4Qué obliga la normativa: el precio por unidad de medida y dónde acaba lo legal
La obligación no nace del fabricante ni del cartel de la tienda, sino del Real Decreto 3423/2000, que regula la indicación de precios. Su artículo 3 exige que, junto al precio de venta, figure el precio por unidad de medida en todos los productos que deban declarar una cantidad y también en los que se venden por piezas, tomando la unidad como referencia. La definición es estricta: precio final con IVA y demás impuestos por kilo, litro, metro, metro cuadrado, metro cúbico o unidad de producto, con particularidades tasadas (la docena en los huevos, 100 g o 100 ml en cosméticos y complementos alimenticios, el precio por lavado en los detergentes de lavadora). El artículo 4 añade cómo debe mostrarse: inequívoco, legible, en el mismo campo visual y visible sin que el cliente tenga que pedirlo. A granel solo se exige el precio unitario, y la publicidad que mencione el precio de venta debe incluirlo también.
El anexo I marca la frontera: quedan fuera los productos de menos de 50 g o ml, los envases que mezclan artículos de distinta naturaleza no vendidos por separado, la venta automática, las porciones individuales de helado, los vinos de mesa con indicación geográfica y los de denominación de origen, los espirituosos con indicación geográfica y los alimentos «de fantasía»; tampoco se exige cuando coincide con el precio de venta. Ahí acaba el mandato. Nada impide reducir el gramaje manteniendo el precio —la llamada reduflación— si cantidad y precio son ciertos: en febrero de 2025 FACUA reclamó una norma que obligue a avisar de esos cambios de formato en el punto de venta. El incumplimiento se encuadra en el artículo 47 del texto refundido de consumidores (normas de precios y de etiquetado) como infracción leve o grave, con multas de 150 a 10.000 euros y de 10.001 a 100.000, respectivamente, y la vigilancia corresponde a las comunidades autónomas.
