1.300 euros al mes. Eso es lo que cobran los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid por arriesgar su vida apagando incendios como los que ahora arrasan la región. Llevan 15 años con el sueldo congelado y la administración autonómica se niega a aplicar la ley estatal que les reconoce como categoría profesional y les subiría el sueldo.
El sueldo congelado y la ley que Madrid ningunea
La ley básica 5/2024 (la norma estatal que establece las condiciones laborales mínimas para los bomberos forestales) se aprobó en el Congreso hace casi dos años. Entre otras cosas, fija la categoría profesional 5.932 (la categoría que les reconoce como bomberos forestales y lleva aparejados los complementos por peligrosidad, toxicidad, morbilidad, etc.). Pero la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en prevención y extinción, no la aplica.
Los bomberos contratados directamente por la Administración —unas 60 personas— están técnicamente inactivos, destinados a tareas administrativas o encerrados “en un cuarto de vending” mientras los incendios queman el terreno. No se les reconoce como bomberos forestales; legalmente figuran como conductores o personal de atención al usuario. Y eso pese a que la ley estatal es clara: no dice cómo gestionar los dispositivos, pero sí qué condiciones laborales mínimas tiene que tener el personal. “Queremos trabajar todo el año y que se nos aplique la categoría de bombero forestal, que es lo que somos”, resume uno de los portavoces del comité de huelga.
El salario de referencia, 1.300 euros mensuales lleva sin moverse desde 2010. Para ponerlo en contexto: el Salario Mínimo Interprofesional en 2026 ronda los 1.200 euros en 14 pagas. Un bombero forestal, que se enfrenta a incendios con temperaturas de 30 grados y rachas de viento de 30 km/h, cobra apenas 100 euros más que el suelo legal. La empresa pública Tragsa, que contrata a una parte importante de la plantilla, mantiene un convenio sectorial caducado desde 2008. Cuatro de cada diez bomberos en Madrid solo trabajan los meses de verano, lo que expulsa cada año a personal con experiencia hacia oficios más estables.
Los incendios actuales y la falta de prevención
Este 24 de julio, con varios frentes activos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila —el incendio de Burgohondo ya ha evacuado a diez mil personas y arrasa la reserva natural de Iruelas—, la situación de la plantilla se nota. Jesús Molina, presidente del comité de empresa de bomberos forestales dependiente de Tragsa, explica que han suspendido la huelga indefinida para volcarse en la extinción. Aun así la falta de efectivos y la escasez de trabajos preventivos durante el invierno (se han hecho un 50% menos de desbroces y apertura de cortafuegos) están pasando factura.
Los bomberos forestales llevan 15 años con el sueldo congelado en 1.300 euros y sin que la Comunidad de Madrid les reconozca la categoría profesional que marca la ley estatal.
La externalización como excusa: el cuerpo público amenazado
El conflicto laboral esconde una disputa de fondo: la preferencia de la administración de Isabel Díaz Ayuso por las políticas de externalización y subcontratación. La plantilla contratada directamente por la Comunidad ve cómo su cuerpo público peligra, mientras la mayoría de los efectivos dependen de Tragsa, una empresa pública que arrastra un convenio de 2008. La dualidad genera agravios: los bomberos públicos denuncian amenazas e inacción; los de Tragsa, sueldos más bajos y temporalidad extrema.
La Ley 5/2024 pretendía precisamente unificar las condiciones y evitar estas brechas. Pero su no aplicación por parte de Madrid no es un despiste administrativo, sino una decisión política. En mayo pasado, los bomberos avisaron de que esta temporada podían repetirse incendios graves como los que afectaron a Tres Cantos en 2025. Aquello no fue suficiente para que el gobierno regional acelerara la contratación de las 124 plazas presupuestadas o asumiera la categoría profesional que marca la ley.
El resultado es que, mientras las temperaturas superan los 30 grados y el viento aviva las llamas, los profesionales que tienen que apagarlas llevan más de una década sin que su sueldo refleje ni el riesgo ni la formación que exige su trabajo. No es solo un problema laboral: la falta de prevención y la precariedad de la plantilla debilitan la capacidad de respuesta ante incendios cada vez más extremos.
En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)
- 💸 ¿Qué ha cambiado? La ley estatal de 2024 sigue sin aplicarse en Madrid, por lo que los bomberos forestales mantienen salarios congelados de 1.300 euros y sin reconocimiento de su categoría profesional.
- 👥 ¿A quién afecta exactamente? A los aproximadamente 60 bomberos públicos contratados por la Comunidad de Madrid, y a los cientos de trabajadores subcontratados por Tragsa que carecen de estabilidad y derechos.
- ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Si te preocupa la gestión de los incendios en tu zona, puedes seguir los comunicados de los sindicatos (comité de empresa de Tragsa, sindicato Firet) o preguntar a tus representantes políticos por qué no se aplica la ley estatal.
