El Juzgado de Tui autoriza la exhumación del cuerpo de Déborah

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) ha autorizado la exhumación de los restos mortales de Déborah Fernández-Cervera, según ha informado la familia de la fallecida en un comunicado, en el que ha indicado que la exhumación tendrá lugar a las 12,00 horas del próximo 18 de mayo en el cementerio de Pereiró, en Vigo.

Tal y como ha trasladado la familia, esta resolución responde a la petición formulada por sus abogados a finales de febrero con el objetivo de buscar restos de ADN bajo las uñas de la joven. Así, critica que «de modo sorprendente en su momento no se tomaron muestras para su análisis».

Asimismo, ha añadido que buscarán «restos» de una posible agresión que hubiesen podido «pasar desapercibidos en la primera autopsia» y analizarán «cuantos vestigios puedan ser de interés científico, antropológico o criminalístico».

En este contexto, la familia ha manifestado que recibe la noticia «con la esperanza de que este duro proceso pueda cerrar el círculo sobre la(s) persona(s) que intervinieron en la desaparición, muerte y posterior manipulación y traslado del cuerpo de Déborah».

«Usaremos hasta la última pista para intentar saber la verdad y que el causante de tanto dolor pague por ello», ha remarcado, apuntando que espera «que sea la propia Déborah la que tenga la solución a todo este calvario».

‘CASO DÉBORAH’

Déborah Fernández-Cervera desapareció en 2002, cuando tenía 21 años de edad, después de salir a correr por la zona viguesa de Samil. Su cuerpo fue encontrado desnudo una semana después en una cuneta en el municipio de O Rosal, a unos 40 kilómetros de distancia.

Aunque el caso se cerró, en noviembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui acordó su reapertura para proceder a la práctica de nuevas actuaciones. Desde entonces, varias personas han prestado declaración en el marco de esta causa.

Desde la reapertura del caso, los abogados de la familia de la joven han denunciado «negligencias» en las investigaciones policiales, «contradicciones» en declaraciones realizadas por distintos testigos que no se cruzaron y «pruebas que se pasaron por alto».