El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la evaluación ambiental del proyecto de reubicación de arenas en el Delta de l'Ebre (Tarragona), con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros.

En un comunicado este jueves, ha explicado que el proceso ha incorporado las observaciones de la Generalitat y el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que solicitaron "analizar con más detalle los potenciales impactos" sobre elementos de la Red Natura 2000 sobre un primer documento.

Así, el objetivo del proyecto es llevar a cabo una actuación de urgencia en puntos seleccionados para reforzar el sistema playa-duna-saladar, previniendo los impactos de los temporales marinos a través de la reubicación de arenas desde zonas con continua sedimentación a zonas con déficit de sedimentos, que son las más afectadas por los temporales.

Las actuaciones de extracción, transporte y aporte se realizarán mediante medios mecánicos terrestres, una solución que "permite controlar el retroceso de la línea de orilla" y reducir potenciales daños de la inundación de la plataforma del delta, que se producen especialmente cuando hay temporal y la subida del nivel del mar agrava.

Las obras se iniciarán en septiembre debido a condicionantes ambientales que ha impuesto el Parc Natural, y se moverán 317.000 metros cúbicos de arena desde cuatro zonas de préstamo a seis puntos a recuperar, con una distancia máxima entre zonas de 14 kilómetros.

El cierre del espacio aéreo de un país, como está ocurriendo en la actualidad con el conflicto en Ucrania, se considera circunstancia excepcional, y por lo tanto no obliga a las aerolíneas a indemnizar por la cancelación de los vuelos, pero sí deben proporcionar asistencia a los clientes que se vean afectados, según explica reclamador.es.

Las compañías aéreas llevan días suspendiendo sus vuelos a Ucrania ante la escalada de tensión del conflicto bélico, que hoy se ha acabado desencadenando, y varias compañías de seguros anunciaron el cese de su cobertura para las aeronaves que estuviesen en suelo ucraniano a partir del 15 de febrero.

Así, la directora de operaciones de reclamador.es ha explicado en una nota de prensa que los pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo ucraniano tienen derecho a recibir asistencia de la compañía aérea y al reembolso del billete o bien a un transporte alternativo, pero no a la compensación de entre 250 y 600 euros recogida en la normativa europea, Reglamento 261, ya que es una situación de fuerza mayor, una causa que se escapa al control de las aerolíneas.

La directiva añade que puede darse la situación de que cada estado miembro repatríe a sus civiles, en lugar de que sea la aerolínea la que reubique a estos pasajeros, pero igualmente, el pasajero siempre tendrá derecho al reembolso íntegro de su billete no disfrutado si ha sido la compañía aérea quien ha cancelado el vuelo.

Por último, Rodríguez aclara que si el pasajero no se encuentra en su país de origen, la aerolínea, además, se tiene que hacer cargo de su alojamiento, hasta la salida del próximo vuelo así como ofrecer bonos para comida y bebida durante el tiempo que dure esta situación.

María José de Pazo --hija de Francisco de Pazo, jefe de máquinas desaparecido del 'Villa de Pitanxo'-- ha informado este jueves de que siete de los nueves fallecidos identificados tenían coronavirus.

Igualmente, señala que los pesqueros que buscan en la zona del naufragio, ocurrido a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), a los 12 tripulantes del 'Villa de Pitanxo' no han encontrado nada, salvó algunos trozos de redes.

Precisamente, De Pazo explica que este jueves termina la "ventana de oportunidad" para el rastreo ante la llegada de mal tiempo que dificultará estas tareas.

Sobre este extremo, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha admitido este jueves que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas está complicando la búsqueda de los náufragos del 'Villa de Pitanxo', y ha insistido en que, aunque seguirán "con un ojo en los aparejos y otro en las labores de rastreo", los barcos pesqueros que están en la zona del hundimiento "no pueden sustituir a las administraciones" ni a los operativos profesionales de rescate.

REUNIÓN

Por su parte, las familias de los desaparecidos se reúnen este jueves con responsables del Sasemar y de la Dirección General de Marina Mercante.

Mientras, la Fiscalía de Pontevedra recordaba estos días que ha abierto diligencias de oficio para averiguar la identidad --nombres, apellidos, fechas de nacimiento y residencia-- de los marineros, españoles y extranjeros, que aún no han podido ser localizados tras el naufragio del buque Villa de Pitanxo, el pasado martes 15 de febrero. Concretamente, continúan desaparecidos un total de 12 tripulantes.

Estas diligencias, que se abren de oficio, tienen como objetivo poder agilizar, en su caso, las respectivas declaraciones de fallecimiento de las personas desaparecidas, las cuales según la ley vigente deberán ser presentadas por el familiar más inmediato de cada uno de los tripulantes en el juzgado de instrucción de Marín. Para ello, deberán transcurrir ocho días para la solicitud desde que resulte acreditado que iban a bordo de la nave, tal y como recoge la ley.

