El presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha apelado este martes a reconducir en el ámbito interno la crisis creada en el PP a raíz del enfrentamiento entre la dirección nacional encabezada por Pablo Casado, y la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En unas declaraciones que ha trasladado, Baltar ha asegurado que hay "tranquilidad" en los cargos orgánicos ourensanos, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" para que este tipo de cuestiones "se resuelvan en el ámbito interno". "Dentro de los órganos del partido, que para eso se les dio legitimidad en un congreso", ha apostillado.

Baltar ha apelado a los "cauces orgánicos" establecidos para solucionar esta situación, pero ha evitado ya un apoyo expreso a Casado, cuya dimisión han sugerido o pedido públicamente buena parte de los principales 'pesos' del partido.

Más contundente había sido a finales de la semana pasada, poco después de estallar la crisis entre Casado y Ayuso, cuando subrayó que Casado había sido elegido por los militantes en un congreso y, en consecuencia, tenía su "lealtad".

Este martes, ha reivindicado que España "necesita al PP y una alternativa de Gobierno" y, tras recalcar que el partido "forma parte del PP europeo", se ha mostrado convencido de que será posible "manejar y resolver la situación" y presentar una propuesta a los españoles en las elecciones generales.

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.492 nuevos casos de Covid, 2.172 de las últimas 24 horas, y 13 fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este martes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del lunes fueron notificados 436 nuevos casos (3.056 menos), de los que 221 eran de las últimas 24 horas, y 17 fallecidos en los hospitales madrileños (cuatro más), mientras que el martes precedente se contabilizaron 4.655 nuevos contagios (1.163 más), 3.564 del último día, y 11 muertos (dos menos).

El número de hospitalizados se sitúa hoy en 1.069 (81 menos que ayer) y 190 en la UCI (tres más), mientras que 137 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.299.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 1.590.726 positivos, un total de 144.555 casos han requerido hospitalización, 15.146 han precisado UCI y 128.282 (acumuladas) han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 1.396.091.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 27.581, de los cuales 5.196 han sido en centros sociosanitarios, 20.760 en hospitales, 1.586 en domicilios y 39 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 13.486.628 dosis de las 13.432.445 recibidas, con 5.496.303 primeras dosis, 5.149.716 segundas dosis registradas y 237.020 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 2.603.589 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 82,1%. Teniendo en cuenta solo la población mayor de 12 años, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 92,4%, mientras que el 93,9% cuenta con al menos una dosis.

Con el arranque de la vacunación infantil, el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es de 90,5%, mientras que el 86,2% cuenta con pauta completa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ampliación hasta el 30 de septiembre de 2022 de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, en los casos ya previstos por la actual normativa.

Se incluyen aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En este último caso, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

La suspensión nunca podrá dictarse cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario, y cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

Tampoco podrá dictarse cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas; cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas; cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante; y cuando la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Igualmente, el Ministerio informa de que, en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Además, se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto, podrán presentar la solicitud de compensación prevista. El nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de octubre de 2022.

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la primera Ley de Educación de Baleares, sin el consenso de la mayor parte de la oposición en cuestiones como el modelo lingüístico, que ha centrado buena parte del debate, y también con discrepancias respecto a la elección de centro o el tratamiento de la enseñanza concertada.

PP, Cs y Vox han votado en contra de la ley --con abstenciones de Cs en algunos apartados--. En el debate en el pleno se ha aceptado solamente una enmienda del diputado de Formentera.

El texto de la ley finalmente no incluye el castellano como lengua vehicular, un punto que se había introducido en virtud de un acuerdo con el PP durante la tramitación parlamentaria, pero que se ha revocado tras un pacto de última hora cerrado este lunes entre los socios del Govern.

Así, los puntos que recogían la vehicularidad tanto del castellano y del catalán y la posibilidad opcional de utilizar una lengua extranjera como lengua de enseñanza han sido rechazados, con el voto en contra de los partidos del 'Pacte' y a favor de PP y Cs. El PSIB ha solicitado votación separada para ello, posibilitando que estos apartados se caigan del dictamen.

El resto del texto de este artículo sobre el modelo lingüístico ha obtenido el voto en contra de PP, Cs, Vox y el diputado Maxo Benalal, y a favor del resto de grupos.

Desde los partidos de la oposición han acusado al PSIB de haber cedido ante las presiones de sus socios mientras que los grupos del 'Pacte' este lunes justificaban el cambio en que el PP no había consensuado el modelo completo.

Por otro lado, el texto blinda el conocido como 'decreto de mínimos', que establece un mínimo del 50 por ciento de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir el resto. Desde la oposición han reprochado al Govern que la ley nazca sin recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en castellano en el modelo de Cataluña.

La diputada del PP Margalida Durán ha reprochado a los partidos del 'Pacte' la "excusa" que han dado para justificar el cambio en la vehicularidad del castellano, asegurando que el PP comunicó el viernes pasado al conseller que votarían a favor de los puntos enmendados, en contra de dos puntos que consideraban "inconstitucionales" y que se iban a abstener en el resto.

"Pero ustedes decidieron hacer volar por los aires todos los puentes", ha protestado Durán, criticando que la izquierda anunciase este lunes, "sin una llamada previa", que "todo lo negociado no valía nada, que semanas de trabajo quedaban sin efecto". "Al final todo se decidió ayer en un despacho", ha denunciado, instando al PSIB a explicar "por qué hace seguidismo del modelo de Cataluña contrario a la Constitución".

En este sentido, el PP ha advertido al conseller March que "ha fracasado en conseguir que la primera ley de Educación de Baleares sea de consenso y duradera".

Igualmente, desde Cs, Juan Manuel Gómez ha criticado el "juego de trilerismo del PSIB" por "insultar el trabajo parlamentario llegando a acuerdos en despachos únicamente con los socios".

