respondiendo a los criterios de la UE. Se centran en ocho áreas de interés:comunicación cuántica; biotecnología aplicada a la salud; energía e hidrógenoverde; ciencias marinas; astrofísica y física de altas energías; agroalimentación; materiales avanzados; y biodiversidad. Estos planes cuentan con una dotación de 456 millones de euros hasta 2025, de los que el Ministerio de Ciencia financiará 299 millones de euros (66%) y las comunidades el 34% restante, con 157 millones.

Dichos planes han sido negociados entre el Gobierno central y las distintas comunidades, a partir de las diferentes propuestas planteadas por éstas para cada una de las áreas. Las propuestas seleccionadas se han agrupados en un único programa por cada una de las ocho áreas de actuación.Cada programa cuenta con la participación de entre cuatro a ocho regiones y tendrán una vigencia de tres años de duración.

Andalucía está integrada en tres de ellos, concretamente en el programa deciencias marinas, biodiversidad; y astrofísica y física de altas energías. En el de biodiversidad trabajará junto a Asturias, Islas Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia; mientras que en el de astrofísica y física de altas energías compartirá sinergias con Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El convenio marco conjunto de ciencias marinas firmado por el consejeroposibilitará desplegar estrategias conjuntas de investigación en tres líneas de acción: observación y monitorización del medio marino y litoral; acuicultura sostenible, inteligente y de precisión; y economía azul. Este convenio marco establece un protocolo general de actuación entre los participantes, de forma que los compromisos económicos y condiciones deejecución quedarán recogidos en un posterior acuerdo de la ConferenciaSectorial de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.

En cualquier caso, la liberación de los fondos para poner en marcha los primeros programas, entre los que se encuentra el de ciencias marinas, se liberarán a finales de este ejercicio, de forma que las comunidades deberán corresponder con su correspondiente cofinanciación para su ejecución. Con el fin de acelerar su aplicación, la Consejería de Transformación Económica ya está trabajando en la normativa específica que regirá el programa de ciencias marinas en la comunidad, que se desarrollará a través de una convocatoria pública de ayudas prevista para principios del próximo año. Los incentivos estarán dirigidos a centros públicos y privados de investigación especializados en esta área de conocimiento, así como a universidades públicas y centros de excelencia.

LIDERAZGO EN INVESTIGACIÓN MARINO-MARÍTIMA

Andalucía lidera la investigación marino-marítima del sur de Europa a través del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI Mar), que ha impulsado la plataforma por la economía azul, respondiendo así a las exigencias de crecimiento sostenible e inteligente de Andalucía y de su mar, del que es un activo en el presente y que tiene que constituir un motor clave de futuro.

CEI·Mar constituye la mayor agregación científico-técnica para la docencia, la investigación y la transferencia en torno a esta área de conocimiento. Aglutina a 19 instituciones de tres países: siete universidades (universidades de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería, más la del Algarve de Portugal y la Abdelmalek Essâadi de Marruecos), siete centros científicos y tecnológicos y cinco clústeres con representación del sector privado.

Las universidades CEI·Mar cuentan con más de 30.000 estudiantes matriculados en grados, másteres y doctorados relacionados con los estudios marinos y marítimos, ha desarrollado en sus diez años de vida más de 20 líneas de investigación, con más de 200 grupos de investigadores que han desarrollado más de 75 proyectos de investigación marino-marítima. Los investigadores han alcanzado más de 300 contratos de transferencia con medio millar de empresas y ha conseguido más de 200 proyectos de investigación competitivos.

Ecologistas en Acción denuncia que ocho días después de que comenzara en Glasgow (Reino Unido) la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (CO26) de la ONU y a cinco días de su clausura, los países más allá de los grandes discursos no han logrado restablecer la confianza negociadora entre los países del norte y del sur.

Así, reclama que las promesas escuchadas en los primeros días de la cumbre deben "responderse con hechos" especialmente si la COP26 quiere "restaurar la confianza entre el Norte y el Sur global". Para la ONG los principales "enormes obstáculos" para lograr un "resultado satisfactorio" en Glasgow están en la falta de avances sobre la fijación de un nuevo objetivo de financiación para la adaptación o la incapacidad de completar los 100.000 millones de dólares para el Fondo Verde para el Clima.