Castilla y León ha sumado este jueves un total de 1.046 nuevos casos diagnosticados de COVID-19 --134 menos que este miércoles y 710 menos que hace una semana--, con cuatro fallecidos más en hospitales, hasta un total de 7.140, y 71 nuevas altas médicas, 39.363 en total.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, en total se han diagnosticado hasta la fecha 653.474 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 1.046 nuevos casos más en la última jornada. De ese total, 646.992 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados son 177, cinco menos que en el anterior parte, y los casos vinculados a ellos se sitúan en 3.973, 82 menos.

Por provincias, donde más positivos se han notificado en la última jornada ha sido en Valladolid, con 313 nuevos casos y un total de 153.520; seguida por Salamanca, con 163 y 86.803; León, con 160 y 107.558; Burgos, con 107 y 106.660; Ávila, con 78 y 41.268; Zamora, con 76 y 38.335; Segovia, con 64 y 43.178; Palencia, con 53 y 50.223; y Soria, con 32 y un total de 25.929.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se eleva a 7.140, cuatro más que en el anterior parte, lo que supone el dato más bajo notificado en un día en lo que va de 2022 --el 31 de diciembre de 2021 también fueron cuatro--. De ellos, dos se han registrado en la provincia de Salamanca y otros dos en Burgos.

Del total, 1.459 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.431; Salamanca, que tiene 1.020; Burgos, 927; Palencia, 581; Zamora, con 535; Ávila, con 449; Segovia, con 413, y Soria, con 325.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 39.410, 47 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 9.626 en Valladolid; 6.885 en León; en Burgos, 5.904; en Salamanca, 5.113; en Palencia, 3.071; en Zamora, 2.580; en Ávila, 2.348; en Segovia, 2.279 y en Soria, 1.604.

AUMENTAN LOS HOSPITALIZADOS EN UCI MIENTRAS BAJAN EN PLANTA

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan actualmente 414 pacientes con COVID, 19 menos que en el anterior parte. De ellos, 359 personas se encuentran ingresadas en planta, 22 menos, mientras que en unidades de críticos hay 55, tres más.

Los pacientes con COVID-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en diez de los hospitales con UCI de la Comunidad y ocupan un 17 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en estas unidades, un punto más que en el anterior parte.

Así, se informa de doce ingresados en la UCI del Río Hortega de Valladolid; nueve en el Complejo Hospitalario de León; seis en los complejos de Burgos, Salamanca y en el Clínico Universitario de Valladolid; cinco en el Complejo de Zamora; tres en los de Palencia, Soria y Segovia; y dos en el de Ávila.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha alertado de que el número de mujeres que abandona el medio rural "duplica" el de los hombres, un dato que "preocupa".

Ribera ha acudido este jueves a Lugo para inaugurar y participar en una jornada convocad por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia (Fademur), que ha tenido lugar en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo, bajo el título de 'La fuerza de las mujeres rurales'.

Ribera ha destacado el trabajo de Fademur, que "se vuelca en la recuperación de oficios, de fijación de población, de actividad cada vez más diversificada".

No obstante ha advertido que "la gran preocupación de la despoblación y la gran oportunidad en cuanto a la fijación de esa población joven, está íntimamente ligada con las posibilidad de las mujeres".

"Todos los datos demográficos muestran como la salida de las mujeres del mundo rural, prácticamente duplica la de los hombres", ha señalado, para advertir del "detonante" que supone para el "vaciamiento de nuestros pueblos".

Por ello, ha defendido la necesidad de "apoyar a las mujeres" con el establecimiento de "servicios" en el medio rural, y poniendo "facilidades para el emprendimiento", junto con el "reconocimiento de derechos". "Eso es clave para ese proceso de recuperación que supone una gran brecha de desigualdad y un problema de primer orden en términos de calidad democrática", ha señalado.

También tomó la palabra la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, quien clausuró la jornada con un discurso en el defendió que "la fuerza de las mujeres rurales es el motor de emprendimiento y de lucha contra el abandono de la Galicia interior".

"Es fundamental que las administraciones estemos al lado de estas mujeres, porque son fundamentales para abordar las transformaciones que vienen operando en el mundo laboral, relativo al ámbito rural, de cara a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en y del campo y sus familias", ha apostillado.

ESTATUTO DE LA MUJER RURAL

Por su parte, la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, también ha participado en la clausura con una intervención en la que incidió en el papel de las mujeres gallegas como "agentes del cambio" y en la que instó a las administraciones, empresas y sociedad "a sumar fuerzas" y "evitar las desigualdades que les afectan".

Además, avanzó que la Xunta "trabaja en un estatuto de la mujer rural y del mar", que se incorporará a la nueva ley de igualdad de Galicia. Este estatuto, en el que la Xunta "trabaja intensamente para que vea la luz cuantos antes", se reconocerá "los derechos de estas mujeres con atención a sus particularidades asociadas".

