El presidente del Gobierno podría acabar sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por un delito de traición si la iniciativa de Vox prospera. La formación que lidera Santiago Abascal ha anunciado este sábado que pedirá activar el artículo 102 de la Constitución, un mecanismo excepcional que permite investigar penalmente al jefe del Ejecutivo. La petición llega tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta de la pasada semana, que Abascal calificó como gravísima invasión. Vox sostiene que existen indicios de que el Gobierno pudo haberla facilitado.
La acusación se apoya en el artículo 102, que habilita al Supremo a exigir responsabilidad criminal al presidente cuando se trate de delitos de traición o contra la seguridad del Estado. Para que esa puerta se abra, sin embargo, hace falta que una mayoría absoluta del Congreso —176 diputados— dé luz verde al procedimiento. Traducido: Vox necesita convencer a partidos que hoy están en las antípodas de su discurso migratorio.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Aunque el procedimiento tiene escasas posibilidades de prosperar, la sola activación del artículo 102 pondría la relación entre el Gobierno y la oposición en un terreno inédito y la acusación de traición cala en un electorado ya polarizado.
Qué propone Vox y qué dice exactamente el artículo 102
El artículo 102 es una cláusula casi de ciencia ficción en la política española: apenas se ha invocado y nunca ha llegado a activarse contra un presidente en activo. Establece que el presidente del Gobierno solo puede ser procesado penalmente por traición o delitos contra la seguridad del Estado y únicamente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La redacción huye de la vía ordinaria y blinda al jefe del Ejecutivo detrás de un candado parlamentario muy exigente.
Abascal entiende que la crisis de Ceuta encaja en ese supuesto. Según el líder de Vox, hay indicios que apuntan a que el Gobierno tuvo conocimiento previo de la llegada masiva y no la impidió, lo que podría constituir una dejación de funciones equiparable a un delito contra la seguridad nacional. La formación ya ha anunciado que llevará la propuesta al Congreso en cuanto se reanude la actividad parlamentaria.
El camino procesal: de la petición a la investigación del presidente
Para que la iniciativa avance, el reglamento del Congreso exige que sea presentada por al menos la cuarta parte de los diputados o por dos grupos parlamentarios. Vox, con sus 33 escaños, necesitaría el apoyo de otro grupo para reunir las firmas. Una vez admitida a trámite, la propuesta se debate en el Pleno y requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara para que el Supremo abra una investigación penal contra Sánchez.
Con la aritmética actual, ese camino parece un callejón sin salida. Vox necesitaría que partidos como el PP, que ha evitado acompañarle en iniciativas similares, se sumaran a una acusación de traición. La dirección popular ya ha calificado la crisis de Ceuta como fracaso del Gobierno, pero de momento no ha respaldado la vía penal.
Y mientras el debate político se calienta, en el terreno jurídico la doctrina es clara: los tribunales han sido muy restrictivos a la hora de aceptar imputaciones por traición. El Tribunal Supremo exigiría pruebas sólidas, no meras sospechas, para abrir una causa contra el presidente.
Un precedente que invita a pensar en un camino lleno de obstáculos
No es la primera vez que se intenta usar un mecanismo constitucional contra el presidente. En 2017, Unidos Podemos trató de activar un procedimiento similar contra Mariano Rajoy por la gestión de la crisis catalana. Sin embargo, la propuesta ni siquiera llegó a debatirse porque no contaba con los apoyos necesarios, y la iniciativa murió en la Mesa del Congreso.
Ese antecedente muestra, primero, que el filtro parlamentario suele ser suficiente para descartar acusaciones sin consenso, y segundo, que los partidos mayoritarios evitan dinamitar la legitimidad del adversario por la vía penal. El anuncio de Vox se entiende más como un gesto político de presión que como una ofensiva con recorrido jurídico real, aunque su mera presentación tensa todavía más el clima institucional.
La activación del artículo 102 cambiaría por completo el tablero político, pero el Congreso actual tiene el candado cerrado.
De cara a las próximas semanas, conviene seguir dos hilos: si algún otro grupo parlamentario secunda la iniciativa de Vox y cómo responde el Gobierno en el plano de la comunicación. Mientras tanto, la crisis de Ceuta sigue coleando y la acusación de traición planea sobre el debate público con una intensidad que no se veía desde hace años.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Vox ha anunciado que pedirá al Congreso activar el artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo investigue a Pedro Sánchez por un posible delito de traición tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
- Por qué te importa: De prosperar, sería la primera vez que un presidente en ejercicio se enfrenta a un proceso penal por esta vía. El clima político se enrarece y se abre un debate sobre los límites de la responsabilidad del Ejecutivo.
- A quién afecta: Al presidente del Gobierno, que vería cuestionada su actuación, y a todo el electorado, que asiste a una escalada de la confrontación institucional sin precedentes recientes.
- Hacia dónde vamos: Es muy improbable que el Congreso apruebe la propuesta, dada la exigencia de mayoría absoluta. La iniciativa quedará como un gesto político de fuerte carga simbólica.
