El Pleno del Congreso votará este jueves el decreto ley que suaviza el recorte a los ingresos de las empresas eléctricas por el sobrecoste de los precios del gas al excluir del mismo la energía que las empresas generadoras demuestren tener comprometida en un contrato a plazo.

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre, el decreto ley debe someterse en el plazo de un mes a votación en el Congreso para ser convalidado o, en caso de no tener apoyos suficientes, ser derogado. En todo caso, los grupos pueden aprobar su tramitación como proyecto de ley para proponer cambios con enmiendas.

El decreto excluye del recorte toda energía cubierta por un contrato a plazo anterior a la entrada en vigor del decreto ley de recorte de ingresos (16 de septiembre) y también la energía contratada a plazo después cuando tenga una duración de al menos un año y el precio sea fijo.

Cuando en estos contratos haya parte indexada al precio del mercado mayorista, se aplicará el recorte de beneficios de forma proporcional excluyendo únicamente la energía equivalente a la parte no vinculada.

Con el decreto ley, las comercializadoras de electricidad y de gas natural tendrán que reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una información transparente y actualizada de las ofertas disponibles.

También entrarán en vigor nuevas obligaciones de información en el mercado mayorista con el objetivo de reforzar la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios, tanto en contratos intragrupo como con terceros, incluida la cobertura financiera.

CHEQUE PARA CALEFACCIÓN EN HOGARES VULNERABLES

Asimismo, el decreto ley amplía las medidas dirigidas a hogares vulnerables para el suministro energético, con más descuentos en el bono eléctrico, hasta el 70%, la prórroga hasta marzo del corte de suministros y un cheque de 90 euros de media por hogar a partir de diciembre para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores que ya se acogen al llamado bono social térmico durante este invierno.

Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico, ante la subida de la electricidad y del gas que se lleva registrando desde hace meses. La medida incrementa la cantidad mínima de las ayudas del bono térmico a 35 euros, por lo que esta cifra será el mínimo importe del cheque. En las zonas frías, el importe será superior que en las cálidas.

Así, la media nacional será de 90 euros por consumidor vulnerable, aunque la cantidad podría ascender a 124 euros, dependiendo de las circunstancias. Con esta ampliación, el presupuesto destinado al bono término ha pasado de 100 millones a 202,5 millones de euros, duplicando el importe anterior.

DESCUENTO EN EL BONO ELÉCTRICO

Asimismo, el decreto ley aumenta los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Los descuentos pasarán ahora del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos.

Además del nuevo cheque de 90 euros y el aumento de los descuentos, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el escudo social hasta el 31 de marzo, por lo que quedarán prohibidos los costes de los suministros básicos, medida que se aprobó por primera vez en el primer estado de alarma.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) tendrá la facultad de comprobar la corrección de la información sobre los depósitos de las entidades, así como de la utilizada para realizar las aportaciones al fondo.

Así consta en el Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se completa la transposición del ‘paquete bancario’ europeo, publicado hoy en el Boletón Oficial del Estado (BOE).

Este Real Decreto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre.

Con su publicación en el BOE, ha entrado en vigor, excepto lo dispuesto en el artículo 83.3 del apartado 19, sobre el cumplimiento del MREL, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2024 de manera general.

En la nueva disposición, se atribuye al Fondo de Garantía de Depósitos la facultad de comprobar la corrección de la información sobre los depósitos admisibles y garantizados de cada depositante, así como la utilizada para determinar la base de cálculo de las aportaciones al fondo.

En concreto, establece que las entidades de crédito tendrán identificados «en todo momento» los depósitos admisibles y garantizados de cada depositante con el nivel de detalle que determine el Banco de España, una información que podrá ser solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos en cualquier momento.

Además, recoge que las entidades colaborarán y facilitarán toda la informaciones y aclaraciones que el FGD solicite, así como la necesaria para determinar la base de cálculo de las aportaciones de cada entidad al fondo.

A su vez, el FGD informará al Banco de España de los resultados de sus comprobaciones.