Ecologistas destaca las numerosas actividades y protestas ciudadanas durante este fin de semana en la ciudad escocesa por la insuficiencia de los objetivos de los países que dirigen al planeta a un calentamiento global muy superior a los 2ºC, lo que cuestiona la capacidad de la comunidad internacional para enfrentar la emergencia climática a tiempo.

Para la ONG, reconstruir la confianza norte-sur requiere que la cumbre sea "capaz de dar una respuesta" a las reducciones de gases de efecto invernadero, pero también de coordinar la respuesta internacional para afrontar la necesaria adaptación a las consecuencias que ya sufre el planeta tras siglos de continua quema de combustibles fósiles.

Del mismo modo, reclama que se garanticen los mecanismos para afrontar los procesos de pérdidas y daños cuando esta adaptación no es posible. La adecuada financiación a todo ello no figura entre los resultados de la primera semana de la COP26, lo que hará muy difícil la recta final de la Cumbre de Clima.

Así, mientras la ciudadanía se manifestaba en las calles, las negociaciones entre países intentaban acordar textos con menos opciones y, por tanto, más claros, que pudieran ser recogidos para debatirse en el tramo político de la COP26, que comienza esta semana.

Por otro lado, "lo más preocupante" es la "falta de acuerdo" entre los Estados sobre cómo proporcionar la financiación necesaria para hacer realidad los mecanismos de cooperación entre países necesarios para que el "norte global afronte mínimamente su deuda histórica con muchos países del sur Global".

Asimismo, critica que persiste la negativa de "muchos países" a incorporar en los documentos finales de estas cumbres del clima el pleno respeto de los derechos humanos. Las delegaciones mexicana y argentina señalaron con claridad que en la evaluación de los antiguos mecanismos del Protocolo de Kioto sigue sin incluirse esta mención, una propuesta a la que se sumaron numerosos países y también la Unión Europea. Estas declaraciones deberían mantenerse en todos los textos que quedan pendientes, especialmente en los referidos al artículo 6.

En definitiva, Ecologistas en Acción manifiesta que quedan muchos temas de trabajo pendientes mientras el tiempo de la negociación se agota y siguen los "bloqueos" que duran años y considera que "no es permisible seguir así".

"La insuficiencia de los objetivos y la incapacidad de los gobiernos para proveer la financiación necesaria, y establecer un mecanismo real para afrontar las pérdidas y los daños, es una gran amenaza para la puesta en marcha del insuficiente Acuerdo de París", concluye el portavoz de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

Por último, reclama que es preciso iniciar "de forma inmediata" un camino global para cambiar un "sistema depredador de la vida" por otro que actúe dentro de los límites del planeta, capaz de responder a la crisis climática, ocasionada por la falsa idea de un crecimiento ilimitado y la avaricia de empresas y gobiernos internacionales.

Los 12 marroquies detenidos por intentar entrar en España ilegalmente tras un aterrizaje de emergencia provocado por uno de los pasajeros han comenzado a pasar ya a disposición judicial. Alrededor de las 12.00 horas han llegado los seis primeros arrestados a los juzgados de Vía Alemania acompañados de un fuerte dispositivo judicial.

Los arrestados serán acusados de desorden público --aunque no se descarta que se les imputen también otros delitos-- y pasarán este lunes a mediodía a disposición judicial en Palma. Será el juez quien determine si procede la devolución a sus países de origen o se adopta algún otro tipo de medida cautelar.

Entre los detenidos figura el pasajero que provocó la emergencia médica en el aeropuerto de Palma propiciando la huida de una veintena de marroquíes y que ya fue detenido en España en 2020.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el hombre ya había sido detenido en la Península por daños y resistencia a la autoridad.

El pasajero, un hombre marroquí, es uno de los 12 detenidos por el episodio que el pasado viernes obligó a cerrar el aeropuerto durante varias horas. Se trata de la persona que tuvo que ser atendida por un supuesto coma diabético, provocando que el avión, que viajaba entre Marruecos y Turquía, tuviese que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma sobre las 19.00 horas.

El hombre fue trasladado en ambulancia junto con un acompañante al Hospital de Son Llàtzer, en Palma. En el momento de la evacuación del vuelo, varios pasajeros del avión, en torno a una veintena, salieron corriendo por las pistas.

