El Gobierno de España aprobó este viernes la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, un plan para combatir la despoblación del mundo rural con medidas que pasan por establecer una mejor red de banda ancha, reducir la “masculinización” de los pueblos o mejorar la “discordancia” en materia de servicios entre las ciudades y las localidades rurales.
Casi la mitad de los municipios de España están en riesgo de despoblación, según el baremo de la Unión Europea. El 48,4% de sus localidades tienen una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según expuso la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ante esta situación, el Ejecutivo se propuso en 2017 iniciar una estrategia que combata esta tendencia, que ya está provocando que 6.516 municipios españoles estén perdiendo población, dejando un saldo vegetativo negativo en más del 80% de las localidades españolas dado el envejecimiento y el éxodo de los jóvenes a las ciudades.
A esto se le suma la baja natalidad que tiene España, que se ha ganado el título de segundo país de la Unión Europea con menor tasa de hijos por mujer. La media europea se sitúa en 1,6, mientras que el país ibérico tan sólo llega a 1,31.
Otro de los datos que preocupan al Gobierno es que el 75% de municipios tienen más hombres que mujeres, por lo que la estrategia también pretende combatir la “masculinización” del entorno rural.
Para hacer frente a la despoblación, la estrategia recoge medidas como llevar la banda ancha a todas las zonas rurales, luchar contra la “discordancia” en la prestación de servicios entre las ciudades y los pueblos, simplificar la administración rural o “poner en valor la imagen de las personas y territorios”, según explicó Batet.
Con estas medidas se deberá reducir la brecha digital en el mundo rural, implantar el ‘big data’ en los pueblos y desarrollar nuevos modelos de negocio en zonas agrícolas con tecnología inteligente.
No obstante, la estrategia aún debe ser aprobada en la Conferencia de Presidentes, órgano que la impulsó en enero de 2017 y, según el Gobierno, se ha convertido en “un auténtico proyecto de país”.
