Mañana, Begoña Gómez se sentará ante el juez Juan Carlos Peinado en una vista que puede cambiarlo todo. La esposa del presidente del Gobierno escuchará de viva voz su posible pase a un jurado popular por cuatro delitos de corrupción. La cita es a las seis de la tarde en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, y por primera vez no podrá enviar a sus abogados: la comparecencia personal es obligatoria, bajo apercibimiento de ser llevada por la fuerza pública si no acude.
El magistrado imputa a Gómez tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y corrupción entre particulares, todos vinculados a su labor como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense y al uso privado de una asistente de Moncloa. Las penas suman hasta más de una década de prisión si se acreditan los hechos, según ha detallado el propio juez en sus resoluciones.
¿Qué se juega en esta audiencia preliminar?
No es un interrogatorio más. La fase de declaraciones está cerrada. La vista del lunes sirve para comunicar formalmente a los tres investigados la intención de llevarlos ante un tribunal del jurado popular, tal como ordena el artículo 30 de la Ley del Jurado. Junto a Gómez comparecerán su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien las acusaciones sitúan como beneficiario de cartas de recomendación presuntamente irregulares.
El juez Peinado, que cumple 72 años en septiembre, ha acelerado los trámites en las últimas semanas. La defensa, encabezada por el exministro Antonio Camacho, denuncia una “velocidad de crucero” que considera incompatible con las garantías procesales, ya que hay recursos pendientes ante la Audiencia Provincial que podrían incluso tumbar la causa.
Medidas cautelares sobre la mesa
El auto de citación esconde otro frente. Tras la vista preliminar, el juez podría imponer restricciones a los procesados para evitar que eludan la acción de la justicia. La petición más probable, según el escrito de las acusaciones populares, es la prohibición de salir de España sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días.
La Fiscalía no acusa en este procedimiento, pero las acusaciones populares —bajo la dirección letrada de HazteOír— sí han pedido esas cautelas, y la Universidad Complutense, personada como acusación particular, reclama más de 113.000 euros por el coste del software desarrollado para la cátedra. No se espera, en cambio, una solicitud de prisión preventiva, que ni siquiera aparece mencionada en el escrito de acusación presentado a finales de mayo.
La vista supone el paso judicial más delicado para la esposa de Pedro Sánchez desde que arrancó la investigación hace dos años.
Un eco político que no se apaga
El caso Begoña Gómez irrumpió en la vida pública con una carta del presidente a la ciudadanía en abril de 2024 y sus cinco días de reflexión que paralizaron el Gobierno. Dos años después, la causa sigue coleando y ahora entra en una recta que puede desembocar en el primer juicio contra un familiar directo de un jefe del Ejecutivo en España. Las defensas insisten en que las pruebas que faltan y los recursos pendientes rebajan la solidez del caso, mientras Peinado ha detallado por escrito las penas previstas para cada delito, desde los seis meses a los seis años de cárcel.
La imagen de Gómez siendo conducida por la fuerza pública en caso de incomparecencia es un escenario extremo, pero previsto en la ley. En la práctica, los letrados ya confirmaron que la investigada acudirá. Lo que está en juego ahora es si el juez cierra instrucción y manda el caso al jurado, o si los recursos consiguen frenarlo. La decisión puede tardar semanas, pero el lunes marca el camino hacia una posible sentencia en el banquillo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar para comunicarle que quiere llevarla a juicio con jurado popular por cuatro delitos de corrupción.
- Por qué te importa: La evolución judicial de la esposa del presidente afecta a la confianza institucional y puede marcar un hito en la política española.
- A quién afecta: A Gómez, a su asistente, al empresario Barrabés y, colateralmente, al Gobierno y a la imagen del Ejecutivo.
- Hacia dónde vamos: Se decidirán posibles medidas cautelares (prohibición de salir de España, retirada de pasaporte) y se allanará el terreno para un juicio con jurado a finales de año o principios de 2027.