"Es positivo y comprensible su desarrollo", ha manifestado durante su intervención. "Aún hoy no somos plenamente conscientes de la deuda que tenemos con las mujeres rurales, agentes indispensables en la supervivencia y el avance socioeconómico de nuestro territorio", ha expresado Lorenzana, quien ha recalcado que las mujeres rurales "son y serán auténticas agentes del cambio" y "protagonistas por derecho, pero también por el incalculable mérito de sus aportaciones, en el desarrollo socioeconómico del territorio".

JORNADAS

Ribera se ha mostrado "muy contenta de estar aquí" para hablar de las mujeres y conocer algunas de las "experiencias más interesantes" que se han expuesto en la jornada, en la que han participado más de 300 mujeres junto a la presidenta de Fademur, Teresa López; el presidente de la Diputación, José Tomé; el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, entre otros.

En la jornada se programaron mesas redondas con experiencias de emprendedoras, seguida de otra bajo el título 'Alianzas para cambiar el relato. Realidad e imagen', con la presencia de los directores de cine Dani de la Torre y Óliver Laxe; la premio nacional de Poesía Olga Novo; la influencer e imagen de Husqvarna Laura Vallejo; el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya; y la directora general de Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez.

EL Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Publico Justicia, en el se critica que el Ejecutivo difumine y eluda las potestades y funciones del órgano de gobierno de los jueces.

Este informe, que es preceptivo pero no vinculante, supone un nuevo revés del CGPJ al Gobierno de Pedro Sánchez, después de que en enero se emitiera otro informe muy crítico también sobre la reforma de la Ley de Vivienda, en el que advirtieron que el Ejecutivo limitaba competencias autonómicas.

El informe, del que han sido ponentes los vocales Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, pone el foco también en la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales, y advierte de que la Constitución garantiza el derecho a obtener resoluciones dictadas por un juez o tribunal. Es decir, a que su caso sea resuelto por un "juez-persona".

Con todo, señala que el texto normativo traspone al ordenamiento jurídico español la directiva (UE) sobre el uso de herramientas procesales digitales en el ámbito del derecho de sociedades, y que ellos comparten la finalidad que se persigue, que es lograr "la adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo".

Según la nota de prensa emitida este jueves por el CGPJ, durante el debate de la ponencia se ha acordado introducir una nueva conclusión advirtiendo de que el anteproyecto incide en el "progresivo desapoderamiento del Consejo en esta materia" que viene observándose al menos desde 2015, con la aprobación de normas como las Leyes Orgánicas 7/2015 y 4/2018, ambas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"En el texto objeto de informe las potestades y funciones de este órgano de gobierno del Poder Judicial, al que corresponde la garantía institucional de la independencia en el ejercicio de la potestad y de la función jurisdiccional, aparecen difuminadas, si no abiertamente eludidas o preteridas, en el marco tecnológico que diseña la ley proyectada, en lo que no es sino un hito más de un proceso de desapoderamiento que arranca en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y continúa con la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre", señala la nueva conclusión.

Así, el informe señala que en el anteproyecto "se da preeminencia a una difusa Administración de Justicia y a organismos incrustados en ella, como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), al que se atribuyen numerosas e importantes funciones a la hora de completar e implementar las medidas tecnológicas proyectadas".

El CGPJ informa de que en el texto aprobado se cita además otros ejemplos como la preterición de la facultad del CGPJ de proveer de firma electrónica a los jueces y magistrados, establecida en la Ley 18/2011, o la subordinación a la autorización de la administración prestacional (Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas con competencias transferidas) del acceso a los sistemas de información por los órganos del CGPJ con competencias de inspección y control.

También advierte el dictamen de la invasión de la competencia reglamentaria del CGPJ en aspectos de la norma referidos al funcionamiento de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales.

Así, el informe, realiza varias advertencias sobre la necesidad de una regulación adecuada del desarrollo de medidas de agilización porque puede afectar a la independencia del Poder Judicial y al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Además, advierte de que el anteproyecto no determina con claridad el destinatario de las medidas que contiene, por lo que se genera una confusión entre el ámbito de actuación que es propio de la Administración de Justicia y el del Poder Judicial, quedando el de este último diluido en relación con el que se quiere dotar al primero.

El texto aprobado hoy por el Pleno detecta, además, una confusión de planos de actuación normativa, administrativa y procesal, lo que dificulta su correcta aplicación por los operadores jurídicos -generando inseguridad jurídica- y entra en colisión con el principio de legalidad procesal.