Por otro lado, este Real Decreto también introduce modificaciones con el fin de otorgar mayor flexibilidad al FGD en relación con el método de cálculo y aprobación de derramas, al tiempo que se garantiza la cobertura del fondo de las entidades de crédito, sociedades y agencias de valores y por las sociedades gestoras de carteras y empresas de asesoramiento financiero por cuenta de sus clientes.

RESOLUCIÓN DE LAS ENTIDADES

Por otro lado, el real decreto se ha adaptado a la terminología empleada en la Directiva europea sobre resolución de entidades, sustituyendo, por ejemplo, el término ‘instrumentos de capital y pasivos admisibles’ por ‘instrumentos de capital’.

Asimismo, se indica que la valoración del activo y del pasivo de una entidad la realizará un experto independiente designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), no solo antes de tomar una medida de resolución, sino también en el ejercicio de las facultades de amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes.

El Real Decreto establece que las entidades deberán incluir en sus planes de resolución una estimación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, así como de su requerimiento de subordinación en el caso en el que sea preciso, junto con un calendario que indique una fecha límite para su cumplimiento.

Asimismo, introduce un nuevo marco para la determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), incluyendo determinados aspectos técnicos, los criterios para la determinación del requerimiento de subordinación, o la regulación del procedimiento a seguir por la autoridad de resolución preventiva para la determinación del requerimiento.

‘PAQUETE BANCARIO’ EUROPEO

El Gobierno señala que con este Real Decreto se completa la transposición del ‘paquete bancario’, que traslada a la normativa europea los acuerdos alcanzados a nivel internacional sobre requisitos de capital en el Comité de Basilea (conocidos como Basilea III) y sobre la capacidad de absorción de pérdidas en la Junta de Estabilidad Financiera del G-20.

El objetivo de estas normas es reducir los potenciales riesgos en el sector bancario y reforzar la capacidad de los bancos para hacer frente a posibles escenarios adversos en el futuro.

Con ello, además, se avanza en la profundización de la Unión Económica y Monetaria, uno de los principales objetivos en el ámbito de regulación financiera en la Unión Europea, según el Ejecutivo.

Bankinter aplicará una reducción en el precio de los préstamos preautorizados durante una semana, así como una rebaja del 75% en la comisión de compraventa de valores en el índice de la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq, con motivo del ‘Black Friday‘, que se celebrará este viernes, 26 de noviembre, y del ‘Cyber Monday’, que se realizará el próximo lunes, 29 de noviembre.

En concreto, el Bróker Bankinter aplicará un descuento este viernes del 75% en la comisión de intermediación que se aplica en la compraventa de acciones en el índice más representativo de la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Esta rebaja se extenderá al próximo lunes, cuando tiene lugar el ‘Cyber Monday’, para valores que cotizan en el Nasdaq, el índice que agrupa a las empresas tecnológicas.

De esta forma, la comisión que se aplique en esos días y para esos valores, respectivamente, será de cinco euros. Estas ofertas son válidas para transacciones en internet o vía móvil y para importes inferiores a 40.000 dólares, si bien, no cubre la compraventa de ETF (fondos cotizados) ni la operativa a crédito.

Por otro lado, la entidad ofrece una rebaja de un punto porcentual en el precio de un préstamo preautorizado o bien la eliminación de la comisión de apertura del mismo.

Igualmente, cuenta con una oferta de tarjetas de crédito que permite fraccionar los gastos (al 0% TAE) de las compras realizadas durante este mes con el servicio ‘Compra Smart’.

Asimismo, ofrece un ahorro del 2%, desde el 1,5% actual, en la compra de cheques regalo de Amazon que se adquieran a través de la web y de la ‘app’ del banco. La oferta en estos cheques regalo, que tienen una caducidad de diez años, está vigente hasta el próximo lunes incluido.

Además, Bankinter ha ampliado las ofertas que tiene disponibles para el segmento de clientes jóvenes a través de su programa de descuentos con ofertas en AliExpress, Samsung, Promofarma, Huawei, Toys’R’us, Meliá o Iberia, entre otras.

El consejo de administración de Ebro ha acordado por unanimidad proponer a la junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 15 de diciembre, la aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de 0,57 euros brutos por acción en circulación.

Dicha retribución, que se pagará en efectivo y con cargo a reservas de libre disposición, se materializará en un solo pago, aplicando las retenciones que legalmente procedan, el próximo 22 de diciembre.

