El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para la aprobación de un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria con el objetivo de hacer efectiva la transposición de una directiva europea relativa a la cooperación en el ámbito de la fiscalidad y que tiene como principal novedad la obligación de intercambiar información con los otros países de la UE sobre los operadores de plataformas digitales.

Con esta transposición, recogida en un anteproyecto de ley que inicia ahora el trámite consultivo, se dará cumplimiento al mandato contemplado en la directiva de facilitar el intercambio de información fiscal sobre estos operadores digitales.

Según explica el Departamento que dirige María Jesús Montero, este nuevo intercambio de información exige cambios a nivel reglamentario que se efectuarán mediante un real decreto que tiene por objeto establecer las normas y procedimientos de diligencia que deberán aplicar determinados operadores de plataformas digitales, así como regular las nuevas obligaciones de registro e información de dichos operadores.

EL OPERADOR DEBERÁ ESTAR REGISTRADO CENSALMENTE ANTE LA AEAT

El anteproyecto prevé las características generales de la obligación de información y su desarrollo se efectuará reglamentariamente a través de un real decreto, y de la correspondiente orden ministerial que aprobará el modelo de declaración.

En concreto, la norma establece para los denominados "operadores de plataforma obligados a comunicar información" tres tipos de obligaciones, que van desde las normas y procedimientos que deberán aplicar los operadores sobre los 'vendedores' para la obtención de determinadas informaciones, a fin de cumplir con el suministro de información a la Administración Tributaria, hasta la obligación de registro en el censo y la obligación de suministro de información a la Administración Tributaria.

La obligación de suministro de información se establece para, una vez obtenida dicha información, intercambiarla con los Estados Miembros de residencia del vendedor al que se refieren los datos y, en el caso de arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles, al estado miembro en el que estuviera situado el bien inmueble.

En concreto, los operadores deberán aplicar los procedimientos de diligencia debida en relación con determinadas informaciones de los "vendedores" que estarán sujetos a la comunicación de dichos datos. Se deberán verificar los citados datos, alcanzando especial importancia el esclarecimiento de la residencia del vendedor.

Una vez obtenida esta información por el operador, éste deberá suministrarla a la Administración Tributaria española, y para ello el operador deberá estar registrado censalmente ante la misma.

QUEDAN EXCLUIDOS LOS OPERADORES EXTERNOS A LA UE

La transposición contempla que algunos operadores de plataformas digitales están excluidos de esta obligación de informar. Se trata de aquellos que puedan demostrar que la información ha sido comunicada por otros operadores y los considerados como "operadores de plataforma cualificados externos a la Unión", es decir, aquellos registrados en jurisdicciones no europeas a los que les resulta de aplicación tratados o convenios internacionales en virtud de los cuales dicha información se remite a todos los Estados Miembros.

El anteproyecto también prevé un régimen sancionador específico para estas obligaciones de información.

INFORMACIÓN QUE SE DEBE COMUNICAR

La nueva normativa apunta que el operador de plataformas digitales deberá comunicar diversos datos relativos a las actividades económicas, denominadas "actividades pertinentes", en las que medien los operadores a través de las plataformas digitales que gestionan, poniendo en contacto a los vendedores de bienes o prestadores de determinados servicios, denominados "vendedores", y los usuarios de dichas plataformas.

En este caso, existen una serie de vendedores excluidos de esta información, como son las entidades consideradas administraciones públicas y las entidades cotizadas.

Asimismo, serán objeto de suministro de información aquellas actividades consideradas como "actividades pertinentes", que son las de arrendamiento y cesión temporal de bienes inmuebles y medios de transporte, servicios personales y venta de bienes.

Se deberán suministrar datos como la identificación de los propios operadores y vendedores; actividades desarrolladas por éstos; contraprestación satisfecha al vendedor e identificación de las cuentas utilizadas para el cobro de la misma; tributos, comisiones, tarifas y otras cuantías retenidas o cobradas por el operador, entre otros datos.

La declaración deberá ser objeto de presentación durante el mes de enero del año siguiente al que se refiere la información.

INSPECCIONES CONJUNTAS A NIVEL EUROPEO

Otra de las novedades que recoge el anteproyecto es la regulación de las denominadas "inspecciones conjuntas" a nivel europeo. También ciertos aspectos de la presencia de los funcionarios españoles en otros Estados, y a la inversa, así como de los controles simultáneos.

De esta forma, la normativa define el concepto de inspección conjunta y establece que, con carácter general, la regulación aplicable será la española propia del régimen de las actuaciones de inspección, salvo que las actuaciones se desarrollen fuera de España, en cuyo caso, se aplicarán las disposiciones del Estado Miembro donde se desarrollen. Ello nunca implicará que los funcionarios españoles que actúen en ese otro Estado Miembro puedan ejercer competencias no conferidas conforme a la normativa española.

Asimismo, para facilitar el desarrollo práctico de las inspecciones conjuntas, la Administración tributaria española y los Estados Miembros participantes deberán acordarlas y coordinarlas previamente, para lo cual se nombrará a un representante de la administración española.

También se regulan las especialidades en este tipo de actuaciones y se deberá elaborar un informe final que recogerá las conclusiones de la inspección, que deberá tenerse en cuenta en posteriores procedimientos tributarios seguidos por la Administración Tributaria española.

Por último, la previsión es que la transposición entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. No obstante, se establece que las modificaciones referidas a la obligación de información de los operadores de plataformas digitales se aplicarán a partir de 1 de enero de 2023, mientras que el régimen relativo a las inspecciones conjuntas se aplicará a partir de 1 de enero de 2024.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y ministra de Función Pública francesa, Amélie de Montchalin, han firmado una 'Declaración de Intenciones' sobre Función Pública, que define un marco general para reforzar la cooperación en las áreas de Administración Pública.

En el documento rubricado por las dos ministras este martes en una reunión telemática también se establece un marco a largo plazo para que Francia y España colaboren en la difusión de las mejores prácticas en el ámbito de la Administración Pública.

Entre estas áreas de colaboración se encuentra la mejora de la imagen institucional de la Administración y de los procesos de selección potenciandola gestión del talento y la planificación estratégica de la función pública, el diálogo social y la negociación.

Además, destaca apuesta por la conciliación de la vida personal y laboral, el bienestar de los trabajadores y las nuevas formas de trabajo que incorporan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; así como la digitalización y sus impactos en la función pública y su desempeño.

