El Juzgado de Instrucción Penal número 4 de Majadahonda (Madrid) ha admitido a trámite la querella presentada por el CF Fueblabrada contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el secretario general, Andreu Camps, y el juez instructor Ricardo Esteban Díaz Sánchez de dicho organismo para investigar posibles ilegalidades en el expediente contra el club madrileño.
Según informa en un comunicado el Fuenlabrada, el pasado 3 de septiembre se abrieron diligencias de instrucción para la investigación de las posibles ilegalidades cometidas en dicho expediente disciplinario de la RFEF contra el CF Fuenlabrada por el positivo por la COVID-19 de varios de sus jugadores, lo que obligó a aplazar el partido de la última jornada de LaLiga SmartBank 2019-20.
El Fuenlabrada ha aportado al juzgado «prueba sólida de ilegalidades» en el proceso disciplinario que involucraría a los directivos de la RFEF en una «estrategia coordinada de manera ilegal», que, entre otras cuestiones, implicó el nombramiento de Ricardo Esteban Díaz Sánchez como Juez Instructor de la RFEF «casualmente horas antes» de que se abriese el expediente contra el club madrileño, y «cuando por norma los jueces instructores deben ser nombrados por temporadas deportivas».
«Además, el juez instructor nombrado ilegalmente no era el autor real de sus escritos, sino que los mismos eran redactados desde la secretaría general de la RFEF, vulnerando el deber de independencia y quedando al descubierto los intereses detrás del expediente disciplinario», señala la nota.
Asimismo, la entidad fuenlabreña denuncia que «desde esa misma secretaría general que usurpaba funciones disciplinarias, se remitían cartas a LaLiga en coincidencia exacta con los avances del expediente disciplinario que ellos mismo gestionaban bajo cuerda, insinuando que de no tomar LaLiga ciertas medidas a su conveniencia, irían a por el descenso administrativo del CF Fuenlabrada SAD».
«Siendo estas comunicaciones totalmente coactivas, amenazantes, impropias de una institución como la RFEF y por supuesto prueba de que el proceso disciplinario no contaba con las mínimas garantías de objetividad e independencia», añade el comunicado.
Concluye que, al margen de ello, se unía «la fabricación y aceptación de pruebas falsas y a múltiples abusos procesales debe ser investigado a fondo en este proceso penal, ya que no es aceptable que desde la RFEF se manipule un expediente disciplinario de forma tan grave». «Lo que le hoy nos ha sucedido a nosotros mañana le puede suceder a cualquiera», advirtió.