Ebro elevó su beneficio neto un 5,8% en los nueve primeros meses del año, hasta alcanzar los 155,2 millones de euros, impulsado principalmente por la plusvalía neta de las ventas de activos realizadas en el periodo, que ascendieron a 30 millones de euros, y ha alertado de la «imparable subida» de los costes.

Las ventas del fabricante de Garofalo y SOS se redujeron un 3,5%, hasta situarse en los 2.082,8 millones de euros. La compañía ha precisado que de nuevo la comparativa con el ejercicio anterior está distorsionada por el efecto acopio de las compras compulsivas realizadas por los consumidores en 2020 por el coronavirus.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, tras afrontar una inflación de costes de 83 millones de euros, se situó en 262,5 millones de euros, apenas un 1,6% inferior al obtenido en el tercer trimestre del ejercicio anterior.

De esta forma, la deuda neta del grupo a septiembre se sitúa en los 904,1 millones de euros, 46,7 millones de euros menos que a cierre del ejercicio 2020.

El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, ha propuesto que los ciudadanos latinoamericanos estén exentos de pagar cargos adicionales por ‘roaming’ internacional en toda la región.

El organismo anunció recientemente que los ciudadanos de los países andinos pertenecientes a la institución –Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia– podrán realizar a partir del 1 de enero de 2022 llamadas entre los cuatro países sin tener que pagar cargos adicionales por ‘roaming’ internacional.

Pedraza ha señalado que si bien la medida fue bien recibida por los gobiernos regionales, obtuvo cierta reticencia por parte de los operadores colombianos, que adujeron pérdidas provocadas por la pandemia.

«Queremos plantear la extensión del ‘roaming’ a América Latina», ha indicado Pedraza en una entrevista. El secretario de la institución ha explicado que, en primera instancia, se buscará extender el acuerdo a Chile y Argentina, con la vista puesta en trasladarla a otros países a su debido tiempo.

«Vamos a buscar, con la autorización de los gobiernos que integran la CAN, avanzar en un posible acuerdo con Chile y Argentina, para que nuestros ciudadanos tengan acceso a ese beneficio económico», ha añadido.

HOMOGENEIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Pedraza también ha comentado las actuales negociaciones de la Comunidad Andina para homogeneizar de todo el sistema laboral. La intención del organismo es desarrollar una especie de seguro social universal en la región que complemente al Estatuto de Migración andino.

El objetivo de esta «portabilidad laboral», que se discutirá con la Organización Internacional de la Seguridad Social, es que los ciudadanos que estén trabajando en cualquier país de la Comunidad «tengan las mismas condiciones de acceso a sus garantías y derechos de seguridad social de trabajo, de cara a los cómputos de jubilación».

«Buscamos a través de una decisión posterior o futura que tengamos una respaldo de acceso para nuestros ciudadanos a un régimen de Seguridad Social igualitario», ha apostillado Pedraza.

INTEGRACIÓN COMERCIAL

Por otra parte, el secretario de la CAN ha explicado su visión integradora de la región latinoamericana para unas condiciones comerciales más accesibles en todas las economías de la región.

«La Comunidad Andina hoy día es el organismo más sólido de América Latina, y lo somos porque hemos recuperado su camino en una hoja de ruta de consolidación a través de la integración y tenemos una entidad moderna, dinámica, avanzada, revitalizada, cercana al ciudadano», ha destacado.

ESTATUTO DE MIGRACIÓN ANDINO

En este marco de cohesión territorial, Pedraza ha subrayado la importancia de aprobar el Estatuto de Migración andino y que este sirva como instrumento que permita la movilidad dentro del territorio con mayores facilidades.

El estatuto permitiría a los ciudadanos de los cuatro países poder hacer turismo durante 180 días en otro país de la región.

En línea con este marco integrador, la Secretaría acaba de firmar con CAF, el banco de desarrollo de América Latina, un acuerdo de cooperación económica para digitalizar el comercio exterior entre países miembros.

En concreto, este marco de colaboración permitirá el desarrollo de un sistema de interoperabilidad en las aduanas de los diferentes países que permita la disposición de información pública y digitalizada en todo momento.