LA EFICACIA NO ES PARA EL PODER JUDICIAL

En una nota previa, de este lunes, sobre el borrador que iba al pleno, ya advertían de que el CGPJ entiende que la idea de eficiencia del "servicio público de la Justicia" resulta confuso y sin tradición en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que recomienda referir ese concepto a la Administración de Justicia para comprenderse la vinculación de la eficiencia con la tutela judicial efectiva. Y recuerda que la eficacia no es predicable del Poder Judicial como Poder del Estado.

Añadía que el borrador de dictamen, que ha sufrido modificaciones en el pleno, advertía del riesgo que supone la aprobación de esta ley sin que el marco procesal y organizativo diseñado en las otras dos leyes de eficiencia se haya establecido con suficiente antelación. El modelo tecnológico podría quedar desconectado de la realidad organizativa y procesal sobre la que se debe aplicar.

Cuestionaba también la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas y el modelo tecnológico propuesto cuando su implantación y aplicación a los procedimientos judiciales puede tensionar inveterados principios procesales e incluso resultar incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.

La insuficiencia tecnológica de la Administración de Justicia, advierte el texto, no debería superarse a fuerza de violentar asentados principios procesales como la oralidad, la inmediación o la publicidad. El ejercicio de la función jurisdiccional no puede convertirse en una mera actividad tecnológica alejada de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Y concluye que el uso de las tecnologías debe tener vocación instrumental y servir a los fines del proceso.

INTELIGENCIA ARTFICIAL

El pleno de este jueves, sí que ha añadido una nueva conclusión que señala que en el anteproyecto "se echa en falta la determinación de los criterios de utilización de la jurimetría y de la inteligencia artificial (IA) por parte de empresas y particulares a partir de bases de datos, incluso aquellas configuradas por este órgano constitucional; el cual habrá de tener la necesaria participación en la determinación de tales criterios de uso".

En el borrador ya se decía que esos modelos de IA aplicados a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales son calificados como de alto riesgo por la Comisión Europea. Por eso, ve razonable esperar a que concluya el proceso legislativo europeo en el que deberán fijarse las normas nacionales sobre esta materia.

Indica además que el anteproyecto establece un marco normativo poco robusto en relación con la inteligencia artificial y señala como especialmente significativa la ausencia de mención alguna al CGPJ pese a los riesgos severos que entraña para la garantía de principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho.

En esta materia, el prelegislador debería mantener una posición de precaución y elaborar una regulación completa y garantista del uso de técnicas de inteligencia artificial en el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional.

En esa regulación el CGPJ debe jugar un papel determinante en su condición de órgano de gobierno del Poder Judicial y como garante de la independencia constitucionalmente garantizada de jueces y magistrados.

Canarias ha contabilizado 2.044 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las Islas desde el inicio de la pandemia es ya de 285.012, con 18.296 activos, de los cuales 45 están ingresados en UCI y 303 permanecen hospitalizados.

Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas de entre 68 y 88 años. Uno de los casos se notificó en Tenerife, otro en Gran Canaria y otro El Hierro, si bien este último está pendiente de validar por la Dirección General de Salud Pública. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 399,64 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 649,60 casos por 100.000 habitantes. Hasta hoy se ha realizado un total de 3.241.216 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 6.802 se corresponden al día de ayer.

Por islas, Tenerife suma hoy 824 casos, con un total de 131.129 casos acumulados y 7.299 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 106.817 casos acumulados, 965 más que el día anterior, y 8.702 activos; Lanzarote suma 89 nuevos casos, con 19.608 acumulados y 445 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 14.457 casos acumulados, con 106 casos nuevos y 1.379 activos.

La Palma suma 41 nuevos positivos, por lo que tiene 9.538 acumulados y 354 activos; El Hierro suma cuatro nuevos casos, por lo que tiene 1.735 acumulados y sus activos son 20, y La Gomera suma 15 nuevos positivos más, por lo que sus acumulados son 1.727 y tiene 97 casos activos.

El actor Javier Bardem se ha sumado este jueves a una protesta de ucranianos frente a la Embajada de Rusia en Madrid, donde ha tachado de "atrocidad" la invasión rusa de Ucrania: "Putin está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa", ha considerado.

Bardem ha ido a "apoyar" a los ciudadanos ucranianos congregados fuera de la Embajada de Rusia y ha considerado el ataque ruso una "violación del derecho internacional y la soberanía territorial de Ucrania", en declaraciones a los medios.

"Es una verdadera atrocidad que compete a Europa como nación y, más que nada, también pensar en la gran ola de refugiados que va a producir este desastre bélico", ha señalado el actor.

Para Bardem, que ha abogado por el cese de las hostilidades, el presidente ruso, Vladimir Putin, "tiene una idea imperialista de sí mismo y de su país" anclada en el pasado ruso de la época zarista.

"No creo que decir que lo que quiere es desmilitarizar y desnazificar Ucrania es, curiosamente, algo irónico, teniendo en cuenta que su intervención, su forma de actuar, recuerda mucho al ultranacionalismo que él mismo quiere criticar", ha manifestado.

