El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso el voto de medio millón de personas que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos. La medida es cautelar: no anula su pasaporte, pero frena su derecho al voto hasta que haya una sentencia firme.

La decisión afecta a quienes se acogieron a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Esa norma abrió la puerta a la nacionalidad para los descendientes de españoles que se fueron al exilio durante la Guerra Civil y la dictadura. No se discute la nacionalidad ya concedida; se suspende el ejercicio del voto mientras se resuelve el fondo del asunto.

Qué ha decidido exactamente el Supremo

El Tribunal Supremo ha aceptado suspender de manera cautelar el derecho al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos. Es una medida temporal y no definitiva. La cifra que maneja el tribunal ronda el medio millón de personas, un colectivo que en la práctica se queda sin capacidad de votar en cualquier convocatoria que se celebre mientras dure la medida.

Aquí conviene separar dos planos. Una cosa es la nacionalidad y otra el derecho a participar en las elecciones. La suspensión no retira la nacionalidad española ya adquirida, pero sí impide que esas personas figuren como electores en el censo de los comicios que se convoquen antes de la decisión final.

En la práctica, si el Gobierno convoca elecciones generales antes de que el Supremo dicte sentencia, ese medio millón de nuevos españoles no podría acudir a las urnas. La incógnita es cuánto tardará el tribunal en resolver, porque las medidas cautelares pueden alargarse durante meses mientras se tramita el fondo.

Por qué IU habla de lawfare y quién es el ponente del auto

Izquierda Unida ha elevado el tono. Su portavoz parlamentario y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, denuncia 'una minoría de jueces al servicio del PP' y considera la decisión 'una manifestación más del llamado lawfare'. Según IU, el Supremo se arroga competencias que no le corresponden y contribuye a la deslegitimación de la democracia.

El Supremo no retira la nacionalidad, pero deja en pausa el derecho al voto de medio millón de personas hasta que haya sentencia firme.

El cruce de críticas no acaba ahí. Según publica infoLibre, el magistrado ponente del auto se hizo eco, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de un bulo sobre un supuesto pucherazo electoral relacionado con la empresa Indra. Ese antecedente alimenta la tesis de IU: que el tribunal está interviniendo en un debate político con una orientación determinada.

En el plano jurídico, la suspensión cautelar no es un instrumento extraordinario. Se aplica cuando un tribunal entiende que mantener una situación puede causar un daño difícil de reparar antes de la sentencia. La diferencia, en este caso, es la escala del colectivo afectado.

Qué precedentes pesan sobre la ley de nietos y hacia dónde va el caso

La ley de nietos no nació exenta de litigios. Desde su entrada en vigor, la avalancha de solicitudes desbordó consulados y registros civiles, con expedientes que tardaron meses en resolverse y plazos que se fueron prorrogando. Muchas solicitudes llegaron desde distintos países de América Latina, con una fuerte comunidad de descendientes de la emigración española.

El actual recurso se suma a esa cadena. Lo que está en discusión no es la condición de español de los afectados, sino la legalidad de la vía por la que accedieron al cuerpo electoral. La sala tendrá que decidir si la suspensión se mantiene o se levanta, y cuándo. De momento, no hay calendario público para la sentencia.

Hacia delante conviene seguir dos elementos: la respuesta del Gobierno y de las fuerzas políticas, y los tiempos del Supremo. La suspensión cautelar se revisa si las partes lo piden o cuando el tribunal avanza en la causa. Cualquier convocatoria electoral que llegue antes del fallo dejará fuera a un colectivo que, en su mayoría, votaba por primera vez como ciudadanía española.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar el derecho al voto de unas 500.000 personas que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos.
• Por qué te importa: No se les retira la nacionalidad, pero quedan fuera del censo electoral mientras dure la medida.
• A quién afecta: A nacionalizados por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, especialmente descendientes de exiliados.
• Hacia dónde vamos: Habrá que esperar a la sentencia firme; de momento no hay fecha pública para la decisión final.

Quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977 tienen desde esta semana una vía para recuperar la nacionalidad española. El Congreso aprobó la proposición de ley que permite solicitarla, después de décadas de bloqueos y una votación con abstención del PP y de Junts. La norma aún no es definitiva: le queda el Senado.

El Pleno sacó adelante el texto con los votos del bloque de investidura, según publica La Marea. El PP y Junts se abstuvieron y Vox votó en contra. La iniciativa llegó al Pleno después de meses de bloqueo por parte del PSOE, que aceptó su inclusión en la Comisión de Justicia; el dictamen salió aprobado el 23 de julio.

Qué ha aprobado el Congreso y quién puede pedirlo

El texto reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental durante la administración española, siempre que el nacimiento se produjera antes del 11 de agosto de 1977. Como prueba sirven el DNI español aunque ya no esté vigente, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU o un certificado de nacimiento debidamente legalizado, entre otros documentos.