Jorge Hernando Pedraza también ha resaltado la intención de convertir a la región andina en una «potencia alimentaria del planeta».

POTENCIA ALIMENTARIA Y AUMENTO DE LOS LAZOS COMERCIALES CON EUROPA

«Tenemos producción agrícola todos los 365 días del año (…) Es un lugar del planeta donde se produce comida y eso es lo que hay que potenciar», ha incidido Pedraza.

Por otra parte, Pedraza ha destacado la intención de reactivar el turismo, con el objetivo de recuperar los aparatos productivos y «dar alicientes económicos a la comunidad andina». Añadido a esto, el secretario ha expuesto la intención de la CAN de «conquistar nuevos mercados». En este sentido, ha destacado el reciente acuerdo de cooperación con la comunidad económica Euroasiática.

En esta línea, Pedraza ha recalcado el refuerzo de los nexos comerciales con el mundo europeo y el incremento de los lazos comerciales. Dentro del mercado europeo –segundo cliente comercial de la CAN– el secretario ha destacado el papel de España como la entrada «preferente» a la Unión Europea por parte de los ciudadanos andinos.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha señalado que los nuevos operadores digitales, como las ‘bigtech’, deberían someterse a una regulación fundamentada en los riesgos que generan, en la medida en que ejerzan actividades que puedan incidir de manera significativa en la estabilidad financiera.

Actualmente, en el ámbito del Banco Central Europeo se ha establecido el principio de «misma actividad, mismo riesgo, misma regulación y misma supervisión» y el marco regulatorio para las ‘bigtech’ es el establecido para los servicios financieros que prestan, como servicios en la nube o pagos, todavía «poco significativos».

Sin embargo, durante su intervención en la jornada organizada por Funcas ‘Futuro del sector bancario tras las nuevas regulaciones, la crisis financiera y la pandemia’, la subgobernadora del Banco de España ha resaltado que existen corrientes que consideran que la normativa debería estar fundamentada no tanto en la actividad concreta que se ejerce, sino en la tipología de entidad y riesgos que conlleva.

En este sentido, ha avisado de que los grandes proveedores tecnológicos manejan una cantidad ingente de datos, que en su opinión son «la materia prima más rentable que existe», y cuentan con ventajas como el acceso preferente a financiación y la buena reputación y confianza entre los consumidores.

«Unos datos debidamente manejados y procesados pueden convertirse en una poderosa herramienta para la prestación de servicios financieros», ha asegurado Delgado, quien ha apuntado que estas empresas podrían determinar el perfil de riesgo de los acreditados sin la necesidad de disponer de un historial crediticio, así como promover la inclusión financiera de un sector de la población que actualmente se encontrara fuera del ámbito de influencia de la banca tradicional.

En su opinión, habría que tener en cuenta este escenario a la hora de dibujar el nuevo mapa financiero del futuro y, «en la medida en que estos nuevos actores ejerzan actividades que puedan incidir significativamente en la estabilidad financiera, deberían someterse a una regulación fundamentada en los riesgos que generan».

La subgobernadora ha recordado que el sector bancario está sometido a una «exhaustiva y creciente regulación y supervisión», precisamente, por la implicación e impacto que tiene en la estabilidad financiera, que los reguladores y supervisores buscan preservar.

«Tendremos que estar atentos a la evolución del mercado para evitar la materialización de los riesgos que potencialmente pueden generar estos grandes proveedores de servicios tecnológicos, así como el riesgo sistémico derivado de la concentración de mercado y su posible impacto en la estabilidad económica y financiera», ha resaltado Delgado.

AVISA A LA BANCA DEL RIESGO DE EXTERNALIZAR ACTIVIDADES A TERCEROS

Por otro lado, la subgobernadora del Banco de España ha avisado del aumento de la probabilidad de sufrir ciberataques, en la medida que se han incrementado las interconexiones con terceros y con clientes, por lo que ha llamado a las entidades a establecer barreras que protejan sus sistemas y procesos digitales y a diseñar planes de resiliencia que determinen qué actividades son críticas y así garantizar que las entidades sean capaces de operar en circunstancias excepcionales.