También se recoge la política de igualdad de género y diversidad en la función pública, el intercambio de buenas prácticas y de experiencias para la gestión de crisis en la Administración Pública, como la Covid-19 y sus consecuencias, y la implementación de políticas de recursos humanos del Gobierno central en los niveles territoriales inferiores.

El acuerdo contempla que la cooperación entre los dos países tomará forma a través de seminarios anuales, grupos de trabajo, mesas redondas, reuniones de expertos, intercambio de documentación y transferencia de conocimiento, estudios conjuntos, especial cooperación para anticipar y mantener posiciones conjuntas a nivel europeo, además de movilidad e intercambio de programas, en especial para funcionarios en puestos de mayor experiencia o rango. En cada uno de los países se designará una persona coordinadora que supervisará la aplicación efectiva de la cooperación entre ambos.

REUNIÓN INFORMAL A NIVEL EUROPEO

La reunión de las ministras Montero y De Montchalin también ha tenido por objeto la preparación de la reunión informal de titulares de la cartera de Función Pública de la Unión Europea que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de marzo en Estrasburgo, convocada por la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, y que dará continuidad a temas tratados en la reunión ministerial de 2021 en Lisboa, como la movilidad europea de funcionarios o la transformación digital de la Administración.

Durante el encuentro telemático, ambas ministras han puesto en común sus retos y prioridades en la gestión de la Función Pública, respecto a los que han compartido experiencias. En este sentido, tanto en Francia como en España se están poniendo en marcha políticas públicas innovadoras para afrontar los retos del siglo XXI, según destaca el Departamento que dirige María Jesús Montero a través de un comunicado.

La producción por plástico se ha duplicado en los últimos veinte años a nivel mundial y, al mismo tiempo aumenta de manera inexorable la contaminación que genera, mientras que apenas se recicla de manera satisfactoria un 9 por ciento del total, según estima un primer informe global de plásticos realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Además, refleja que el consumo global de plásticos reciclados se ha cuadriplicado desde los 6,8 millones de toneladas en el año 2000 a los más de 29,1 millones de toneladas en 2019, aunque esa cifra solo supone el 6 por ciento de la producción total de plásticos a nivel mundial.

La OCDE considera necesario hacer más para crear sistemas de recogida separada y para mejorar el funcionamiento de los mercados de plástico reciclado, que pueden sustituir el plástico primario. Además, apuesta por establecer objetivos de reciclado e inversiones para mejorar las tecnologías de reciclado que podrían ayudar a que los mercados de plástico secundario sean más competitivos y rentables.

El estudio muestra como a medida que crece la población y los ingresos se produce un incremento "implacable" de la cantidad de plásticos utilizados y desechados, pero las políticas para atajar su abandono en el medio ambiente se quedan cortas.

El informe de Perspectiva de la OCDE valora que es exigible utilizar más instrumentos como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para los embalajes y los bienes duraderos, los impuestos sobre los vertederos, los sistemas de depósito-reembolso y de pago por uso.

Además, casi la mitad de todos los residuos plásticos fueron generados en los países miembro de la OCDE. En concreto, cada estadounidense genera al año unos 221 kilogramos de residuos de plástico frente a los 114 de los países europeos de la UE y a mayor distancia están los ciudadanos de Japón y Corea, que de media generan 69 kilogramos de media por persona.

La mayoría de la contaminación por plásticos procede de una recogida y una gestión inadecuadas de los residuos plásticos más grandes, los macroplásticos, pero considera que otro problema de gran preocupación son las fugas por microplásticos (polímeros sintéticos de menos 5 milímetros de diámetro) procedentes de gránulos de plástico industrial, textiles sintéticos, marcas viales y desgaste de neumáticos.

Los países de la OCDE están detrás del 14 por ciento de la fuga o el abandono total de plástico y de ellos, el 11 por ciento corresponde a macroplástico y el 35 por ciento de las fugas, de microplásticos.

El análisis de perspectiva de la OCDE apela a la cooperación internacional para reducir la contaminación plástica y sugiere que esta debe incluir el apoyo a los países de bajos ingresos para desarrollar sus infraestructura de gestión de desechos para reducir fugas de plástico.

Por otro lado, el informe refleja que la crisis provocada por la COVID-19 provocó una reducción del uso de plástico del 2,2 por ciento en 2020 asociada a la reducción de la actividad económica, pero ese mismo año aumentó el abandono de basura, los embalajes de comida para llevar, el equipamiento médico plástico como las mascarillas. Pero en 2021, al reanudarse la actividad económica, el consumo de plásticos también ha repuntado.

Para la OCDE, reducir la contaminación por plásticos requiere de una mayor acción, de cooperación internacional, rebajar la contaminación por plásticos así como mejorar el diseño de productos y el desarrollo de alernativas más respetuosas con el medioambiente así como realizar esfuerzos en la mejora de la gestión de los residuos e incrementar las tasas de reciclado.

A pesar de que más de 120 países ha establecido prohibiciones y tasas contra el plástico de un solo uso, estas medidas para la OCDE no están haciendo lo suficiente para reducir la contaminación global.

La OCDE critica que la mayoría de las regulaciones se limitan a elementos como las bolsas de plástico, que constituyen una pequeña parte de los desechos plásticos y son más eficaces para reducir la basura que para frenar el consumo de plásticos. Los impuestos sobre vertederos e incineración que incentivan el reciclaje solo existen en una minoría de países.

Por ello, insiste en la aportación que puede proporcionar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para los embalajes y los bienes duraderos, los impuestos sobre los vertederos, los sistemas de depósito-reembolso y de pago por uso.

La Audiencia Nacional ha absuelto al exconsejero delegado de Banco Valencia, Domingo Parra, así como a los otro seis encausados, de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, así como a Iberfin Capital y a Caser del pago de la responsabilidad civil, mientras que también absuelve a Intercapiresa como responsable a título lucrativo, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Parra y al resto de encausados (Francisco de Andrés Sales y Dimas de Andrés Puyol, José Antonio Parra Aznar, José Vicente Giner Ponce, Juan Alfredo Zurita Marqués y Francisco Egea Beneyto) habían sido imputados por el 'agujero' de cerca de 10 millones de euros provocado tanto en Banco de Valencia (4,2 millones de euros) como en la extinta Bancaja (5,3 millones de euros) por una subrogación hipotecaria relacionada con una parcela de Barcelona.

