El presidente no ejecutivo de DWT y Director de Alianzas Internacionales de Grupo Dia, Fernando Trasobares De Dios, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que cuando alertó de que determinadas irregularidades no se podían llevar a cabo, le indicaron que se debían hacer por orden del entonces CEo Ricardo Currás.
Trasobares era uno de los dos directivos de Dia citados este viernes en la Audiencia Nacional en calidad de testigos, condición bajo la que tienen la obligación de decir la verdad. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio consultadas por Europa Press, ha indicado que se sintió amenazado por el que fuera director del área comercial de Dia Juan Cubillo –también imputado en la causa– cuando le trasladó que realizar ampliaciones sobre futuros ingresos que no estaban pactados aun con proveedores no se podía hacer.
Tras alertar a este directivo de lo improcedente de esa práctica, éste le dijo que era orden directa del consejero delegado Ricardo Currás y que debía hacerse sí o sí. DTW es la empresa radicada en Suiza y participada al 100% por Dia con la que se negociaba con proveedores internacionales, y que fue usada presuntamente por el CEO para inflar los resultados del grupo incluyendo «estimaciones no justificadas de ingresos».
El directivo ha señalado que este tipo de irregularidades no tuvieron lugar nunca entre 2011 y 2015, pero en cambio sí se produjeron en 2016 y 2017. Ha afirmado así en su declaración que se hacían ampliaciones sobre futuros ingresos que no estaban pactados aún con proveedores.
Este viernes también ha declarado ante el juez en calidad de testigo Etienne Coste De Bagneaux, quien fue el director de Gestión de Control del Grupo Dia hasta su despido el 19 de julio de 2019.
PRINCIPALES INVESTIGADOS
En esta causa, en la que se investiga la presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del grupo, los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón.
Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, «Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo» en este balance, «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión».
Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron «al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían».