Por último, Bardem ha afirmado que la invasión afecta y compete a todos. "Una guerra siempre afecta a todos", ha apuntado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este jueves las "inaceptables" acciones militares del Gobierno ruso de Vladimir Putin en Ucrania y le ha acusado de violar la legalidad internacional; al tiempo que ha asumido que el conflicto provocará consecuencias económicas en España y en toda la Unión Europea, especialmente en materia energética.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha exigido a Putin que cese la "invasión" de Ucrania y la "violación flagrante" de su soberanía nacional e integridad territorial. "España defenderá la legalidad internacional, se desvivirá por restablecer la paz y se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por el conflicto", ha garantizado.

Pero además, ha avanzado que el conflicto "sin duda" tendrá un impacto en la economía española y europea y ha asegurado que la UE lleva tiempo preparando la respuesta para tomar "cuantas medidas sean necesarias para mitigar el impacto económico y energético.

Así, Sánchez ha pedido a Putin que ponga fin de inmediato a la hostilidades y revoque el reconocimiento de independencia a las regiones que pertenecen a Ucrania. También que cumpla sus compromisos como firmante de los acuerdos de Minsk y regrese a la discusión dentro del formato de Normandía .

UNA POTENCIA NUCLEAR HA VIOLADO LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Sánchez ha indicado que los hechos son "muy graves y muy simples a la vez". "Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha empezado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido", ha señalado.

Así, ha indicado que se trata de una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania y además supone "un ataque frontal" a los valores que han proporcionado a Europa años de prosperidad y estabilidad, principalmente "la paz".

Sánchez ha señalado que el Gobierno está comprometido con la paz y la mejor manera de garantizarla es "frenar cuanto antes" esta agresión y por eso se ha aprobado un primer paquete de sanciones a Rusia, para impedir que prosiga con unas acciones que ya han costado "demasiadas vidas", según ha indicado.

HA INFORMADO AL LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que ha informado de la situación al líder de la oposición y que el próximo miércoles comparecerá ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución de los acontecimientos.

Además, ha señalado que los servicios consulares están en contacto con los españoles que permanecen en Ucrania para proporcionarles información sobre las vías para salir de Ucrania y también sobre una la evacuación del país "cuando la situación lo permita", ha trasladado. En esta misma línea ha añadido que la embajada española en Varsovia (Polonia) está "en alerta" para prestar el apoyo logístico que sea necesario.

AYUDA FINANCIERA A UCRANIA

Así, ha señalado que los socios de la Unión Europea y los aliados de la OTAN quieren demostrar que las violaciones del derecho internacional y contra la soberanía de terceros países "no deben quedar impunes".

En este sentido, ha añadido que en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se reúne esta tarde en Bruselas se va a definir una respuesta de la Unión Europea ante esta "flagrante violación del derecho internacional".

Además ha asegurado que la Unión Europea va a socorrer a Ucrania con ayuda financiera, con "importantes inversiones" y con material sanitario para proteger el bienestar del pueblo de Ucrania. "Somos solidarios con los pueblos afectados", ha apuntado.

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont presentó contra la decisión del Tribunal Supremo de respaldar el acuerdo de la Junta Electoral Central por el que, en un primer momento, no pudo asumir el cargo de eurodiputado. El órgano de garantías ha declarado la extinción del recurso una vez que la Justicia europea ha resuelto la cuestión y ya es eurodiputado.

Puigdemont y el exconseller Toni Comín interpusieron el escrito contra los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que avalaron el acuerdo de la JEC que dejó vacantes sus escaños en el Parlamento Europeo por no haber acudido personalmente a acatar la Constitución española ante el órgano de la Administración Electoral.

Los líderes independentistas pedían estudiar si se vieron vulnerados sus derechos cuando el Supremo mantuvo el acuerdo de la JEC por el que se rechazaba que obtuvieran el acta de eurodiputados sin tener que regresar a España, donde hubiesen sido detenidos al estar procesados en rebeldía por la causa del 'procés'.

Según ha informado el órgano de garantías, el Pleno ha declarado esta semana la extinción del recurso por "pérdida sobrevenida de objeto" en relación a la invocación del derecho a la tutela cautelar y a la obtención de una resolución motivada.

EURODIPUTADO DESDE 2020

En diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) determinó que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Esta resolución posteriormente se hizo extensiva al caso de Puigdemont y Comín, y en enero de 2020 ambos ocuparon sus escaños como eurodiputados.

Ahora, dos años después, el Constitucional se ha pronunciado. El tribunal, en una sentencia a cargo de la magistrada María Luis Balaguer, también ha desestimado el escrito de los líderes independentistas en lo que respecta a la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías al considerar que existe una "falta de invocación tempestiva".