Según el grupo naranja, "ésa es la única voluntad de consenso" que se ha trabajado por parte del 'Pacte'. Además ha denunciado que el Govern "ha dejado claro que no quiere respetar las sentencias judiciales".

La diputada del PI Lina Pons ha lamentado precisamente que la lengua se haya terminado convirtiendo en "el caballo de batalla durante toda la ponencia" y que se hable de "una ley lingüística y no educativa". El PI, que ha apoyado el artículo sobre el modelo lingüístico, también ha reprochado a los grupos del Govern que no hayan podido conseguir el consenso buscado, y al PP y a Cs que hayan "comprado el mensaje a la ultraderecha".

Por su parte, el portavoz de Vox ha afirmado que "el verdadero objetivo de la ley es blindar el predominio del catalán". "Qué absurdo que en el país original del español no se pueda escolarizar a un niño en español", ha dicho Jorge Campos, que ha prometido derogar esta ley si Vox llega a tener responsabilidades de gobierno.

En las bancadas de la izquierda, MÉS per Mallorca ha criticado los argumentos de la oposición señalando que decir que la norma pone en riesgo el castellano "es como decir que dar ayudas al pequeño comercio pone en peligro a Amazon". Joan Mas ha valorado que con el redactado de la ley "un nuevo TIL no es posible" y ha dicho que el PP "siente nostalgia de la legislatura Bauzá".

Gloria Santiago, de Unidas Podemos, ha afirmado que en el apartado lingüístico la ley es "reflejo de la sociedad balear" porque las dos lenguas son cooficiales. "Quien vea en esto un problema, es que el problema es él", ha dicho, considerando que el decreto de mínimos "es una victoria de la sociedad" y llamando a la "lealtad" porque "los pactos mandan".

Por su lado, el PSIB ha pasado muy brevemente sobre el aspecto lingüístico, limitándose a señalar que la sociedad balear tiene "una cultura y lengua propias que la vertebran y proyectan hacia el mundo" y que se da "categoría de ley a un modelo de consenso. El diputado Carles Bona ha dedicado el resto de su intervención a hacer un repaso general de la ley llamando a "firmar un contrato social por el futuro".

5% DEL PIB A EDUCACIÓN

La ley también fija como objetivo alcanzar una inversión del 5% del PIB en Educación en ocho años; prevé la elaboración de un plan para reducir progresivamente las ratios; pretende extender la educación de la etapa 0 a 3 años, aumentando plazas y haciéndola gratuita con el tiempo; medidas para la equiparación laboral de trabajadores de la concertada y la pública; y fomenta la oferta de FP, entre otros objetivos.

Al margen del aspecto lingüístico, desde la oposición también han criticado cuestiones relativas a la educación para alumnos con necesidades especiales, la elección de centro y el tratamiento de la concertada.

Entre otros apartados, Durán (PP) ha reivindicado reconocer el derecho de los padres a la libertad de elección de centro en todas las etapas educativas, crear una mesa sectorial de la enseñanza de educación especial, y la concertación con centros privados como red complementaria tanto en educación infantil como en FP, entre otros aspectos.

Paralelamente, Gómez (Cs) ha reclamado una zona única frente al "modelo de ingeniería social de Podemos" con escolarización según requisitos de proximidad, lo que "atenta contra la ley de oportunidades".

Gómez también ha considerado que la ley trata a la concertada como "subsidiaria" en lugar de complementaria; ha abogado por permitir que las familias decidan si quieren escolarizar a sus hijos con necesidades especiales en centros ordinarios o de educación especial; y se ha manifestado en contra de la promoción con suspensos porque "no es la solución tapar el fracaso escolar para acabar con él".

Por su parte, los partidos del 'Pacte' han reivindicado avances en la ley, si bien Unidas Podemos y MÉS han manifestado que les hubiera gustado una ley educativa "sin religión", "pero el Parlament no es soberano para eso", ha señalado Joan Mas, de MÉS. Unidas Podemos ha defendido una enmienda, que no se ha aceptado, para suprimir las referencias a la religión y "liberar la enseñanza pública de las enseñanzas religiosas", en palabras de la diputada Gloria Santiago.

Unidas Podemos también ha valorado haber incluido en la ley la gratuidad del material escolar para las rentas más bajas y la enseñanza de la memoria democrática.

Desde MÉS per Menorca, el portavoz, Josep Castells, ha valorado algunos avances en la ley, como la mejora de la financiación de las 'escoletes' públicas, pero ha lamentado que en general la norma "se queda corta para dejar atrás el modelo educativo del siglo pasado".

El PP de Baleares podría pedir este martes la dimisión del presidente del partido, Pablo Casado, tras la reunión urgente del comité de dirección y comité ejecutivo que se celebrará en Palma a partir de las 18.00 horas.

De esta manera el PP balear se sumaría a la petición ya realizada en las últimas horas por la mayoría de los 'barones' del PP, que consideran que Casado debe marcharse.

Precisamente, la presidenta del PP de las Islas, Margalida Prohens, mantuvo una conversación telefónica este domingo con Casado en la que ya le trasladó el "malestar" de las bases de los 'populares' en el archipiélago por lo ocurrido en los últimos días.

La líder del PP de Baleares se pronunció el pasado viernes, a través de su cuenta de Twitter, sobre la polémica del partido, aunque no aludió directamente al enfrentamiento entre la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Prohens aseguró que su partido está con sus votantes y remarcó que su objetivo es "ofrecer una alternativa liberal" al socialismo. "Como presidenta, mi prioridad es mantener la unidad, la ilusión y seguir trabajando en un único objetivo: ofrecer una alternativa liberal para acabar con el socialismo en Baleares", destacó.

En una rueda de prensa horas antes, la secretaria general del PP de Baleares, Sandra Fernández, había trasladado la "absoluta perplejidad" ante lo ocurrido en Madrid y reconoció que existía "malestar" entre la militancia. "Todo el que quiere al PP, sus bases y sus afiliados pueden sentirse inquietos o perplejos. Nos afecta a todos", dijo.

