Maxam ha reiterado su voluntad de "reubicar al mayor número posible" de trabajadores afectados por el cierre de Outdoors en la localidad vizcaína de Galdakao y ha abogado por "la negociación y el diálogo como vía para alcanzar las mejores condiciones de salida posibles" para los que no puedan serlo. Asimismo, ha advertido de que la convocatoria de huelga "impactará negativamente en la cadena de suministro a los clientes y generará perjuicios económicos y reputacionales a la compañía".

Los comités de empresa, formados por UGT, CCOO, SIX y ELA, han convocado una huelga indefinida a partir de este miércoles, 16 de febrero, tras la decisión del cierre de la línea de fabricación de pólvora del negocio de Outdoors. En un comunicado, la compañía ha reafirmado su voluntad de "reubicar al mayor número posible de trabajadores afectados" por el cierre de esta línea que, según ha precisado, "afecta exclusivamente al 5% del volumen de la producción total" en Galdakao.

Maxam ha subrayado que la venta del negocio de Outdoors es una operación que "se ajusta a la legalidad vigente" y que constituye "la mejor opción" para el futuro de la empresa y sus empleados. De esta forma, ha explicado, la compañía "actúa consecuentemente con la dinámica de concentración global del sector de la cartuchería de caza con su estrategia de focalizarse en los negocios principales de la compañía, las tecnologías energéticas".

NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO

La empresa ha asegurado que respeta las decisiones de los comités de empresa, así como el derecho a la huelga, si bien aboga por "la negociación y el diálogo con los representantes de los trabajadores como vía para alcanzar las mejores condiciones de salida posibles para la parte de la plantilla que no pueda ser reubicada".

Desde Maxam han advertido de que la convocatoria de huelga "impactará negativamente en la cadena de suministro a los clientes y generará perjuicios económicos y reputacionales a la compañía que irán en detrimento del clima y los objetivos de la negociación".

Finalmente, la dirección de la compañía ha solicitado a los comités de empresa que "respeten al máximo cualquier posición de los trabajadores" de Galdakao y "defendiendo no solo a aquellos que quieran ejercer libremente su derecho de huelga, sino también protegiendo a aquellos trabajadores que no quieran secundarla".

La Dirección General de Tráfico (DGT) lanza este martes una nueva campaña informativa con el objetivo de explicar a los ciudadanos los principales cambios de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entrarán en vigor el próximo día 21 de marzo.

Bajo el lema 'Nuevos tiempos. Nuevas normas', la campaña podrá verse en medios digitales, prensa escrita, redes sociales con el hashtag #NuevosTiemposNuevasNormas y escucharse en radios entre el 15 de febrero y el 21 de marzo.

Según ha concretado Tráfico, la campaña en medios de comunicación se centrará en siete de estas novedades con el objetivo de explicar de una manera clara a los ciudadanos los cambios más importantes introducidos.

En concreto, se explica, por ejemplo, que a partir de ahora utilizar el teléfono móvil mientras se conduce pasará a restar 6 puntos en lugar de 3, del mismo modo que se aumenta a 4 puntos la sanción por no hacer uso del cinturón de seguridad, del casco o del sistema de retención infantil correspondiente, todo ello sin aumento de la sanción económica.

Además, se unifica a 2 años el tiempo necesario que debe transcurrir sin cometer infracciones para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos.

También se destaca la supresión del margen de 20km/h para adelantar en carreteras convencionales que existía hasta ahora y en otras medidas dirigidas al colectivo ciclista como son la obligación, en vías con más de un carril por sentido, de cambiar de carril cuando se adelante a ciclistas o ciclomotores o la prohibición de parar o estacionar en carril bici o vías ciclistas.

La reforma de la Ley de Tráfico ha sido más amplia y se han modificado numerosos artículos, no solo referidos al permiso por puntos, por lo que se ha creado una página web específica dentro de la web de la DGT en la que se puede consultar los cambios más importantes.

"Es una obligación que tenemos como Administración de explicar a los ciudadanos los cambios que se han producido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Es oportuno y necesario que conozcan las modificaciones porque si se conocen y se explican, la mayoría de los ciudadanos las interiorizarán y las cumplirán, porque no hay que olvidar que en movilidad el comportamiento personal que adoptamos cuando nos desplazamos suele tener consecuencias directas para uno mismo y para el resto de los usuarios que comparten la vía", ha dicho Pere Navarro, director general de Tráfico.

El Papa ha modificado algunas normas del Código de Derecho Canónico y del Código de Cánones de las Iglesias Orientales para dar mayor autonomía a los obispos, que asumen a partir de ahora funciones que antes estaban reservadas a la Santa Sede como la intervención en la gestión de los seminarios o la formación sacerdotal.

De este modo, Francisco ha redactado un 'motu proprio' (documento papal), publicado por el Vaticano este martes, con el que establece que los ordinarios de las Iglesias locales podrán intervenir en la gestión de seminarios, formación sacerdotal, redacción de catecismos y en otras áreas sin pedir aprobación vaticana sino una confirmación más sencilla.

La razón que subyace a esta decisión es una "sana descentralización" de los poderes de la Santa Sede que antes debía dar su autorización para muchas de estas tareas.

El documento también otorga a las Iglesias locales las decisiones sobre posibles reducciones en el número de misas a celebrar con respecto a las intenciones recibidas. El secretario del Consejo Cardenalicio y miembro del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, Marco Mellino, ha explicado a los medios del Vaticano que algunas competencias estaban ejercidas hasta ahora por el gobierno central, pero que el Pontífice ha decidido "descentralizarlas" para mejorar la gestión de la Iglesia universal.

Por ejemplo, ahora el obispo podrá decidir respecto si concede a un religioso permanecer fuera de su propio instituto por un tiempo determinado. Según ha explicado Mellino, hasta ahora se tenía que apelar a la Santa Sede para dar una excedencia de más de tres años, pero de ahora en adelante podrá hacerlo por hasta cinco años.

Según explica el Pontífice, asignar algunas competencias, sobre disposiciones codificadas destinadas a garantizar la unidad de la disciplina de la Iglesia universal, al poder ejecutivo de las Iglesias y de las instituciones eclesiales locales, corresponde a la dinámica eclesial de comunión y potencia la proximidad".

"Una sana descentralización no puede sino favorecer esta dinámica, sin perjudicar la dimensión jerárquica", defiende. Por eso, explica que teniendo en cuenta la cultura eclesial y la mentalidad jurídica propia de cada Código ha decidido modificar la legislación vigente hasta ahora sobre algunas materias específicas, "atribuyéndoles las respectivas competencias.

Su intención es fomentar el sentido de colegialidad y responsabilidad pastoral de los obispos, ya sean diocesanos/episcopales o unidos en Conferencias Episcopales o según las estructuras jerárquicas orientales, así como de los superiores mayores, pero también apoyar los principios de "racionalidad, eficacia y eficiencia".

