El Gobierno de Aragón se encuentra actualizando su estrategia legal para la petición al Tribunal Constitucional (TC) sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha destacado el trabajo de los servicios jurídicos en este proceso.
Voluntad clara de solicitud al Tribunal Constitucional
Mar Vaquero, en sus declaraciones, ha manifestado con firmeza la intención del Ejecutivo de Jorge Azcón de solicitar el levantamiento de la suspensión de esta ley autonómica. Según señaló, cuando el TC admite un recurso de inconstitucionalidad, la suspensión de la ley es automáticamente ejecutada. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de pedir que se revoque esta suspensión.
Legitimidad de las Cortes de Aragón en la derogación
La portavoz del Gobierno de Aragón subrayó la convicción en la legitimidad de las Cortes de Aragón para derogar una ley, considerando la existencia de una regulación nacional al respecto. La solicitud de levantamiento de la suspensión es una medida cautelar hasta que el TC emita su resolución definitiva.
En sintonía con estos esfuerzos legales, se ha anunciado la presentación del Plan de Concordia antes de las vacaciones de verano. Este plan tiene como objetivo satisfacer a los aragoneses que defienden los principios constitucionales que marcaron la Transición. Se busca que todas las opiniones estén representadas y definidas, garantizando que ninguna víctima de la época en cuestión se sienta excluida.