Mientras, este lunes, el portavoz del Grupo Popular en el Parlament balear, Antoni Costa, afirmó que "los que lo han estropeado son quienes lo tienen que arreglar", y que deben hacerlo "ya" porque "los afiliados del PP no merecen esto".

El diputado admitió su "preocupación" por la situación, si bien insistió que en Baleares están centrados en "plantear una alternativa de gobierno creíble". En este sentido, resaltó que el PP balear "es una piña alrededor de la presidenta Marga Prohens" con un único objetivo, ser la alternativa de gobierno a Armengol.

A pesar de la insistencia de los medios, Costa evitó posicionarse sobre el supuesto espionaje interno, sobre una posible convocatoria de un Congreso Nacional, o sobre el contrato del que cobró un hermano de la presidenta madrileña.

Este martes, la líder ha convocado la reunión urgente de la dirección del PP balear, un día antes de que el presidente del PP haya citado a los 'barones' territoriales para acercar posturas ante el congreso nacional que pretende convocar el lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido.

Por otro lado, cabe recordar también que, en una publicación de Twitter, Prohens aseguró el viernes que su "prioridad es mantener la unidad, ilusión y seguir trabajando en un único objetivo, el de ofrecer una alternativa liberar para acabar con el socialismo en Baleares".

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han denunciado, entre el 7 al 13 de febrero, 14 conductores de camión que dieron positivo a alcohol y 44 a otras drogas.

Son cifras de la última campaña especial de vigilancia y control que durante una semana puso el foco en los vehículos de transporte de mercancías y personas, que organiza la asociación RoadPol a nivel europeo bajo el nombre Operation Truck&Bus, y en España la Dirección General de Tráfico.

En concreto, la Guardia Civil ha controlado a un total de 19.039 vehículos, de los que 5.112 conductores de camiones y 124 de autobuses fueron denunciados por no cumplir con la normativa. Además, se inmovilizaron 60 camiones por diferentes motivos atribuidos al conductor o al vehículo y que impedían continuar la circulación por carretera con seguridad.

La DGT ha destacado el número de conductores que conducían con alcohol u otras sustancias psicotrópicas, cuando fueron requeridos por los agentes de la agrupación de tráfico para realizarles las pruebas --14 conductores de camión dieron positivo a alcohol y 44 a otras drogas--.

Estos datos reflejan un mayor número de positivos que en la campaña realizada en febrero del año pasado, donde la cifra fue de 15 positivos a drogas y 9 positivos a alcohol. Ninguno de los conductores de autobús a los que se les realizó la prueba dio positivo a dichas sustancias.

No obstante, las infracciones más numerosas (55%) han sido las motivadas por el exceso de horas de conducción. En esta ocasión, 2.468 conductores fueron denunciados por infracciones relativas a los tiempos de conducción (2.442 camiones y 26 autobuses) y 420 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (398 camiones y 22 autobuses).

Las infracciones relativas a la documentación, tanto del vehículo como del conductor, suponen que 1.026 conductores (949 de camiones y 77 de autobuses). Las sanciones impuestas por infracciones relacionadas con la Inspección Técnica fueron 573.

Un total de 674 conductores de camión fueron denunciados por exceso de peso o mala disposición de la carga y 142 por infracciones relativas a cinturones de seguridad y otros dispositivos (131 usuarios de camiones y 11 de autobús).

Finalmente, respecto a la velocidad inadecuada, 185 conductores fueron detectados circulando a velocidades superiores a las permitidas (175 camiones y 10 autobuses).

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha trasladado este martes la disposición del Ejecutivo a colaborar con la Justicia de cara a esclarecer la investigación abierta por la Fiscalía al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto cobro de una comisión de una empresa que contrató con esta administración para traer material sanitario durante la pandemia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado e La Moncloa, Rodríguez ha indicado que colaborarán con la Justicia "como siempre hace el Gobierno", al ser preguntada sobre la investigación iniciada por la Fiscalía.

La portavoz se ha limitado contestar de este modo y no ha querido valorar si el Gobierno considera una buena noticia que la Fiscalía haya dado este paso y que de este sea el camino para esclarecer los hechos, al ser preguntada al respecto.

En este sentido, la portavoz ha insistido en que al Gobierno lo que le preocupa de la crisis interna que se ha abierto en el PP es que "aclaren cuanto antes los posibles hechos que puedan constituir irregularidades o corrupción".

ANTICORRUPCIÓN HA ABIERTO DILIGENCIAS

Este mismo martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias de investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, al entender que "sí resulta procedente" la práctica de determinadas pesquisas aunque "no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas".

En el decreto emitido por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, indica que estas diligencias permitirán "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" por los grupos parlamentarios de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos el viernes pasado.

En este sentido, la portavoz ha indicado que la Administración General del Estado va a colaborar con la Justicia y en particular con la Fiscalía después de que esta se haya puesto a trabajar.

El Comité de Dirección Autonómico del PP en Aragón ha decidido, por unanimidad, pedir la celebración de un congreso extraordinario del partido en el ámbito nacional "que acabe con esta etapa y abra una nueva". Además, el líder de los 'populares' aragoneses, Jorge Azcón, ha elogiado la figura del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como una "referencia" de "valor" ante la crisis interna.

Así lo ha comunicado el presidente del PP Aragón, en rueda de prensa, tras presidir el comité autonómico del partido. Sobre el posible liderazgo de Feijóo, Azcón ha indicado que el gallego es una "referencia" y un "valor" en este momento, "el dirigente territorial en Europa que mejor puede acreditar el éxito de la política".

Según Azcón, Feijóo, que "tiene cuatro mayorías absolutas a sus espaldas", ha logrado afianzar al Partido Popular en la Xunta de Galicia con independencia "de que los vientos le soplaran a favor o en contra al PP" y "en momentos extraordinariamente complicados".

