Un piso de vivienda protegida de 90 metros cuadrados que en 2023 costaba 198.000 euros vale ahora 231.120 euros. Esa es la consecuencia más visible de la última subida aprobada por el Gobierno valenciano del PP.
La medida se enmarca en una cascada de cambios iniciada en 2024: el precio del metro cuadrado ha subido un 16,7% acumulado, el límite de ingresos para acceder a una VPO se ha ampliado y la protección deja de ser permanente. Un piso de protección pública puede pasar a renta libre a los 30 años.
Qué ha decidido el Gobierno valenciano
Desde que el PP asumió la Generalitat, la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero ha aprobado dos subidas del módulo de VPO. El precio por metro cuadrado pasó de 2.200 euros que fijó el anterior Ejecutivo del Botànic en 2023 a 2.400 en 2024 y, después, a los 2.568 euros anunciados recientemente.
Ese incremento acumulado del 16,7% es lo que explica que una vivienda protegida de 90 metros cuadrados haya pasado de 198.000 a 231.120 euros. El nuevo techo de precio aleja la VPO de las rentas más bajas.
También se ha elevado el límite de ingresos para poder comprar una vivienda protegida. El decreto de 2024 subió el tope de 46.800 a 54.600 euros anuales, con posibilidad de llegar a 66.000 euros en supuestos de familia numerosa, discapacidad o dependencia.
Cuánto cuesta ahora un piso de VPO
El problema no es solo el precio. El mismo decreto eliminó el carácter permanente de la protección que había establecido el Botànic. Desde ahora, la VPO se desprotege a los 30 años desde su calificación definitiva. A partir de ahí, el inmueble puede venderse como vivienda libre, con la revalorización correspondiente.
La normativa incluye una disposición transitoria que afecta incluso a las viviendas protegidas ya construidas bajo normativas anteriores: todas tendrán un periodo máximo de protección de 30 años. En algunos supuestos no detallados, la desprotección podría adelantarse.
El Gobierno valenciano sube precios y mueve el acceso a la VPO hacia rentas medias, mientras la protección deja de ser para siempre.
Además, se ha priorizado la permuta de suelo público. Consiste en ceder terrenos a promotores privados a cambio de un porcentaje de viviendas. El constructor se queda con la propiedad del suelo público. La Generalitat defiende que esta fórmula agiliza la construcción, pero la Comisión Europea no la financia con fondos europeos al considerarla lesiva para el interés público por la pérdida de patrimonio.
El precedente del Botànic y la defensa de la Generalitat
Fuentes de la Conselleria han defendido que la subida actualiza un techo máximo que llevaba una década congelado y que el aumento queda por debajo del 21,79% que han subido los costes de construcción. También recuerdan que el anterior gobierno del Botànic subió el módulo de 1.800 a 2.200 euros de una sola vez, un 22,2%.
Los datos de solicitudes respaldan, a su juicio, la reactivación: en el primer mes tras el Decreto 180/2024 se presentaron más peticiones de calificación que en los once meses anteriores juntos, y en 2025 las calificaciones definitivas pasaron de 54 a 1.061. La Generalitat asegura que la colaboración público-privada ha activado más de 4.800 viviendas protegidas.
La crítica, sin embargo, apunta a que esas viviendas ya no son para quienes más lo necesitan. Subir el precio y ampliar el límite de renta permite a personas con más ingresos acceder a la VPO, mientras que quienes quedan por debajo de los 54.600 euros anuales compiten por pisos que superan los 230.000 euros.
El debate de fondo es si la vivienda protegida debe ser un parque público permanente o un trampolín hacia el mercado libre. La desprotección a 30 años y la permuta de suelo inclinan la balanza hacia lo segundo, lo que genera división entre promotores y colectivos sociales.
Lo que conviene seguir: el desarrollo reglamentario que aclare en qué supuestos se puede desproteger antes de tiempo, y si la Generalitat logra encajar sus planes con los fondos europeos que hoy rechazan la permuta.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno valenciano del PP ha subido un 16,7% el precio de la VPO y ha eliminado la protección permanente a los 30 años.
- Por qué te importa: Un piso protegido de 90 m² pasa de 198.000 a 231.120 euros, y las rentas más bajas quedan más lejos de poder comprarlo.
- A quién afecta: Compradores de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, especialmente jóvenes y rentas medias-bajas, y también a los promotores que reciben suelo público.
- Hacia dónde vamos: Habrá que vigilar el reglamento de desprotección anticipada y si la Generalitat consigue financiación europea para su modelo.
