Si España no mueve ficha en las próximas ocho semanas, Bruselas se quedará definitivamente con 1.100 millones de euros de los fondos Next Generation. La razón: dos reformas que el Gobierno pactó y sigue sin cumplir –subir el impuesto al diésel y reducir la temporalidad en la Administración– continúan estancadas, y el plazo del 31 de agosto es improrrogable.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Más de mil millones bloqueados, que afectan al equilibrio presupuestario y a las condiciones de hasta 800.000 trabajadores públicos temporales. La decisión de Bruselas toca de lleno el día a día de interinos y el coste del combustible.
Lo que exige Bruselas y el dinero que está en juego
La Comisión Europea lleva un año con el desembolso de 1.100 millones congelado porque España no ha cumplido tres compromisos clave del Plan de Recuperación. De esos tres, solo ha satisfecho uno: la digitalización de entidades regionales y locales. Los otros dos –475 millones vinculados al impuesto al diésel y 626,6 millones por la temporalidad pública– siguen en el limbo. Según fuentes comunitarias, la fecha tope del 31 de agosto es común para todos los Estados miembros y no admite prórroga sin unanimidad.
El Gobierno, que espera recibir este mismo mes el sexto pago de los fondos (más de 7.000 millones), ha solicitado ampliar el margen hasta marzo de 2027 para reformar la normativa de interinos. Pero Bruselas recuerda que el Consejo de la UE autorizó la captación de dinero en los mercados solo hasta 2026, y cualquier extensión requeriría el visto bueno de los Veintisiete. La cuenta atrás ya ha empezado.
El diésel, un impuesto sin apoyos parlamentarios
La reforma fiscal verde pactada con Europa obligaba a equiparar el impuesto del diésel al de la gasolina, una subida de 9,37 céntimos por litro que habría situado ambos en 40 céntimos. Pero Podemos tumbó la enmienda del PSOE y la medida naufragó. Desde entonces, los precios del diésel han escalado cerca de un 8% pese a las bonificaciones que ha ido prorrogando el Ejecutivo, como la rebaja del IVA ahora transformada en un descuento lineal de 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.
Bruselas no ha movido un milímetro: ve la reforma incumplida y mantiene los 475,3 millones bloqueados. El vicepresidente Cuerpo asegura que exprimirán «hasta el último momento» las negociaciones, confiando en que el incremento de la recaudación de los últimos años baste para que la Comisión dé por buena la reforma fiscal sin necesidad de un tributo específico al diésel.
Los 1.100 millones bloqueados equivalen al presupuesto anual de algunos ministerios y están en juego por dos reformas que el Ejecutivo no ha logrado aprobar en el Congreso ni ejecutar en la Administración.
La temporalidad pública, una herida que el TJUE mantiene abierta
El problema de los interinos arrastra décadas y afecta a entre 500.000 y 800.000 trabajadores públicos. La ley de 2021 convirtió en fijos a medio millón de empleados, pero el Tribunal de Justicia de la UE consideró insuficientes las tres vías de compensación previstas. La Comisión avaló inicialmente el desembolso, pero dio marcha atrás tras aquellos fallos judiciales.
Ahora, Bruselas exige una reforma integral que proteja a los temporales de la Administración, y de esa medida dependen 626,6 millones de euros. Sin cambios normativos antes de agosto, el dinero se perderá. El Ejecutivo confía en que la petición de ampliación hasta marzo de 2027 pueda ser aceptada, pero la unanimidad que impone el Consejo de la UE lo convierte en una meta casi imposible en un contexto de crispación entre los socios comunitarios.
¿Hay margen para salvar el montante?
Los precedentes no son halagüeños. Cuando España quiso maquillar el cumplimiento de la reforma fiscal con argumentos de recaudación general, Bruselas respondió con el bloqueo del quinto pago. Ahora la estrategia se repite: el Gobierno apuesta por convencer a la Comisión sin tocar el diésel ni meter mano a la temporalidad. Pero las fuentes consultadas en la redacción coinciden en que el margen es mínimo y el reloj corre.
En el caso del diésel, la fragilidad parlamentaria hace inviable sacar adelante el impuesto en pleno verano. Respecto a los interinos, la presión del TJUE añade una capa de complejidad que obliga a reformas de calado. El 31 de agosto se ha convertido en una fecha de vértigo para las cuentas públicas. Lo que está en juego no es solo dinero fresco; es la credibilidad del Plan de Recuperación español y el acceso a futuros desembolsos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Comisión Europea mantiene congelados 1.100 millones del Next Generation porque España no ha subido el impuesto al diésel ni ha reducido la temporalidad en el sector público. Solo ha cumplido la digitalización de entes locales.
- Por qué te importa: El bloqueo afecta al presupuesto nacional y a millones de ciudadanos. Si los fondos se pierden, menos dinero para inversiones y un posible endurecimiento de las condiciones a los interinos.
- A quién afecta: Al colectivo de trabajadores públicos temporales (hasta 800.000 personas), a los conductores que llenan el depósito de diésel y a la economía general, ya que esos fondos iban destinados a la recuperación.
- Hacia dónde vamos: El plazo vence el 31 de agosto. El Gobierno acelera contactos con Bruselas, pero necesita unanimidad de los Veintisiete para prorrogarlo y carece de apoyos para aprobar el impuesto al diésel. En dos meses sabremos si los 1.100 millones se salvan o se esfuman.