"Nadie en España tiene el currículum de Núñez Feijóo, posiblemente nadie en Europa", ni su "bagaje". "Esto no es una valoración, es un hecho", ha sentenciado Azcón, aunque pueda haber quien "no lo vea".

Será Azcón quien traslade esta posición en la reunión que este miércoles ha convocado el presidente nacional del PP, Pablo Casado, con los 'barones' territoriales de la formación para acercar posturas ante el congreso nacional que pretende convocar el próximo lunes, en la reunión de la Junta Directiva Nacional.

Azcón ha esgrimido que el PP Aragón quiere aportar al partido soluciones, "con humildad", pero también "de forma decidida y de forma rápida" y para eso ha apostado por celebrar un congreso extraordinario.

"Lo necesita la sociedad aragonesa y los españoles" porque este partido "representa a miles de afiliados y a millones de votantes que se sienten identificados con una ideología, con unos valores", personas "moderadas", "reformistas", "con ganas de cambiar las cosas", "de centro", "que durante muchos años han deposito su confianza en el PP y quieren seguir haciéndolo". "Ese es el principal objetivo de este comité" y "lo que nos va a guiar", ha enfatizado.

Azcón ha confiado en que se logre una posición unánime del partido, "pensando en la importante responsabilidad que tiene" y del papel "que ha jugado y va a seguir jugando en España", un nueva etapa "que instale al PP gobernando en todas y cada una de las instituciones, no por el PP, sino por el bien de los aragoneses y de los españoles".

UNIDAD

El dirigente 'popular' regional ha dicho que apuestan por "una solución de unidad, no de bandos, de grupos, de sectores; no podemos permitirnos eso, necesitamos aunar el partido, curar algunas de las heridas que se han producido estos días y el PP de Aragón va a estar en la solución, no en crear problemas".

"Quiero creer en que tenemos que encontrar una solución entre todos", "no quiero pensar en otra alternativa" porque esta situación "solo se arregla hablando, con diálogo" y, o bien "todos ponemos mucho de nuestra parte, sabiendo el momento que estamos viviendo, o será muy difícil".

A su entender, "hay argumentos más que suficientes para empezar a construir la unión", frente a otro tipo de decisiones "que no nos han beneficiado para nada".

SE REQUIERE UN CAMBIO

Azcón ha opinado que el PP y la sociedad española necesitan un "cambio" que "se tiene que hacer desde la generosidad y aprendiendo las lecciones de grandeza que ha tenido este partido y que no podemos olvidar, sino que nos tienen que guiar".

Ha reconocido que el momento es "complicado", pero "no vamos a mirar para otro lado" y los miembros del PP en Aragón "sabemos lo que queremos", ser "parte de la solución que necesita el PP en España" y por eso "no vamos a hacer nada que pueda significar dividir o una mayor fractura de la que tenemos en este momento", sino que su objetivo es "ayudar en todo lo que podamos".

Azcón ha subrayado que la posición dentro del PP Aragón es "unánime, sin personalismos, sin una voz discrepante" y fruto "de la escucha de muchas personas" por parte de diferentes responsables del partido en el ámbito local, provincial y autonómico, por lo que representa un "sentir inmensamente mayoritario", con el objetivo de lograr "lo mejor no para el PP, sino para España".

RENOVAR LA DIRECCIÓN

El líder del PP en Aragón ha considerado que Pablo Casado ha ofrecido "muchísimo al partido" y el jueves pasado le expresó su apoyo porque las acusaciones de espionaje desde Génova "no se correspondían a la realidad", "pero ahora el momento político es distinto y necesitamos un congreso extraordinario que renueve la dirección del partido".

Sobre la posibilidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opte a la dirección nacional del PP, Azcón ha comentado que ella misma ha expresado "rotundamente" su voluntad de seguir al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde "lo está haciendo muy bien".

RESPONSABILIDAD

El presidente del PP Aragón ha destacado la actitud "responsable y de respaldo unánime" de los miembros del partido en esta comunidad autónoma a la posición que va a defender ante la dirección nacional.

También ha agradecido la "responsabilidad" de los cargos públicos y afiliados del PP Aragón durante estos días y ha resaltado la "gran talla moral y política" de los miembros de la formación en la comunidad autónoma y del comité de dirección regional.

"Me ha gustado la generosidad de todo el comité en Aragón", "nadie ha tenido reproches, sino que todo el mundo ha pensado en el interés general" porque "esto no va de nombres propios, sino del papel fundamental que tiene este partido y que va a tener en el futuro", ha precisado.

Cada vez más comunidades autónomas están planteando al Gobierno abrir el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes en la isla de La Palma, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su negativa a tratar este asunto porque quiere llevar a este foro temas sobre los que exista una posibilidad de acuerdo.

Es más, el Gobierno ya descartó en las dos reuniones preparatorias incluir el debate sobre financiación autonómica en el orden del día de esta Conferencia de Presidentes, a pesar de que así se lo habían pedido numerosos Ejecutivos autonómicos.

En este contexto, el Ejecutivo ha limitado el orden del día de este foro con los mandatarios autonómicos a temas muy concretos como la coordinación en materia de emergencias, el reparto de los fondos europeos, la pandemia o la reforma del Reglamento, excluyendo de estos asuntos la financiación autonómica.

Sin embargo, varios Gobiernos autonómicos ya han expresado su voluntad de abordar durante su intervención este asunto de la financiación autonómica, pese a que no conste en el orden del día establecido por Moncloa.

ABORDARLO DURANTE ESTA LEGISLATURA

Es el caso, por ejemplo, del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que planteará en esta Conferencia, de la que es anfitrión, que haya "claridad" sobre si va a haber o no un nuevo sistema de financiación autonómica en la presente legislatura, algo que incluso pone en duda.