La Guardia Civil empezó buscarlos y, por ello, se procedió al cierre del aeropuerto y se desviaron los vuelos. El pasajero que provocó la emergencia médica fue arrestado en el Hospital de Son Llàtzer, después de haber recibido el alta hospitalaria, como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería.

El resto de detenidos, fueron apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. Además, entre los detenidos figura también el pasajero que se fue como acompañante del supuesto enfermo y otro pasajero arrestado por desacato y agresión a la autoridad en el avión.

PASAN A DISPOSICIÓN JUDICIAL ESTE LUNES

Los detenidos serán acusados de desorden público --aunque no se descarta que se les imputen también otros delitos-- y pasarán este lunes a mediodía a disposición judicial en Palma. Será el juez quien determine si procede la devolución a sus países de origen o se adopta algún otro tipo de medida cautelar.

La Policía Nacional investiga si la huida del avión se orquestó a través de un grupo de Facebook. Se está tratando de determinar si existe un grupo de Facebook de jóvenes magrebíes donde se habla de cómo entrar en España a través de su espacio aéreo, describiéndose un método que sería similar al ocurrido este pasado viernes en el aeródromo de la capital balear.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, recalcaba el sábado que "lo vivido en la noche de este viernes en Palma es un acontecimiento inédito, que no se ha producido anteriormente en ningún punto aeroportuario español".

Calvo especificó que los detenidos "como mínimo tendrán su expediente de devolución, porque hay que recordar que son personas que han llegado a la comunidad de forma irregular, y cuando la autoridad judicial así lo determine serán devueltos a sus países de origen".

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la falsificación de tarjetas de solicitantes de asilo. La red cobraba a los usuarios 300 euros de media por cada documento falsificado.

Los agentes han detenido a 29 personas, de las cuales nueve de ellas eran miembros de la organización y fueron arrestadas en las provincias de Madrid y Barcelona por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y por favorecer la inmigración irregular.

Los otros 20 eran clientes y fueron detenidos en Huelva, Almería, Murcia y Zaragoza por el delito de falsedad documental. Asimismo, los agentes han realizado cuatro entradas y registros en las localidades de Alcorcón, Móstoles y Madrid.

La Policía Nacional ya había detenido a varios integrantes de la organización por hechos similares realizados unos años antes. En concreto, tres de los implicados contaban con diferentes detenciones por falsedad documental.

BENEFICIOS DE MÁS DE 200.000 EUROS

La Policía Nacional ha estimado que la organización habría producido más de 700 documentos falsos en los últimos cuatro años, lo que implicaría que los beneficios obtenidos podrían superar los 200.000 euros.

En este contexto, la estructura de la red criminal se dividía en dos ramas diferentes, ambas asentadas en la provincia de Madrid. Primero, la organización proporcionaba los documentos falsificados a sus clientes a través de citas presenciales, si se encontraban cerca de Madrid, o mediante envíos postales o agencias de paquetería en caso contrario.

Los integrantes de una de las ramas de la organización eran personas de origen subsahariano, nacionales de Nigeria, Malí y Costa de Marfil, encargados de distribuir las tarjetas entre los migrantes. Por otro lado, el principal responsable de la otra facción es un varón de origen colombiano que distribuía los documentos falsificados entre personas de origen sudamericano.

AL REALIZAR TRÁMITES

En este sentido, la investigación dio comienzo al detectarse documentos de solicitante de asilo falsificados presentados por los propios migrantes para la realización de diversas gestiones, como darse de alta en la Seguridad Social o identificarse ante las autoridades policiales y administrativas.

Los agentes han intervenido un total de 39 documentos falsos, 27 de los cuales eran tarjetas de solicitantes de asilo, ocho tarjetas de identificación de extranjeros, dos pasaportes de Guinea y dos permisos de conducir. También, se han intervenido 3.700 euros en efectivo, una impresora de tarjetas de PVC, 17 teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, tres tabletas electrónicas y documentación relacionada con la investigación.

El Gobierno ha tildado de "burla" las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua, al haberse celebrado en condiciones "inaceptables y arbitrarias", y ha dejado claro que no reconocerá el resultado, que ya apunta a la reelección del presidente Daniel Ortega por una amplia mayoría.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado en declaraciones a la prensa que "no ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el Gobierno de España" como tampoco la tiene "para la mayoría de los países de la comunidad intercional y de la UE".