Quien la pida deberá aportar una certificación vigente de ausencia de antecedentes penales de los países donde haya residido durante los últimos cinco años. La solicitud tendrá un plazo de tres años desde la entrada en vigor, prorrogable un año si lo decide el Ministerio de Justicia. La reforma del Código Civil deja en dos años el tiempo de residencia legal exigido para la naturalización de este colectivo, el mismo trato que ya tienen iberoamericanos, sefardíes, filipinos, ecuatoguineanos y portugueses.

Por qué llega ahora y qué dice cada parte

Hasta 1975, el territorio era la provincia número 53 de España, bajo administración directa. Los Acuerdos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, sellaron el traspaso de la administración. El Real Decreto 2258/1976 abrió un plazo de un año para que los saharauis solicitaran la nacionalidad, pero la invasión y la guerra hicieron casi imposible completar los trámites presenciales ante el Registro Civil o el Consulado.

Para Tesh Sidi, diputada de Sumar de origen saharaui e impulsora de la norma, se 'devuelve el DNI español a aquellos saharauis que algún día lo tuvieron' y se repara una injusticia histórica. El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, valora positivamente la ley, aunque recuerda que la reparación individual no sustituye el derecho del pueblo saharaui a ejercer su soberanía.

La ley reabre una vía de nacionalidad que llevaba bloqueada desde 1976, pero su aprobación definitiva depende todavía del Senado.

La votación llega en plena escalada de tensión con Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta y días después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho al voto de algunos nacionalizados por la llamada ley de nietos, salvo que acrediten exilio familiar. El Gobierno de Marruecos guarda silencio, aunque medios próximos al Majzén, la estructura de poder marroquí, ven con recelo una norma que reconocería una identidad diferenciada en el territorio.

Qué puede pasar ahora en el Senado

El precedente de la ley de nietos muestra que una medida de reparación puede aprobarse con apoyo amplio y generar después disputas jurídicas sobre su alcance. Aquí, el Senado, con mayoría absoluta del PP, puede ralentizar el trámite e incluso forzar su devolución al Congreso. Quienes defienden la norma insisten en que se limita a devolver un estatus ya reconocido en la práctica; quienes la critican señalan que llega sin resolver el encaje diplomático con Marruecos.

El calendario aprieta: si las Cortes se disuelven antes de que la proposición complete su recorrido, la iniciativa caducaría sin validez. Por eso, el siguiente movimiento es el orden del día del Senado. En juego no queda solo una ley, sino la respuesta a una deuda que España arrastra desde el fin de su administración en el Sáhara.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El Congreso aprobó la proposición de ley que permite solicitar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977.
• Por qué te importa: Miles de personas que tuvieron DNI español podrán recuperarlo después de décadas de bloqueo, si completan la solicitud en plazo.
• A quién afecta: Ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental durante la administración española, con especial impacto en la diáspora saharaui en España.
• Hacia dónde vamos: El texto pasa ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y puede alargar el trámite; si se disuelven las Cortes, caducaría.

La carrera docente en Madrid trae una subida de hasta 350 euros al mes para los profesores. Isabel Díaz Ayuso la ha anunciado este viernes en el Debate del Estado de la Región.

El movimiento llega después de las mejoras laborales avanzadas para los médicos y pone el foco en el sueldo de los docentes madrileños. No es una subida uniforme: depende del tramo que consolide cada profesional.

El Debate del Estado de la Región es la cita en la que el Ejecutivo autonómico repasa sus prioridades. Este año, Ayuso lo ha utilizado para anunciar mejoras en sanidad y educación, dos servicios que concentran una parte importante del empleo público.

Subir la retribución de los docentes mediante una carrera profesional toca una partida sensible de los presupuestos. El colectivo de maestros y profesores es, además, uno de los más numerosos de la administración regional.

Qué se ha anunciado: una carrera profesional docente con subida de hasta 350 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha avanzado la implantación de una carrera profesional para los docentes de la región. Traducido: los profesores podrán escalar niveles retributivos en función de la experiencia, la formación y los méritos acumulados.

En la práctica, cada nivel reconoce una combinación de antigüedad, formación y evaluación del desempeño. Al consolidar un tramo, el complemento se incorpora a la nómina de forma estable.

La subida se anuncia con el curso ya iniciado y deja para más adelante el detalle de los tramos y del calendario.

'Madrid quiere seguir incrementando el reconocimiento que merecen los docentes de la región, que trabajan cada día en las aulas para formar a nuestros alumnos y desarrollan su vida laboral acumulando experiencia y méritos', ha insistido Ayuso.

El anuncio llega con el curso ya en marcha. La presidenta ha recordado que este curso ha comenzado con un nuevo récord de 68.899 maestros y profesores en la educación pública de la región.

A quién afecta la medida y qué cifra maneja la Comunidad

Los destinatarios son los docentes de la región. La cifra de 68.899 maestros y profesores da una idea del colectivo, pero la Comunidad no ha desglosado cuántos pueden llegar al tramo superior.

En términos brutos anuales, el techo de 350 euros al mes equivale a unos 4.200 euros más al año. Es una referencia útil para medir el alcance económico de la propuesta.

Desde el punto de vista del docente, la duda inmediata es cuándo se podrá solicitar y qué importe se cobrará en el primer tramo. Esa concreción no aparece en el anuncio.

