Nueve proyectos de centros de datos en Aragón ya tienen el sello de interés general del Gobierno de Azcón. Sumarán 82 edificios, según el recuento de la Fundación Basilio Paraíso. Ninguno está operativo y la mayoría ni ha empezado a construirse, pero la decisión administrativa que los blinda ya está tomada.
Qué significa el sello que concede el Gobierno aragonés
El Ejecutivo autonómico que preside Jorge Azcón (PP) ha concedido a estos nueve proyectos las figuras de la DIGA y el PIGA, dos instrumentos complementarios. La DIGA es la Declaración de Inversión de Interés de Aragón y se obtiene primero; el PIGA es el Proyecto de Interés General de Aragón y llega después. En la práctica, ambos sellos abren la puerta a ventajas fiscales, ambientales y administrativas para quien invierte.
La Fundación Basilio Paraíso ha reconstruido el reparto de promotores analizando uno a uno los expedientes publicados. Amazon concentra 54 de los 82 edificios previstos, en dos proyectos: uno con el PIGA ya aprobado y otro que solo tiene la DIGA. Le siguen Microsoft (10 edificios), Blackstone-QTS (8), Azora (4), Samca (3), ACS-Benbros (2) y Merlin Properties (1). El de Vantage cuenta con DIGA, pero no detalla cuántas naves levantará.
A esa lista se suma el primer proyecto de Amazon, en funcionamiento desde 2022. Y por debajo hay un dato que dimensiona el fenómeno: Red Eléctrica cifra en 3.700 megavatios la potencia de los centros con permiso para conectarse a la red en Aragón. Esa cifra supera el doble del pico de demanda de toda la comunidad. Es la región española con más instalaciones autorizadas y también con más solicitudes pendientes.
Agua, luz y opacidad: el impacto en los municipios
La potencia no dice cuántos centros de procesamiento de datos habrá, porque las instalaciones son de tamaños muy distintos. Lo que sí se conoce es la superficie: las naves de Amazon rondan las dos hectáreas y los 12 metros de altura, y el campus de Merlin en Zaragoza propone un único edificio de hasta 4,2 hectáreas. Cada nave equivale a tres campos de fútbol.
El portavoz de la campaña sobre centros de datos de Ecologistas en Acción Aragón, Carlos López, señala dónde se nota antes: en la proximidad a las casas. Cita el caso de La Puebla de Alfindén, con un proyecto a 300 metros de las viviendas, y el de un campus proyectado en Zaragoza junto al centro comercial Parque Venecia y al único bosque de la ciudad. Algunas naves se levantarán junto a núcleos urbanos.
Con 3.700 megavatios reservados en la red, Aragón ya supera el doble de su propio pico de demanda eléctrica.
A la preocupación por el agua y la electricidad se añade la opacidad. El Gobierno aragonés no publica información en ningún portal accesible y ha rechazado crear una comisión de investigación sobre el impacto territorial. Ningún listado oficial identifica a la tecnológica de cada proyecto: la única vía es revisar los DIGA y PIGA publicados en los últimos años. A esos hay que sumar inversiones en trámite que tampoco son públicas.
Del piloto de 2022 a los macrocentros que están por llegar
El primer proyecto de Amazon, con tres centros repartidos entre Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro, ocupa 43 hectáreas en total. Los dos siguientes, que suman 54 edificios, prevén 296 y 459 hectáreas: entre siete y diez veces más cada uno. El modelo salta de escala: de tres naves a 24 y 30 por proyecto.
Hay un tercer factor que puede redibujar los planos. El Ministerio para la Transición Ecológica tramita un real decreto con nuevas exigencias para estas instalaciones que, según la patronal del sector, ya ha provocado la retirada de 9.000 millones de euros en inversiones y pone en riesgo otros 67.000. Los defensores de los macrocentros subrayan la inversión y los ingresos para los ayuntamientos; los críticos, entre ellos ecologistas y plataformas vecinales, ponen el foco en el consumo de agua y energía y en la falta de información. Los proyectos se construyen por fases, así que las empresas pueden recortar o cambiar el plan si el punto de conexión a la red no llega.
El próximo hito es la aprobación de ese real decreto, que fijará cuánta agua y electricidad puede consumir cada instalación. Hasta entonces, los PIGA y las DIGA seguirán cayendo con cuentagotas y sin listado público. 82 edificios con ventajas administrativas ya concedidas y ninguna cifra cerrada sobre su impacto.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno de Aragón, que preside Jorge Azcón, ha declarado de interés general nueve proyectos de centros de datos que suman 82 edificios.
- Por qué te importa: Esa declaración concede ventajas fiscales, ambientales y administrativas y afecta al agua, a la red eléctrica y al suelo de los municipios.
- A quién afecta: Vecinos de localidades como La Puebla de Alfindén o Zaragoza, ecologistas, ayuntamientos y las tecnológicas promotoras.
- Hacia dónde vamos: Falta la aprobación del real decreto estatal con nuevas exigencias y varios proyectos aún esperan el PIGA.