Asimismo, su homólogo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ya ha avanzado que planteará en este foro con las comunidades y el Ejecutivo central su "rechazo total" a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central. Es más, trasladará a Sánchez que la propuesta remitida por el Gobierno "no tiene ni pies ni cabeza" y cree que más comunidades se posicionarán en la misma línea.

Por su parte, desde la Junta de Castilla y León lamentan que este foro de La Palma no aborde finalmente cuestiones como la reforma del modelo de financiación autonómica, la búsqueda de soluciones ante la falta de médicos en Atención Primaria o avanzar hacia una EBAU única. "Son tres cuestiones que el Gobierno ha estimado que no eran urgentes pero que nosotros sí creemos urgentes y que preocupan", explican desde la Junta.

TAMBIÉN FONDO COVID

Pero el Gobierno no solo excluyó del orden del día la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que también descartó incluir la petición de varios Ejecutivos regionales de un Fondo Covid para este año 2022.

Precisamente, al menos dos presidentes autonómicos llevarán de nuevo a esta Conferencia de Presidentes esta reclamación de un compartimento extraordinario para las comunidades autónomas para paliar los efectos de la Covid-19 en 2022.

Así, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, propondrá en este foro que este año continúe el Fondo Covid-19 de manera "excepcional" porque, según ha expresado, sigue habiendo problemas derivados del coronavirus, de forma que "hay un sobrecoste sanitario" y por ello reclama "imperiosamente más recursos".

También Ángel Víctor Torres, de Canarias, planteará esta necesidad en la Conferencia de Presidentes, según ha desvelado él mismo en la sesión de control al Ejecutivo canario. Precisamente, este mandatario autonómico también ha adelantado que quiere abordar la reconstrucción de la isla de La Palma y el fenómeno de la inmigración.

PANDEMIA Y FONDOS EUROPEOS

Sobre los temas que están en el orden del día, como la pandemia y el reparto de los fondos europeos también ha habido presidentes autonómicos que se han ido pronunciando sobre lo que reclamarán en este foro de La Palma.

La ejecución de los fondos europeos será uno de los principales temas sobre los que versará la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo. Según ha desvelado él mismo, trasladará a Sánchez la propuesta de compartir la responsabilidad de ejecución de este dinero comunitario.

Por su parte, la presidente del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, defenderá en esta Conferencia mayor flexibilidad en los recursos procedentes de fondos europeos para las Comunidades, y reivindicará que se atienda la caída del PIB de cada región, "que es lo que marcó la Unión Europea y que en alguna conferencia sectorial no se está cumpliendo".

En el caso del presidente de Ceuta, Juan Vivas, se desplazará a La Palma con la intención tanto de "dar cuenta de la situación epidemiológica de la ciudad" como de "poner de manifiesto la oportunidad histórica que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Mientras tanto, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha destacado, sobre los fondos europeos, que no se puede estar "más orgullosos" porque "hay una información detallada de los fondos que llegan a cada Comunidad Autónoma", por lo que "se está comprobando que están llegando de una manera proporcional a todos por igual".

SIN CATALUÑA, DE NUEVO

El que no estará en La Palma será el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, porque, según expresa su equipo, "no tiene sentido participar de una reunión que no es de trabajo, sino que no deja de ser un encuentro más para hacer una foto".

Precisamente, esta ausencia de Aragonés coincide en la reunión de la Comisión Bilateral entre Cataluña y el Gobierno central, que se celebró este pasado viernes en Barcelona. Algo parecido ocurrió el pasado verano, cuando el presidente catalán no acudió al foro multilateral de Salamanca, y, posteriormente, tres días después, se celebró en Madrid una reunión bilateral entre ambos Ejecutivos.

Quién sí que estará en La Palma es el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, aunque ha pedido compromisos con las relaciones bilaterales. En las últimas Conferencias de Presidentes presenciales, el mandatario vasco no ratificó hasta última hora su asistencia, si bien finalmente acabó yendo a este foro tras 'arrancar' del Gobierno el compromiso de convocar otras citas bilaterales.

¿LA CRISIS DEL PP PUEDE HACER SOMBRA A LA CONFERENCIA?

Esta Conferencia de Presidentes coincide en el tiempo con la crisis interna en el Partido Popular provocada por la guerra pública entre la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder 'popular', Pablo Casado.

Precisamente, algún presidente regional, como Miguel Ángel Revilla, ya se ha pronunciado sobre este asunto, señalando que este foro multilateral tendrá "mucha expectación" porque se va a producir en unas circunstancias políticas "muy especiales" marcadas por el conflicto en el PP, que espera que "no quite el protagonismo" a los asuntos que se aborden en el encuentro.

"Llega en unas circunstancias muy especiales y donde a lo mejor el foco de atracción periodística sean los barones del PP. Espero que no, que no nos quiten el protagonismo a lo que es la esencia de la Conferencia, que se trata de que salgamos de allí con algunas cosas positivas para nuestras comunidades autónomas", ha señalado Revilla.

Canarias ha notificado el fallecimiento de cinco personas por coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que el acumulado de óbitos en el archipiélago alcanza los 1.559, según datos de la Consejería regional de Sanidad.

En este sentido, los fallecidos tenían entre 81 y 91 años, registrándose tres de las muertes en Gran Canaria, una en Tenerife y otra en Lanzarote. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

Respecto a los nuevos positivos, en el último día Canarias ha registrado 2.063 más, por lo que acumula 278.729 casos en lo que va de pandemia, de los que 16.406 están activos y de ellos 49 están ingresados en UCI (-4), 324 permanecen hospitalizados (-16) y 16.033 se encuentra en su domicilio.

Por islas, Tenerife suma 887 casos hasta acumular 129.484 casos, de los que 6.476 están activos epidemiológicamente; mientras Gran Canaria tiene 837 positivos más hasta englobar 104.822 casos, de los que 7.853 están activos.