"Estos cambios normativos reflejan aún más la universalidad compartida y plural de la Iglesia, que incluye las diferencias sin homologarlas, con la garantía, en cuanto a la unidad, del ministerio del obispo de Roma", señala.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homóloga de Alemania, Annalena Baerbock, han reconocido que aún es demasiado pronto para valorar el alcance y los efectos de la retirada de tropas rusas en la frontera, aunque han coincidido en que cualquier gesto que permita rebajar las tensiones sería una "excelente noticia".

"La guerra es evitable", ha subrayado Albares en una rueda de prensa junto a Baerbock, al término de una reunión en Madrid en la que Ucrania ha sido uno de los principales puntos de la agenda. La visita de la ministra alemana coincide con el viaje a Moscú del canciller, Olaf Scholz, que el lunes ya había estado en Kiev.

Los dos ministros han abogado por la diplomacia para resolver la actual crisis y han coincidido, como ha apuntado Albares, en que "la pelota está en el tejado de Rusia". En este sentido, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que los "130.000 soldados" que Rusia habría acumulado junto a Ucrania "no responden a ninguna necesidad defensiva".

El Gobierno ruso ha anunciado este mismo martes la retirada de algunas de esta tropas, pero Albares ha señalado que "todavía es muy pronto" para valorar este posible gesto. "Estamos verificando si de verdad se trata de una pequeña desescalada", lo cual sería una "excelente noticia", ha añadido.

También Baerbock cree que "cualquier paso en la desescalada sería un momento de esperanza", si bien ha instado a pasar de las palabras a los hechos y a contrastar cualquier declaración que trascienda a la opinión pública para comprobar "si son informaciones veraces o rumores".

Asimismo, ambos ministros han señalado que los países aliados estarán preparados para los "distintos escenarios" que puedan producirse, no necesariamente la invasión, y que habrá medidas contundentes si Moscú persiste en su actual desafío. Desde hace semanas, según Baerbock alemana, Rusia "juega con fuego" en torno a Ucrania y eso es "peligrosísimo".

"Estamos preparados para cualquier escenario", ha recalcado Albares, que acto seguido ha llamado a no establecer diferentes varemos para los posibles desafíos rusos. "No debe producirse en ningún caso ningún tipo de agresión (...). Ni total ni parcial, ni grande ni pequeña", ha sentenciado.

INTEGRACIÓN EN LA OTAN

Moscú había establecido entre sus requisitos para calmar los ánimos que la OTAN se comprometiese a no expandirse en el este de Europa, pero tanto Albares como Baerbock han defendido que las decisiones sobre este ámbito corresponden a la Alianza, por un lado, y a Kiev, por el otro.

"No vamos a negociar por encima de Ucrania", ha asegurado en su comparecencia la jefa de la diplomacia alemana, mientras que su homólogo español ha querido recordar que Ucrania "es un país soberano" con "capacidad para tomar sus propias decisiones".

Albares ha subrayado que no caben estados con "soberanías limitadas" y ha afirmado que la OTAN, como "organización autónoma", tiene capacidad "exclusiva" para decidir a quién incorpora.

Los dos ministros han abogado por la diplomacia --Albares ha instado a Moscú a participar "de buena fe" en el diálogo-- y han defendido el papel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido nuevamente que España y Marruecos trabajan en forjar una "relación del siglo XXI" y por tanto "lo importante es el resultado final", no los tiempos.

"Tras una crisis muy profunda con Marruecos estamos construyendo una relación del siglo XXI", ha defendido el ministro en rueda de prensa con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en referencia a la crisis abierta con el país vecino a raíz de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Según Albares, "construir una relación sólida, tan rica y tan compleja, en el mejor sentido de la palabra", como la que hay con Marruecos, "requiere un tiempo y una tranquilidad que no son los tiempos mediáticos y de Twitter".

"Lo importante es el resultado final y que sea un resultado sólido y que evite futuras crisis", ha defendido el ministro, en línea con su mensaje de que superar el actual desencuentro con Marruecos aún llevará cierto tiempo.

También Alemania ha atravesado una grave crisis diplomática con Marruecos, que llevó al reino a retirar a su embajadora en Berlín, igual que hizo con la embajadora en Madrid, si bien con la llegada del nuevo Gobierno de coalición al poder la tensión se ha relajado en este caso.

El detonante en ambos casos era la negativa de ambos gobiernos a reconocer el Sáhara como marroquí después de que Estados Unidos, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, hiciera lo propio en diciembre de 2020.

En el caso de Alemania, Rabat ha valorado positivamente el que el Ministerio de Exteriores germano señalara en su web que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara presentado en 2007 es una "importante contribución" a la resolución del conflicto y a la consecución de un resultado "justo, sostenible y aceptable" para todas las partes.

Baerbock ha considerado que "redunda en el interés europeo y marroquí el continuar unas relaciones que hasta marzo del pasado año fueron buenas".

Al mismo tiempo, ha apostado por "buscar una solución aceptable para todos en el marco de Naciones Unidas", alinéandose así con la postura que también viene manteniendo España, de que la solución al conflicto debe ser política y mutualmente aceptable para las partes.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de una pareja acusada de prostituir a mujeres, a las que sometían a condiciones de trabajo abusivas en un piso de Oviedo. La vista oral está señalada para mañana, 16 de febrero de 2022, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados, que forman pareja sentimental, se dedicaban al negocio de la explotación de la prostitución en Oviedo. Ambos regentaban un piso de contactos sexuales en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal. En el mes de enero de 2019, las mujeres XXX e YYY contactaron con ellos, acordando alquilar una habitación en el piso para el ejercicio de la prostitución durante 21 días, pactando una fianza de 500 euros, a devolver una vez finalizada la estancia.

El día 18 de enero de 2019, XXX e YYY llegaron a la casa de contactos y, una vez prestada la fianza, los acusados les impusieron una serie condiciones y normas para el ejercicio de la prostitución: tenían que estar disponibles las 24 horas los siete días de la semana, con solo una hora libre al día, en la que si salían a la calle lo debían hacer de una en una, no se les permitía salir juntas. Tenían que atender a los clientes si se presentaban y reclamaban sus servicios a cualquier hora del día o de la noche, e incluso en la hora de descanso, daba igual si en ese momento estaban dormidas.

Además, debían trabajar aun teniendo la menstruación e incluso si estaban enfermas, y tenían que mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Una de las denunciantes se encontraba en estado de gestación. Los precios de los servicios sexuales los marcaban los acusados, 100 euros una hora, 50 euros media hora, y la mitad de todo lo recaudado era para la casa. Los acusados imponían a las chicas ejercer en el piso durante un periodo de 21 días y, si no cumplían con ese tiempo, perdían la fianza.

En el piso, junto con las mujeres que ejercían la prostitución, había otras contratadas por los acusados para atender los teléfonos, haciéndose pasar por las chicas y concertar las citas, y realizaban anotaciones de los servicios sexuales en una libreta para posterior control por parte de los acusados.

El 4 de febrero de 2020, funcionarios de Policía de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras realizaron un registro en el piso y en el domicilio de los acusados, también en Oviedo, ocupándose libretas con anotaciones pormenorizadas de las relaciones sexuales mantenidas por las chicas y 12.150 euros en metálico, producto de estas actividades de explotación. El día del registro se encontraban en el piso, ejerciendo la prostitución, tres mujeres, dos de ellas en situación de estancia irregular en España y sin permiso de trabajo, prostitución que realizaban en iguales condiciones que XXX e YYY, aunque la fianza prestada era de 1.000 euros y se habían suavizado las normas en cuanto a las elecciones de los clientes.