El artículo 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que las violaciones de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional podrán dar lugar a recurso siempre que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por la normativa, que la vulneración sea imputable de modo directo a una acción u omisión de un órgano judicial, o que se haya denunciado formalmente en el proceso.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha reunido este jueves en Salamanca con el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, en un encuentro en el que el "impulso" al Espacio Euroiberoamericano del Conocimiento y la Educación Superior, con la creación de una oficina permanente, "ha centrado la parte principal" del encuentro.

Entre otros temas, Ricardo Rivero y Joan Subirats han hablado también sobre los fondos europeos Next Generation y el Perte para la Salud de Vanguardia, según ha indicado la institución académica después de la cita, de la que ha dejado posteriormente constancia la USAL con una nota de prensa sobre lo tratado.

Acompañado por parte de su equipo, Ricardo Rivero ha analizado con el titular del ministerio temas vinculados al "liderazgo" de la Universidad de Salamanca en el ámbito internacional, donde juega "un papel de primer nivel" en la formación de estudiantes de grado y postgrado, en especial en Iberoamérica.

En esa línea, Rivero y Subirats han avanzado en el desarrollo del Espacio Euroiberoamericano del Conocimiento y la Educación Superior, con la creación de una oficina permanente, ha avanzado la USAL.

Se trata, ha continuado, de un proyecto internacional que tiene como objetivo facilitar la movilidad académica de las comunidades universitarias en la región iberoamericana, simplificar los trámites administrativos de reconocimiento, homologación y equivalencia de titulaciones, además de propiciar la cooperación de las agencias de calidad, entre otros.

Las reuniones, que se han desarrollado en el Rectorado, han servido también para abordar otros aspectos, como el respaldo a la segunda parte del proyecto europeo 'EC2U', que se solicitará en 2023, y el reconocimiento de los institutos virtuales que forman parte de la alianza de universidades.

Los fondos Next Generation, y en concreto el Perte para la Salud en Vanguardia, han sido otros de los temas tratados, así como cuestiones relativas a las dobles titulaciones, homologaciones y equivalencias, entre otros temas de ordenación académica, y el papel de la Universidad de Salamanca ante el reto demográfico.

Han participado en las reuniones los vicerrectores de Calidad y Enseñanza de Grado, María José Rodríguez Conde; Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales, Ana María Martín Suárez; Economía, Javier González Benito; Postgrado y Enseñanzas Propias, Nicolás Rodríguez García, y Relaciones Internacionales, Efrem Yildiz Sadak.

La visita de Joan Subirats, que se enmarca en el proceso de "toma de contacto" del ministro con las universidades españolas, ha continuado con una reunión con representantes del personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes de distintas titulaciones de la Universidad de Salamanca, que se ha celebrado en el Aula dorado Montero del Edificio de las Escuelas Mayores.

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que el PP apoya al Gobierno de Pedro Sánchez en una "repuesta firme y necesaria" en el marco de la OTAN tras "la invasión y el ataque" de Vladimir Putin a Ucrania.

Así se ha pronunciado Maroto después de que el jefe del Ejecutivo haya condenado las "inaceptables" acciones militares del Gobierno ruso en Ucrania y le haya acusado de violar la legalidad internacional. Además, Sánchez ha asumido que el conflicto provocará consecuencias económicas en España y en toda la Unión Europea, especialmente en materia energética.

"La invasión y ataque de Putin a Ucrania es un ataque injustificado y un atentado contra los valores básicos de la UE. Apoyamos al Gobierno de España en una respuesta firme y necesaria en el marco de la OTAN", ha afirmado Maroto en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

También la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha expresado esta mañana la condena del PP tras el ataque ruso a Ucrania y ha expresado su apoyo al Gobierno de España en "una respuesta firme y contundente" con sus aliados en la UE y la OTAN.

LLAMADA DE CASADO A SÁNCHEZ

Este jueves por la mañana, el presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado a Sánchez para reiterarle el respaldo del PP ante el ataque ruso a Ucrania, según ha desvelado él mismo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"He contactado con Pedro Sánchez para reiterarle el respaldo del PP al Gobierno en la respuesta coordinada con la UE y la OTAN al ataque ruso a Ucrania", ha dicho Casado, para dejar claro que el PP condena "rotundamente esta agresión" y expresar la solidaridad del PP con el pueblo ucraniano.

No es la primera vez que Casado llama a Sánchez por Ucrania porque ya lo hizo el 26 de enero y también entonces le trasladó el respaldo del PP. Eso sí, su situación política es distinta porque ya está decidido que dejará de liderar el PP en el congreso extraordinario que el partido celebrará los días 2 y 3 de abril.

Así se acordó anoche en la reunión maratoniana de casi cinco horas que Casado mantuvo con los 'barones' de su partido para buscar una salida al presidente del PP y acordar las condiciones del congreso extraordinario, en el que se elegirá con toda probabilidad a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder.