Asimismo Lanzarote suma 84 nuevos casos hasta acumular 19.390, de los que 294 están activos epidemiológicamente; y Fuerteventura añade 154 casos hasta englobar 14.225, de los que 1.347 están activos. Por su parte, La Palma suma 75 nuevos positivos hasta acumular 9.441, de los que 330 están activos.

Finalmente El Hierro suma seis nuevos casos y acumula 1.730, de los que 25 están activos, mientras La Gomera suma 20 positivos hasta englobar 1.699, de los que 81 están activos.

Así, la Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 305,02 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 560,35 casos por 100.000 habitantes. Además hasta este martes se ha realizado un total de 3.227.008 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 7.025 se corresponden a este lunes.

El senador y portavoz adjunto del Grupo Popular, Asier Antona, ha advertido este martes de que el PP "se está desangrando" a raíz de la "hemorragia" abierta por el cisma entre el presidente, Pablo Casado, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y entiende que la única solución pasa por un congreso extraordinario y que se convoque "cuanto antes".

En declaraciones a Europa Press señala que ve la crisis "con pena" pero al mismo tiempo sostiene que la situación actual "no puede permanecer en el tiempo" porque si los populares no son capaces de "taponar la hemorragia" eso supone una "quiebra" a nivel interno y también externo porque se "ha decepcionado" a militantes, simpatizantes y votantes.

En esa línea, ha insistido en que "la única solución" pasa por un congreso extraordinario que permita "fortalecer la unidad, volver a ilusionar" y convertir al PP en la "alternativa" al actual Gobierno de España.

Además, debe convocarse sin Pablo Casado, que tiene que "ser generoso" y escuchar lo que llega "desde todos los rincones de España". "No cabe otro remedio", ha indicado.

Sobre los posibles aspirantes a suceder a Casado no tiene preferencias aunque le "gustaría" que haya "unidad, ilusión y un liderazgo claro".

A su juicio, "tenemos que empujar, ser generosos todos y saber lo que está pidiendo la gente, no podemos estar así porque nos acabaríamos de desangrar y eso es matar al PP".

Sobre la investigación judicial abierta por la Fiscalía acerca del contrato al hermano de Isabel Díaz Ayuso ha dicho que hay que "respetar los tiempos" pero deja claro que la gestión del caso desde el punto de vista interno "no se ha llevado de la mejor manera posible".

Para Antona, el 'caso Ayuso' "es la gota que colma el vaso" porque ya se vienen "arrastrando equivocaciones" en la estrategia, subrayando también que con respecto al secretario general, Teodoro García Egea, una posible dimisión "llega tarde".

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha lamentado este martes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès no vaya a asistir ala Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en la isla de La Palma, tal como ha anunciado el Govern y que por tanto los ciudadanos catalanes no vayan "tener voz" en este foro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha indicado que al Ejecutivo le hubiera gustado que Aragonès acudiese a la cita que se produce en un momento de recuperación y modernización en el que, según ha indicado, Cataluña tiene "mucho que decir". Además, ha añadido que el Gobierno tiene mucho interés en que esta comunidad participe de este proceso.

Sin embargo, ha desvinculado esta ausencia de que existan roces con ERC después de las discrepancias que esta formación mantuvo con el Gobierno en cuanto a la convalidación de la reforma laboral, que los independentistas votaron en contra. En este sentido, ha destacado que las relaciones entre las dos administraciones han mejorado y se ha recuperado el diálogo y la normalidad institucional entre ellas, aunque ha apuntado que para el Gobierno Central estos foros también son importantes.

La ausencia de Aragonès se ha confirmado este mismo martes, tras el anuncio de la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha criticado que el orden del día de la reunión es "claramente insuficiente" y que, según ella, no habrá ningún trabajo tangible en favor de la ciudadanía.

Además ha indicado que la Conferencia de Presidentes no será una reunión "de trabajo, sino que no deja de ser un encuentro más para hacer una foto".

ORDEN DEL DÍA Y PRESENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Respecto al orden del día de la cita, fuentes del Gobierno han señalado que se va a hacer un análisis de la situación de la pandemia de covid 19, a continuación se discutirá sobre la situación socioeconómica con especial énfasis en los fondos de recuperación.

El siguiente punto del día tratará la cooperación de las administraciones en emergencias y finalmente se discutirá la modificación del reglamento de la propia Conferencia, antes de dar paso al turno de ruegos y preguntas.

A la cita, según han indicado las mismas fuentes, asistirán por parte del Gobierno Central, el presidente, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

También acudirá la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que adopte medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante la situación creada por la imposibilidad de efectuar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones y ante las necesidades "materiales y personales" que el órgano arrastra desde hace muchos años.

Así lo resaltan en una nota informativa emitida tras la reunión que han celebrado con el equipo del ministerio en la sede del Supremo. Según explican, le han transmitido a Llop que en octubre esa imposibilidad de realizar nombramientos --derivada de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos-- provocará que el alto tribunal tenga un 20 por ciento de sus plazas vacantes.

Llop, a la salida de la reunión, y en declaraciones a los medios, ha explicado que durante la misma ha solicitado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que redacte un informe en el que se disocie las peticiones relacionadas con "las competencias ordinarias del Ministerio de Justicia" y las que vienen derivadas de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

ELEVADA CARGA DE TRABAJO

En la reunión, los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo recordando que actualmente cuentan con una plantila de magistrados un 14 por ciento inferior a lo legalmente previsto.

En la nota del Supremo añaden que esto hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo.

Y matizan que ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados, estimándose necesario el nombramiento de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo. Además, recuerdan que el Ministerio de Justicia ha denegado recientemente la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.