Según ha recordado, no solo están expuestas al ciberriesgo las entidades, sino también los clientes, lo que requiere de una labor de educación y concienciación de los peligros que conllevan los nuevos procesos digitales para crear «un entorno de confianza».

Por otro lado, la subgobernadora ha avisado del riesgo de dependencia de terceros, en un escenario en el que las entidades están tendiendo a externalizar ciertas actividades para reducir costes, aumentar la flexibilidad y mejorar la eficiencia.

Si bien ha reconocido que la subcontratación con terceros de servicios concretos que aportan poco valor permite a las entidades centrarse en actividades más relevantes, Delgado ha querido recordar que los bancos deben realizar un análisis en profundidad de los riesgos que puede suponer depender de terceras partes a la hora de prestar ciertos servicios.

«En cualquier caso, las entidades no podrán delegar la responsabilidad que tienen al ejercer una actividad, con independencia de que esté externalizada o no», ha apostillado.

Agricultores de frutas y hortalizas, convocados por las organizaciones agrarias almerienses (UPA, COAG y Asaja) y Coexphal, se han movilizado este jueves en Madrid para exigir medidas contra la crisis actual de precios.

En concreto, con pitadas, coreando consignas en defensa del sector y con pancartas en las que se podía leer ‘Los costes de producción nos ahogan. Sin rentabilidad no hay futuro para frutas y hortalizas’, los agricultores se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para exigir medidas «valientes» que defiendan a las explotaciones agrarias almerienses.

Se trata, según han explicado, de un acto de protesta contra la crisis que está sufriendo el sector de las frutas y hortalizas y con el que reclaman al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, medidas concretas para hacer frente a la situación.

«Nos estamos concentrando para pedir precios justos, no estamos pidiendo nada malo, no podemos a venir ayudas, pedimos que se nos paguen por nuestras frutas y hortalizas un precio justo para poder cubrir nuestros costes de producción y vivir dignamente», ha afirmado Andrés Góngora Belmonte, miembro de la comisión ejecutiva nacional de COAG y Representante de Frutas y Hortalizas.

Góngora ha explicado que, a raíz de esta movilización, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha comprometido a celebrar una reunión el próximo lunes. «Acudiremos a esa reunión con voluntad de solucionar los problemas, pero el ministro tiene que entender que para que la renta llegue a los productores hay que coger a las cadenas de supermercados, que tienen márgenes comerciales totalmente abusivos», ha señalado.

«Hay dinero a lo largo de la cadena para que a los agricultores nos lleguen unos precios justos y a los consumidores no se les meta las manos en los bolsillos de manera descarada», ha añadido Góngora, quien ha denunciado además el impacto en el sector de las importaciones de terceros países.

«España es un coladero de frutas y hortalizas de terceros países. Queremos que de una vez por todas se controlen estas importaciones en España y en la Unión Europea», ha añadido.

El sector de frutas y hortalizas ha denunciado que la subida de los costes de producción viene a dar la puntilla a un sector afectado por su propia crisis estructural y por los efectos de la falta de control de los acuerdos comerciales con países extracomunitarios que «están poniendo en jaque la supervivencia de este modelo productivo».

Entre las reivindicaciones que el sector ha llevado este miércoles a Madrid se encuentran una tarifa especial para la energía eléctrica empleada en la producción en finca, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado, un IVA agrícola reducido del 10% para todos los insumos necesarios para la producción y la revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva hasta el 14%.

A ellas se suman medidas fiscales que recojan la deducción de la factura de fertilizantes y plásticos no amortizables, reconocimiento y concienciación de la importancia del sector y revisión de los precios de entrada fijados con terceros países en los acuerdos preferenciales.

La Comisión Europea ha insistido este miércoles en que España debe mantener una política fiscal «prudente» por sus elevados niveles de déficit y deuda pública con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo.

Es el mensaje de Bruselas al Gobierno tras haber analizado el Presupuesto para 2022 que envió a la capital comunitaria a mediados de octubre. Con las reglas fiscales todavía suspendidas, las autoridades comunitarias no aprueban o suspenden los borradores presupuestarios de los países, como en ejercicios pasados, sino que se limitan a analizar las cuentas de cada uno de ellos y, si procede, a señalar las deficiencias.