¿QUIÉN DEBATIRÁ CONTRA SÁNCHEZ EN EL PLENO DEL MIÉRCOLES?

De hecho está en el aire si será Casado quién suba a la tribuna el próximo miércoles en el debate sobre Ucrania --tras escuchar la intervención de Pedro Sánchez-- o si será la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, que va a ser en estas próximas semanas la coordinadora del partido.

En este sentido, la Junta Directiva Nacional del PP, convocada el próximo martes, deberá decidir si será finalmente Gamarra quien asuma la portavocía del PP en los grandes debates en el Congreso de las próximas semanas y en las preguntas semanales al presidente del Gobierno.

El Juzgado de Guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha dejado en libertad provisional con cargos al hombre de 68 años que fue detenido tras presuntamente atropellar el pasado lunes a dos niños de 10 y 12 años y darse a la fuga.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Policía de Canarias (TSJC), que agrega que se le ha imputado un delito contra la seguridad vial y se le ha retirado de manera preventiva el carnet de conducir.

El varón fue detenido en la tarde del pasado lunes por agentes de la Policía Local después de que atropellara en las horas centrales de la jornada a los dos menores en la Calle Diego Betancor Suárez de la capital grancanaria y darse a la fuga.

De esta manera, el niño de 10 años presentó en el momento inicial un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y el otro menor de 12 años un traumatismo cranoencefálico de carácter moderado, siendo ambos trasladados en ambulancia básica y medicalizada, respectivamente, al Hospital Materno Infantil.

El delegado de la Junta de Castilla y León en funciones en Valladolid, Augusto Cobos, ha presidido hoy la reunión presencial del CECOPI con los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes de la provincia a quienes ha informado del ofrecimiento de la Consejería de Sanidad a las juntas de cofradías de poder hacer cribados o pruebas de antígenos tanto a los integrantes de las bandas de viento como a las personas que van a portar las imágenes.

Así se lo ha explicado durante la reunión mantenida este jueves con los alcalde a los que ha informado de la actual situación sanitaria por la pandemia, la evolución del proceso de vacunación y las medidas a tener en cuenta en la celebración de eventos como la Semana Santa. Un encuentro en el que también ha participado el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez.

Así, Cobos ha explicado a los presentes las recomendaciones que se ha dado ante la celebración de la Semana Santa así como que se mantiene la prohibición de la asistencia de personas que hayan tenido una prueba positiva en los últimos 7 días y la celebración de actos culturales o religiosos que impliquen el contacto físico con objetos e imágenes, como besapiés y besamanos.

Asimismo, se recomienda que los recorridos procesionales, en la medida de lo posible, vayan por calles anchas para evitar aglomeraciones de público.

En cuanto a la situación sanitaria, Augusto Cobos ha puesto de manifiesto el "importante" descenso que están experimentando todos los indicadores de incidencia acumulada, que en Valladolid ha bajada a 775 a 14 días y a 301 a siete, por lo que si se mantiene ese ritmodescendente podría estar por debajo de 250 después de Carnavales.

En este sentido, Cobos ha precisado que aunque aún se está en riesgo alto en relación a los contagios, tanto la situación en los hospitales como el número de fallecimientos "está bajando de formaevidente".

Además, los datos de vacunación ponen de manifiesto que la provincia de Valladolid están por encima de la media nacional en todas lasfranjas de edad, tanto de primeras dosis como de pautas completas administradas.

La nueva embajadora de Estados Unidos en Madrid, Julissa Reynoso, ha pedido "más España" y también "más liderazgo" en la escena internacional, al tiempo que ha asegurado que la relación bilateral es fuerte.

En un almuerzo con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Reynoso ha subrayado que España es "un gran aliado" y que su "reto" ahora es lograr una relación aún "más fuerte" a la ya existente cuando abandone el cargo.

En este sentido, ha destacado que desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se han producido "varias discusiones al más alto nivel y diálogo constante a nivel ministerial" y se ha podido constatar que las prioridades de ambos gobiernos están en gran medida alineadas.

En Estados Unidos, ha dicho, desean que "España asuma roles de liderazgo mayores" en la escena internacional. "Queremos más España", ha resumido, asegurando que desde Washington quieren "empujar para que España esté más presente en todos los ámbitos y en todos los niveles".

Reynoso ha citado en particular el "liderazgo" español en materia de lucha contra el cambio climático y que comparte con la Administración Biden el "sentido de urgencia" de hacerle frente. Asimismo, ha dicho que cuentan con España "como socio para la promoción de la democracia en todo el mundo, en particular en América Latina y el Caribe".

