Barcelona ha activado una “nueva” herramienta (realmente se trata de una adhesión a una herramienta que ya había implementado el Gobierno central) para reforzar su cruzada contra la proliferación de pisos turísticos ilegales: la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos (FUDA). A partir del 1 de julio, todas las viviendas destinadas a alquileres de corta duración o los llamados “pisos turísticos” deberán estar registradas en un censo único y obligatorio que incluirá su dirección exacta, la URL de los anuncios publicados y datos estadísticos de actividad.
Con este sistema, el Ayuntamiento podrá vigilar de forma más eficaz el cumplimiento normativo y exigir la retirada inmediata de anuncios que no cuenten con un número de registro válido, que es lo que realmente está agravando la crisis inmobiliaria en la ciudad, el descontrol. La medida forma parte de la estrategia que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para recuperar viviendas destinadas al uso residencial y reducir la presión turística sobre los barrios más tensionados.
Las plataformas como Airbnb o Booking estarán obligadas a enviar mensualmente sus datos y a verificar previamente los registros de los inmuebles que anuncian. Si se detectan irregularidades, deberán actuar en un plazo máximo de 48 horas. Esta interoperabilidad entre administraciones y empresas supone un avance (¿realmente supone un avance o un paso más en la burocracia?) significativo en la lucha contra la oferta turística no regulada y refuerza el objetivo de Barcelona de poner freno a la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.
La ciudad se suma a la Ventanilla Única Digital para detectar alojamientos ilegales y exigir su retirada en 48 horas
Barcelona ha dado un paso decisivo en la lucha contra los pisos turísticos ilegales con su adhesión a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos (FUDA) implementada por el Gobierno central con anterioridad, es decir, se trata de una herramienta estatal que comenzará a funcionar el 1 de julio. Este sistema permitirá centralizar toda la información sobre alquileres de corta duración y viviendas de uso turístico, facilitando así la detección de irregularidades y la actuación rápida por parte de las autoridades municipales.
A partir de su puesta en marcha, el Ayuntamiento podrá identificar anuncios (los llamados anuncios falsos) que incumplen la normativa vigente y requerir su retirada en un plazo máximo de 48 horas. Esta capacidad de respuesta inmediata busca frenar el crecimiento de la oferta ilegal en plataformas digitales y recuperar el control sobre el parque de viviendas afectado por la presión turística. Vamos, que se trata de poner cierto orden en una problemática que no solo afectaba la actividad turística de la ciudad, sino que agravaba la crisis de vivienda que vive el país actualmente.
Las plataformas como Airbnb deberán verificar registros y compartir datos mensualmente con la administración
La normativa vinculada a la FUDA obliga a plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo a verificar previamente que cada alojamiento anunciado cuenta con un número de registro válido, una práctica que no era muy habitual y como consecuencia estos sitios se llenaron de anuncios falsos. Este paso será imprescindible antes de publicar cualquier oferta, y se convierte en una nueva herramienta de control para frenar el uso fraudulento de las plataformas digitales.
Además, las empresas o plataformas digitales, deberán remitir mensualmente información detallada al registro único, incluyendo la actividad de cada inmueble, los enlaces a los anuncios publicados y estadísticas sobre reservas. Esta exigencia incrementa la transparencia del sistema y permite a las administraciones actuar con datos actualizados y objetivos ante posibles infracciones. Aunque muchos usuarios o propietarios de viviendas de uso turístico no están de acuerdo con la revelación o exposición de sus datos de esta manera, que consideran además bastante insegura.
La medida refuerza la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona para devolver más de 10.000 pisos turísticos al mercado residencial antes de 2028
El nuevo radar digital se alinea con la hoja de ruta del Ayuntamiento de Barcelona para eliminar gradualmente todas las licencias de pisos turísticos en la ciudad. Según el calendario anunciado, a partir de noviembre de 2028 no se renovará ninguna de las más de 10.000 autorizaciones actualmente vigentes, lo que supondrá su retorno al mercado residencial.
Con esta medida, el Ayuntamiento busca aliviar la tensión sobre los barrios más saturados por el turismo, que como sabemos ha generado un desbordamiento que ha generado que muchos habitantes de estas zonas se vean obligados a dejar sus viviendas, y avanzar hacia un modelo urbano más equilibrado. La recuperación de estas viviendas se considera clave para ampliar la oferta residencial y garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de precios elevados y fuerte demanda social.
