Si eres de los que apenas se acuerda de poner el pasaporte en un cajón, imagina que te lo tienen que retirar por orden judicial. Eso es justo lo que le ha pasado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El juez Juan Carlos Peinado la ha enviado a juicio por cuatro delitos y le ha impuesto dos medidas cautelares: entregar el pasaporte y comparecer cada quince días en el juzgado. La decisión, recogida en un auto fechado el 20 de junio, también alcanza a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, todos procesados.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Afecta directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno y vuelve a situar la actividad institucional de Moncloa en el centro del debate judicial; millones de ciudadanos siguen cada paso del caso.
Las medidas cautelares: retirada de pasaporte y comparecencia quincenal
El auto considera que existe riesgo de fuga, por lo que retira el pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez. Ambas tendrán que personarse en el juzgado cada quince días mientras avanza la causa. El juez les atribuye, junto a Barrabés, los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Para Peinado, la esposa del presidente influyó sobre autoridades o funcionarios "prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno", lo que le permitió acceder a "interlocuciones institucionalmente excepcionales" y obtener "decisiones públicas favorables" para su cátedra en la Universidad Complutense. La resolución detalla hasta cuatro episodios que relacionan directamente a Pedro Sánchez con esas gestiones, según el texto al que ha tenido acceso El Periódico.
Cuatro actuaciones con la Moncloa como escenario
El juez desglosa dos reuniones en el Palacio de la Moncloa y dos acuerdos de financiación empresarial que, a su juicio, demuestran un "cambio radical" en la trayectoria de Begoña Gómez tras la investidura de Sánchez. Primero, el entonces rector de la Complutense, Joaquín Goyache, se desplazó a Moncloa y recibió la instrucción de crear una cátedra para la mujer del presidente. "Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente", le dijeron, según recoge el auto.
Segundo, el propio Barrabés admitió haberse reunido con la pareja presidencial en Moncloa tras la pandemia, lo que el instructor interpreta como un aprovechamiento de la residencia oficial para los negocios. Tercero, la entrada de Reale Seguros se produjo por intermediación de David Sanza, amigo personal de Sánchez, en una reunión que la aseguradora no tuvo con ninguna otra entidad similar. Cuarto, Google acordó aportar 80.000 euros al proyecto TSC después de que Begoña Gómez se reuniera en Moncloa con Miguel Escassi, exasesor de la Vicepresidencia del Gobierno y directivo de la compañía.
Por qué este auto va más allá de lo judicial
No es la primera vez que un cónyuge de un alto cargo se ve envuelto en un procedimiento penal, pero el relato de Peinado eleva el caso porque sitúa la supuesta influencia en el corazón mismo de la Presidencia. La defensa ya ha denunciado indefensión, al entender que se le atribuyen hechos sin haber podido interrogar a todos los testigos. Distintos juristas recuerdan que la figura del tráfico de influencias requiere probar el uso efectivo de la posición, mientras que el juez apunta a un "aprovechamiento singular" por la mera condición de esposa.
El auto detalla dos encuentros en Moncloa y dos acuerdos con empresas que, según el juez, demuestran decisiones públicas favorables a la cátedra de Begoña Gómez.
El proceso se encuentra ahora en fase de preparación del juicio oral y, de confirmarse la apertura, las declaraciones de Goyache, Barrabés y los directivos citados serán clave. Mientras, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá que convivir con una causa que roza directamente su agenda institucional y que la oposición ya utiliza como munición política.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés por cuatro delitos y les impone comparecencia cada 15 días y retirada del pasaporte.
- Por qué te importa: La resolución señala al presidente del Gobierno en cuatro actuaciones concretas que podrían configurar un delito de tráfico de influencias desde Moncloa.
- A quién afecta: A la esposa del presidente, a su asistente, al empresario recomendado y, políticamente, al propio Pedro Sánchez y a la estabilidad del Ejecutivo.
- Hacia dónde vamos: El caso avanza hacia el juicio oral; mientras, persistirá un ruido político que puede condicionar la legislatura en curso.