«Dados el nivel de la deuda pública de España y los importantes desafíos para la sostenibilidad en el medio plazo antes de la pandemia de COVID-19, al adoptar medidas presupuestarias de apoyo, es importante mantener una política fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de la finanzas públicas a medio plazo», señala el texto.

Sobre el Presupuesto español, Bruselas valora que España siga su recomendación, como parte de los países más endeudados del bloque, de impulsar la recuperación con las ayudas del fondo europeo anticrisis y, en menor medida, a través de la inversión la inversión pública.

De hecho, España y Eslovaquia serán los únicos países de la UE que tendrán el próximo año una política fiscal restrictiva –es decir, priorizando la contención del gasto público-, mientras la posición fiscal del resto de Estados miembros será expansiva.

Además, el Ejecutivo comunitario incluye de nuevo a España dentro del grupo de doce países con desequilibrios macroeconómicos, entre los que cita, además del déficit y la deuda públicas, su el elevado desempleo, la posición exterior, la deuda del sector empresarial y el riesgo de acumulación de activos tóxicos en el sector bancario.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) y Cable Energía han firmado un acuerdo para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en la red de estaciones de servicio pertenecientes a la organización empresarial, según han informado en un comunicado.

El convenio suscrito entre ambas partes contempla la instalación de cargadores eléctricos sin necesidad de que la estación de servicio incurra en ningún coste. Una vez comprobada la viabilidad del proyecto, Cable Energía asumirá el 100% de la inversión, la operación, el mantenimiento y los consumos energéticos de la estación de carga.

La ubicación estratégica de las estaciones contribuirá a que Cable Energía alcance su objetivo de convertirse en uno de los mayores agregadores de demanda de energía flexible en la península ibérica, posicionándose con soluciones «diferenciadas e innovadoras».

El propósito de Cable Energía, según han explicado, es crear una red de ubicaciones estratégicas, distribuidas por España y Portugal que permitan «maximizar beneficios y flexibilizar los servicios, favoreciendo la transición hacia un mundo más sostenible».

Por su parte, Ceees busca «favorecer la transición de la movilidad española hacia energías cada vez más eficientes», propiciando que sus asociados continúen siendo los suministradores de referencia de los automóviles, «independientemente del vector energético que los impulse».

«Este acuerdo permitirá situar a nuestros asociados en unaposición de referencia y vanguardia, puesto que promueve e impulsa el desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en nuestras instalaciones sin necesidad de que las pymes de nuestro sector deban hacer frente a cuantiosas inversiones», ha afirmado Jorge de Benito, presidente de Ceees.

Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio de Cable Energía, Andrés Afán de Rivera, ha señalado que Ceees es un «socio estratégico» en el camino hacia la movilidad eléctrica y que espera que se consoliden «como actores principales del cambio», sin necesidad de asumir inversión y, por tanto, riesgos.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (‘pool’) repuntará este jueves un 1,2% con respecto a este miércoles, encadenando su octavo día consecutivo por encima de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh) y registrando el séptimo precio más caro de la historia.

En concreto, el precio medio de este jueves se situará en los 228,42 euros/MWh, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

En términos anuales, el precio de este jueves multiplicará casi por cinco los 47,34 euros/MWh que alcanzó el ‘pool’ de media el mismo día de hace un año.

El precio máximo de la luz para este 25 de noviembre se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 256,94 euros/MWh, mientras que el precio mínimo se registrará entre las 4.00 y las 5.00 horas, con 201,28 euros/MWh.

Los precios del ‘pool’ repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

Este encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.

Después de arrancar un mes de noviembre a la baja con respecto a octubre, el precio de la luz en el mercado mayorista se ha vuelto a tensar desde la semana pasada debido al incremento en el precio del gas natural por, principalmente, la decisión de Alemania de dejar en suspenso la certificación del gasoducto ‘Nord Stream 2’, destinado a llevar gas desde Rusia a otras partes de Europa a través del mar Báltico.

Además, esta semana se une la coincidencia, prevista desde hace tiempo, de la parada de tres centrales nucleares (Almaraz, Cofrentes y Ascó I) para trabajos de recarga de combustible y mantenimiento.