Esa finca se ubicaba en Barcelona, en la Plaza de Cataluña con Paseo de Gracia, y la hipoteca procedía de un préstamo anterior concedido por ambas entidades a la sociedad 'Patrimonial Andybal SL'.

Sin embargo, el fallo, emitido este pasado martes, 21 de febrero, por el presidente del Tribunal Félix Alfonso Guevara Marcos, considera que la actividad de los encausados en relación con las operaciones de riesgo incluidas en el procedimiento y concertadas por el Banco de Valencia y Bancaja con Iberfin Capital "no constituyen acto alguno de administración desleal o apropiación indebida constitutivos de delito ni de cooperación necesaria en ellos".

Además, la sentencia señala que los hechos declarados probados "no son constitutivos de delito", una conclusión a la que ha llegado el tribunal "tras la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio".

Asimismo, el fallo indica que la conclusión que se desprende de la operación en Barcelona "no supuso ningún perjuicio para las entidades bancarias, Banco de Valencia y Bancaja, sino que fue beneficiosa", mientras que en otro punto asegura que "la operación salió bien y todos ganaron".

Cabe señalar que Iberfin, que realizó la operación, era propiedad de la familia De Andrés y estaba participada por Intercapiresa, propiedad de la familia Parra.

Un portavoz de la familia De Andrés ha manifestado que esta sentencia absolutoria "viene a restituir parte del daño reputacional que el fundador de la empresa familiar [Francisco de Andrés Sales] y su hijo [Dimas de Andrés Pujol] han padecido durante los últimos nueve años como consecuencia de las acusaciones realizadas en 2013, ahora demostradas sin fundamento".

EL FISCAL PEDÍA PENAS DE HASTA TRES AÑOS PARA DOMINGO PARRA

Cabe recordar que la Fiscalía pedía para Domingo Parra dos o alternativamente tres años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o profesión en el seno o a cuenta de una entidad bancaria. Para su hijo se solicitaba prisión de cinco meses o alternativamente prisión de un año y seis meses por el delito de apropiación indebida según el artículo 252.

Para Francisco de Andrés se solicitaban diez meses por administración desleal o alternativamente un año y seis meses de prisión por apropiación indebida de acuerdo al artículo 252. Idénticas penas se pedían para su hijo Dimas de Andrés.

Por su parte, para Jose Vicente Giner, Juan Zurita y Francisco Egea se interesan dos años de cárcel por administración desleal o alternativamente tres por apropiación indebida.

Además, el Ministerio Público solicitaba que Domingo Parra, Francisco Egea, José Antonio Parra, Francisco de Andrés y su hijo indemnizaran conjunta y solidariamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la autoridad de resolución ejecutiva, con la suma de 4,2 millones de euros más los intereses devengados desde noviembre de 2010.

Asimismo, la Fiscalía había pedido que Francisco de Andrés, Dimas de Andrés, Juan Alfredo Zurita y José Vicente Ginés indemnizaran a CaixaBank como sucesora de Bankia --y esta a su vez de Bancaja-- con 5,3 millones de euros más los intereses devengados desde noviembre de 2010.

Alternativamente, la Fiscalía también aceptaba una indemnización a favor del FROB por la hipoteca concedida por Banco de Valencia aIberfin de 2,8 millones de euros, más los intereses legales devengados desde el día 10 de noviembre de 2010; y una indemnización a CaixaBank de 3,5 millones de euros, más los intereses devengados desde noviembre de 2010.

El 22,2% de los puestos directivos de las empresas privadas españolas están ocupados por mujeres, según un estudio elaborado por la consultora de Recursos Humanos especializada en compensación y talento Ceinsa para el cual ha analizado los datos proporcionados por más de 500 empresas españolas.

Este porcentaje es superior al observado en la primera edición de este estudio, en 1994, cuando las mujeres ocupaban el 9,47% de los puestos directivos. El porcentaje también es superior al observado en la última oleada de este estudio, en 2018, cuando el porcentaje de mujeres directivas era un 2,77% más bajo.

Por otro lado, en la posición de mandos intermedios y jefes, las mujeres suponen el 33% de los empleados, frente a 31,52% en 2018.

Según el estudio de Ceinsa, en los puestos más altos es donde la presencia de las mujeres sigue siendo menor con un 9,4% de los Consejeros Delegados o Directores Generales de empresas privadas que son mujeres. El porcentaje es aún más bajo en los puestos de directores de división, donde las mujeres representan apenas el 5,7%, cifra apenas superior al 4% de 1994.

En el área de Recursos Humanos las mujeres están más representadas, con el 49,4% de los directivos, cifra casi idéntica a la del área de calidad, donde las mujeres suponen el 49,2% de los puestos directivos. Marketing y Logística son las otras posiciones laborables donde las mujeres representan más de un 40% de los directivos.

En el extremo opuesto, la dirección de operaciones y de fábricas representan cifras mucho más bajas, del 4,5% y del 5,4% respectivamente, siendo inferiores, por tanto, incluso, a los porcentajes de Consejeras Delegadas.

Por diferencias por edad, el estudio de Ceinsa muestra cómo el mayor porcentaje de mujeres directivas corresponde a las generaciones más jóvenes, entre las que tienen menos de 30 años, donde el 46,3% de los puestos directivos son ocupados por mujeres.

Sin embargo, el número de mujeres directivas decae a medida que se avanza en la franja de edad, representando un 19,4% de los puestos directivos ocupados por personas de entre 56 y 60 años y un 16% de los puestos directivos ocupados por personas por encima de los 60 años. Según el estudio, la presencia femenina ha disminuido en 2021 con respecto a 2018 en los tramos de edad inferiores a 35 años.

La firma automovilística Opel y la Universidad Técnica (UT) de Darmstadt en Alemania han comenzado una investigación conjunta sobre nuevas tecnologías de iluminación, según ha informado la compañía en un comunicado.

La cooperación es parte de la red de investigación global de Stellantis con universidades. Actualmente, en 15 de los llamados OpenLabs se adquieren conocimientos científicos para su aplicación en los sistemas tecnológicos de las futuras generaciones de vehículos. La UT de Darmstadt es el primer Stellantis OpenLab en Alemania.

La investigación en la UT de Darmstadt se centra en el desarrollo de sistemas de comunicación y asistencia al conductor, sistemas de faros adaptativos, luces traseras, iluminación interior y fuentes de luz en general.

