El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha recordado recientemente que cobrar el paro conlleva una serie de obligaciones que no se pueden pasar por alto, lo que suele ocurrir con más frecuencia de lo que parece. No se trata solo de estar inscrito como demandante de empleo, sino también de cumplir con compromisos como acudir a citas en la oficina, participar en cursos de formación o comunicar cualquier cambio de situación laboral.
En caso de no hacerlo, las consecuencias pueden ir desde la suspensión temporal de la ayuda hasta la pérdida definitiva del derecho a percibirla (una información que no suele ser difundida, pero que afecta y en gran medida a muchos afectados). Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves, y cada una de ellas tiene un impacto distinto sobre la prestación. Mientras que las faltas leves comienzan con la suspensión de un mes y van aumentando con la reincidencia, las graves implican sanciones más severas que pueden culminar en la extinción.
En el caso de las muy graves, como el fraude en la percepción de la ayuda, la pérdida del paro es inmediata y definitiva. Por eso, conviene extremar la precaución y cumplir con todas las obligaciones marcadas por el SEPE para no poner en riesgo una prestación fundamental.
Las infracciones leves que pueden costarte un mes sin prestación
El SEPE considera que las infracciones leves son aquellas que reflejan un incumplimiento básico de las obligaciones del desempleado. No acudir a una cita en la oficina de empleo, faltar a una entrevista programada o no justificar la ausencia en un curso de formación se encuentran entre las situaciones más habituales.
Estas faltas, aunque parezcan de poca importancia, tienen un efecto inmediato, la suspensión de la prestación durante un mes en la primera ocasión. Si la conducta se repite, la sanción aumenta de forma progresiva y puede llegar a los tres meses en la segunda vez, seis en la tercera y a la extinción definitiva en la cuarta reincidencia, todas medidas diseñadas para favorecer al usuario, ya que se le avisa con antelación.
Mantener los datos de contacto actualizados, cumplir el acuerdo de actividad y no descuidar la inscripción como demandante de empleo resultan claves para evitar estas sanciones. En definitiva, una falta leve mal gestionada puede terminar costando toda la ayuda.
Sanciones graves: rechazar ofertas o no informar cambios puede dejarte sin paro
El SEPE cataloga como graves aquellas conductas que suponen un mayor incumplimiento de las normas establecidas y a mayor incumplimiento, mayores serán las sanciones. Entre ellas destacan rechazar sin justificación una oferta de empleo adecuada, negarse a participar en programas de inserción o no comunicar cambios que generan incompatibilidad con el cobro del paro. En estos casos, la sanción se eleva notablemente respecto a las faltas leves.
La primera infracción grave implica la suspensión del paro durante tres meses, la segunda supone seis meses sin ayuda y, a la tercera, se extingue por completo el derecho. Con ello, el organismo busca garantizar que la prestación se destine a quienes cumplen con sus obligaciones y demuestran una búsqueda activa de empleo. El mensaje es claro: “la falta de compromiso se paga con la pérdida del subsidio”.
Fraudes y conductas muy graves que provocan la pérdida inmediata de la ayuda
Cuando se trata de infracciones muy graves, el SEPE actúa con firmeza y procede directamente a la extinción de la prestación. Cobrar el paro mientras se trabaja a jornada completa sin declararlo, pactar con un empresario un alta y baja ficticia o desviar fondos de programas de empleo son ejemplos claros de estas conductas fraudulentas. Aquí no existe suspensión temporal, sino la retirada inmediata e irreversible del subsidio.
Estas sanciones buscan disuadir cualquier intento de fraude y proteger la sostenibilidad del sistema de protección por desempleo. El SEPE vigila de manera constante este tipo de prácticas (aunque muchas veces esta vigilancia pasa desapercibida) y, una vez detectadas, no hay posibilidad de reanudar la prestación. Por tanto, la recomendación es contundente; cumplir con la normativa y evitar cualquier irregularidad resulta esencial para conservar el derecho al paro.
