Vox ha llevado al Congreso su ofensiva sobre la ley de nietos CERA y 142.739 expedientes siguen sin revisar en 16 consulados. La formación de Santiago Abascal quiere cifras, procedimientos y pruebas por escrito. Y las quiere ya.
La jugada llega después de un movimiento que ha removido los cimientos del censo exterior: el Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Vamos por partes.
Qué pide Vox y qué ha frenado el Supremo
Su ofensiva no es una proposición de ley, sino una batería de preguntas y requerimientos de información al Gobierno. Los de Abascal quieren saber cuántas solicitudes de nacionalidad se han presentado en total, cuántas incluían las pruebas del exilio y con qué procedimientos se comprueba que los documentos son auténticos.
Detrás está esa decisión judicial. El CERA es el registro que usan los españoles que viven fuera para votar en las elecciones de aquí, y su actualización queda congelada. La suspensión afecta a más de 400.000 personas nacionalizadas al calor de la instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.
El segundo dato que aprieta llega de la propia Administración. La Abogacía del Estado admite que 16 consulados acumulan 142.739 expedientes sin analizar. Traducido: decenas de miles de solicitudes esperan una revisión que, de momento, no llega.
El nudo es doble: quién tiene derecho a la nacionalidad y quién decide después cómo y cuándo se vota con ella.
A quién le cambia el día a día
Los afectados son, sobre todo, descendientes de exiliados que han pedido la nacionalidad española por esta vía. Para ellos, la suspensión cautelar abre un compás de espera: su condición de nacionalizados no desaparece, pero su alta en el censo electoral exterior queda pendiente hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo.
Y el censo, conviene recordarlo, es la puerta para votar desde fuera. Si la inscripción se frena, esos más de 400.000 españoles pueden quedar fuera del censo que decide cuántas papeletas se envían y dónde. Ese es el punto que Vox pone encima de la mesa y que quienes defienden la ley de nietos leen como un freno a un derecho ya concedido.
Vox sostiene que la clave es acreditar las pruebas: sin documentos que certifiquen el exilio y el vínculo familiar, dice, no se puede nacionalizar a nadie. La otra cara son los expedientes que se acumulan sin respuesta. Cada trámite parado es una persona esperando su pasaporte, y esa espera se mide en meses.
El precedente que ayuda a entender el lío
No es la primera vez que un proceso de nacionalidad para descendientes termina en los tribunales. La anterior gran oleada de solicitudes, la que popularizó el nombre de ley de nietos, también arrastró miles de expedientes atascados y años de retrasos, y dejó una lección: si el papel no se comprueba a tiempo, el atasco se cronifica.
En paralelo, la gestión del voto exterior ha sido una fuente recurrente de disputas. Cada reforma del censo de los residentes fuera de España ha reabierto el mismo debate: garantizar el derecho al voto frente a la necesidad de evitar irregularidades.
La norma que abrió esta vía de nacionalidad es la Ley de Memoria Democrática recogida en el BOE, que reconoce el derecho a la nacionalidad a los descendientes de exiliados.
¿Y ahora qué? El Supremo debe decidir si mantiene o levanta la suspensión. Vox espera respuestas del Gobierno en el Congreso y los consulados siguen con 142.739 expedientes en la cola. Lo que ocurra con ese papel acumulado marcará a cuántas personas les llega la nacionalidad, y el voto, a tiempo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Vox exige en el Congreso las pruebas de descendencia de la ley de nietos, después de que el Supremo suspendiera cautelarmente las inscripciones en el CERA.
- Por qué te importa: la suspensión afecta al derecho a la nacionalidad y al voto de más de 400.000 personas y deja 142.739 expedientes sin revisar.
- A quién afecta: descendientes de exiliados que piden la nacionalidad y españoles residentes en el exterior inscritos en el censo.
- Hacia dónde vamos: el Supremo decidirá sobre el fondo y el Gobierno tendrá que responder a las preguntas de Vox en el Congreso.