La investigación que se está financiando incluirá un sistema inteligente de faros delanteros y luces traseras que se adapten de manera óptima al entorno, a la situación del tráfico, así como a otros factores que puedan tener influencia en el mismo. Las pruebas iniciales con un prototipo están previstas para finales de año.

El proyecto está previsto inicialmente para cuatro años, sin embargo, el objetivo es establecer una cooperación estratégica para los próximos diez años. Así, Stellantis podrá aprovechar la experiencia de la UT de Darmstadt para transferir los resultados de la investigación a los vehículos y los estudiantes de doctorado podrán utilizar la infraestructura técnica de las empresas de automoción para probar sus desarrollos en este campo.

"Los sistemas de iluminación adaptativos avanzados hacen mucho más que simplemente iluminar la carretera de acuerdo con las condiciones actuales. Están vinculados a numerosos sistemas de asistencia y hacen que la conducción sea más segura y cómoda", ha señalado el consejero delegado de Opel, Uwe Hochgeschurtz.

La subida de precios y la recuperación del consumo fuera del hogar marcarán el gran consumo en 2022, según la consultora Kantar, que ha reunido este martes a los principales actores del sector para analizar el entorno del gran consumo y sus principales tendencias en el marco de su ciclo de ponencias Perspectivas 2022.

En concreto, la subida de los precios, entre ellos de la luz y las materias primas, afectará a fabricantes y distribuidores, que hasta ahora habían tratado de contenerla, especialmente algunas enseñas, por lo que dicho incremento se trasladará al consumidor final.

"El incremento de costes es tal que no podrá ser asumido por el sector, y todos los distribuidores se verán obligados a trasladarlo al precio de los productos", ha explicado el director general de Kantar Worldpanel, Jorge Folch.

"Además, ante la polarización de los consumidores, veremos comportamientos aparentemente contradictorios, como el lanzamiento de productos premium innovadores, a la vez que descuentos y promociones para satisfacer la búsqueda de alternativas más económicas", ha añadido.

El sector del gran consumo sumando el consumo dentro y fuera del hogar ha terminado 2021 de forma estable, con una caída del 0,1% en comparación con el año anterior.

"La reapertura de bares y restaurantes ha sido la clave en la recuperación del consumo fuera del hogar en 2021 y en la estabilización del sector. Además, es importante destacar que la restauración ya ha alcanzado el 78% de su valor con respecto a 2019 y que, por su parte, el peso del consumo en casa tiende a normalizarse", ha recalcado la directora de Analytics en Kantar, división Worldpanel, María Josep Martinez.

Por categorías, en 2021 el gasto en textil ha aumentado un 15,7%, el de fuera del hogar un 23,4% y el de la gasolina un 28,6% con respecto a 2020.

Sin embargo, el consumo doméstico de productos de Gran Consumo -FMCG, en sus siglas en inglés-, no ha mantenido el nivel alcanzado en 2020, en el que se benefició del confinamiento, de las restricciones y cierres del canal Horeca. Esta tendencia se mantendrá a lo largo del primer semestre del 2022 para estabilizarse en el segundo según Kantar.

En este contexto, Kantar prevé que 2022 será el año de la vuelta a la normalidad en el sector del gran consumo, con un primer semestre marcado por el decrecimiento en FMCG y una segunda mitad del año más estable.

Las previsiones de Kantar del consumo interno de los hogares para el cierre del año son de 76.600 millones de euros, una cifra que ya empieza a aproximarse a niveles de 2019. Esta evolución será similar en todas las categorías como frescos perecederos, bebidas, droguería o alimentación envasada.

COMPRA 'ONLINE' Y TELETRABAJO

Según Kantar, los españoles hacen menos veces la compra, aunque sus cestas son más completas, y eso hace que los distribuidores centren sus estrategias en aprovechar más el potencial de sus clientelas.

Así, el ecommerce se consolida y sigue creciendo en 2021 en todos los sectores, alcanzando cuotas del 2,9% en FMCG, del 12,3% en 'beauty' y del 20,8% en 'fashion'.

Fuera del hogar, 'delivery' y 'take away' representan uno de cada cuatro euros gastados.

Por su parte, el número de compras físicas por hogar sigue bajando, hasta situarse en 233 en 2021, 40 compras menos que en 2013.

Asimismo, el teletrabajo se ha establecido en el 7% de la población, lo que supone 8 millones de ocasiones semanales de consumo causadas por esta modalidad.

Esta situación, según Kantar, favorece a las comidas entre semana en el domicilio, que antes de la pandemia prácticamente no se producían. Sin embargo, hay ocasiones, como las rutinas de belleza pre y post eventos relacionados con el trabajo y la socialización, que siguen sufriendo las consecuencias, aunque poco a poco empieza a vislumbrarse una recuperación: en 2019 se daba una tasa de penetración del 70% en este tipo de consumo, en 2020 bajó hasta el 47% y en 2021 se ha situado en el 66%.

Este miércoles comienzan a negociar las nuevas acciones de Nyesa Valores Corporación procedentes de la suscripción de las dos ampliaciones de capital lanzadas en los últimos meses por un importe total nominal de 60 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de los 4.000 millones de títulos de la sociedad de 0,015 euros de valor nominal cada uno, correspondientes a estas dos ampliaciones de capital.

En concreto, al aumento de capital por aportación no dineraria vinculado a su edificio Torres de Hércules, en Cádiz, de 8,7 millones de euros, y al de 51,3 millones de euros relacionado con la compensación de créditos concursales.

Esta última operación supuso la entrada de Banco Sabadell en el accionariado de Nyesa Valores Corporación, con una participación del 3,89%, tras capitalizar parte de la deuda de la compañía y convertirse en el sexto mayor accionista de la promotora inmobiliaria.

El principal accionista de Nyesa es actualmente Schoen Group-Cerrina Inversiones (Mariano Schoendorff), con el 13,4%, seguido de Olaf y Rubí (José Antonio Bartolomé, 9,46%), Fanumceo (7,8%), Río Arnoia (Liberto Ángel Campillo, 5%), Mikhail Gaber (4,9%) y Sabadell (3,89%).

El objetivo de Nyesa con estas operaciones es iniciar una nueva etapa, con la capitalización de la deuda y el restablecimiento del equilibrio patrimonial y tras haber evitado la solución liquidatoria.

