El Ministerio de Sanidad ha rechazado incluir en la financiación pública el fármaco Kisunla (donanemab), el primer medicamento autorizado en Europa capaz de ralentizar la progresión del alzhéimer en pacientes en fase temprana. La decisión, adoptada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), ha provocado una dura reacción de la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa).
¿Qué ha decidido Sanidad exactamente?
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha denegado la financiación pública de donanemab, comercializado como Kisunla, indicado para adultos con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana en fase de deterioro cognitivo leve y demencia leve. El medicamento recibió el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en julio de 2025 y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en octubre del mismo año.
Los datos clínicos en población europea muestran que donanemab reduce el riesgo de progresar al siguiente estadio clínico en un 38 % y el riesgo de alcanzar demencia moderada en un 48 % frente a placebo, actuando sobre las placas de amiloide del cerebro. Sin embargo, la CIPM ha optado por no asumir el coste del fármaco, dejándolo fuera de la cartera común del Sistema Nacional de Salud.
¿A quién afecta esta decisión?
La medida excluye a todos los pacientes con alzhéimer incipiente que podrían beneficiarse del único tratamiento que desacelera la enfermedad. Ceafa denuncia que, con este rechazo, los especialistas no podrán prescribirlo a quienes cumplen los criterios clínicos. “Cada semana que pasa, nuevos pacientes dejan definitivamente de cumplir los requisitos para acceder a una oportunidad que nunca podrán recuperar”, alertan desde la confederación.
El fármaco ya está disponible en la sanidad privada y en más de medio centenar de países, pero sin financiación pública el acceso queda limitado a quienes pueden pagarlo. “No se trata de un retraso administrativo, sino de una decisión de enorme crueldad, porque la Administración no está aplazando una partida presupuestaria, está privando a miles de personas de la única opción que existe”, añade Ceafa.
Cada semana que pasa, nuevos pacientes dejan de cumplir los criterios clínicos para acceder a la única opción terapéutica que existe.
El coste del alzhéimer y la movilización de los pacientes
La Confederación Española de Alzheimer recuerda que el cuidado de una persona con alzhéimer avanzado supone un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias, que asumen alrededor del 80 % del impacto económico. “Los Gobiernos no pueden seguir escondiéndose detrás de los procedimientos”, ha declarado la presidenta de Ceafa, Mariló Almagro, quien califica la decisión de “una traición histórica a las personas con Alzheimer y un desprecio absoluto a su dignidad”.
Además, la asociación subraya que esta medida rompe el consenso construido durante más de un año con sociedades científicas y profesionales plasmado en el Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el Recuerdo. El documento, respaldado por las principales sociedades de neurología, psicogeriatría, geriatría y atención primaria, había sido presentado a ministerios, grupos parlamentarios y comunidades autónomas. Incluso el Ministerio de Industria y Turismo mostró su “respaldo expreso”, según Ceafa.
Ceafa ha adelantado que intensificará todas las acciones institucionales, políticas y sociales necesarias para revertir la decisión. Además, en en el ámbito internacional, la negativa española contrasta con la inclusión del fármaco en numerosos sistemas de salud. España se sitúa, según la confederación, al margen de la innovación biomédica en un área que afecta a unas 800.000 personas en el país, cuyas familias soportan un altísimo coste emocional y económico.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Sanidad rechaza financiar donanemab, el primer fármaco que ralentiza el alzhéimer.
- 👥 Quiénes son los afectados: Pacientes con deterioro cognitivo leve y sus familias
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Sin financiación pública, solo podrán acceder quienes puedan pagarlo en la sanidad privada.
