El Tribunal de Cuentas ya ha comunicado a las partes que abrirá diligencias para recuperar más de 400.000 euros públicos. El dinero acabó en las nóminas de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de su amigo Luis María Carrero, pagadas por la Diputación de Badajoz.
Lo que ha hecho el organismo fiscalizador es notificar a los denunciantes y a la propia Diputación el inminente auto de apertura de diligencias, el trámite previo para que cada parte se persone en el procedimiento. La comunicación sale del departamento segundo de enjuiciamiento, que dirige la consejera Elena Hernáez, nombrada en su día a propuesta del PP. Conviene no confundir el paso: no es una condena ni una devolución automática. Es el arranque de un proceso que puede terminar en embargo de bienes.
Las cifras están sobre la mesa. David Sánchez cobró 340.572,36 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025, según los datos oficiales del expediente. Carrero percibió 86.988,76 euros. Traducido: la suma mínima a recuperar supera los 427.500 euros más los intereses. Las asociaciones personadas advierten de que ahí no se incluyen cotizaciones sociales, dietas, desplazamientos ni el sobrecoste de que otros empleados públicos asumieran esas funciones.
El punto de partida es la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del pasado julio. Los magistrados consideraron acreditado que se creó «una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial» para David Sánchez y otra igual de vacua para Carrero. Los jueces describieron un proceso de selección «fingido» y «puramente cosmético», y en el plan situaron al entonces presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo.
Quién quiere recuperar el dinero y quién no
Aquí aparece el detalle que menos se ha contado. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas no se ha opuesto a esta primera fase que reactiva el caso. Quien sí lo ha hecho es la Diputación de Badajoz, es decir, la supuesta perjudicada y primera interesada en no perder fondos públicos. Su presidenta, la socialista Raquel del Puerto, no ve justificación para poner en marcha el procedimiento, y la Diputación es la única parte que se opone a la apertura de diligencias.
El diputado provincial del PP Juan Antonio Barrios explica a qué responde ese movimiento: «Vamos a solicitar todos los informes en que se basa la Diputación para no querer recuperar el dinero». En el otro lado están el PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír, que ya participaron en el juicio penal de Badajoz y ahora se han personado también en el Tribunal de Cuentas. Su objetivo no es una sanción simbólica: quieren que la Diputación recupere hasta el último euro pagado a los dos condenados.
La Fiscalía no ve obstáculo, la institución que pagó las nóminas sí, y el dinero sigue sin volver a las arcas públicas.
De la sentencia penal al embargo preventivo
El Tribunal de Cuentas no juzga delitos, sino responsabilidad contable. El procedimiento implica ahora el nombramiento de un delegado instructor que estudie el caso y decida si la hubo. Si aprecia indicios, se abrirá un enjuiciamiento y podrá decretarse el embargo preventivo de bienes a los responsables, quiera o no la Diputación. La sala deberá dilucidar además quiénes son los cuentadantes, los obligados a responder con su patrimonio: hay precedente para incluir no solo a quienes firmaron los pagos, sino también a quienes los cobraron.
Cualquier embargo complicaría el escenario judicial de David Sánchez, ya inhabilitado nueve años para ocupar cargos públicos como cooperador necesario de prevaricación administrativa. Todos los condenados han recurrido el fallo. Y el asunto llega con el foco político encendido: el presidente del Gobierno volvió a defender a su hermano el pasado jueves, en La Revuelta, con el argumento de que «se han traspasado líneas rojas» y de que la situación es «injusta».
El reparto interno del tribunal también se citará en cada paso. La consejera que lleva el caso ha instruido otros asuntos de alto voltaje, como el de los dirigentes independentistas finalmente absueltos por la Ley de Amnistía. La presidencia del organismo la ocupa Enriqueta Chicano, propuesta por el PSOE, mientras Hernáez llegó a propuesta del PP. Ese equilibrio explica por qué cada resolución se leerá en clave política, aunque lo que se dirima sea estrictamente contable. En la web oficial del Tribunal de Cuentas se pueden consultar los procedimientos de reintegro ya resueltos.
Los próximos hitos son técnicos y lentos: personaciones, nombramiento de delegado instructor y, en su caso, propuesta de embargo. No habrá titular rápido. Pero el dinero sigue fuera de las arcas públicas, y quien tendría que pedir que vuelva es la misma institución que hoy dice que no.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal de Cuentas ha notificado a las partes la apertura de diligencias para recuperar 427.561,12 euros cobrados en nóminas irregulares por David Sánchez y Luis María Carrero.
- Por qué te importa: Es dinero público de la Diputación de Badajoz. El procedimiento puede acabar en embargo de bienes y en la devolución del importe con intereses.
- A quién afecta: A los dos condenados, a la Diputación de Badajoz y a los antiguos responsables provinciales que diseñaron las contrataciones.
- Hacia dónde vamos: Falta el delegado instructor. Si aprecia responsabilidad contable, habrá enjuiciamiento y posibles embargos, mientras los condenados recorren la sentencia penal.
