El ático de lujo que compró una empresa pública de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros ya está en manos de la justicia. El partido Iustitia Europa ha presentado una denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude, y se convierte en la primera acción penal que apunta directamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por esta operación inmobiliaria. Vamos a contarte qué implica y por qué este movimiento judicial puede tener consecuencias más allá del despacho.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. El uso de fondos públicos para adquirir un inmueble residencial de altísimo coste, con una comisión y una carga fiscal millonarias, afecta a la confianza en la gestión del dinero de todos los madrileños. La denuncia pide investigar a la cúpula del Gobierno regional y no descarta la responsabilidad penal de la presidenta si aparecen indicios.
Qué denuncia exactamente Iustitia Europa
La querella, presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, señala que la empresa pública Planifica Madrid compró un ático residencial de 485 metros cuadrados y una terraza de 200 metros en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí. El precio, aproximadamente 6,3 millones de euros, se justificó como una solución temporal para alojar dependencias de Presidencia mientras se rehabilitaba la Real Casa de Correos. Sin embargo, se eligió adquirir de forma permanente un inmueble de lujo en lugar de alquilar u ocupar otros edificios públicos disponibles.
La denuncia, a la que ha tenido acceso El Periódico, recorre cada eslabón de la decisión: quién definió la supuesta necesidad, quién seleccionó el inmueble, quién autorizó el precio, qué informes existieron y qué controles se practicaron antes de comprar. También apunta a la posible falta de idoneidad urbanística para un uso de oficina institucional y a la intervención de una inmobiliaria que cobró una comisión del 3%, unos 189.000 euros. A eso se suma una carga tributaria cercana a los 378.000 euros relacionada con la estructura utilizada.
El papel del Gobierno de Ayuso y las sombras de la operación
Tras conocerse la compra, la presidenta Isabel Díaz Ayuso afirmó no tener conocimiento y remitió las explicaciones a la Consejería de Presidencia y a Planifica Madrid. Por eso la denuncia pide determinar qué información llegó hasta ella y cuál fue la intervención del consejero Miguel Ángel García Martín, responsable político de la consejería de la que depende la empresa pública y presidente de su Consejo de Administración. Si durante la instrucción aparecen indicios sobre una persona aforada —como la propia presidenta o el consejero—, el juzgado debería elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.
Además, se reclama incorporar a la causa el expediente completo de compra (y de la posterior puesta en venta, anunciada después del escándalo), las tasaciones, las actas del Consejo, los justificantes de pago y las comunicaciones internas para aclarar si hubo opacidad en los instrumentos de transparencia autonómicos. Todo ello busca reconstruir una cadena de mando que, según el texto de la querella, habría convertido en permanente una necesidad presentada inicialmente como temporal.
Rastreo de responsabilidades y el precedente de los aforados
El caso recuerda a otras investigaciones en las que la imputación de altos cargos autonómicos ha terminado escalando al Tribunal Supremo. Cuando hay un aforado, el juez de instrucción no puede dirigir la investigación contra él, pero sí puede acumular indicios y remitirlos al alto tribunal si aprecia vínculos con un delito cometido en el ejercicio del cargo. La denuncia de Iustitia Europa se adelanta a esa posibilidad y solicita desde el primer momento que se actúe conforme a las reglas de competencia si surgen esas pruebas.
La operación generó críticas políticas desde distintos frentes —PSOE y Más Madrid habían anunciado que estudiarían acciones legales—, pero por ahora es un partido minoritario quien ha dado el paso. Más allá de la disputa partidista, lo que queda sobre la mesa es si una empresa pública puede utilizar 6,3 millones de euros en un inmueble de lujo con tan poca transparencia. La respuesta judicial, a partir de ahora, se dirimirá en los juzgados de Madrid.
La denuncia reconstruye toda la cadena de decisiones y pide incorporar desde las memorias justificativas hasta los correos internos, en un intento de llegar hasta el último responsable político.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El partido Iustitia Europa ha presentado una denuncia penal por la compra de un ático de lujo con 6,3 millones de fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
- Por qué te importa: Afecta a la gestión del dinero de todos los madrileños y puede desencadenar responsabilidades penales en la cúpula del Gobierno autonómico.
- A quién afecta: A la empresa pública Planifica Madrid, al consejero Miguel Ángel García Martín y, si aparecen indicios, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
- Hacia dónde vamos: El juzgado decidirá si admite la querella y, en ese caso, iniciará una investigación que podría escalar al Tribunal Supremo si se apunta a algún aforado.
