Alvise Pérez ya suma seis causas abiertas en el Tribunal Supremo. La última, conocida hoy, investiga si el eurodiputado incitó a los agricultores a bloquear carreteras y centros logísticos durante las protestas del campo de 2024. La Sala de lo Penal designa a la magistrada Carmen Lamela para instruir el caso.
La sexta causa contra Alvise: qué investiga el Supremo
El auto del Supremo recoge que los mensajes difundidos en el ‘Canal Alvise’ de Telegram no eran simples críticas políticas, sino “llamamientos reiterados” a ocupar y bloquear carreteras, accesos urbanos, puertos y centros de distribución. La magistrada Lamela deberá determinar si esos actos constituyen un delito de desórdenes públicos agravados, que puede conllevar penas de prisión.
Los hechos se remontan a febrero de 2024, durante la ola de movilizaciones del campo que paralizaron buena parte del país. El canal de Alvise, con cientos de miles de seguidores, publicó mensajes que, según el tribunal, proponían ‘aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales’ y coordinar a los manifestantes para ‘apoyar cortes circulatorios’ con sus propios vehículos.
El Supremo aclara que no juzga los comentarios de terceros, sino los mensajes atribuidos al propio Alvise y su ‘aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo’. La investigación parte de un informe de la Policía Nacional que confirma que él controlaba el canal de Telegram.
De la libertad de expresión al bloqueo de carreteras
El auto distingue entre la protesta legítima y los actos que pueden desbordar el orden público. La libertad de expresión ampara “de forma especialmente intensa” la crítica al Gobierno, pero no protege “los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas” que generan un riesgo grave, razona la Sala.
En este caso, los magistrados señalan que los mensajes no eran simples quejas sobre la situación del campo, sino que “incorporaban fórmulas de coordinación colectiva con capacidad de afectar gravemente al orden público”. La imputación se basa en la capacidad de movilización del canal, que llegaba a millones de usuarios.
El tribunal insiste en que la libertad de expresión no ampara llamamientos directos a bloquear infraestructuras estratégicas, por muy legítimas que sean las reivindicaciones.
Un historial judicial que se acumula: la estrategia de la defensa
Con esta, ya son seis las investigaciones abiertas en el alto tribunal contra el líder de Se Acabó La Fiesta. Otras causas abordan presuntos delitos de odio, calumnias o financiación irregular, aunque ninguna ha llegado a juicio oral. La acumulación de casos refleja un patrón de uso intensivo de redes sociales para la confrontación política, algo que su defensa suele enmarcar en el ejercicio de la libertad de expresión.
El caso actual recuerda a otras investigaciones a políticos por mensajes en plataformas digitales. La clave está en si esos mensajes constituyen incitación o mera opinión. El Supremo ya ha dejado claro que, cuando se cruza la línea del bloqueo coordinado, la protección constitucional se diluye. El pasado enero, el mismo tribunal rechazó archivar otra causa contra Alvise por mensajes similares.
La jueza Lamela deberá ahora tomar declaración al eurodiputado y analizar el contenido íntegro del canal. Mientras, Alvise mantiene su actividad en Telegram y en el Parlamento Europeo. La investigación puede durar meses, y su resultado podría condicionar su futuro político de cara a las próximas elecciones europeas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo abre la sexta causa contra Alvise Pérez por presuntos desórdenes públicos durante las protestas agrícolas de 2024. La instructora es la magistrada Carmen Lamela.
- Por qué te importa: Se investiga si un eurodiputado usó su canal de Telegram para incitar al bloqueo de carreteras, lo que puede afectar a la libertad de expresión y al derecho de manifestación.
- A quién afecta: Al propio Alvise Pérez, pero también a los agricultores que secundaron las protestas y a la confianza en el uso de redes sociales por parte de representantes públicos.
- Hacia dónde vamos: La investigación judicial continuará con tomas de declaración y análisis de pruebas. Si se demuestra el delito, podría enfrentarse a penas de prisión y a la pérdida de su escaño europeo.