LAS PETICIONES DE LAS SALAS

En la reunión, las salas han planteado cada una sus peticiones. Así, la Civil ha explicado que contando con 10 magistrados y una vacante desde noviembre de 2020, se ha dado un incremento de la carga de trabajo que se ha agudizado tras la pandemia hasta alcanzar el 42,5 por ciento en el último año. Por eso interesan el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada "fase de decisión", la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.

La Sala de lo Penal, la única sin plazas vacantes, ha puesto sobre la mesa la carga de trabajo al alza durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27 por ciento en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020. Destaca que el principal problema es la alta tasa de interinidad de la plantilla orgánica de funcionarios adscrita a la Sala, que alcanza el 59 por ciento, por lo que se solicitan medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, al frente de la cual está César Tolosa, ha recordado que hay seis vacantes actualmente pero que se irán a ocho por la jubilación de dos magistrados, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Considera necesario adoptar medidas ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia.

Así, se solicita la creación de una nueva Secretaría, con un Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso-Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.

Respecto a la Sala de lo Social, se ha recordado que hay tres vacantes y que pueden sumar dos más por jubilación en 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Esto dejará la plantilla con solo 8 magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia. Por eso, solicita cuatro nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como dos funcionarios de apoyo.

En cuanto a la Sala de lo Militar, se ha apuntado que el 25% de las plazas está vacante (dos de ocho) y también experimenta un importante aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85 por ciento en los últimos dos años.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Además de las peticiones de aumento de plantilla, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como la de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso, fortalezca el interés casacional de la interpretación de las normas y garantice la celeridad en los tiempos de respuesta simplificando la fase de admisión.

Otra reforma que proponen es la del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.

Además, se quiere reformar la regulación del recurso de casación en lo Contencioso-Administrativo para proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva, y se quiere instaurar la doble instancia penal militar.

LLOP PIDE INFORME A LESMES

En declaraciones a la prensa, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a Lesmes ese informe y ha defendido que desde el Ministerio están haciendo "un esfuerzo muy importante de carácter presupuestario para el Tribunal Supremo".

Según ha dicho, se trata de un paquete de unos 13 millones de euros en los que se incluye, entre otros, la renovación y la restauración de la rehabilitación del edificio de Génova, 29, y el incremento retributivo de los funcionarios del Alto Tribunal "para asimilar sus salarios a la media de los funcionarios de territorios con competencias transferidas".

"Es necesario que Tribunal nos indique, y así se lo he pedido al presidente Lesmes, cuáles son esas carencias, esas deficiencias que afectan, no solo presupuestariamente, sino también al funcionamiento normal del Alto Tribunal por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces", ha señalado Llop tras insistir en que el bloqueo es responsabilidad a la formación liderada por Pablo Casado.

"Por eso apelo al PP a que salga de ese momento en el que está únicamente mirando por sus propios intereses, con esas situaciones de enfrentamientos internos, y que mire con sentido de Estado por la renovación del órgano de gobierno porque está generando un grave daño a la institución y al prestigio de España", ha añadido.

La preocupación por el paro, que está en cabeza de los problemas de España, ha crecido este mes de febrero, coincidiendo con la convalidación de la última reforma laboral, según refleja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado ese martes, una encuesta que también recoge un incremento de la inquietud que generan los problemas políticos, mientras cae casi 12 puntos la que rodea al coronavirus.

El sondeo se realizó entre los días 1 y 12 de febrero, en plena campaña electoral de las elecciones de Castilla y León del día 13, pero antes de la crisis interna del PP. El trabajo de campo coincidió con la polémica votación de la nueva legislación laboral, que salió adelante en el Congreso, gracias al error de un diputado del PP, entre acusaciones de "pucherazo".

En este contexto, el desempleo se lleva el título de primer problema nacional con menciones en el 38,1% de los cuestionarios, seis puntos más que en enero, lo que deja en el segundo puesto a los de índole económica, que caen 1,2 puntos y se quedan con un 33,3%.

SEGUNDA COTA MÁS BAJA DE LA PANDEMIA

Las alusiones al Covid-19 se anotan una bajada de casi 12 puntos respecto a enero, bajando de la segunda a la tercera posición. Suman, en concreto, un 21,1% de menciones, su segunda cota más baja desde el estallido de la pandemia. En la cuarta plaza repite la sanidad, que crece al 20,8%.

Como quinto problema figuran los de índole política (con 2,3 puntos más que en enero, se quedan al borde del 18%), el "mal comportamiento de los políticos" baja a la sexta posición, con el 14,6%, mientras que el Gobierno y los partidos aparecen en el 6,1% de los cuestionarios.

También se incrementan en febrero las menciones a la "mala calidad del empleo" (séptimo problema, con un 9,1%) si bien sólo hay 0,4% de menciones expresas a la reforma laboral.

PROBLEMAS PERSONALES

La lista de problemas personales la lidera la crisis económica, con un 30%, seguida de la sanidad (21,1%), el paro (18,2%), el Covid (16,7%) y la calidad del empleo (11%).

La situación económica es "mala o muy mala" para el 62,1% de las personas entrevistadas por el CIS, frente a un 24,6% que la juzga "buena o muy buena". El 65,4% está satisfecho con su economía personal, pero hay un 22,4% que confiesa que es mala o muy mala.

La Audiencia Nacional ha condenado a la exjefa de ETA Iraxte Sorzabal a 24 años y 6 meses de cárcel por los atentados que la banda realizó el 2 de noviembre de 1996 contra el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia de la ciudad asturiana que pertenecía al marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.

En una sentencia del pasado viernes, los magistrados de la Sección Primera imponen a Sorzabal una pena de 17 años de cárcel por un delito de estragos terroristas en grado de consumación por el atentado contra el edificio perteneciente a Justicia, que aún no estaba en funcionamiento.

La banda terrorista colocó la bomba en la puerta principal del edificio de los Juzgados, que no estaba en uso, pero iba a ser inaugurado en fechas próximas. Además de los daños ocasionados al Palacio de Justicia, se produjeron desperfectos en vehículos estacionados en las proximidades y en edificios colindantes.