La embajador también ha puesto en valor los importantes lazos en materia económica y comercial, en materia de defensa y en el ámbito de la cultura y la educación y ha aprovechado para animar a los empresarios a que ayuden a que haya "más España. "Vamos a necesitar más apoyo de todos, no solo del Gobierno", ha subrayado.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha encargado este jueves una batería de diligencias para determinar la participación de los ex jefes de ETA Ignacio de Gracia Arregi, alias 'Iñaki de Rentería', José Javier Arizcuren Ruiz ('Txapote'), Mikel Albisu ('Mikel Antza'), Julián Achurra Egurola ('Pototo') y Juan Luis Aguirre Lete ('Isuntza') en la toma de la decisión de matar al concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995.

Después de tomar declaración como imputados a 'Iñaki de Rentería' y 'Mikel Antza', el encargado del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha ordenado nuevas diligencias para determinar la participación de los miembros del ZUBA o Comité Ejecutivo de ETA en el asesinato de Ordóñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los autores materiales --que ya fueron condenados-- en comisión por omisión.

Así, ha solicitado a la Guardia Civil que localice y analice la documentación en poder de miembros de ETA relacionada con las actas de reunión del ZUBA en fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez, a fin de corroborar la asistencia a estos cónclaves de los dirigentes de ETA mencionados, y de los temas y asuntos tratados en las mismas, con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del PP.

Asimismo, ha reclamado que se aporte la información que se haya obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de 'Mikel Antza' en octubre de 2004 con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con este crimen.

Abascal también ha acordado unir a este procedimiento una serie de informes y sentencias sobre estos cinco dirigentes etarras y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales.

"ESTRATEGIA DE DESESTABILIZACIÓN"

El magistrado ha enmarcado el asesinato de Ordóñez en la "estrategia de desestabilización" del Estado que los nuevos dirigentes etarras pusieron en marcha en 1993 para recuperarse del éxito policial de Bidart, mediante una serie de atentados contra militantes del PP y del PSOE.

A este respecto, el instructor ha recordado el auto de 2015 por el se admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordóñez contra estos etarras por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hermano como miembros del ZUBA, de la que parte esta investigación judicial.

Dicha resolución establecía que ETA se asienta sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o Comité Ejecutivo, asume todas las funciones directivas, de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal.

La toma de decisiones, señalaba entonces el auto, para llevar a cabo una acción terrorista aplicando la estrategia diseñada por el Comité Ejecutivo se difundía a todos los militantes a través de citas orgánicas o cursillos de adiestramiento y publicaciones internas.

"El Comité Ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado", recalca Abascal.

Recuerda asimismo que después de marzo de 1992, tras la desarticulación de Bidart, 'Iñaki de Rentería' y 'Mikel Antza' consiguieron reorganizar estructural y operativamente la banda terrorista, incorporando nuevos integrantes a la "nueva dirección de ETA", poniendo en marcha esa "estrategia de desestabilización" ya en 1993. Los otros tres etarras se integraron al ZUBA entre finales de 1994 y 1995.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la gestión de agentes que se realiza desde la Comandancia de Almería ante la llegada de pateras y el traslado de inmigrantes, al entender que "se ha vuelto una práctica habitual el traslado de migrantes positivos en covid al centro de atención temporal de extranjeros (CATE)" sin que los agentes que se ocupan de dicha tarea de traslado y custodia sean "informados" de tal extremo.

Para la asociación, los agentes se enfrentan a un "grave peligro" puesto que, según han apuntado en una nota, carecen de medios "suficientes" y "adecuados" ante "el peligroso hecho que viene ocurriendo" en cuanto a posibles casos de covid-19 sin identificar.

Así, han asegurado en una nota que a los migrantes interceptados en las costas almerienses "no se les practica en origen una separación por patera, ni test covid, siendo estos hacinados en pésimas condiciones sanitarias y humanitarias" en grupos de "más de 50 u 80 inmigrantes en diferentes unidades del litoral" por lo que los agentes, familias y vecinos quedan expuestos a un eventual contagio.

La entidad ha echado en falta un mayor "control sanitario y humanitario" ante el "masivo volumen de migrantes que llegan" a las costas de Almería y que, según han apuntado, no trasciende debido al "apagón" y al "silencio informativo que asusta" al respecto que se mantiene desde la Subdelegación de Gobierno, a cuyo responsable, Manuel de la Fuente, han afeado no haya "querido en ningún momento tratar ésta problemática".

"Nos han abandonado", han criticado desde la asociación, desde la que afirman que no van a parra "hasta tener una auténtica prevención de salud pública y laboral".

Desde la federación andaluza de AUGC se ha solicitado una "correcta coordinación" con las ONG o las Fuerzas Armadas en la realización de test y controles sanitarios así como la creación de un CIE en Almería que evite el "colapso habitual" del CATE. Del mismo modo, han reclamado entre otras medidas una "actualización del obsoleto modelo policial" para "poder evitar muertes" y luchar contra estas mafias de trata de seres humanos de narcotráfico, que "cada año es mayor".