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La dirección de IU evaluará este lunes si hay que aplazar la asamblea federal

La dirección de IU analizará el lunes si debe aplazarse de nuevo la asamblea federal del partido, prevista en enero, debido a la situación sanitaria y el impacto en el debate previo de las restricciones en las distintas comunidades autónomas, motivadas por la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

Fuentes del partido han explicado que será la Comisión Colegiada de IU, en su reunión ordinaria, la que evaluará y decidirá si el proceso previo de debate en asambleas locales repartidas en las distintas federaciones autonómicas puede llevarse a cabo con soluciones intermedias o, por el contrario, se ve afectado por la crisis sanitaria y debe posponerse.

En este sentido y a instancias del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se ha procedido a recopilar información en las 17 federaciones autonómicas del partido para que opinen sobre si son viable estos trabajos previos, labor que ejerce el secretario de Organización de IU, Ismaal González, quien llevará todos los datos recopilados al examen de la Comisión Colegiada.

El propio Garzón se ha referido a este asunto en su perfil de Facebook, al subrayar que ha solicitado este análisis dada la situación sanitaria y la “dificultad de las asambleas locales para debatir en buenas condiciones”.

GARZÓN: “QUIZÁS CONVENGA ESPERAR”

El también ministro de Consumo ha enfatizado que la asamblea federal decide sobre la estrategia política para los próximos años, así como la renovación de la dirección política de la organización, algo que “exige un debate sereno y riguroso entre miles de militantes y es difícil de llevar a cabo exclusivamente de manera telemática”.

“Las nuevas tecnologías de la comunicación facilitan la toma de decisiones y la democratización de las instituciones, pero son incapaces de sustituir con plenitud el encuentro y debate físico entre personas. Por eso, quizás convenga esperar a que se den las condiciones”, ha detallado el líder de IU.

EL SECTOR CRÍTICO RECLAMA EL APLAZAMIENTO

Mientras, el sector crítico a la dirección de IU, liderado por el precandidato José Antonio García Rubio, ha remitido un escrito a la comisión colegiada para solicitar un aplazamiento de la asamblea federal, al entender que “no se va a poder cumplir con el mandato estatutario de poder garantizar el máximo de participación por el endurecimiento de las normas anti Covid19 que restringen movimientos y reuniones”.

En ese documento, al que ha tenido acceso, García Rubio incide en que debe garantizarse “la posibilidad real de que toda la afiliación pueda participar, si lo desea, en los debates asamblearios”. De no ser posible, demanda la necesidad de aplazar el proceso.

“Esta participación insoslayable, parece ser imposible salvo en Canarias por las normas adoptadas por la autoridad delegada del estado de alarma y por el previsible endurecimiento de las mismas. Es más, en el caso de Madrid, y es sólo un ejemplo, donde existe un confinamiento por zonas de salud, mucho más pequeñas que el barrio de las Asambleas, las normas aprobadas por la Federación ni se ocupan de abrir mecanismos para esa participación, lo que pone en cuestión en el interno y en el externo (no olvidemos que ese proceso está abierto también a personas no afiliadas) la legitimidad de los resultados del debate”, ha remachado.

La asamblea federal ya fue aplazada de julio a enero en una decisión que se adoptó en abril, en pleno confinamiento domiciliario por la primera ola de coronavirus.

Tras presentarse los dos documentos político-organizativos impulsados por los dos sectores, el debate sobre las dos propuestas debe completarse el 20 de diciembre. A su vez, el día 22 de ese mes finaliza el plazo para formalizar candidaturas a dirigir la organización.

ESTRATEGIAS ANTAGÓNICAS

Finalmente, la votación de los documentos asamblearios y las candidaturas presentadas se fijó del 4 al 10 de enero, en el que Garzón volverá a optar a la reelección en una lista consensuada con el denominado sector mayoritario.

La propuesta estratégica de la dirección, consensuada con el Partido Comunista de España (PCE), defiende “fortalecer” la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y apostará para ello por “democratizar” este espacio de convergencia, de cara a asentar su “base popular y territorial”.

Frente a ello, el documento crítico denominado ‘La izquierda necesaria’, confronta con esa visión, pues se opone a la integración con Podemos (una vía que tilda de “fracasada) y reivindica la “soberanía” de la formación.

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