En lo que va de mes de noviembre, el ‘pool’ registra una media de unos 187 euros/MWh, unos 13 euros menos que los 200 euros/MWh en que cerró octubre, aunque multiplica por más de cuatro los 41,94 euros/MWh del mes de noviembre de 2020.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el Gobierno presentará mañana la estrategia ‘Experiencia Turismo España’, con el objetivo de captar a turistas que buscan la «calidad» y «algo distinto».

«Hemos cambiado de concepto para hablar de experiencia, porque hacer turismo en España es una experiencia», ha apuntado la ministra durante su participación en el 8º Congreso anual de Multinacionales por marca España, ‘España: nuestro valor diferencial’, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Según ha recordado, en 2019 España recibió el récord de 84 millones de turistas. «Eso da idea de los prescriptores que tenemos por todo el mundo para hablar bien de España», ha ensalzado.

Ahora, tras la crisis, la responsable de Turismo ha explicado que desde el Gobierno se está haciendo una redefinición del modelo turístico basada en la calidad, y con una orientación hacia la inversión en sostenibilidad.

BRECHA ENTRE LO QUE DEMANDAN LAS EMPRESAS Y LA FORMACIÓN

Durante su intervención, la ministra de Industria ha lamentado este miércoles que aún existe una «brecha» en España entre lo que las empresas demandan y el capital humano que se forma, pese al «excelente» talento que hay en el país.

«Soy muy crítica con la forma en la que desde la Universidad formamos a nuestros estudiantes», ha señalado durante su participación en el 8º Congreso anual de Multinacionales por marca España.

Para corregirlo, la ministra ha apuntado que se debe potenciar la Formación Profesional, al tiempo que se debe acercar más a las universidades a las empresas, con planes formativos que «escuchen» más a las compañías y que presten atención a las transformaciones que se están produciendo.

ATRAER LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Aparte de esta apuesta por el talento para atraer la inversión extranjera, la ministra ha insistido en la importancia de trasladar confianza a los inversores a través de la consolidación de la recuperación económica, para la que aún queda «camino por recorrer», además de a través del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, ha apuntado que, entre los elementos que ayudan a España a atraer la inversión extranjera, destacan el «potente sector turístico», la calidad de vida de país y los niveles de seguridad tanto sanitaria como jurídica.

Sobre el Plan de Recuperación, la titular de Industria ha defendido que es un proyecto muy integral y que genera confianza al inversor al reflejar el conjunto de inversiones y reformas que se pretenden abordar en los próximos años. Inmersas en este plan, y referidas al clima empresarial, la ministra ha querido hacer mención al impulso de la ley crea y crece, así como a la ley de startups.

Ante esto, Maroto ha remarcado la colaboración público-privada como factores de atracción, al tiempo que ha subrayado la fortaleza del diálogo social para el impulso del Plan y la importancia de que la administración pública sea «ágil y eficaz» para estar a la altura de los retos.

«La Administración tiene que ser útil, no puede ser la traba y en esto todavía tenemos que mejorar», ha reconocido la ministra.

Acciona se encargará de la construcción de la desaladora Jubail 3B, en Arabia Saudí, un proyecto que será financiado por un consorcio formado por Engie, Nesma y Ajlan para la empresa pública de aguas del país (SWCP), que ya ha cerrado la financiación por 612 millones de euros.

Las instalaciones contarán con una capacidad de 570.000 metros cúbicos al día para abastecer a dos millones de personas en las ciudades de Riad y Qassim, según informa en un comunicado Acciona, cuyo socio en la construcción es SEPCOIII.

La puesta en marcha de la planta está prevista para el primer trimestre de 2024 y el contrato abarcará un periodo de operación de 25 años. Con este nuevo proyecto, Acciona consolida su presencia en el tratamiento de agua en una de las zonas con mayor estrés hídrico del planeta, como es Oriente Medio y, más en concreto, en Arabia Saudí.

Una vez finalizada Jubail 3B, Acciona suministrará en este país alrededor de 2,37 millones de metros cúbicos de agua desalada diariamente mediante ósmosis inversa, consolidando esta tecnología de desalación como «la más eficiente y sostenible y con la menor huella de carbono.