La Fiscalía solicita Procede imponer a los acusados las siguientes penas: Por cada uno de los cinco delitos de prostitución, pena de prisión de 3 años, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 18 meses, a razón de 12 euros día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por insolvencia.

Será de aplicación el artículo 76 del Código Penal (el máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años).

Además, los acusados no podrán aproximarse a las víctimas a menos de 500 metros, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentren durante cinco años, tampoco podrán comunicarse con ellas, por cualquier medio de comunicación, informático o telemático ni establecer contacto escrito, verbal o visual con ellas durante 5 años.

Asimismo, se impondrá a los acusados las medidas de libertad vigilada, consistentes en prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse por cualquier medio de comunicación con las víctimas, y prohibición de realizar en todo el territorio español actividades de alquiler de pisos y habitaciones, hostelería, restauración, ocio y esparcimiento y similares que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza. El plazo de duración de estas medidas será de cinco años.

Por el delito contra los derechos de los trabajadores, 2 años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 9 meses a razón de 12 euros día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente indemnizarán a las víctimas XXX e YYY con 3.000 euros a cada una y a las otras tres, con 2.000, por perjuicios y daño moral, más los intereses legales correspondientes.

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha pedido este martes la dimisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por su actuación durante la votación de la reforma laboral, que salió adelante el pasado 3 de febrero por el error del 'popular' Alberto Casero.

Según ha informado Vox, Olona ha exigido la salida de Batet durante la reunión de la Junta de Portavoces, que ha tenido lugar justo después de que la presidencia diera por zanjada la citada polémica en una declaración ante los medios de comunicación.

Batet ha comparecido después de que la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, haya tumbado los escritos de protesta del PP por aquella votación amparándose en un informe de los letrados que concluye que se actuó conforme a derecho en todo momento.

La presidenta ha dado por zanjado el asunto, ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara y ha avisado de que cuestionar a los servicios jurídicos "sin razonamiento o justificación" es "atacar la legitimidad del Congreso".

SE VULNERARON DERECHOS

Antes de que Olona pidiera su dimisión en la Junta de Portavoces, el vicepresidente cuatro de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, en la reunión de este órgano, había expuesto los argumentos de su grupo en contra del informe los letrados que avalan la actuación de Batet.

Según Gil Lázaro, se impidió a Casero "poder ejercer su derecho al voto" en los términos que se correspondían con "el sentido exacto de su voluntad", con lo que se "alteró la voluntad final de la Cámara" y se vulneraron las normas del Congreso.

Además, sostiene que Batet asumió para sí funciones que no le correspondían a ella sino a la Mesa, a la que no reunió para estudiar la petición de Casero de cambiar su voto telemático por presencial, y que además, "dio una información falsa al Pleno" cuando dijo que el órgano de gobierno de la Cámara había analizado el asunto. Gil Lázaro remarca que a él nadie le dijo nada en ese momento.

EL VOTO PRESENCIAL ES "INEMBARGABLE"

El vicepresidente cuarto defiende que la cuestión "esencial" no es si hubo o no error técnico en el voto de Casero, sino que se le "impidió expresar de forma inequívoca su voluntad de voto". A su juicio, optar por el voto a distancia no anula definitivamente su "derecho inembargable" a cambiar al presencial antes de que el voto telemático "se perfeccione", es decir, que se proclame el resultado de la votación por parte de la presidenta.

En definitiva, para Vox se ha producido una "gravísima violación" del derecho de Casero a manifestar su sentido de voto de conformidad con su voluntad real y de modo consecuente, se ha alterado la voluntad de la Cámara en la convalidación del decreto de la reforma laboral, que hubiese "sido derogado de haberse respetado el ordenamiento jurídico vigente y actuado por parte de la Presidencia con un estricto sentido objetivo y arbitral".

"Todas estas vicisitudes acaecidas actúan en un indeseable desdoro de la institución porque es inevitable que una parte de la sociedad española pueda alentar la sospecha de si este incidente se hubiera resuelto en los mismos términos de afectar al voto de un diputado de los que el día 3 de febrero querían votar favorablemente a la convalidación del Real Decreto Ley objeto del litigio", afirma Gil Lázaro.

LLEGAR HASTA EL FINAL

También el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha rechazado los argumentos de Batet y ha denunciado que ella hable de "atacar la legitimidad del Congreso" después de que el Tribunal Constitucional rechazara su decisión de cerrar el Parlamento durante el primer estado de alarma.

"Lo dice una señora de un partido que conforma Gobierno desde un fraude electoral masivo porque dijeron que no pactarían con Bildu y separatistas, la que cerró el Congreso en el primer estado de alarma, el partido que metió en su casa a 47 millones de españoles de manera inconstitucional", ha censurado.

Por ello, ha avisado de que Vox llegará hasta el final en este y en todos los asuntos que afectan al Gobierno, incluso cuando PSOE y Unidas Podemos ya no estén en el poder. "Estos señores se tienen que ir a su casa y esperar la querella", ha insistido.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha afirmado este martes que la Junta ha iniciado recientemente "obras de urgencia y emergencia" por valor de 16 millones de euros "en zonas de sequía severa" de la comunidad, como Almería o la Axarquía de Málaga, y ha instado al Gobierno a "ejecutar obras estratégicas" e impulsar medidas como "ayudas, exenciones fiscales o préstamos bonificados".

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, Bendodo ha comentado que la escasez de lluvia "sigue y la situación de sequía en Andalucía evidentemente supone una gran amenaza". El consejero ha defendido que el Gobierno andaluz "ha sido previsor" y "hace ya siete meses que aprobó el decreto de sequía, lo que ha permitido iniciar obras de urgencia y emergencia por valor de 16 millones de euros "en zonas de sequía severa" como Almería o la Axarquía de Málaga"

Algunas de esas obras son un "aumento de la capacidad de tratamiento de agua salobre de la desaladora del Atabal" para "disponer de más agua para los pueblos de la zona y para transferir a municipios de la costa del sol occidental y del sistema de la Viñuela si fuese necesario", un proyecto para el que ya está firmado el contrato, con previsión de que las obras comiencen en breve con un presupuesto de 3,1 millones. También, en este caso ya finalizada, se ha acometido una obra de mejora de los túneles de trasvase y de las presas de derivación de la Viñuela "para aprovechar hasta la última gota de agua".

Asimismo, se han realizado "actuaciones para garantizar abastecimiento en municipios del valle del Almanzora con recursos procedentes del embalse de cuevas de Almanzora y la desaladora de Carboneras". En este caso ya se ha firmado el contrato y solo se está pendiente del inicio de obra, con una inversión de 7,5 millones.

Bendodo ha remarcado también que la Junta ha declarado "de interés general de la comunidad autónoma" 17 obras "de emergencia de abastecimiento" para dar cobertura a poblaciones especialmente afectadas por la falta de agua.