La modificación del convenio de la sociedad que la compañía acometió y la consiguiente ampliación de capital tenían como finalidad atender tanto la deuda concursal como el resto de obligaciones de pago contraídas en el marco de la reorientación estratégica llevada a cabo desde el ejercicio 2019.

Aena reelegirá a Martín Lucena como consejero delegado en su próxima junta general de accionistas del 31 de marzo, tras acordar la fecha el consejo de administración, celebrado este martes, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la celebración de la junta será en la sala de prensa de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, situado en la Avda. de la Hispanidad a las 11.00 horas en primera convocatoria. Si no hay quórum suficiente, la segunda convocatoria tendrá lugar al día siguiente, 1 de abril de 2022, a la misma hora y en el mismo sitio.

La convocatoria de la junta general de accionistas se publicará en los próximos días en los términos previstos en la normativa de aplicación, en cuyo momento se pondrá a disposición de los accionistas e inversores toda la documentación de la junta general.

Dentro del orden del día, se ratificará el nombramiento por cooptación de Raúl Míguez y Manuel Delacampagne en la categoría de consejeros dominicales y el nombramiento de Eva Ballesté como consejera dominical.

Además, se someterá a examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Aena, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

También se someterá a votación, con carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021 y el Informe Actualizado del Plan de Acción Climática del año 2021.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.435 millones de euros en 2021, lo que representa un incremento del 2,94% con respecto al ejercicio anterior, informó la compañía, que supera así sus previsiones para el año.

Este incremento en las ganancias se produjo a pesar de contabilizarse un deterioro de los activos de generación eléctrica en los territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) de 652 millones.

Este deterioro está relacionado con la situación prevista de los mercados de materias primas y los costes que se prevén recuperar en la regulación por estos conceptos, así como con los cambios contemplados en la estructura de generación futura y sus efectos en la generación térmica actual. Se suma a los deterioros en el negocio no peninsular ya contabilizados en 2019 y 2020 por 404 y 338 millones, respectivamente.

La energética destacó la consecución de estos resultados en un ejercicio condicionado por las turbulencias en los mercados gasísticos internacionales que han generado precios eléctricos récord en Europa y, también, por los relevantes desarrollos regulatorios a escala nacional y europea.

Así, a pesar de esta compleja coyuntura, el grupo dirigido por José Bogas fue capaz de batir sus previsiones de cierre de año anunciadas al mercado en el Capital Markets Day del pasado noviembre.

El grupo registró un beneficio ordinario neto de 1.902 millones de euros, un 11% inferior al de 2020, aunque superior en un 12% a la 'hoja de ruta' que se había marcado de 1.700 millones de euros en noviembre.

Así, el dividendo a repartir a los accionistas superará las estimaciones en un 11%, hasta situarse en los 1,44 euros por acción. Endesa abonará el 80% de su beneficio ordinario neto de 2021 a sus accionistas, porcentaje que se situará en el 70% sobre los beneficios de 2022, 2023 y 2024 para adecuarlo a la inversión bruta prevista para los próximos años.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética creció un 6% el año pasado frente a 2020, sitúandose en 4.278 millones. Esta cifra es un 7% superior a la estimación de cierre de año anunciada al mercado.

Este crecimiento su basó, principalmente, en la contabilización de ingresos extraordinarios de 300 millones derivados de la anulación judicial del canon hidráulico 2013-2020 y de otros 186 millones por la recuperación de los costes de CO2 del año 2006 igualmente por sentencia judicial; así como en los esfuerzos de gestión en los distintos negocios para tratar de paliar el impacto de la citada subida excepcional de los precios del gas.

UNO DE LOS EJERCICIOS "MÁS DESAFIANTES".

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, puso en valor estos resultados en "uno de los ejercicios más desafiantes de los últimos años, justo después de otro año como el 2020 que estuvo marcado por el tremendo golpe de la pandemia".

"El desempeño de Endesa muestra nuestra capacidad de resiliencia, que nos permite seguir ofreciendo una sólida remuneración a nuestros accionistas sobre la base de unos resultados económicos mejores que los anunciados. La credibilidad de nuestra senda de descarbonización y sostenibilidad, reflejada en los principales índices a escala global, unida al buen comportamiento de nuestra actividad comercial nos permiten afrontar con confianza los retos del presente año 2022", dijo.

La 'fintech' estadounidense SoFi Technologies ha anunciado un acuerdo de fusión para adquirir a la argentina Technisys, especializada en el desarrollo de software para banca digital, por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares (970 millones de euros), según ha informado este martes en un comunicado.

El acuerdo alcanzado entre las partes establece que los accionistas de Technisys recibirán 84 millones de acciones de SoFi, que representan menos del 10% de capital diluido de la estadounidense. El valor estimado de estos títulos es de 1.100 millones de dólares (970 millones de euros).

SoFi espera que la transacción concluya durante el segundo trimestre de 2022, sujeto al cierre de algunas condiciones habituales en este tipo de operaciones. Una vez terminada la fusión, se espera que Technisys opere como una filial independiente de SoFi y sea parte de su plataforma tecnológica, de modo que Miguel Santos, actual consejero delegado de la argentina, continuaría desempeñando su puesto.

La empresa con sede en San Francisco ha destacado que la adquisición de la argentina respaldará su alta tasa de crecimiento en facturación. Las firmas estiman un crecimiento de los ingresos derivado de la operación de entre 500 y 800 millones de dólares (441 y 705 millones de euros) hasta 2025 con unos "altos márgenes".

Por otra parte, una vez que SoFi haya migrado sus actuales núcleos de terceros a un único núcleo de Technisys propio y operado, espera poder innovar aún más rápido, realizar más decisiones en tiempo real y ofrecer una mayor personalización a sus más de tres millones de miembros.

SoFi calcula que este cambio y la integración vertical con Galileo, otra firma que adquirió en 2020, supondrán un ahorro de costes acumulado de entre 75 y 85 millones de dólares (66 y 75 millones de euros) entre 2023 y 2025 y de entre 60 y 70 millones de dólares (53 y 62 millones de euros) anuales a partir de entonces.

En conjunto, SoFi y Technisys prestarán servicio a 89 millones de cuentas de clientes habilitadas en Estados Unidos, México y Colombia, así como a 60 firmas bancarias, financieras y no financieras de Technisys en Latinoamérica y Estados Unidos.