La compañía se encargará de la construcción de todo el sistema de ósmosis inversa, incluyendo la obra civil y el bombeo de agua bruta, los tanques de almacenamiento para la producción de un día, así como de la energía solar propia para reducir el consumo de energía de la red, para lo que también construirá una planta solar fotovoltaica y 58 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

En este mismo emplazamiento, la compañía española ya se encargó de la construcción de la desaladora Jubail RO4, de 100.000 metros cúbicos diarios. También se encargará del diseño y construcción de la desaladora Shuqaiq 1 por 315 millones de euros.

El año pasado se adjudicó un contrato de 530 millones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento durante 25 años de la desaladora Shuqaiq3, actualmente en construcción. Al Khobar RO2, de 460 millones, y Al Khobar RO1, de 200 millones, son las otras desaladoras de las que se ha encargado Acciona en este país.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este miércoles que aún no da por cerrada la negociación con el Gobierno para asegurar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, pese a haber incluido ya más de 40 enmiendas en las cuentas, y ha dicho que espera más concreciones en la llegada del AVE al País Vasco: «Esto es largo todavía», ha dicho Esteban, avisando que «hasta el rabo, todo es toro».

Esteban ha explicado que este año los Presupuestos «han sido un tanto atípicos» y que, no por voluntad de su grupo, sino por cómo se han desarrollado los tiempos y las negociaciones con el Gobierno, ambas partes no han logrado cerrar un acuerdo presupuestario, limitándolo hasta el momento a acuerdos de enmiendas concretas.

LA LLEGADA DEL AVE A LAS CAPITALES VASCAS

«No podemos decir que damos por cerrada la negociación y seguiremos hablando», ha asegurado Esteban, señalando que les «gustaría mejorar» las cuentas e incluir nuevas demandas. «Hay asuntos que nos interesan y que queremos discutir», ha dicho, señalando además que la tramitación no acaba en el Congreso, sino que los Presupuestos también deben votarse en el Senado, y que allí el PNV también hará valer sus votos.

Sin dar muchos más detalles, el portavoz parlamentario del PNV ha explicado que espera poder incluir enmiendas referidas al AVE y a la concreción de su llegada a las capitales de las provincias vascas, algo que esperan vincular al acuerdo presupuestario.

«PARA NO SER NECESARIOS, SOMOS BASTANTE BUENOS»

Pese a no haber cerrado el acuerdo, Esteban ha destacado cómo las cuentas recogen ya, a iniciativa de su grupo, la ampliación de la prestación por cuidado de menores por enfermedad grave hasta los 23 años, inversiones en infraestructuras ferroviarias e hidráulicas, proyectos culturales y la transferencia del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco.

Por ello, ha puesto en cuestión que, aun contando con una mayoría suficiente para sacar adelante los Presupuestos sin el PNV, el Gobierno no cuente con ellos y su capacidad negociadora quede cuestionada: «Para no ser necesarios somos bastante buenos», ha presumido Esteban.

EL ‘PIQUE’ CON BILDU Y LA ENMIENDA DEL AMIANTO

Preguntado si en esta negociación ha afectado que EH-Bildu se consolide como socio al habilitar junto con ERC una mayoría alternativa sin el PNV, Esteban ha asegurado que no están «molestos» y que el Gobierno está obligado a «asegurar sus Presupuestos» con grupos que, a su vez, tienen «la misma legitimidad que tienen otros» para negociar. «Eso es lógico, cada uno juega sus cartas», ha dicho.

Sí que ha reconocido su «sorpresa» no haber participado en una de las enmiendas incluidas en las cuentas, la del fondo de 25 millones de euros para compensar a víctimas del amianto, pactado por el PSOE y Unidas Podemos con EH-Bildu, que el PNV también había demandado.

Esteban ha recordado que esa iniciativa responde a una ley impulsada por el Parlamento Vasco, aceptada por el Congreso con un «consenso muy amplio» y ha dicho que explica su ausencia en el deseo de algún grupo en que el PNV no participara de la misma. «Seguramente alguien nos vetó, porque ni nos avisaron. Y quién nos vetó, pues se pueden imaginar», ha dicho.