¿Te acuerdas de la trama de presiones a la UCO? Ahora la directora de la Guadia Civil está imputada. Y el 16 de julio declarará ante el juez.
El magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha imputado a Mercedes González y al número dos del cuerpo, Manuel Llamas, por dos delitos: prevaricación continuada y obstrucción a la justicia. La decisión, que adelantó ayer este diario, sitúa al Ministerio del Interior en el centro de la tormenta política y resucita el caso de las cloacas del PSOE.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La imputación de la cúpula de la Guardia Civil por presionar a sus propios investigadores anticorrupción afecta de lleno a la credibilidad institucional y mantiene en vilo a casi 80.000 agentes.
Qué ha pasado: expedientes, reuniones y un plan trazado por la ‘fontanera’
El caso arranca con Leire Díez, una exmilitante del PSOE que trabajó para el partido bajo las órdenes del ex secretario de Organización, Santos Cerdán. La investigación judicial ha revelado que planeó la apertura de informaciones reservadas contra miembros de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil encargada de investigar la corrupción. El objetivo, según Anticorrupción, era generar un efecto intimidatorio que condicionara el desarrollo de las investigaciones sobre causas que afectaban al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
La ‘fontanera’ aprovechó su cercanía con Mercedes González, entonces directora general de la Guardia Civil, para que se abrieran tres expedientes internos por supuestas filtraciones. La Fiscalía sostiene que estos expedientes carecían de justificación disciplinaria real y que su propósito era enviar un mensaje institucional: quien investigue al poder puede sufrir represalias. Dos ex responsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, han declarado que les pidieron “ponerse de perfil” en investigaciones como la del hermano del presidente.
Así afecta a la UCO y a las investigaciones de corrupción
La Unidad Central Operativa ha sido la principal damnificada. Los expedientes no solo perjudicaban directamente a los funcionarios señalados, sino que proyectaban un efecto desaliento sobre toda la unidad. La fiscalía apunta que la presión “no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario”, sino que “proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora”. La Audiencia entiende que esa utilización instrumental de los expedientes puede integrar el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 464.1 del Código Penal.
González y Llamas están citados a declarar como investigados el 16 de julio. La directora de la Guardia Civil niega haber presionado a la UCO y afirma que informó a sus mandos de los contactos con Leire Díez, pero los generales que testificaron ante Pedraz lo desmienten. La contradicción entre las versiones es uno de los puntos centrales de la instrucción, que también investiga si Interior ocultó información al juez.
El eco de otras interferencias: un patrón que se repite
No es la primera vez que un intento de condicionar investigaciones policiales llega a los tribunales. El precedente más cercano es el del caso Kitchen, donde se usaron fondos reservados para espiar al extesorero del PP. Ahora, aunque el partido es distinto, el mecanismo que describe la acusación es similar: utilizar los resortes del Estado para frenar pesquisas incómodas al poder. La diferencia es que aquí el instrumento no fue el dinero, sino la apertura de expedientes disciplinarios internos con apariencia de legalidad.
El caso también tensa las relaciones dentro del Ministerio del Interior. Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska han reiterado su “confianza” en Mercedes González, pero la gravedad de la imputación por obstrucción a la justicia obliga al Ejecutivo a un difícil equilibrio entre la defensa política y el respeto a la investigación judicial. La semana que viene, González tendrá que dar explicaciones ante Pedraz y la expectación es máxima.
La Fiscalía sostiene que los expedientes buscaban “generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial”.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La directora general de la Guardia Civil y su número dos han sido imputados por prevaricación y obstrucción a la justicia en la Audiencia Nacional.
- Por qué te importa: Las presiones a la unidad anticorrupción ponen en cuestión la independencia de las investigaciones sobre el entorno del presidente y la credibilidad de las instituciones.
- A quién afecta: A los mandos y agentes de la UCO, que investigaron casos delicados, y al conjunto del Cuerpo, que ve cómo la cúpula está bajo sospecha.
- Hacia dónde vamos: Mercedes González declarará el 16 de julio. El juez Pedraz decidirá entonces si sigue la instrucción y si la cúpula del Interior puede mantener su apoyo.