El Ibex 35 ha cerrado con una ligera revalorización del 0,05%, después de llegar a caer en la apertura cerca de un 2,6%, después de que en la tarde de ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmase el reconocimiento de independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, lo que ha alejado la resolución diplomática del conflicto.

Así, el Ibex 35 ha conseguido recortar las pérdidas registradas al comienzo de la sesión, llegando incluso a impulsarse un 0,7%. Sin embargo, poco antes de finalizar la jornada, el selectivo madrileño volvía a mostrar su confusión ante la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia.

En este sentido, la Casa Blanca ha asegurado que el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk supone "el comienzo de una invasión", utilizando ya un término que durante semanas ha supuesto para Washington la línea roja que desencadenaría sanciones sin precedentes.

Además, los inversores están pendientes de la reacción de la Unión Europea y de las posibles sanciones que se impongan a Rusia, después de que este país haya roto los Acuerdos de Minsk de 2015 y haya "violado la integridad territorial de Ucrania", según los analistas de Renta 4.

En este contexto, el precio del petróleo ha vuelto a alcanzar los máximos registrados en 2014. El valor del barril de crudo tipo Brent, de referencia en Europa, ha escalado hasta los 96 dólares, con una subida del 1,25%, mientras que el West Texas se ha elevado hasta los 92,69 dólares, tras un repunte del 1,78%.

En el caso de las bolsas europeas, Londres ha cerrado en positivo, con un avance del 0,13%, aunque Fráncfort ha terminado con una caída del 0,26% y París y Milán se han mantenido estables, con un ligero descenso del 0,01% y del 0,06% respectivamente.

También caían algunas de las principales referencias bursátiles en Estados Unidos. En concreto, el Dow Jones cotizaba con una caída del 0,7%, mientras que el S&P 500 se dejaba un 0,6% y el Nasdaq, un 0,8%.

Volviendo a España, el Ibex 35 ha cerrado en los 8.493,2 enteros, con más de la mitad de sus valores 'en rojo'. Han destacado Pharma Mar (-3,98%), Fluidra (-1,98%), Inditex (-1,87%), Sabadell (-1,79%), Naturgy (-1,34%), Repsol (-1,31%), Merlin (-1,28%) y Mapfre (-1,12%).

Por el lado de las subidas, han resaltado en la sesión de hoy Cellnex (+4,58%), ArcelorMittal (+3,18%), Grifols (+2,29%), IAG (+1,57%) e Iberdrola (+1,14%).

Cabe destacar también que este martes Enagás ha presentado un beneficio neto de 403,8 millones de euros en 2021, lo que representa una caída del 9% con respecto al ejercicio anterior, pero le permite superar ampliamente el objetivo establecido para el año de 380 millones de euros.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1342 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 104 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,258%.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido este martes ante el Pleno del Congreso la necesidad de contar con una empresa pública de energía para rebajar la cuota de mercado y de poder de un "oligopolio mafioso", mientras que su socio de Gobierno, el PSOE, la rechazará por no considerarla una medida efectiva y la ha limitado a "plan a 20 años".

El rechazo del PSOE se une al del PP, Vox, Ciudadanos y el PNV. Únicamente Esquerra Republicana, EH-Bildu, Compromís, Teruel Existe y el BNG han avanzado su respaldo a tramitar la iniciativa, que será tumbada por el Pleno de la Cámara Baja en su primera votación.

Echenique ha justificado su acusación a las grandes eléctricas recordando las multas por manipulación de precios, el vaciamiento de embalses para maximizar beneficios, la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por el 'caso Villarejo' o la amenaza de cierre nuclear anticipado al Gobierno hace unos meses.

Por su parte, su portavoz de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde ha reivindicado que un bien público como el agua "sea gestionado desde lo público y el beneficio público" con la reversión de estas centrales, por lo que cree que su propuesta es "de puro sentido común", recordando que España es de las excepciones de la OCDE en no contar con una gran energética pública.

La propuesta del grupo confederal es agrupar las concesiones hidroeléctricas que vayan caducando en esta compañía, crear un registro público para planificar esta recuperación, impulsar con ella nuevas instalaciones de energía renovable y coordinar la empresa con otras comercializadoras públicas.

PRECIOS INCLUSO MÁS ELEVADOS EN PAÍSES CON EMPRESAS PÚBLICAS

Su homólogo en el PSOE y socio de Gobierno, Germán Renau, ha defendido que es posible actuar contra la pobreza energética y conseguir precios más baratos con un marco regulatorio adecuado, sin una empresa pública, recordando que otros países con una gran energética pública han superado a España en sus precios de electricidad.

José Alberto Herrero Bono, del PP, ha asegurado que una empresa pública "no es, ni de lejos, la solución" a la escalada de precios, con reversión de centrales en un plazo de 20-35 años, una situación en la que también ha incidido Idoia Sagastizabal, del PNV, que se ha preguntado si cubrir los costes servirá para garantizar energía asequible.

En todo caso, sí han defendido ambos una regulación para la energía hidráulica, el PP para su reserva estratégica como tecnología de respaldo, y el PNV para su gestión a las órdenes del operador, poniendo el foco no en la rentabilidad, sino en el momento de su generación.

ERC HABLA DE "PROPAGANDA", BILDU DE OPORTUNIDAD PERDIDA

Por ERC, Joan Capdevila ha recordado que en mayo cumple el compromiso del Gobierno de llevar una nueva reforma del sector eléctrico --"Y ni hemos oído hablar de borradores", ha incidido--, invitando a Unidas Podemos a "hacer propaganda con cosas menos serias", mientras que Bildu ha lamentado la falta de acuerdo entre socios, que condena al fracaso la iniciativa.

Por su parte, Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha incidido en el papel que han jugado estas instalaciones hidroeléctricas en la despoblación, y en la necesidad de que la reversión de las mismas a los poderes públicos corrijan estos efectos.

La directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, Inmaculada de Benito, ha destacado este martes la importancia clave de la financiación para mejorar la competitividad de las empresas de las industrias culturales y deportivas.

"Cultura y deporte necesitan apoyos y estímulos financieros para poder mejorar sus capacidades competitivas", ha recalcado Inmaculada de Benito durante la jornada "La Industria Cultural y Deportiva. Actividades Clave de la Economía Española", organizada este martes por CEOE..

