Si alguien te dice que su empresa pasó de facturar menos de 300.000 euros a ingresar 4,4 millones en tres años justo cuando empezó a salir con la presidenta de Madrid, lo normal es que te entren las dudas. La Agencia Tributaria ha puesto cifras a esa historia: Alberto González Amador multiplicó por siete los ingresos que recibía de Quirón Prevención después de iniciar su relación con Isabel Díaz Ayuso, según consta en un informe remitido al juzgado.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a la confianza en las instituciones madrileñas y a más de 7 millones de ciudadanos que financian con sus impuestos una sanidad que en buena parte se deriva a manos privadas. La investigación por posible soborno pone el foco en contratos millonarios sin control previo.
El salto de ingresos que investiga Hacienda
El documento detalla que entre 2021 y 2023 las sociedades del empresario facturaron al gigante sanitario 4,43 millones de euros. La cifra contrasta con los 357.773 euros que Maxwell Cremona, su principal empresa, declaró en 2019. En solo un ejercicio, 2021, González Amador ya ingresaba 1,08 millones, cuatro veces más que antes de la pandemia y justo cuando la prensa del corazón confirmaba su noviazgo con Ayuso. Los trabajos siguieron al alza: 1,95 millones en 2022 y 1,4 en 2023.
La relación comercial con Quirón comenzó en 2017, pero fue a partir de 2021 cuando los encargos se dispararon. La empresa, con una facturación anual de unos 1.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas madrileñas, es la principal beneficiaria de la política de privatización sanitaria del Gobierno regional. La coincidencia temporal con la vida sentimental de la presidenta ha desatado las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya investiga un presunto delito de blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.
La comisión de las mascarillas y la compra de una empresa fantasma
El origen del ‘pelotazo’ que disparó su fortuna está en 2020. Ese año González Amador cobró una comisión de casi dos millones de euros por mediar en una operación de material sanitario entre dos empresas españolas. Una de ellas, Mape, estaba asesorada por Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y amigo del empresario. La investigación sostiene que Camino facilitó la venta millonaria y que González Amador le pagó un soborno oculto: la compra de una sociedad a la mujer del directivo.
La empresa, Círculo Belleza SL, apenas facturaba 30.000 euros y no tenía empleados. Pese a ello, la pareja de Ayuso pagó medio millón de euros por ella. La Fiscalía y las acusaciones populares concluyen que ese importe era la comisión pactada por el éxito de las mascarillas. La UCO ha advertido además que esa misma sociedad carecía de los medios necesarios para prestar los servicios de consultoría que luego facturó a Quirón Prevención, lo que refuerza la hipótesis de un entramado opaco.
La compra de una empresa casi inactiva por medio millón de euros es, para la Fiscalía, el pago encubierto a Camino por facilitar el pelotazo de las mascarillas.
El trasfondo político: una sanidad privatizada bajo sospecha
El caso no es solo una historia de fraude fiscal y posible soborno. Los 1.000 millones anuales que recibe el Grupo Quirón de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid convierten cualquier sombra de corrupción en un problema institucional. Isabel Díaz Ayuso ha defendido siempre la colaboración público-privada, pero el hecho de que su pareja haya multiplicado sus ingresos con la misma empresa que más fondos recibe de su Gobierno despierta críticas de la oposición: hablan de “puerta giratoria” y exigen explicaciones.
El equipo de la presidenta, por su parte, intenta desvincular ambos planos. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró en redes que el último contrato con Quirón era de 2010, algo que el informe de Hacienda desmiente con los datos de 2021 a 2023. Rodríguez llegó a pedir “dinamitar” la Agencia Tributaria, y la polémica está servida para los próximos meses. Mientras, la UCO sigue a la espera de autorización judicial para acceder a las cuentas bancarias de los investigados, y el juez Viejo decidirá si avanza la imputación por corrupción en los negocios y blanqueo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Un informe de Hacienda revela que Alberto González Amador multiplicó por siete sus ingresos de Quirón tras iniciar su relación con Ayuso.
- Por qué te importa: La empresa sanitaria recibe 1.000 millones al año del erario público madrileño; el posible trato de favor afecta a la confianza en la gestión de los impuestos.
- A quién afecta: A los 7 millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y en especial a quienes ponen en duda la limpieza de los contratos sanitarios privatizados.
- Hacia dónde vamos: El juzgado tiene que decidir si mantiene a la UCO investigando las cuentas bancarias y si amplía las imputaciones. El caso seguirá dando titulares en las próximas semanas.
