La petición de la Fiscalía de Cádiz ya tiene cifra: 18 años de inhabilitación para José María González 'Kichi' y una multa de 10.800 euros. El Ministerio Público acusa al exalcalde de Cádiz de presunta prevaricación continuada y revelación de secretos por la contratación de un asesor del partido en 2018.
El escrito de acusación se ha conocido este lunes y coloca al regidor entre 2015 y 2023 al borde del banquillo. No llega solo: la Fiscalía pide las mismas penas para dos exconcejales del área de Personal y de Turismo, el que fue jefe de gabinete de Alcaldía y otro asesor municipal. Para el asesor contratado por el partido, cuya incorporación motivó la denuncia, reclama nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Qué pide exactamente la Fiscalía contra Kichi
La acusación separa los dos delitos. Para la revelación de secretos, solicita tres años de inhabilitación y 10.800 euros de multa. Para la prevaricación continuada —dictar o impulsar resoluciones injustas a sabiendas—, reclama otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo. La suma de ambas peticiones alcanza los 18 años de inhabilitación.
El ministerio público sostiene que el asesor contratado trabajó para el equipo de gobierno entre abril de 2018 y abril de 2019 sin ser funcionario, personal laboral ni eventual. Aun así, según el escrito, accedió de forma continuada a información reservada de contratación y llegó a impartir instrucciones a técnicos del Ayuntamiento.
El expediente no recoge su firma en los documentos, pero la Fiscalía detalla que los pliegos se redactaban siguiendo sus indicaciones y que los funcionarios debían acatar sus órdenes. Ese es el núcleo del caso: qué podía decidir alguien contratado por el partido y no por la Administración.
El asesor que no era funcionario pero daba instrucciones
El escrito del ministerio fiscal es muy gráfico: el asesor participaba en reuniones con el equipo de gobierno y los técnicos municipales, lo que generaba 'la falsa sensación de una presunta condición laboral' en el Ayuntamiento. También impartía órdenes por correo electrónico como 'experto en licitaciones', siempre con la presunta connivencia de los acusados.
La Fiscalía describe a un asesor ajeno a la Administración que marcaba el contenido de pliegos públicos sin estampar su firma en el expediente.
La defensa de Adelante Izquierda Gaditana ya ha adelantado otra lectura: el juicio discutirá, según ellos, cuestiones como la ubicación del puesto de trabajo del asesor o el origen de medios como un portátil y un teléfono. Insisten en que siempre se facilitaron desde el partido y no desde fondos municipales.
Por qué el caso se mira con lupa en Cádiz
Este procedimiento no se entiende sin el historial de González 'Kichi' al frente del Ayuntamiento. Durante sus ocho años de mandato, el exalcalde acumuló cerca de una veintena de denuncias, con archivos y absoluciones ya cerrados, pero también con causas todavía pendientes. La secuencia judicial ha marcado tanto su etapa de gobierno como su vuelta al debate público.
Hay una tensión de fondo que la Fiscalía subraya: la información de las licitaciones no debe circular antes de su anuncio oficial, porque eso permite diseñar pliegos a medida o introducir requisitos que beneficien a ciertos operadores. Un asesor político no decide ni da instrucciones, solo asesora. Ese es el límite que, según la acusación, se cruzó.
El caso está aún en fase de acusación. Si la petición fiscal prospera, Kichi quedaría fuera de cualquier elección durante casi dos décadas, un escenario que su partido no da por cerrado.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía de Cádiz pide 18 años de inhabilitación y 10.800 euros para José María González 'Kichi' por prevaricación continuada y revelación de secretos.
- Por qué te importa: El caso marca el límite entre un asesor político y la gestión de contratos públicos, y puede dejar fuera de las urnas al exalcalde.
- A quién afecta: Al exalcalde, a dos exconcejales, al exjefe de gabinete, a otro asesor municipal y al asesor contratado por el partido.
- Hacia dónde vamos: El juzgado debe decidir si abre juicio oral; aún no hay fecha de vista ni sentencia.