En este punto, ha subrayado el papel que pueden desempeñar CREA SGR (entidad sin ánimo de lucro que facilita financiación a pymes avalando sus operaciones ante entidades financieras) o alternativas como el mecenazgo o la microfinanciación.

La patronal ha reunido este martes a expertos, tanto del sector público como del privado, para abordar las claves de la competitividad futura de las industrias culturales y deportivas y se ha fijado una hoja de ruta con la que seguir avanzando en estas materias desde la Comisión de Cultura y Deporte de CEOE.

En sus intervenciones, los ponentes han coincidido en la necesidad de potenciar el papel estratégico de unos sectores que aportan aproximadamente un 6% al PIB nacional, que sostienen el 4,5% del empleo y que, además, contribuyen de forma fundamental a la imagen de España en el exterior. Asimismo, han hecho hincapié en la importancia de mejorar la rentabilidad de las empresas españolas a través del apoyo y la construcción de un legado cultural-país.

La jornada ha tenido como eje tres mesas redondas en las que se ha profundizado en las oportunidades para la financiación de las industriales culturales y creativas y de la industria del deporte y en los retos para la mejora de la competitividad tanto del sector del deporte como del de la cultura en el siglo XXI.

Como cierre, la directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, Inmaculada de Benito, ha apostado por seguir trabajando para lograr su reconocimiento como sector industrial y económico del deporte, al tiempo que ha defendido unas reglas fiscales que permitan a las empresas y organizaciones del ecosistema deportivo aportar mayor valor. También aboga por un marco jurídico estable adecuado a la realidad del sector y por el desarrollo de políticas transversales de impulso a la industria deportiva desde ámbitos como la sanidad o la educación para alcanzar objetivos compartidos.

En cuanto a la cultura, la directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE ha abogado también por un reconocimiento expreso como sector económico y por la vertebración de sus integrantes para afianzar su papel en la cadena de valor económico.

La boutique especializada en el asesoramiento de compra-venta de empresas en el sector tecnológico, amplía su equipo con la incorporación de Qiao Fu, proveniente de PricewaterhouseCoopers, como analista. Este nuevo nombramiento supone una apuesta clara de la compañía para reforzar su equipo con perfiles internacionales. Fu se suma al equipo de analistas de la entidad, la cual a lo largo de 2021 ya incorporó el perfil de Luca Benvenuti, quien anteriormente desarrolló su carrera en Assicurazioni Generali. El equipo internacional de Bondo Advisors cuenta ahora con Joshua Novick, nacido en Nueva York (EEUU), Luca Benvenuti (Trieste, Italia) y Qiao Fu (Zhejiang, China).

Joshua Novick, socio director de la compañía, destaca la importancia de incorporar talento internacional: “en el entorno de las compañías tecnológicas la gran mayoría de las operaciones de M&A son internacionales. Hoy, en nuestro negocio, no es suficiente incorporar talento que hable idiomas, sino que necesitas talento que además sea multicultural y que sepa relacionarse adaptándose a las costumbres de cada país. Los códigos de relación y negociación con, por ejemplo, una empresa japonesa, canadiense, alemana o china no son los mismos que los que acostumbramos a ver en España”.

Qiao Fu cuenta con más de tres años de experiencia en servicios de consultoría fintech en PwC, enfocando su carrera principalmente en la Gestión de Riesgos y Trading de Commodities de Energía y estrategias de Gestión de Cambio para empresas europeas, todas ellas líderes en producción, distribución y comercialización de energía.

Fu cuenta con una carrera profesional a nivel internacional –con dominio del inglés, chino y español– que ha enriquecido considerablemente sus perspectivas e iniciativas profesionales.

Su dominio del inglés, italiano y español hacen que la incorporación al equipo de Luca Benvenuti sea perfecta para abordar las diferentes operaciones centradas en los mercados europeos. Es licenciado en administración de empresas en la Universidad de Trieste y máster en contabilidad y finanzas en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, con un periodo de estudio en la Universidad UADE de Buenos Aires. Durante sus estudios realizó prácticas en la oficina de Milán en la boutique estadounidense de M&A, CDI Global y posteriormente formó parte del departamento de inversiones de Assicurazioni Generali, empresa con € 500.000 millones de AUM.

A principios de 2021 se instaló en Madrid, donde comenzó a formar parte de Bondo Advisors y a realizar un executive master en Corporate Finance & Investment Banking en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil ha aprobado por unanimidad este martes una reforma para definir el marco regulatorio de las operaciones financieras con criptomonedas en el país sudamericano.

El texto aprobado prevé, entre otros puntos, la inclusión en el Código Penal de un delito específico de fraude en las transacciones con criptodivisas.

De esta forma, se considerará "fraude en la prestación de servicios virtuales" a quien "organice, gestione, ofrezca carteras o intermedie operaciones que involucren activos virtuales, con el fin de obtener una ventaja ilícita, pérdida de otra persona, inducir o mantener a alguien por error, mediante artificio, artimaña o cualquier otro medio fraudulento".

La pena para estos supuestos oscilaría entre los cuatro y los ocho años de presión, además de una sanción económica.

Después de haber superado el trámite del Senado de forma unánime, la propuesta, presentada por el senador Irajá, del Partido Social Democrático, pasará directamente a la Cámara de Diputados. Finalmente, si el proyecto fuera aprobado por la Cámara Alta sin enmiendas pasaría a ser sancionada por el presidente. No obstante, todavía no hay fechas previstas para el calendario de la tramitación, según recoge el diario local 'G1'.

La norma establecería que sería el Ejecutivo el encargado de regular la prestación de servicios de monedas virtuales y se delimitarían algunas directrices, como la de la libre empresa y competencia y la seguridad de la información y protección de datos personales.

Asimismo, el documento prevé la necesidad de "prevenir el blanqueo de capitales, el ocultamiento de bienes, derechos y valores, combatir las actividades de las organizaciones criminales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con estándares internacionales".

Por otra parte, la propuesta define las reglas para la operativa de proveedores de servicios de activos virtuales en Brasil y prevé la autorización previa del Banco Central para la actuación de este tipo de empresas. Si las compañías operan sin dicha autorización, podrían enfrentarse a un delito contra el sistema financiero.

La propuesta ha sido elaborada en conjunto por el Banco Central, la Comisión de Valores Mobiliarios y la Receita Federal, además de otras entidades privadas.

