La Generalitat se compromete a llevar el gasto educativo al 6% del PIB en 2028. Lo anunció este lunes el president Salvador Illa en una conferencia con 840 asistentes, en la que también puso cifra al plan para climatizar los centros públicos: hasta 2.500 millones de euros hasta el curso 2030-2031. La promesa llega con la educación como bandera tras los malos resultados de PISA.
Qué ha anunciado Illa y cuánto dinero hay encima de la mesa
Vamos por partes. El 6% del PIB no es un número nuevo: es una meta que fijó la ley catalana de educación en 2009 y que nunca se ha alcanzado. Illa anunció que iniciará una ronda de encuentros con las fuerzas del Parlament y que pedirá al Consell d'Educació de Catalunya que lidere 'ahora sí' el debate para llegar a ese porcentaje. En su balance, defendió que Catalunya ha dejado atrás 'una década de parálisis' y que el presupuesto de la Generalitat, de 49.162 millones, es el más alto de su historia.
El plan de climatización prevé actuar sobre los 2.530 centros públicos de Catalunya, con una movilización de hasta 2.500 millones de euros hasta el curso 2030-2031. Empezará con 100 centros priorizados a partir de 2027 por criterios climáticos y arquitectónicos, según los datos facilitados por el Govern. El objetivo es que en cinco años todos los centros públicos estén climatizados.
En materia tecnológica, el president avanzó que el Ejecutivo catalán prevé aprobar un plan para anticiparse al impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Creará un observatorio catalán de IA y un registro de sistemas algorítmicos, y se compromete a que ninguna decisión automatizada actúe sin supervisión humana. Illa lo definió como un camino que, a su juicio, seguirán otros países.
Por qué el 6% del PIB es el número que persigue la comunidad educativa
El 6% no sale de la nada. La ley de educación catalana lo estableció como objetivo en 2009, pero las crisis presupuestarias y la inestabilidad de la última década lo han dejado en papel mojado. Ahora, tras los malos resultados del informe PISA, el Govern defiende que hay que acelerar para recuperar la excelencia. El 6% equivale a destinar una parte mayor del presupuesto autonómico a contratar docentes, reducir ratios y mejorar instalaciones.
El acto reunió a 840 personas, entre ellas los expresidentes Pere Aragonès y José Montilla, representantes de Junts, ERC y los comunes, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, rectores universitarios y agentes sociales como Foment y CCOO. La foto de consenso no evita, sin embargo, que la oposición exija un calendario concreto y partidas presupuestarias claras para llegar al 6%.
En cinco años, todos los centros públicos catalanes deberían estar climatizados, según el calendario anunciado, mientras el 6% del PIB se negocia como pacto de país.
El precedente que explica el momento: de la ley de 2009 al desgaste PISA
El anuncio de Illa tiene un precedente claro: aquella ley catalana de 2009 ya marcaba el suelo del 6%, pero ningún gobierno lo ha cumplido. La diferencia ahora es la presión del último informe PISA, cuyos malos resultados empujaron a las administraciones a mover ficha. Quienes defienden la medida recuerdan que sin una financiación estable no se contratan docentes ni se reducen ratios; quienes la critican avisan de que fijar el porcentaje sin una memoria económica detallada puede quedarse en otro anuncio más.
Los próximos pasos serán la ronda de contactos con partidos y el debate en el Consell d'Educació, un órgano consultivo que reúne a administración, escuela pública, escuela concertada y sindicatos. Habrá que seguir si el Govern consigue amarrar mayorías para convertir esa promesa en presupuestos y, sobre todo, en plazas docentes y aulas acondicionadas que noten las familias.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Salvador Illa anunció un pacto educativo para alcanzar el 6% del PIB, un plan de climatización de 2.500 millones y un plan de IA laboral.
- Por qué te importa: Afecta a la financiación de escuelas e institutos y al confort térmico de las aulas, con primeras obras a partir de 2027.
- A quién afecta: A los 2.530 centros públicos catalanes y a sus alumnos, docentes y familias.
- Hacia dónde vamos: Habrá una ronda con partidos y un debate en el Consell d'Educació para fijar el calendario y la financiación.