El consejero se ha referido además a las "infraestructuras de interés" del Estado. "Urgimos al Gobierno de España a ejecutar obras estratégicas que ayudarían mucho a paliar los efectos de la sequía", ha dicho. En este sentido, Bendodo ha recordado también que "ayer la consejera "solicitó al Gobierno de España que se constituya una mesa nacional de la sequía para fijar medidas de apoyo al sector agrario". "El Ministerio puede ayudar con ayudas, exenciones fiscales o préstamos bonificados", ha considerado.

"La situación que vive el sector agrario en Andalucía es muy dura, con una reducción del 47% de la pluviometría con respecto al año anterior", ha alertado Bendodo, quien ha apuntado que, "si no llueve en las próximas semanas, la caída de los rendimientos puede rondar entre un 40 y un 60 % en el cereal y también se verá afectado el olivar". "Miles de familias andaluzas viven del campo. Por tanto, es de vital importancia para Andalucía esta cuestión", ha remachado.

Según los datos ofrecidos por el consejero, hasta este lunes las cuencas intracomunitarias estaban al 36,6% de su capacidad, cuando hace un año estaban al 52,1%.

La Pontificia Academia de la Vida del Vaticano, que preside Vinzenzo Paglia, ha instado a no "dejar al margen" a los ancianos y ha anunciado que el próximo 24 de julio se celebrará la Il Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores.

El lema elegido por Francisco para este años es 'En la vejez seguirán dando fruto' y pretende subrayar que los abuelos y los mayores constituyen "un valor y un don" tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales.

"El tema es también una invitación a reconsiderar y valorizar a los abuelos y a los mayores, que con demasiada frecuencia son mantenidos al margen de las familias y de las comunidades civiles y eclesiales", señala la Oficina de Prensa del Vaticano en un comunicado.

Para la Pontificia Academia de la Vida, las "experiencias de vida y de fe pueden ayudar a construir sociedades conscientes de sus raíces y capaces de soñar con un futuro más solidaria".

La II Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es también una "invitación a escuchar la sabiduría de los años, que es particularmente significativa en el contexto del camino sinodal que la Iglesia ha emprendido".

Las parroquias, diócesis, asociaciones y comunidades eclesiales de todo el mundo han sido invitadas a "encontrar el modo de celebrar la Jornada en su propio contexto pastoral, y para ello pondrá a disposición los instrumentos pastorales adecuados".

La diputada del PP en el Parlament y líder de Valents en Barcelona, Eva Parera, ha asegurado este martes que devolverá su acta de diputada si el PP se la pide y ha recalcado que actualmente no tiene pensado renunciar al Parlament ni llevarse el acta.

"Si el PP considera o llega un momento en el que cree que es mucho mejor para las relaciones futuras o incluso para el propio partido, para su tranquilidad, que yo abandone el Parlament, sin duda seré la primera que haré una renuncia y entregaré el acta al PP", ha sostenido en una entrevista a 'Metrópoli Abierta'.

Ha añadido que tiene muy claro que "ese acta les pertenece" y que si el PP se la pide se la devolverá al líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, de quien ha destacado su generosidad por incorporarla como independiente en las listas, algo que también le ha agradecido.

En relación al tuit, del secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, en el que criticó que Valents se nutría --en sus palabras-- de excargos del PP y de Cs, ha asegurado que no está haciendo "una OPA a nadie" y que las personas que están formando su grupo municipal lo hacen de forma voluntaria.

Ha afirmado que no se siente incómoda ni en el Parlament ni en el Ayuntamiento aunque trabaje para dos formaciones políticas distintas: "Al final estamos defendiendo una misma postura política, que es contra el independentismo. Me siento cómoda", ha concluido.

Cantabria registra una evolución "muy favorable" de la pandemia, baja a nivel 2 (riesgo medio), con lo que se relajan algunas restricciones y el ocio nocturno vuelve a abrir, y es "posible" que la semana que viene descienda al 1 y, si la mejora se mantiene y la comunidad entra en 'nueva normalidad', en "pocas semanas" se podrían acabar con las limitaciones.

Así lo ha señalado este martes el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, quien ha informado de la actualización del semáforo Covid, en el que la comunidad desciende de nivel, con 49 municipios en el 2, entre ellos todos los de más de 5.000 habitantes, y 53 en el 1.

Los municipios que esta semana están en nivel 2 son: Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales, Piélagos, Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña, Los Corrales de Buelna, Santa María de Cayón, Reinosa, Suances, Colindres, Reocín y Cabezón de la Sal.

En este mismo nivel se encuentran Medio Cudeyo, Polanco, Cartes, Entrambasaguas, Marina de Cudeyo, Miengo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Ampuero, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Villaescusa, Campoo de Enmedio, Puente Viesgo, Val de San Vicente, Voto, Noja, Liérganes, Alfoz de Lloredo, San Felices de Buelna, Ribamontán al Monte, Valdáliga, Comillas, Arnuero, Mazcuerras, Meruelo, Corvera de Toranzo, Limpias, Argoños, Villacarriedo, Potes, Udías y Arredondo.

SE MANTIENE EL SEMÁFORO COVID Y LAS RESTRICCIONES EN CADA NIVEL

Las restricciones que se mantienen son las establecidas en el semáforo Covid, que por ahora no se prevé retirar. Así, por ejemplo, en municipios de nivel 2, el ocio nocturno puede abrir a un 50% de aforo siempre que tenga medidores de CO2, con un máximo de 10 personas por mesa y sin consumo en barra. En aquellos de nivel 1 se puede llegar al 75% de aforo.

Estos aforos se mantienen en estos niveles para el comercio (50% en los de nivel 2 y 75% en los del 1.

A preguntas de los medios sobre la retirada de muchas de las restricciones en otras comunidades, Wallmann considera que en Cantabria se va "bastante en consonacia".

Sí ha apuntado que Cantabria empezó un poco más tarde la sexta ola y, por ello, le ha costado un poco más mejorar sus datos. "Ahora por fin lo estamos consolidando y el semáforo nos va a ir quitando las medidas, es una cuestión, probablemente, de pocas semanas", ha apuntado.

Ha insistido en que todo dependerá de la evolución epidemiológica y de la situación en los hospitales. De esta forma, se mantiene una "desescalada progresiva" y no se quiere "acelerar" demasiado.

Y cuestionado por las celebraciones de los Carnavales, el director general de Salud Pública ha explicado que al entrar la comunidad en nivel 2, no se precisa de solicitar autorización a Sanidad para llevarlas a cabo y se pueden realizar "sin ninguna restricción".

La Fundación Lucas18 y DACER Rehabilitación Funcional, S.L. se han unido por una causa social, apoyar a deportistas federados que sufran una lesión del sistema nervioso en sus necesidades de rehabilitación.

La experiencia adquirida durante más de 20 años en este tipo de tratamientos, hacen de esta colaboración, no solo una ayuda a los deportistas afectados, sino la puesta en marcha de un pionero método de rehabilitación intensivo “DACER pro” que impacta en la mejora de los deportistas, reduciendo de manera significativa las secuelas a las que deben hacer frente.

