Si eres un menor migrante tutelado en Aragón, has dejado de recibir una paga que tus compañeros españoles sí cobran. El Gobierno de España acaba de llevar esa diferencia de trato a la Fiscalía.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de Menores para denunciar la decisión del Ejecutivo aragonés de suprimir la asignación económica semanal únicamente para los niños y adolescentes de origen extranjero en los centros de protección de la comunidad. La ayuda, sin embargo, sigue llegando a quienes tienen nacionalidad española. La medida afecta a cientos de menores no acompañados que dependen del sistema de protección autonómico, chavales que a menudo carecen de otros ingresos.
La orden partió de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox). Aunque la cuantía de la paga es pequeña —habitualmente no superaba los 30 euros semanales—, su valor educativo y de autonomía para los adolescentes es grande. Les permitía comprar artículos de higiene, recargar el móvil o tener un pequeño gasto propio, algo que ahora solo pueden hacer los menores españoles tutelados. La paga se ha retirado sin que el Gobierno aragonés haya ofrecido una justificación detallada.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión discrimina directamente por origen a menores vulnerables, afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y ha generado un conflicto institucional con intervención del Gobierno central y la Fiscalía.
Qué ha pasado: una paga que solo quitan a los extranjeros
La supresión de la asignación semanal se conoció esta misma semana. El oficio remitido por el ministerio, fechado el 27 de julio, subraya que la medida establece “una diferencia de trato entre niños tutelados por la misma administración en función de su origen”. El ministerio considera que la discriminación es incompatible con el principio de igualdad y con la propia Ley de Protección Jurídica del Menor.
La decisión del Ejecutivo de Aragón se ampara en su potestad organizativa, pero desde el Gobierno central insisten en que ninguna administración puede vulnerar derechos constitucionales. La ministra Sira Rego ha sido clara: calificó la medida de “racista y miserable” y denunció que “busca establecer ciudadanías de primera y de segunda”.
La diferencia de trato por origen ha llevado al Gobierno central a pedir a la Fiscalía que investigue si hay delito de odio en la medida del Ejecutivo aragonés.
Por qué el ministerio ve discriminación y delito de odio
El oficio recuerda que el artículo 14 de la Constitución prohíbe cualquier discriminación por razón de nacimiento o raza, y el artículo 39 obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia. Además, la legislación de protección de menores obliga a las entidades que asumen la tutela a garantizar sus necesidades cotidianas y a promover su integración “sin discriminación alguna”. La petición no es una denuncia penal, sino una comunicación para que la Fiscalía investigue y, si lo considera, actúe.
El ministerio señala que la asignación económica cumple una función educativa: contribuye a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta. Quitarla solo a los menores extranjeros, argumentan, atenta contra el interés superior del menor. Rego ha confiado en que “la Justicia ponga las cosas en su sitio” y ha sentenciado: “España es un país de acogida y así va a seguir siendo”.
El pacto PP-Vox, bajo la lupa: una tensión que crece
Esta polémica no es un hecho aislado. En los últimos años, los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en varias comunidades han desembocado en medidas que organizaciones de derechos humanos han tachado de discriminatorias. Recortes en ayudas sociales para inmigrantes, trabas a la escolarización de menores sin papeles o limitaciones al empadronamiento son algunos ejemplos que han llegado a los tribunales. El caso aragonés se enmarca en esa pugna entre las políticas migratorias restrictivas de Vox y la legislación estatal protectora de la infancia.
En Castilla y León, la Consejería de Familia (en manos de Vox) intentó limitar el acceso de los extranjeros en situación irregular a los servicios sociales, pero el Tribunal Superior de Justicia suspendió la medida. Ahora, en Aragón, la supresión de la paga a los menores migrantes tutelados vuelve a poner el foco en los límites de las competencias autonómicas frente a la legislación básica del Estado. Mientras la Fiscalía estudia el caso, el Gobierno central mantiene la ofensiva política: la vicepresidenta Yolanda Díaz también ha mostrado su rechazo. La decisión que adopte la Fiscalía podría sentar un precedente importante sobre hasta dónde pueden llegar las políticas de inmigración en las autonomías.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno de Aragón suprimió la paga semanal que recibían los menores extranjeros tutelados, manteniéndola para los españoles. El Ministerio de Juventud e Infancia ha llevado el caso a la Fiscalía.
- Por qué te importa: La medida plantea una posible discriminación por origen y atenta contra principios constitucionales, con un debate que va más allá de Aragón y afecta a todos los menores tutelados en España.
- A quién afecta: Cientos de niños y adolescentes migrantes no acompañados que residen en centros de protección de la comunidad aragonesa. De momento, los menores españoles tutelados mantienen la ayuda.
- Hacia dónde vamos: La Fiscalía de Menores evaluará si abre diligencias por posible delito de odio o vulneración de derechos. La decisión podría tener efectos en otras comunidades con gobiernos de PP y Vox.
