El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistia a Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura de ERC. Es la primera vez que un miembro del Govern del 1 de octubre se beneficia directamente de esta medida. A partir de ahora, la inhabilitación de un año y la multa de 12.000 euros que pesaban sobre ella quedan oficialmente extinguidas. Te contamos qué ha cambiado y por qué esta decisión es un antes y un después para el resto de procesados.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La resolución afecta a más de una decena de altos cargos aún pendientes de revisión y reaviva el debate sobre la aplicación de la amnistía, con consecuencias directas en el tablero político catalán y en la legislatura.
¿Qué ha decidido exactamente el Supremo?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado amnistiados los actos por los que Serret fue condenada en 2023. La exconsellera, que formaba parte del ejecutivo de Carles Puigdemont en 2017, fue sentenciada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave. Según aquella sentencia, ignoró de forma "consciente y deliberada" los requerimientos del Tribunal Constitucional para impedir el referéndum del 1-O.
Ahora el alto tribunal aplica la ley de amnistía —aprobada en el Congreso y avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace apenas dos semanas— y declara extinguida cualquier responsabilidad penal que pudiera subsistir. La inhabilitación que le impedía ejercer cargo público desaparece.
Por qué esta decisión sienta un precedente
Serret ya no está sola. ERC ha celebrado la resolución y ha pedido que se extienda "inmediatamente" al resto de procedimientos. Su caso abre la vía para que otros condenados o procesados por el 1-O, como los exconsellers que aún enfrentan causas pendientes, vean revisada su situación.
La propia Serret permaneció tres años en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia y regresó en 2021, después de que otros exconsellers con un papel similar solo fueran castigados por desobediencia, sin malversación. El Supremo aplica ahora el mismo rasero, pero con amnistía.
Los republicanos destacan que el fallo llega tras el aval "contundente" del TJUE a la ley. "Ya era inevitable que el Supremo aplicase la norma desde el primer día", subrayan en un comunicado. Añaden que esta decisión debería servir para restaurar los derechos políticos de todos los represaliados y permitir el regreso de los exiliados.
La inhabilitación de Serret queda anulada y la multa de 12.000 euros, extinguida; el Supremo aplica la amnistía y ERC quiere que sea extensivo a todos los procesados.
Lo que viene: una cascada de revisiones
El pronunciamiento del Supremo es el primero sobre un miembro del Govern, pero no será el último. Quedan pendientes de revisión las situaciones de otros altos cargos, incluidos aquellos que aún se encuentran fuera de España. La amnistía cubre los actos vinculados al procés cometidos entre 2012 y 2023, siempre que no impliquen enriquecimiento personal o delitos de sangre.
Ahora los tribunales tendrán que ir caso por caso, pero el mensaje del Supremo es claro: la ley se aplica a quienes ocuparon responsabilidades ejecutivas. Esto podría acelerar la vuelta de figuras como Carles Puigdemont, si sus causas entran en el paraguas de la norma.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a la exconsellera Meritxell Serret, condenada por desobediencia en el 1-O. Es la primera vez que un alto cargo del procés se beneficia.
- Por qué te importa: La decisión marca un precedente que puede afectar a decenas de procesados y reabre el debate sobre la vuelta de los exiliados, con impacto en la política nacional.
- A quién afecta: A Serret, que recupera sus derechos políticos, y a todos los exresponsables del Govern y cargos independentistas con causas aún vivas por el referéndum ilegal.
- Hacia dónde vamos: Los tribunales revisarán caso por caso; si se confirma la línea del Supremo, podrían acelerarse los retornos y la normalización de los derechos de los encausados.
