Los bomberos forestales públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBCM) se concrentran este viernes frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, para denunciar lo que califican de "maltrato y acoso institucional" por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. La movilización, convocada por el Comité de Huelga entre las 9:00 y las 10:30 horas, se produce en plena temporada de incendios y tras un verano que ha dejado cifras récord de superficie calcinada en la región.
El conflicto que enfrenta a estos trabajadores públicos con la administración autonómica acumula ya más de tres años sin visos de solución. La huelga indefinida supera los 1.200 días, y el Comité de Huelga asegura que la Consejería lleva más de 816 jornadas sin sentarse a negociar con los representantes del colectivo. La administración, según trasladan los propios bomberos forestales públicos del CBCM, argumenta que no puede negociar mientras se mantenga la huelga, una posición que los trabajadores consideran contraria al espíritu del Real Decreto Ley 17/1977, que regula las relaciones de trabajo en situaciones de conflicto colectivo.
La protesta en el kilómetro cero de Madrid no es la primera que protagonizan estos profesionales, pero sí representa una escalada significativa. Hasta ahora, las concentraciones se habían celebrado frente a las sedes de distintas consejerías. El traslado al centro neurálgico de la capital busca, según los convocantes, dar mayor visibilidad a unas reivindicaciones que han cobrado especial relevancia tras los devastadores incendios del pasado julio. El lema elegido para la jornada es "Contra el maltrato y las coacciones a los Bomberos Forestales Públicos del CBCM".
"Los bomberos forestales públicos del CBCM llevan su lucha al kilómetro 0 ante el acoso y maltrato de la Comunidad de Madrid", dicen desde las redes del personal laboral público.
Un verano marcado por el fuego
La protesta se enmarca en un contexto especialmente crítico para la Comunidad de Madrid. El incendio de la Sierra Oeste, declarado emergencia de interés nacional el 24 de julio, calcinó aproximadamente 27.000 hectáreas solo en territorio madrileño, según los datos oficiales publicados por la propia Comunidad de Madrid. Si se suma la superficie afectada en las provincias colindantes de Ávila y Toledo, la cifra conjunta supera las 50.000 hectáreas, multiplicando por más de once el anterior récord histórico de superficie quemada en la región, de acuerdo con la información publicada por diversos medios especializados que citan datos del sistema europeo EFFIS.
El desastre no se limitó a aquel episodio. Ya en agosto, otro incendio en Aldea del Fresno arrasó unas 330 hectáreas antes de ser controlado. Y la temporada de incendios aún no ha terminado. A escala nacional, España acumulaba a finales de julio más de 141.000 hectáreas quemadas y 32 grandes incendios forestales, según los datos que facilitó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), presidida por el presidente del Gobierno.
En medio de esa emergencia, 17 bomberos forestales públicos del CBCM denunciaron a través de las redes sociales que no pudieron intervenir en el incendio de Almorox por falta de vehículos y herramientas operativas. No se trataba de una decisión voluntaria de los trabajadores, aclararon entonces, sino de una carencia de medios que les impedía desplazarse hasta el siniestro. Antes, durante el mes de mayo, una sesentena de efectivos del Plan INFOMA habían permanecido inactivos en la Dirección General de Emergencias, uniformados pero sin tareas asignadas, como forma de protesta ante el incumplimiento de sus condiciones contractuales.
La indignación generada por esta situación ha traspasado las fronteras del propio colectivo. El pasado 13 de agosto, los bomberos forestales públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid lanzaron una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org. La petición acumula ya más de 3.300 firmas verificadas y continúa sumando apoyos cada día.
Los propios trabajadores recuerdan las catastróficas consecuencias del incendio de la Sierra Oeste y explican que las labores de prevención durante los meses de invierno —preparación del terreno, mantenimiento de cortafuegos, tratamientos selvícolas y divulgación a la población— son imprescindibles para evitar que las catástrofes se repitan. Reclaman ser contratados los doce meses del año, tal como señalan que indicaban las bases de la oposición que aprobaron, y exigen la aplicación íntegra de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales.
