Si no sabes si cobras menos que tu compañero de trabajo por ser mujer, atenta: el plazo europeo para saberlo acaba mañana. El 7 de junio vence el ultimátum de Bruselas para que España transponga la directiva sobre transparencia retributiva, y seguimos sin ley. Te cuento lo que está en juego.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Esta directiva toca el bolsillo de millones de trabajadoras y trabajadores, define las reglas de transparencia en todas las empresas de más de 100 empleados y su retraso está generando una inseguridad jurídica monumental. La multa europea que viene es solo la guinda de un pastel que llevamos años dejando enfriar.
La norma de 2023 obliga a las empresas a publicar la brecha salarial, prohibir preguntar por el salario anterior en las entrevistas y justificar diferencias superiores al 5 % entre hombres y mujeres. Pero mientras en Europa ya es obligatorio, aquí el Ministerio de Trabajo ni siquiera ha mandado un borrador a sindicatos y patronal. El retraso puede costarle a España una sanción millonaria de la Comisión Europea.
¿Qué cambia realmente y quién está en el punto de mira?
La directiva eleva el listón varios escalones. Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores ya pedía registros salariales, pero la nueva exigencia europea obliga a informar sobre la banda salarial de cualquier oferta de empleo, veta que se pregunte por el historial retributivo previo y, sobre todo, baja el umbral de tolerancia: con una diferencia salarial del 5 % sin justificar, la empresa tendrá que sentarse con los representantes de los trabajadores a analizar las causas y corregirlas. Se acabó el margen del 25 % que existía hasta ahora.
Tampoco hay escapatoria gradual para las grandes compañías: las de más de 250 empleados deberán reportar sus datos salariales cada año a partir de 2027; las de 150 a 249, cada tres años, y las que tienen entre 100 y 149 empleados tendrán su primera obligación en 2031. Pero sin ley española que lo desarrolle, esos calendarios son papel mojado y las empresas navegan a ciegas.
El caos jurídico que ya están viviendo las empresas
Consultoras como EY y PwC advierten de que muchas organizaciones han empezado a revisar sus sistemas retributivos, a formalizar bandas salariales y a documentar criterios de progresión. Lo hacen por si acaso, porque la inseguridad es total: no saben si tendrán que rendir cuentas ya el año que viene o si los sindicatos les van a llevar a los tribunales antes de que exista una norma nacional. El vicesecretario de UGT ya ha dicho que si el Gobierno no actúa con urgencia, denunciará a las empresas directamente.
La patronal, mientras, se queja de que el retraso les deja sin plazos reales para preparar los informes. «Se nos viene encima una situación muy enrevesada», dicen desde PwC. Y no exageran: cualquier diferencia salarial no justificada a partir de ahora podría convertirse en una reclamación judicial, aunque la directiva no se haya transpuesto formalmente.
La política aburre menos cuando sabes que un retraso en el BOE puede quitarte o ponerte dinero en la nómina.
Cuando el BOE se convierte en un cronómetro: lecciones que ya conocemos
No es la primera vez que España deja caducar un plazo europeo. En los últimos años hemos visto retrasos parecidos con directivas sobre derechos de autor, residuos o protección de datos. Casi siempre se acaba aprobando una ley con prisas y, en muchos casos, con una multa de por medio. La orden del BOE publicada ayer, que señala la reducción de la brecha de género como prioridad presupuestaria para 2027, suena bien, pero llega cuando la casa ya está ardiendo.
La pregunta de fondo es por qué un Gobierno que presume de políticas feministas no ha sido capaz de tener lista a tiempo una norma que, en esencia, busca exactamente eso: que las mujeres no cobren menos por el hecho de serlo. Mientras la brecha salarial en España sigue rondando el 16 %, cada día de retraso deja a miles de trabajadoras sin una herramienta para reclamar justicia.
El 7 de junio no es solo una fecha en el calendario de Bruselas. Es un recordatorio de que las prioridades legislativas se miden en hechos, no en discursos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El plazo para transponer la directiva de transparencia retributiva vence el 7 de junio de 2026 y España no ha enviado ni una propuesta formal.
- Por qué te importa: La directiva obliga a publicar bandas salariales, prohíbe preguntar por el sueldo anterior y fuerza a justificar diferencias de género superiores al 5%.
- A quién afecta: A todas las empresas de más de 100 empleados y a cualquier persona que busque empleo o quiera saber si su salario es justo.
- Hacia dónde vamos: Bruselas puede imponer una multa millonaria; los sindicatos amenazan con denunciar a las empresas y el Gobierno queda señalado por su lentitud.