Los daños en la sede propiedad del Ministerio de Justicia fueron valorados en un total de 277.962,64 euros, fijándose en un total de 12.212,96 euros los ocasionados en bienes de titularidad del Ayuntamiento de Gijón.

Por el ataque contra la farmacia, el tribunal le impone una pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa en relación, puesto que la explosión no causó daños.

LA ABSUELVE POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Sendas acciones fueron reivindicadas por ETA en el diario GARA unos días más tarde, el 15 de noviembre de 1996. Fueron realizadas, según apuntaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, por los integrantes del comando Ibarla que estaba integrado, entre otros, por Sorzabal.

Sin embargo, la Sala absuelve a Sorzabal del delito de pertenencia a organización terrorista después de que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) retirasen la acusación por el mismo.

Los magistrados también prohíben a Sorzabal "acudir a la ciudad de Gijón y no comunicar o acercarse a las víctimas de los delitos descritos a una distancia no inferior a 500 metros por tiempo de diez años".

De igual forma, deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil al Ministerio de Justicia (277.962,64 euros), a un particular (1.688,84 euros), a los dueños del concesionario Renault de la calle Mariano Pola 12 de Gijón en la cantidad (1.821,76 euros), a la Compañía Gijón Motor (9.807, 76 euros), a otro particular (30 euros) y al Ayuntamiento de la ciudad (12.212,96 euros).

Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba 46 años de cárcel para Sorzabal por dos delitos de estragos terroristas (18 años por cada uno) y por un delito de delito de pertenencia a organización terrorista (castigado con 10 años). Además, interesaba la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años.

SU PARTICIPACIÓN, ACREDITADA EN LA 'CANTADA'

En la sentencia, los magistrados señalan que la participación de la otrora jefa de la banda viene acreditada especialmente por unas manifestaciones que realizó de forma espontánea, libre y voluntariamente a la cúpula de ETA en una carta manuscrita, las conocidas en el argot de la organización como 'cantadas'.

Esos documentos se definen como las comunicaciones que efectúa un miembro de ETA cuando es detenido por las fuerzas de seguridad con la finalidad de que la cúpula conozca los datos acerca de los atentados cometidos, en qué han consistido, que efectos han producido, que información se ha aportado a los agentes y, en general, los datos relevantes que pudieran interesar a la organización para adoptar las medidas oportunas.

Ese escrito, explica la Sala, proviene de una comisión rogatoria enviada por Francia, y se atribuye a Sorzabal porque viene firmado por ella y porque en el mismo se describen personas integrantes del comando, acciones que llevó a cabo y cantidad de detalles y circunstancias relativas a acciones terroristas.

Las mismas coinciden íntegramente, apuntan, con lo que declaró ante la Guardia Civil e incluso hacen referencia --dicen los agentes en el informe elaborado sobre dicha comunicación-- a una acción del año 1993 contra una sucursal de Mapfre que no describe en su declaración previa ante la Benemérita.

"La validez probatoria de este documento es que contiene un relato detallado de las distintas acciones realizadas por la procesada entre las que se encuentra el hecho de reconocer que participó en la colocación y explosión de los dos atentados de Gijón (farmacia y Palacio de Justicia)", apuntan los magistrados.

En este sentido, aseguran que "tiene pleno valor probatorio por cuanto que ese documento no es una mera transcripción o relato más o menos pormenorizado de lo que la procesada dijo en dependencias de la Guardia Civil cuando previamente fue detenida, sino que en dicho documento se amplían detalles de otras acciones".

En el mismo, además, "se relatan también acciones nuevas, encuentros de personas, que son absolutamente novedosos y que, a juicio de los testigos que elaboran el informe, solamente los podía conocer la persona que lo relata por haberlos vivido en persona".

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el presidente del PP, Pablo Casado, sigue siendo su interlocutor y ha trasladado su "absoluto respeto" a los procedimientos internos del partido ante la crisis interna que está atravesando, al tiempo que les ha pedido que aclaren "cuanto antes" los presuntos hechos irregulares que giran en torno al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros al ser preguntada acerca de si el Ejecutivo considera al líder de la oposición como un interlocutor válido para tratar asuntos de Estado como la crisis de Ucrania.

"De momento sigue siendo el interlocutor que el PP tiene como responsable político. Absoluto respeto a los procedimientos internos", ha trasladado la ministra portavoz, que ha asegurado que lo que les preocupa es que "aclaren cuanto antes los posibles hechos que puedan constituir irregularidades o corrupción".

Ha deslizado que esta es la única preocupación para el Ejecutivo porque "afecta a la credibilidad" y a la reputación del país y de la democracia. "Que la derecha se organiza como buenamente pueda", ha añadido la titular de Política Territorial.

Rodríguez no ha entrado a valorar si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, representa una derecha distinta a la de Pablo Casado, pero ha asegurado que el interés del Gobierno en este momento es "abordar el cordón sanitario a la extrema derecha" porque "hay soluciones para evitarlo".

Fuentes del Gobierno ven al dirigente gallego como un buen político con ideas claras y proyecto de país, pero ponen en duda que sea más moderado que el actual líder 'popular'. Asimismo, apuntan a que en materia económica el dirigente gallego es más conservador.

Así, sobre la posibilidad de que Feijóo releve a Casado en el puesto, estas mismas fuentes piensan que como interlocutor para el Gobierno podría ser mejor.

Si bien no se conoce si Casado asistirá este miércoles al Pleno del Congreso al que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no asistirá, la portavoz ha asegurado que el Sánchez está preparando la pregunta del Control "como cada semana" y "con absoluto respeto al Congreso que representa a la soberanía nacional".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado que se trata de un momento de "máxima delicadeza. "No me toca inmiscuirme en las decisión que adopte el PP", ha agregado.