En un comunicado posterior, su departamento ha dejado claro que España rechaza los resultados "por las inaceptables y arbitrariascondiciones en que se celebraron" las elecciones, al tiempo que reclama "unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses".

Puesto que las elecciones carecieron "de las mínimas garantías democráticas exigibles", "el Gobierno rechaza dar credibilidad y legitimidad a los resultados que puedan derivarse de este proceso", ha puntualizado Exteriores. Según los primeros datos oficiales, Ortega habría obtenido su reelección para un cuarto mandato con casi el 75% de los votos.

"El Ejecutivo español considera una burla estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio", sostiene el comunicado.

RÉGIMEN REPRESIVO Y AUTORITARIO

Asimismo, ha denunciado que "el Gobierno de Nicaragua ha instaurado en el país un régimen represivo y autoritario amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes legislativo y judicial, controlados por Ortega".

Esto se ha traducido, ha añadido, "en una persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos, hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores, encarcelar a sus principales líderes y precandidatos, todos ellos aún en prisión y privados de sus derechos procesales, y la consiguiente negación de su derecho a participar en unos comicios, a todas luces, fraudulentos".

"Exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto", ha reclamado Albares, que ha recordado que el Gobierno ha venido denunciando desde el pasado agosto la situación en Nicaragua y que incluso procedió a retirar su embajadora en Managua, la cual aún no ha regresado.

El Gobierno ha pedido además que se anulen los procesos judiciales contra los presos políticos y manifestantes detenidos, que se "restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía" y que se ponga "fin a la represión y el hostigamiento".

Además, ha recordado a Nicaragua sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y también "sus propios preceptos constitucionales" y ha reclamado que "se permita el regreso al país de los mecanismos internacionales en esta materia".

UNIDAD EN LA UE Y SOLIDARIDAD CON NICARAGUA

El ministro ha celebrado la unidad que hay en el seno de la UE con respecto a Nicaragua, donde los socios al igual que el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, se han expresado "con mucha claridad" y ha adelantado que España volverá a plantear esta cuestión.

España, ha precisado Exteriores, "seguirá trabajando con sus socios de la Unión Europea y aliados internacionales para que los nicaragüenses recuperen sus derechos y libertades y puedan ejercerlos en democracia".

Por otra parte, Albares ha querido dejar clara la "solidaridad con el pueblo hermano de Nicaragua" por parte de España, recordando que en los últimos meses se han donado 1,7 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 al país centroamericano pese a la crisis diplomática. En este sentido, ha aprovechado para enviar "un mensaje de cercanía y solidaridad".

En otro orden de cosas, el Gobierno ha condenado "el cierre de medios críticos y la expulsión de periodistas nicaragüenses, así como la denegación de entrada al país a corresponsales internacionales, como ocurrió hace escasos días con un equipo de Radiotelevisión Española (RTVE) en la frontera con Costa Rica".

Las medidas para compensar las emisiones que se han planteado hasta ahora son un "espejismo", según el informe elaborado por Alianza por la Solidaridad-'ActionAid' junto con otras organizaciones que, con el lema 'Net Zero: cómo los objetivos "cero neto" disfrazan la inacción climática', denuncia que con estas medidas se pretende confiar en tecnología del futuro que no se ha probado aún o plantar "millones de árboles" para los que no hay terreno suficiente.

Una semana después del inicio de las negociaciones en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26) que se celebra en Glasgow (Reino Unido), Alianza por la Solidaridad-ActionAid afirma que aparte de los discursos de los líderes políticos no se ha tomado "ninguna medida adicional" mientras los combustibles fósiles son financiados.

La organización, que estuvo presente en la COP26, insta a los líderes apostar por el 'Real Zero' (cero real), con un cambio "drástico" del sistema económico y la toma de acciones de carácter "urgente" para la transición del modelo de producción y consumo, de transporte, alimentario, de energía e industrial.

Asimismo, recuerda que el "cero neto" no es el fin de las emisiones porque "se continuará contaminando", y señala que las emisiones se pretenden compensar mediante dos vías: la primera vía es la organización y funcionamiento del mercado de carbono que los líderes discuten en la cumbre alrededor del artículo 6 del Acuerdo de París; y la segunda vía sería la captura y el almacenamiento de carbono con nuevas tecnologías que aún no se han probado.

