La Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recibido un respaldo rotundo del Tribunal Supremo ante las múltiples denuncias y querellas presentadas en su contra por la controversial reunión que mantuvo en septiembre pasado con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en Bruselas.
Tras un exhaustivo análisis de los hechos, los magistrados de la Sala de lo Penal han determinado que las acciones legales emprendidas por diversas asociaciones y un particular carecen de fundamento, al no encontrar indicios de delito alguno en la actuación de la dirigente política. Esta decisión pone fin a un proceso que amenazaba con empañar la trayectoria de una de las figuras clave del Ejecutivo español.
LA REUNIÓN POLÉMICA CON PUIGDEMONT
La reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont tuvo lugar el 4 de septiembre pasado en Bruselas, donde la Vicepresidenta Segunda se desplazó «con el fin de reunirse presencialmente y públicamente» con el exmandatario catalán. Según el Tribunal Supremo, este encuentro contó con amplia cobertura mediática, en la que se anunciaron las intenciones del diálogo entre ambos.
Las diversas denuncias y querellas presentadas ante la Justicia alegaban que la actuación de Díaz podría encuadrarse en delitos como el encubrimiento, la omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad, el ultraje, la malversación o incluso la traición. Sin embargo, el Alto Tribunal ha desestimado por completo estas acusaciones, considerando que los hechos imputados a la Vicepresidenta no se ajustan a ninguno de estos tipos penales.
En su análisis, los magistrados han señalado que la reunión se enmarcaba dentro de las negociaciones que se estaban llevando a cabo por los representantes de los distintos grupos parlamentarios para lograr la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Según el Supremo, este contexto hace «harto discutible» que puedan considerarse conductas delictivas.
EL RESPALDO DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha sido contundente en su resolución, rechazando de plano las pretensiones de las asociaciones y el particular que presentaron las denuncias y querellas contra Yolanda Díaz. En un auto firmado por el magistrado Julián Sánchez Melgar, el Alto Tribunal ha expresado que «los hechos que se imputan a Yolanda Díaz no son encuadrables en el tipo penal de ninguno de los delitos que se imputan a la misma en las diferentes denuncias y querella acumuladas».
Asimismo, los magistrados han descartado que se trate de una actuación de la Vicepresidenta Segunda que, «faltando a las obligaciones de su cargo, omita el deber de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables». Del mismo modo, no aprecian indicios de malversación, desobediencia, encubrimiento o ultrajes.
Este respaldo categórico del Tribunal Supremo supone un importante espaldarazo a la figura de Yolanda Díaz, cuya trayectoria y liderazgo dentro del Gobierno han sido constantemente cuestionados por la oposición. La decisión del Alto Tribunal pone fin a un proceso que amenazaba con generar un nuevo foco de tensión política, y reafirma la posición de la Vicepresidenta Segunda como una pieza clave dentro del Ejecutivo.