El éxito de estos resultados se basa en la incorporación de productos tecnológicos de última generación acompañados de un trabajo intensivo diario de rehabilitación, que se desarrolla en función de la capacidad de cada deportista.

El plan de rehabilitación individualizado se basa en trabajo de readaptación deportiva del sistema nervioso, entrenamiento de fuerza, resistencia, desafíos neuromotores mantenidos y un abordaje cardiopulmonar.

Para sentar las bases de este proyecto, que se desarrollará en el centro de rehabilitación DACER en la zona norte de Madrid, se ha celebrado un acto institucional en el que han estado representadas ambas entidades a través de Dña. Lorena Rodríguez Clemente, directora general de DACER Rehabilitación funcional S.L., D. Carlos González Pericot, consejero delegado de DACER Rehabilitación Funcional S.L. y D. Lucas de Ulacia de la Sotilla, presidente de Fundación Lucas18.

En palabras de Lorena Rodríguez Clemente, directora general de DACER “para nosotros es una gran satisfacción crear con la Fundación Lucas18 el proyecto “DACER pro” con el que conseguiremos poner esta metodología en marcha, no solo a los deportistas si no extenderlo al resto de los afectados por alguna de estas lesiones”.

El consejero delegado de DACER, D. Carlos González Pericot, quiso poner en valor la importancia de este tipo de acuerdos e ir más allá de la relación puramente mercantil, “con este acuerdo abrimos una línea de colaboración que tanto nosotros como la Fundación Lucas18, tienen mucho interés en fomentar con el objetivo de aprovechar sinergias y compartir objetivos”.

Por su parte, D. Lucas de Ulacia de la Sotilla, presidente de la Fundación Lucas18, afirma que este proyecto contribuye al “establecimiento de vías para generar mejoras en el estado de salud, la adaptación, y en definitiva la integración de estas personas en su día a día y para con la sociedad”.

Queremos constar que la Fundación Lucas18 se constituye el día 17 de septiembre del 2020, con el objetivo principal de ayudar a deportistas con lesiones cerebrales o medulares, ya que los seguros federativos no cubren con las necesidades mínimas de este colectivo.

PP, Cs y Vox han vuelto a exigir este martes la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís), después de que un juez esté investigando a cargos y técnicos de su departamento por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada a manos de su exmarido, educador en el centro, entre 2016 y 2017.

"Está en un callejón sin salida y sería coherente con ella misma que asumiera responsabilidades políticas", ha reclamado la síndica 'popular' en Les Corts, María José Catalá. Por contra, los grupos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) han cerrado filas en torno a Oltra y a la gestión de los menores tutelados por la Generalitat.

En concreto, el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia investiga a seis personas con diferentes cargos en Conselleria por presuntamente encubrir estos abusos sexuales. También se encuentran investigadas dos personas más: la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos, por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión.

En relación con la situación de Oltra y la petición de una parte denunciante de que sea investigada, el juzgado entiende que en este momento de la investigación no es pertinente y que solo si aparecieran elementos objetivos que pudieran justificar la posible imputación de un aforado, es cuando el juez elevaría la correspondiente exposición razonada al TSJCV.

En rueda de prensa tras la junta de síndicos, Catalá ha mostrado su confianza en que el proceso permita conocer "la verdad" y ha vuelto a denunciar que la Conselleria "no se puso del lado de la víctima, sino del abusador, y eso requiere asumir responsabilidades políticas". "Oltra no puede seguir en el Consell y Ximo Puig -'president' y líder del PSPV- no puede quedarse de perfil", ha recalcado: "No valen vaguedades ni dialéctica 'bienqueda'.

Ha asegurado que este caso deja "demasiadas preguntas y opacidad" y que su partido habría exigido responsabilidades fuera o no el condenado el exmarido de Oltra. Dicho esto, ha avisado al Botànic de que no conseguirán "desviar la atención del problema real" y ha avanzado que pedirán tanto la comisión de investigación como que la vicepresidenta "dé la cara".

Es más, la 'popular' ha afirmado que "es una vergüenza que Oltra siga como vicepresidenta y consellera" y que Puig la debería haber "cesado desde hace tiempo", además de avanzar que su partido estudiará "jurídicamente" el caso para ver qué posibilidades tienen.

También ha criticado que tanto Compromís como el PSPV exigieran responsabilidades políticas de compañeros de su partido durante el anterior gobierno del PP por casos de corrupción y ahora no crean que Oltra tenga que asumirlas. "Me he aprendido muy bien la lección y hay responsabilidades que no dependen de la justicia y no está asumiendo nadie", ha zanjado.

Como síndica de Cs, Ruth Merino ha coincidido en exigir la dimisión de Oltra y se ha preguntado "qué le falta a Puig para darse cuenta de lo que tiene al lado", una vicepresidenta "cuya gestión está constantemente en entredicho y bajo sospecha". "Es momento de dejar pasar la vergüenza de tener esta vicepresidenta", ha reivindicado tras "un cúmulo de acontecimientos desagradables".

Y de Vox, Ana Vega ha avanzado que pedirán la comparecencia de Oltra y ha urgido a Puig a que la cese inmediatamente. "Y si es incapaz de controlarla, el que tiene que coger sus maletas es él y convocar elecciones", ha aseverado, para volver a criticar que hubo "una negligencia clara de la Conselleria para que no sufriera políticamente Mónica Oltra".

OCHO COMPARECENCIAS

Entre el Botànic, el socialista Manolo Mata ha destacado que Oltra ha comparecido "hasta en ocho ocasiones" en Les Corts sobre este caso y que "ha dado todo tipo de información". Ha recordado que este tema en cuestión es una causa que se archivó y ahora se ha acordado "una mínima investigación", en la que espera que "se aclare todo" cuando los funcionarios declaren.

"Todos tenemos interés en que esta cuestión tenga máxima transparencia", ha subrayado, y ha descartado que haya que asumir responsabilidades políticas "cuando alguien ha dado la cara tantas veces". Es más, tras subrayar que "Oltra ni está investigada ni se espera esa imputación", ha afeado a la oposición que esté "desgastando" al tripartito al propiciar "un clima desfavorable" con una situación "asquerosamente perversa".

Papi Robles (Compromís) ha acusado a la oposición de hacer un uso "torticero e irresponsable" de este caso, además de "dar mucho espacio a tesis de la extrema derecha que son muy peligrosas".

"Es una estrategia para desgastar a este gobierno porque no hay un proyecto alternativo, pero el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar", ha aseverado, para advertir que es un "acoso" directo hacia su coalición porque entraron a gobernar "garantizando que no habría corrupción como antes y eso no ha sentado nada bien".

En cualquier caso, Robles ha garantizado que Conselleria siempre dará toda la información que le pidan y ha coincidido en recordar que tanto Fiscalía como el juez de instrucción pidieron que se archivara el caso. Ahora ha asegurado que esperan que "el proceso deje negro sobre blanco lo que considere que se ha de mejorar, si es que se ha de mejorar algo".