El Gobierno regional presentó para 2026 un presupuesto de 187,9 millones de euros para la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, un 4,8 % más que el año anterior, y activó un dispositivo INFOMA con más de 6.100 profesionales y voluntarios. Sin embargo, los bomberos forestales públicos del CBCM sostienen que las cifras oficiales esconden una realidad muy distinta para quienes trabajan sobre el terreno como personal laboral público.
Los bomberos forestales arrastran las reivindicaciones durante años
El Comité de Huelga de los bomberos forestales públicos del CBCM plantea un paquete de demandas que abarca desde el reconocimiento profesional hasta la seguridad en el trabajo. La reclamación más emblemática tiene que ver con la categoría profesional. Estos trabajadores públicos denuncian que la Comunidad de Madrid no les reconoce formalmente con el código 5932 —correspondiente a bombero forestal— en las comunicaciones de sus contratos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En su lugar, según el comité, aparecen inscritos bajo epígrafes como conductores de taxis y furgonetas o mantenedores de edificios, una irregularidad que dificulta el reconocimiento de enfermedades profesionales y el cobro de complementos salariales asociados a la peligrosidad, la toxicidad o el esfuerzo físico de su actividad.
Esta denuncia se ha vuelto aún más llamativa desde la entrada en vigor de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Aprobada por el Congreso y el Senado, la norma establece una categoría profesional única de bombero forestal y reconoce pluses específicos vinculados a la peligrosidad, la toxicidad, la penosidad, la morbilidad, el esfuerzo físico y el riesgo psicofísico, según recoge su artículo 8. También abre la puerta a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores. Pese a ello, la Comunidad de Madrid no la ha aplicado al colectivo de bomberos forestales públicos del Cuerpo de Bomberos, personal laboral público, según denuncian los propios trabajadores y han recogido múltiples medios de comunicación nacionales a lo largo de este verano.
Otro eje fundamental de la protesta es la duración de la jornada laboral. Madrid es, según los representantes del colectivo, la única comunidad autónoma que mantiene a sus bomberos forestales públicos trabajando solo seis meses al año. El Comité de Huelga reclama que se les permita desarrollar labores de prevención durante el período invernal —desbroces, tratamientos selvícolas, mantenimiento de cortafuegos y pistas forestales— para reducir los riesgos antes de que llegue la temporada de incendios. La administración habría retirado compromisos previos orientados a garantizar el 100 % de la jornada anual, una decisión que los bomberos forestales públicos del CBCM interpretan como un paso atrás en la negociación.
Señalan que el coste de la prevención es enormemente inferior al de la extinción, y que las pérdidas económicas, ambientales y humanas que provoca la inacción deberían ser motivo suficiente para actuar con inmediatez. Defienden que están cualificados y capacitados para realizar esas tareas preventivas gracias a su experiencia en extinción y a haber superado una oposición cuyas bases, insisten, contemplaban la contratación durante todo el año.
A estas cuestiones se suman las denuncias sobre seguridad laboral. El Comité de Huelga alerta de la existencia de un riesgo grave para la integridad de los trabajadores. Según sus representantes, no existe trazabilidad en los lavados de los trajes de protección tipo U1, y parte del material respiratorio utilizado en las intervenciones habría superado su vida útil, que expiró en marzo de 2023. Los bomberos forestales públicos del CBCM reclaman garantías sobre el tratamiento y mantenimiento de unas prendas diseñadas para protegerles en situaciones de máximo peligro.
Asimismo, no hay que dejar de lado el tema salarial. Según hemos podido saber, los bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros mensuales, una cifra que lleva congelada unos quince años y que supone una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más del 34 %, de acuerdo con los datos que manejan los propios representantes del personal laboral público.
La movilización de este viernes pretende mantener la presión sobre la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para que retome un diálogo que los bomberos consideran imprescindible. El consejero Carlos Novillo ha condicionado cualquier negociación a la desconvocatoria previa de la huelga, una postura que el Comité de Huelga rechaza frontalmente. Los trabajadores advierten de que no cesarán las movilizaciones ni las acciones reivindicativas mientras no se alcance un acuerdo que dé respuesta a las reclamaciones planteadas.
Mientras tanto, los montes de la Comunidad de Madrid siguen expuestos al riesgo de nuevos incendios.
