El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido esta semana la anulación completa de la causa en la que está investigado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su defensa alega que las pruebas clave —conversaciones de WhatsApp extraídas de un disco duro— se obtuvieron sin autorización judicial y de forma contraria a sus derechos fundamentales.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La decisión judicial sobre esta petición puede determinar si el procedimiento continúa o se archiva, con efectos directos sobre el debate público y la imagen del sistema judicial.
En qué se basa la defensa de Zapatero
El escrito presentado ante la Audiencia Nacional sostiene que la Fiscalía Anticorrupción accedió a conversaciones privadas del expresidente recogidas en el disco duro del abogado Miguel Palomero sin contar con la necesaria cobertura judicial. Ese material fue intervenido en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Francia y Suiza, pero, según la defensa, su reutilización en una investigación española exigía una autorización específica que nunca llegó. La falta de ese permiso convierte, a ojos del letrado Víctor Moreno Catena, todas las pruebas derivadas en material viciado.
Además, el recurso denuncia que la Fiscalía mantuvo una investigación paralela tras la judicialización del caso. Una vez presentada la denuncia en noviembre de 2025, el Ministerio Público siguió analizando el contenido del disco sin someterse a la dirección del juez instructor, lo que lesiona el derecho al juez ordinario y predeterminado por la ley.
La cadena de nulidades que podría tumbar toda la instrucción
La estrategia de la defensa se articula como un efecto dominó. Si el análisis del disco duro se hizo sin la autorización judicial exigida, el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se basó en ese material queda invalidado. Si ese informe cae, la denuncia que lo sustenta pierde su fundamento. Y con ella se derrumbarían los registros posteriores, las piezas separadas y los bloqueos patrimoniales acordados por el juez José Luis Calama. La petición solicita, literalmente, la nulidad de 12 resoluciones judiciales y la eliminación de todo el material incautado en mayo de 2026 en la oficina de Ferraz y en la empresa familiar Whathefav SL.
El escrito remarca que todas las evidencias posteriores guardan una conexión de antijuridicidad con el origen viciado. Es decir, no se puede separar lo ilícito de lo lícito porque todo nace de la misma fuente. La defensa habla de «nulidades encadenadas» y pide que se declare la nulidad general del procedimiento.
Qué viene ahora y qué puede pesar en la decisión del juez Calama
El instructor, que asumió la causa después de que el juez Ismael Moreno se apartara, deberá pronunciarse sobre esta cuestión en las próximas semanas. No es la primera vez que un tribunal español se enfrenta a la impugnación de pruebas obtenidas sin habilitación judicial específica. Precedentes como el caso Villarejo mostraron que las escuchas sin cobertura de un juez nacional pueden tumbar investigaciones enteras. Si la Audiencia Nacional acepta la tesis de la defensa, el caso Plus Ultra quedaría archivado para Zapatero.
Mientras tanto, la causa sigue su curso con otros investigados. La aerolínea recibió 53 millones de euros públicos en marzo de 2021, una decisión que ya fue polémica en su día. Ahora, la clave está en si el material que sostiene la imputación del expresidente resiste el filtro constitucional. La decisión del juez Calama puede marcar un antes y un después en el control judicial sobre la cooperación internacional y el uso de pruebas digitales.
Si el disco duro se analizó sin cobertura judicial, todo el castillo probatorio posterior se derrumba, según la defensa.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Zapatero pide la nulidad de la causa del ‘caso Plus Ultra’ por la obtención ilegal de sus conversaciones de WhatsApp.
- Por qué te importa: La decisión judicial afecta a la credibilidad de las instituciones y al uso de 53 millones de euros públicos.
- A quién afecta: Al expresidente, pero también a la Fiscalía, la Audiencia Nacional y la imagen de la cooperación judicial internacional.
- Hacia dónde vamos: El juez Calama deberá decidir en semanas; si anula las pruebas, el caso se desmorona.