Y de UP, su portavoz adjunta, Estefania Blanes, ha sostenido que hay "poca novedad" en la investigación, desde el respeto a la justicia, y ha reiterado que la Conselleria ha mostrado "toda la voluntad" de facilitar documentación tanto en Les Corts como en el juzgado.

Ha denunciado además que "se está ejerciendo un acoso contra la vicepresidenta por el simple hecho de que sea su exmarido", cuando cree que la relación personal debería ser indiferente en unos hechos así. "Se está aprovechando este caso para atacar a Oltra. Es una agresión indirecta", ha alertado.

La Obra Cultural Baleares (OCB) ha exigido a la Consejería de Educación "un paso adelante a favor del catalán", al considerar que el marco normativo en relación a la lengua en la Ley de Educación "no es suficiente".

Desde la entidad han apuntado que, "a la vista de la situación de fragilidad en la que se encuentra la lengua catalana", son las instituciones propias "las que deben liderar la defensa de la lengua".

Por ello, la OCB propone al Govern un total de diez medidas "que deben tomarse con urgencia y firmeza en el ámbito de la educación". Entre otras, pide que la legislación posibilite que cada vez sean más los centros educativos, públicos, privados y concertados, que opten por aplicar programas de inmersión lingüística.

También solicita que la Inspección Educativa haga cumplir y aplique las medidas correctoras que corresponda en caso de incumplimiento del "decreto de mínimos" del catalán.

Asimismo, reclama que se establezcan mecanismos de evaluación de los proyectos lingüísticos de centro, con la supervisión de la Inspección Educativa, para revisarlos y adecuarlos, especialmente en función de la evaluación de la consecución de la competencia oral.

La OCB pide, además, la recuperación del Servicio de Enseñanza del Catalán y más recursos humanos y materiales para destinar a programas de acogida lingüística para alumnos de incorporación tardía.

Recuerda que los dinamizadores lingüísticos en todos los centros educativos "son un gran apoyo para trabajar las aptitudes lingüísticas" y propone que se ofrezcan cursos de catalán para familias.

La Obra Cultural Balear pide un calendario de aplicación de estas medidas y alerta de que "la situación del catalán en la escuela después de los últimos casi siete años del 'Pacte' es insatisfactorio".

El presidente autonómico del PP y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha aclarado este martes que no se puede equiparar la actual situación para la gobernabilidad en Castilla y León con la que dejaron los anteriores comicios, cuando ganó el PSOE, ya que en esta ocasión ha vencido el PP lo que significa, ha evidenciado, que "todas las hipótesis de gobierno" pasan por la sede de los 'populares'.

De este modo se ha pronunciado Fernández Mañueco en alusión a las pretensiones de VOX que ha pedido para la formación de los de Santiago Abascal, al menos, el mismo trato que el PP dio a Ciudadanos tras las elecciones de 2019, cuando los 'liberales' se hicieron con la Vicepresidencia y Portavocía de la Junta y con cuatro consejerías en el Gobierno de coalición, además de con la Presidencia de las Cortes.

Fernández Mañueco se ha comprometido a trabajar y a "dialogar con todos hasta la extenuación" en el reto de acordar "el mejor gobierno" para Castilla y León en su aspiración de que sea "sólido, estable y en solitario" ya que, según ha aclarado, un Ejecutivo de coalición no garantiza necesariamente que vaya a ser un Gobierno fuerte, y ha puesto como ejemplo el Gobierno de la nación formado por PSOE y Unidas Podemos, al que ve "débil y fracturado".

"No lo quiero para Castilla y León", ha aseverado el dirigente 'popular' que ha abogado por un "gobierno fuerte", "de todos y para todos" y con "una sola voz" que siga el "camino trazado" que surja de un "pacto sólido, claro y parlamentario" y del "diálogo serio" con todas las fuerzas, siempre que sea "sin medias tintas", sin "trajes prestados" sin "una espada de Damocles encima".

"Todas las hipótesis de Gobierno pasan por esta sede", ha reiterado Fernández Mañueco que ha aclarado que las negociaciones tendrán el programa del PP como referencia porque es el que ha sido refrendado por los electores. "A partir de ahí hablaremos, no antes", ha aclarado Fernández Mañueco que ha pedido "moderación", "inteligencia" y "serenidad" en unas negociaciones que abordarán "con transparencia" y de las que informarán "puntualmente".

El presidente en funciones ha recordado también que tiene la "experiencia necesaria" para afrontar los "grandes retos" de Castilla y León, entre los que ha citado la culminación de la PAC. "Estas elecciones iban de Castilla y León, no iban de otra cosa", ha sentenciado con una referencia expresa a la gente, a la "gestión eficaz" de los servicios públicos, a la bajada de los impuestos y a su apuesta por las familias y por la natalidad a través de unas políticas "como no tiene nadie en este país".

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha defendido este martes que todavía es posible que la mesa de diálogo se reúna "a principios de año" y ha urgido al Gobierno, Pedro Sánchez, a pactar la fecha lo antes posible.

Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que se haya demorado la próxima reunión de la mesa de diálogo, pese a que en un inicio ambos gobiernos dijeron que se reuniría a principios de 2022.

Plaja ha defendido que todavía es principio de año y que hay margen para cumplir este plazo, y ha pedido "valentía y concreción" al Gobierno para acordar una fecha que vaya bien a los dos ejecutivos.

Ante la parálisis de la mesa de diálogo, la portavoz del Govern ha advertido de que "la confianza se desgasta" y ha sostenido que, si el Gobierno de Pedro Sánchez cree que se ha modificado el acuerdo entre los dos gobiernos y que la mesa y no se debe reunir a principios de año, deberá dar las explicaciones oportunas.

Asimismo, ha subrayado que "ni los procesos electorales ni los intereses partidistas son una justificación" para dilatar la negociación sobre el conflicto catalán.

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha acusado al presidente del Govern, Pere Aragonès, de haber protagonizado un "acto de autoconsumo y de propaganda para su parroquia" con la conferencia de este lunes coincidiendo con el aniversario de las elecciones catalanas.

En rueda de prensa en el Parlament, ha criticado que Aragonès apostara por redefinir el proyecto para Cataluña: "Lo que quiere es redefinir Cataluña a la manera nacionalista, excluyendo todo lo que no sea parte de su imaginario colectivo", cuando lo que debería hacer es tratar de recuperar Cataluña, porque considera que los independentistas la han hundido.

En cuanto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cree que ha puesto "en el disparadero y a los pies de los caballos a los funcionarios" de la Cámara con sus explicaciones este lunes sobre la retirada del escaño de Pau Juvillà (CUP), en una Junta de Portavoces que ha asegurado que fue pública porque así lo pidieron varios grupos parlamentarios.

Ha insistido en pedir la dimisión de Borràs, tanto por la gestión del acta de Juvillà como por haber acudido "al corte ilegal de la Meridiana" de Barcelona el sábado, después de que la Conselleria de Interior trasladara la manifestación a una ubicación cercana.

Ha destacado el hecho de que el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, tildara de error que Borràs acudiera a la Meridiana, aunque ha precisado que "no es un error; es una actitud profundamente irresponsable por parte de un político, que puede ser incluso constitutiva de posibles delitos".