La plantación de árboles, para compensar la huella de carbono, implicaría el acaparamiento de tierras, que según apunta la organización, tendría un "gran impacto" en las comunidades indígenas y campesinas. Así, denuncia que los objetivos "ocultan" una desigualdad e injusticia para que países del norte quemen combustibles fósiles.

Alianza asegura que las medidas actuales son una forma de aplazar la toma de decisiones para que la responsabilidad sea de los sucesores de los líderes políticos, e igualmente, alega que con los modelos existentes de presupuestos de carbono no se llegará a 2050 porque se debe realizar una reducción "considerable" de las emisiones en esta década para impedir el aumento del calentamiento global de 1,5 grados centígrados a final de siglo.

Además, pone el ejemplo de empresas de combustibles fósiles como 'BP' y 'Shell', que aún habiéndose sumado al objetivo 'net cero', la organización mantiene que tienen previsto extraer y quemar un 120 por ciento más de combustibles fósiles del límite fijado para mantener el planeta por debajo de 1,5 centígrados del calentamiento, lo que afirma "hace imposible el cumplimiento del Acuerdo de Paris".

Por último, Alianza-ActionAid sostiene que el medio "más eficaz" para secuestrar a carbono son los ecosistemas naturales y biodiversos que implicaría proteger los derechos de pueblos indígenas que guardan esos territorios.

La coordinadora de Transición ecológica e innovación de Alianza-ActionAid, Isabel Iparraguirre, apunta que el anuncio de una meta de "cero neto para 2050" no es "suficiente" como para mostrar "un plan comprometido, transformador y serio de acción climática". En concreto, hace referencia a las palabras de empresas contaminantes y de los países del Norte Global, por parecerse a una operación de lavado de imagen verde "greenwashing".

"Si tenemos una posibilidad de evitar alcanzar un punto de no retorno y un colapso climático desbocado necesitamos soluciones reales para alcanzar un 'cero real' de forma justa y rápida, y es algo que no estamos viendo en esta COP", concluye.

Un pescador de unos 40 años de edad ha fallecido en la noche de este pasado domingo tras ser atropellado por un tren cuando supuestamente desplegada aparejos de pesca cerca de un río la zona de Narón (A Coruña).

Según la informado facilitada por la Guardia Civil, los hechos sucedieron sobre las 21:45 horas de este pasado domingo cuando un tren Alvia que hacía la ruta Madrid-Ferrol arrolló al pescador a la altura del kilómetro 37,550 de la línea férrea a su paso por el término municipal de Narón.

Por parte del 112 Galicia se ha indicado que el suceso tuvo lugar a la altura del puente de la Ría de Ferrol, a la salida de Neda, dirección Ferrol. Tras recibir el aviso por parte del personal de Adif, el servicio de emergencias informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En concreto, el 061 envió al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado cuyo personal confirmó en el lugar el fallecimiento del varón L.G.G., de 40 años, han señalado fuentes sanitarias.

Asimismo, acudieron los agentes de la Guardia Civil y los miembros del GES de Mugardos, así como también fueron informados los Bomberos de Ferrol y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

COMPAÑERO ILESO

Según la información facilitada al 112 Galicia, se trató de un hombre que junto con un compañero se disponían a pescar en el lugar donde ocurrieron los hechos. El compañero del fallecido resultó ileso.

Sobre las 00:30 horas de este lunes el personal de Adif confirmó al 112 Galicia que la circulación férrea había quedado totalmente restablecida.

Por su parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha encargado de la inspección ocular y de las diligencias de estos hechos. Por su parte, el forense ordenó el traslado del cuerpo del fallecido al Hospital Naval de Ferrol.

AFECTACIÓN FERROVIARIA

Por parte de Renfe han confirmado que únicamente resultó afectado el tren implicado en el atropello accidental, el Alvia que salió de Madrid a las 15:00 horas y con llegada prevista a las 21:30 horas en Ferrol.

Los 69 viajeros del convoy reanudaron la marcha sobre las 00:00 horas han concretado fuentes de Renfe, por lo que el tren llegó con unas dos horas y media de retraso a destino.