"Nuestro objetivo dentro de este marco regulatorio es dinamizar el clima de negocios, no sofocarlo, sino crear mecanismos que puedan proteger a los buenos inversores, personas físicas, jurídicas, profesionales liberales, autónomos, que ven una oportunidad a las inversiones dentro de un ambiente de negocios que obviamente es propicio", ha defendido el senador Irajá.

De su lado, el proyecto también determina que, al igual que las bolsas de valores, los proveedores de servicios de criptomonedas deberán identificar a sus clientes y llevar un registro de toda transacción con moneda local o extranjera que exceda el límite que determine la autoridad competente. Si la transferencia excede este límite, las empresas tendrán que notificarlo al Consejo de Control de Actividades Financieras en un plazo de 24 horas, según lo determina la Ley de Lavado de Activos.

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha considerado este martes la necesidad de apoyar los planes de pensiones de empleo, si bien ha considerado que apoyarlos no es "para desvestir a un santo y vestir a otro", en referencia a la reducción del límite a las deducciones en las aportaciones de los planes de pensiones individuales.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la segunda edición del Observatorio de Finanzas organizado por el diario 'El Español' y por su portal económico 'Invertia'.

Garralda ha recordado que durante los dos últimos años se ha bajado el límite por el cual un ciudadano puede aplicar deducciones a sus aportaciones a sistemas de pensiones individual; la última, aplicada desde principios de año, de 2.000 a 1.500 euros, algo que ha impactado ya en el volumen de aportaciones.

Así, ha cifrado en un 40% el descenso de las aportaciones individuales a los planes de pensiones en 2021 y, tras la reducción aplicada en 2022, "seguramente volverá a bajar". "Ha sido un gran error bajar esas aportaciones y desentenderse hasta cierto punto de los planes individuales", ha criticado Garralda, quien ha recordado un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que "no fue muy afortunado".

Así, ha señalado que ese estudio "era muy superficial" por considerar que las deducciones a las aportaciones "eran regresivas, tenían más quienes más aportaban" y sin tener en cuenta que a la devolución del plan de pensiones "es progresiva".

En cambio, ha afirmado que los fondos de inversión "tienen una clara ventaja fiscal" frente a los planes de pensiones. "Hay una fiscalidad en contra de los planes de pensiones porque, si los comparamos con los fondos de inversión, la rentabilidad acumulada de estos que se haya ido generando, están a unos tipos que van a la base de ahorro, con un tipo máximo de 26% de imposición", ha afirmado Garralda.

En cambio, las prestaciones de los planes de pensiones "están sometidas a la base de la tarifa general que llega al 46%, o sea, el doble".

Así, ha afirmado que apoyar los planes de empleo es una medida "acertadísima" porque "tenían muy poca presencia en España". "Pero lo que no hay que hacer es desvestir a un santo para vestir a otro. No hay que perjudicar a los planes individuales por tratar de mejorar o de favorecer los planes de empleo. Creo que no tiene mucho sentido", ha afirmado Garralda.

Asimismo, ha sostenido que los planes de empleo tienen "demasiada complejidad" al haber "órganos de gobernanza, de funcionarios, de representantes de sindicales, de la patronal". "Estas gobernanzas de tripartito, por lo menos, en la experiencia que tenemos en este país, es que no funcionan muy bien", ha añadido.

También ha considerado "excesivamente ambicioso" el objetivo de conseguir que el sistema de planes de pensiones de empresas tenga 10 millones de participantes en 2030, si bien ha señalado que Mutuactivos ya está desarrollando una oferta comercial segregada para grandes compañías y pequeñas y medianas empresas con sistemas de pensiones para los trabajadores.

Ha afirmado que el incentivo fiscal propuesto por el Gobierno para incentivar el uso de estos planes "es timorato" y ha pedido que se aplique una execión "total" en las bases de cotización a la Seguridad Social y retornar a una deducción del 10% en la cuota del Impuesto de Sociedades por las aportaciones a los planes de empleo.

DIFICULTAD EN EL FOMENTO DEL AHORRO PRIVADO

Sobre las causas por la falta de apuesta por el ahorro privado en España, Garralda ha indicado la escasez de información al ciudadano sobre la evolución de su pensión pública, por los "vaivenes fiscales y legislativos", así como por el sistema financiero, especialmente la banca, que ha sido "muy miope".

Así, ha asegurado que los bancos han aplicado "políticas cortoplacistas", con "comisiones excesivamente altas" en los fondos de pensiones, al tiempo que no "han dejado crecer la tarta" de estos productos.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) considera que las sucesivas prórrogas de los decretos prolongando la suspensión de los desahucios para familias vulnerables no son la solución al problema de accesibilidad que hay en España, y ha apostado por ampliar la oferta de vivienda en alquiler y, en especial, el parque de vivienda pública en alquiler social.

"Este es un aspecto en el que presentamos un claro déficit frente a nuestros vecinos europeos", señala Asval en un comunicado después de que el Gobierno haya ampliado hasta el 30 de septiembre la suspensión de los desahucios para familias vulnerables.

Además, en opnión de la asociación, genera una "clara desprotección" a los propietarios, "que en los momentos más duros de la pandemia han sabido poner de su parte sin recibir ayuda pública alguna".

Asimismo, señala que el Gobierno no prevé en el texto aprobado este martes la ampliación de las partidas presupuestarias para compensar económicamente a los propietarios por la usurpación temporal del derecho de uso.

"Las continuas prórrogas de estos decretos, además, generan inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda, lo que impedirá el desarrollo de más oferta, y agravará el problema de accesibilidad", denuncia.

Muchos de estos propietarios han sufrido impagos durante los últimos meses, y un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares, según un estudio elaborado por Asval junto a SIMA.

Por ello, Asval apela al Gobierno a poner en marcha medidas que vayan a la raíz del problema, la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy una nueva prórroga de los decretos de paralización de desahucios: el RDL 37/2020 y el RDL 1/2021, aprobados originalmente el 22 de diciembre de 2020 y el 19 de enero de 2021, respectivamente.

De este modo, las medidas de paralización de desahucios, que estaban contempladas como herramientas extraordinarias en el contexto del estado de alarma por el coronavirus, se extienden hasta el próximo 30 de septiembre. Esto es, que la prórroga aprobada hoy concluirá un año y cuatro meses después de que estuviera previsto el fin de su vigencia.