COMPARECENCIA DE BORRÀS

Cs ha registrado una petición de comparecencia de Borràs ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) sobre su asistencia a la Meridiana, y ha pedido información sobre la actuación y atestados policiales del sábado, según Martín Blanco, que ha garantizado que vigilarán "cuales gendarmes" que no se produzcan más cortes de la avenida.

El dirigente de Cs ha criticado que Elena asegurara este lunes que el Interior no aplicará de forma mimética la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como 'ley mordaza'--, lo que Martín Blanco cree que evidencia que van a aplicar esta ley "a su antojo, a la carta", algo que ha dicho que no debe normalizarse.

Ha avanzado que Cs no participará en la comisión del Parlament que aprobó el pleno de la semana pasada a petición de Junts, sobre la "deuda histórica del Estado con Cataluña", porque considera que representa un despropósito y que será un festival de victimismo, en sus palabras.

Preguntado por los medios, ha avanzado que desde el Govern han sido invitados a una reunión previa a la comisión bilateral del viernes entre el Gobierno central y la Generalitat, como es habitual, y ha explicado que un miembro de su grupo parlamentario asistirá a esta reunión previa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso de apelación formulado por el varón condenado por matar a cuchilladas en mayo de 2018 al ciudadano de origen chino Jian Lin Wan tras robar en su tienda de Carmona, contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le impuso un total de 18 años de prisión; reduciendo de 16 a 15 años la pena por el principal delito, de modo que su condena queda fijada en 17 años de privación de libertad.

En una sentencia emitida el pasado 8 de febrero, la sala de lo Penal del TSJA aborda un recurso de apelación de Alfonso G.R., contra la sentencia de la Audiencia que le condena a 18 años de cárcel, después de que un jurado popular le declarase culpable de matar a cuchilladas en mayo de 2018 al ciudadano de origen chino Jian Lin Wan tras robar en el establecimiento comercial del mismo en la localidad de Carmona.

Según la sentencia de la Audiencia, el jurado consideró probado que, sobre las 18,00 horas del día 19 de mayo de 2018, el acusado acudió a la vivienda de su madre con la finalidad de que le diese dinero para adquirir drogas, logrando que le diera 30 euros, tras lo que se ausentó de la vivienda durante unos diez minutos en busca de drogas, un consumo que volvió a repetir posteriormente en casa de un amigo, a la que le llevó en coche su hermana.

Seguidamente, y con su hermana en dicho vehículo, el condenado le pidió que parara en el establecimiento del fallecido para adquirir una botella de cerveza y otra de anís, de modo que, sobre las 20,30 horas, accedió al local regentado por la víctima, con la intención de hacerse con las dos botellas, que le fueron proporcionadas por el dueño, aprovechando el acusado que éste le dio la espalda "para coger la bolsa con las botellas y salir del local sin abonarlas".

SEIS CUCHILLADAS EN CABEZA Y CUELLO

"De manera inmediata, la víctima salió tras el acusado hasta darle alcance a pocos metros ya en la calle, iniciándose entre ambos una breve discusión en la que el dueño del establecimiento le recriminaba su conducta y en el curso de la cual ambos forcejearon y tiraron de la bolsa de plástico que contenía las dos botellas"; hasta que el acusado, "de manera súbita e inesperada" para la víctima, sacó un cuchillo que llevaba oculto y le propinó "seis cuchilladas en la zona de la cabeza y el cuello, comenzando el fallecido a sangrar abundantemente y cayendo al suelo tras dar escasos pasos, tras lo que falleció sobre las 21,50 horas de ese mismo día a causa de un shock hemorrágico y una insuficiencia respiratoria aguda", declara probado la sentencia condenatoria.

La misma señala que este hombre hizo "caso omiso" a las órdenes de la Guardia Civil para que se entregase y se atrincheró dentro de su vivienda, donde ya de madrugada "arrojó desde el rellano de la escalera una botella de vidrio llena de gasolina y provista de una mecha en llama al lugar donde se encontraban los agentes, que pudieron esquivarla", aunque la botella "no hubiera llegado a combustionar por la defectuosa confección del cóctel molotov debido a la impericia en la realización del mismo".

PENA INICIAL DE 18 AÑOS

Dado el caso, la Audiencia impuso al acusado 16 años de prisión por un delito de robo con violencia en establecimiento abierto al público agravado por el empleo de arma blanca en concurso medial con un delito de asesinato; y dos años más de cárcel por un delito de atentado con la agravante de reincidencia, pues ya contaba en su historial con una condena firme por un delito previo de atentado; así como una indemnización de 300.000 euros a la familia de la víctima.

Frente a dicha sentencia condenatoria, la defensa del inculpado formuló ante el TSJA un recurso de apelación con un total de seis motivos, desestimando el tribunal cinco de los mismos. En cuanto al sexto motivo, el TSJA detalla que en uno de sus aspectos de este sexto motivo, el recurso de apelación "reprocha falta de motivación en la determinación de la pena por aplicación de las reglas del concurso", manifestando el TSJA que "en efecto, en lo referente a la determinación de la pena final por el delito de asesinato (que se fija en 14 años) en concurso con el de robo con violencia (que sefija en 3 años de prisión), se imponen 16 años de prisión".

En ese sentido, el TSJA indica que la sentencia de la Audiencia objeto de recurso de apelación considera que "no existe un derecho del acusado a la imposición de la pena en el tramo mínimo, así como que la pena final habrá de ser superior a la concretamente imponible para el delito más grave (es decir, superior a 14 años), sin que pueda exceder de la suma de ambos, 'de manera que la pena total que procede aplicar es la de 16 años' de prisión" según la propia sentencia; con lo que "queda sin justificarse por qué la elevación respecto del mínimo posible (14 años y un día) se fija en dos años adicionales", según el TSJA.

"NUEVA DETERMINACIÓN DE LA PENA"

Ante este "déficit de motivación", el TSJA aborda "una nueva determinación de la pena, en aplicación de las reglas del concurso" de delitos, exponiendo que "el hecho de matar para robar, o de robar matando, fuerza a incrementar de manera sensible la pena correspondiente al asesinato (14 años), y dentro del margen legal entendemos pertinente, por tal circunstancia, la adición de un año".

Por eso, respecto al citado delito determina "la imposición de un año de prisión por el concurso de delitos, por lo que la pena final se fija en 15 años de prisión" por el delito de robo con violencia en establecimiento abierto al público agravado por el empleo de arma blanca en concurso medial con un delito de asesinato.

Así, el TSJA estima sólo parcialmente el recurso de apelación y revoca la sentencia inicial de la Audiencia "en cuanto a la determinación de la pena impuesta por el delito de robo con violencia subtipo agravado de uso de arma blanca en concurso medial con un delito de asesinato, que se fija en 15 años de prisión"; "confirmando la sentencia apelada en lo demás", o sea en los dos años más de cárcel por el delito de atentado.

El Gobierno ha lanzado hoy un aviso al Partido Popular al afirmar que "estará muy atento" a la formación del Gobierno en Castilla y León para que no haya retrocesos y materia de derechos y libertades y éstos no sean "moneda de cambio".

Así lo ha afirmado la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien primero ha señalado que no le toca al Gobierno pronunciarse desde la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la conformación de un Gobierno autonómico.

Pero acto seguido, ha advertido a los 'populares' de que no admitirán que los derechos y libertades sean "moneda de cambio" para formar ningún gobierno. "Vamos a estar muy atentos para que no haya ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades", ha advertido la Portavoz, quien ha precisado que se refería especialmente a las mujeres, después de que el candidato de Vox pidiera la derogación de las leyes autonómicas de Violencia de Género.

En opinión de Isabel Rodríguez, quienes tienen que pronunciarse son los que llevaron a Castilla y León a la cita electoral, es decir, el Partido Popular, porque consideran que estos comicios "no tocaban" por lo que "quien las convocó tiene que gestionar este momento".

LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ SE EVALUARÁ EN LAS GENERALES

La ministra ha querido dejar claro también que en estas elecciones no se evaluaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "La gestión del Gobierno se valorará cuando se convoquen elecciones generales", ha espetado antes de recordar que estamos en el ecuador de la Legislatura y que es "un momento muy oportuno para desplegar el resto de la acción del Gobierno".

En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo central no está en campaña electoral, sino centrado en la acción de Gobierno con la que tienen el objetivo de modernizar el país y en consolidar el crecimiento económico. Para el futuro, está convencida de que el Gobierno de Sánchez contará con el apoyo mayoritario "cuando toque".

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha afirmado este martes que la citación a seis cargos y técnicos de su departamento por presuntamente encubrir los abusos sexualesde su exmarido a una menor tutelada es "una cacería política de la extrema derecha" que augura que "no tendrá ningún recorrido". Por ello, ha reprochado al PP "ir a rebufo" de la extrema derecha sin "importarles manchar el nombre de funcionarias públicas porque no tienen proyecto".

Oltra, en declaraciones a los medios, ha explicado que esto es "una querella de la extrema derecha" y es "importante saberlo porque determina lo que está detrás". Al respecto, ha recalcado que en Les Corts ha dado todas las explicaciones y "cada explicación ha tenido un papel detrás" y los grupos de la oposición han tenido "acceso a toda esta documentación, todas las veces que lo han pedido y todo el tiempo que han querido" e incluso han podido hablar con las funcionarias. Por ello, "ningún partido ha ido a denunciar porque conocen perfectamente el caso".

De hecho, ha recordado que la portavoz adjunta del PP Elena Bastidas, que ahora ha pedido su dimisión, "hace mucho tiempo que dijo que lo había puesto en manos de sus abogados", pero "si no ha presentado ninguna denuncia es que han visto que aquí está todo claro y explicado".

Por ello, ha lamentado que el PP vaya ahora a "rebufo y chupando rueda de la extrema derecha" porque, ha advertido, "eso después tiene las consecuencias que tiene". "Si creen que lo correcto es llevar la cacería política al juzgado, implicar a unas funcionarias profesionales y manchar el nombre de funcionarias públicas, si esa es la manera que tiene el PP de hacer política es que no tienen ningún proyecto para este país, y esto se está viendo aquí y en toda España", ha constatado.

Oltra ha lamentado que "funcionarias que llevan décadas haciendo su trabajo profesionalmente se vean en esta situación" por "una cacería política" y ha recalcado que "no deberían verse envueltas". Por ello, les ha garantizado que las seguirá defendiendo.

En cualquier caso, ha recalcado que "la verdad siempre se abre camino" porque el trabajo de las funcionarias está "fuera de duda". Por ello, ha insistido en que la querella "tendrá poco recorrido" porque el juzgado ya cerró la investigación y Fiscalía también solicitó el archivo.

Por otro lado, ha comentado que a la Conselleria no ha llegado una carta de cinco excompañeras de la víctima del exmarido de Oltra defendiendo la inocencia del educador. "Por tanto no puedo opinar sobre una cuestión importante sin el conocimiento que se necesita", ha justificado.

El Tribunal Supremo ha aplazado la reunión para estudiar el recurso que presentó la Asociación de Fiscales (AF) contra la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; en concreto, por el caso de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas han confirmado que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido el debate previsto para este martes sobre el texto de la AF. Según han indicado, se reunirán en un mes aproximadamente para abordar este recurso y el presentado por el fiscal José Miguel de la Rosa, candidato a la misma plaza que Esteban Rincón que también ha impugnado el nombramiento realizado por Delgado.

Desde la Asociación de Fiscales han criticado públicamente la "querencia" de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenece-- a la hora de acordar nombramientos discrecionales. En este sentido, han llamado la atención sobre la designación de Esteban Rincón como fiscal de Sala coordinador de Menores.

La asociación ha reprochado que se soslayara a De la Rosa, candidato que --a su juicio-- atesoraba la mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de sala.

Esteban Rincón ingresó en la carrera fiscal en 1988. Entre 2008 y 2013 fue Fiscal Jefe de Madrid, la Fiscalía más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, que dirigió "con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos", según tuvo en cuenta Delgado para su nombramiento. Además, fue fiscal ante el Tribunal Constitucional durante una década.

"NORMA GENERAL"

En un comunicado emitido el pasado marzo, la AF denunció como "norma general" en el comportamiento de Delgado que "sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros".

La asociación, presidida por Cristina Dexeus, se quejaba de que "transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado".

Varios tripulantes del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' han fallecido tras el naufragio del buque a unas 250 millas de la Isla de Terranova, en Canadá.

Así lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en la Provincia de Pontevedra, Maica Larriba, quien ha explicado que la tripulación está conformada por más de 20 tripulantes: 12 marineros españoles, varios peruanos y dos personas de Ghana.

Se trata de un barco del Grupo Nores, radicado en Marín (Pontevera), que estaba pescando fletán en la zona. Sobre las 5,00 horas de la madrugada de este martes se perdió el contacto con el buque y saltó la baliza de aviso.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha señalado que la situación en las aguas de Terranova era "muy mala" y que el suceso se produjo durante la noche, por lo que hasta hace poco aún no se disponía de información facilitada por los medios canadienses movilizados en el lugar.

Además, Larriba ha explicado que en la zona se hallaron cuatro balsas, de las que se ha podido acceder a tres --dos de las cuales estaban vacías-- y en una de ellas se ha localizado a tres supervivientes en shock hipotérmico. Los medios tratan de llegar a la cuarta balsa.

En la zona hay varios pesqueros, uno portugiés y otro con base en Marín de Frigoríficos del Morrazo, así como medios del salvamento del Estado de Canadá.

BUQUE DE ARVI

El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha explicado que por el momento la información "es bastante confusa", en las tareas de rescate están colaboran helicópteros y buques canadienses, así como varios barcos pesqueros.

El 'Villa de Pitanxo' forma parte de la flota del Grupo Nores, con base en Marín, que es una de la empresas fundadoras de ARVI.

Señala que se cree que hay "algún fallecido", mientras asegura que se han rescatados vivos a varios tripulantes "con señales de hipotermia". "Va a ser uno de los días más tristes para la pesca gallega", sostiene.