El matiz clave es este: la subida de 350 euros es un máximo, no un pago garantizado para todos. Llegar a ese techo dependerá de los niveles consolidados y de los requisitos que fije el desarrollo de la carrera.

Qué precedentes tiene la medida y qué se puede esperar de la letra pequeña

La carrera profesional es una fórmula utilizada en otras administraciones públicas para retribuir la experiencia sin cambiar el puesto de trabajo. Suele articularse por tramos, con evaluación del desempeño y complementos acumulables.

Con una carrera profesional, el sueldo deja de depender solo del nivel educativo alcanzado. Se abre la puerta a que la evaluación periódica sume retribución al docente.

El precedente más cercano lo han puesto las mejoras sanitarias anunciadas en el mismo debate. La secuencia es reconocible: primero el anuncio político, después el desarrollo normativo y la negociación.

Ahora quedan por conocer tres datos: cuántos niveles tendrá la carrera, qué requisitos exigirá cada uno y con qué presupuesto se financiará. Hasta que no se publiquen, la medida seguirá siendo un compromiso pendiente de aterrizar.

En las próximas semanas habrá que ver si el Gobierno regional lo convierte en una norma con calendario y si los representantes de los docentes participan en su diseño.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una carrera profesional docente con subidas de hasta 350 euros al mes.
• Por qué te importa: Abre la puerta a que los profesores madrileños puedan aumentar su nómina según su experiencia y méritos.
• A quién afecta: A los 68.899 maestros y profesores de la educación pública madrileña, según el dato citado por la presidenta.
• Hacia dónde vamos: Quedan por definir los tramos, los requisitos, el calendario y el coste presupuestario.

Puedes criticar una sentencia, pero un cargo público no puede acusar al juez de actuar por motivos políticos. Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha avisado este jueves de que esa acusación puede ser delito.

Qué ha dicho exactamente Isabel Perelló

En el discurso de apertura del año judicial, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Perelló ha insistido en que los jueces deciden 'sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo'. Esa independencia, ha dicho, es la mejor garantía que pueden ofrecer a la ciudadanía.

También ha reconocido que los jueces pueden cometer errores al aplicar el derecho, pero ha recordado que el sistema de recursos y la pertenencia de España al espacio jurídico europeo permiten corregirlos. Para la presidenta del CGPJ, la crítica fundada a una sentencia es bienvenida porque contribuye a mejorar la justicia. Ha garantizado, además, su compromiso con 'los más amplios consensos' y un papel 'imparcial y neutral'.

Por qué el aviso interpela a la política

La parte más contundente del discurso llega cuando Perelló se refiere a las acusaciones de lawfare que se han escuchado en los últimos tiempos. Ha lamentado que existan 'acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones'. Eso, según sus palabras, es una imputación de extraordinaria gravedad y puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.

El mensaje sube de intensidad si esas descalificaciones llegan desde cargos institucionales. Perelló sostiene que no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción, y reclama lealtad institucional.

Un juez que siente que su imparcialidad queda bajo sospecha constante ve condicionada su tarea diaria; y el ciudadano pierde la referencia de que los conflictos se resuelven conforme a derecho.

La crítica fundada mejora la justicia, pero acusar a un juez de motivos políticos puede ser delito.

De Adamuz a Ceuta: la justicia en primera línea

Perelló ha querido agradecer la labor de los jueces en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, o los incendios forestales de este verano. También ha puesto el foco en la crisis migratoria de Ceuta, que exige una respuesta que preserve la integridad de las fronteras y el control ordenado de los accesos, sin renunciar a las garantías previstas en el ordenamiento.

No es un discurso abstracto. Si un juez resuelve un litigio bajo presión o bajo sospecha de parcialidad, el daño lo paga la credibilidad del sistema. Perelló ha citado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la justicia necesita la confianza de los ciudadanos para desempeñar bien su cometido.

Un aviso que no es nuevo: Bruselas ya lo puso sobre la mesa

El recordatorio de Perelló conecta con los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho. La Comisión insiste en que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la justicia. No es una simple deferencia política: la presidenta del CGPJ la define como cooperación constitucional para mantener el equilibrio entre poderes.

Quienes la defienden ven en este discurso una defensa de la separación de poderes ante lo que consideran una escalada de descalificaciones. Quienes critican el tono recuerdan que las sentencias, por su impacto, están sometidas al debate público y que la libre crítica es parte de la democracia. La propia Perelló lo matiza: la crítica fundada siempre será bienvenida; lo que no cabe, a su juicio, es atribuir al juez propósitos ideológicos por la mera discrepancia con lo resuelto.

De cara al curso judicial, la pregunta es cómo se traduce este aviso. Las causas sensibles de los próximos meses serán el termómetro para comprobar si las instituciones rebajan el tono y si la crítica se canaliza por los recursos y no por la descalificación.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del CGPJ, ha reivindicado la independencia judicial en la apertura del año judicial.
• Por qué te importa: Defiende que puedas criticar sentencias, pero avisa de que acusar a los jueces de motivos políticos puede ser delito y mina la confianza en la justicia.
• A quién afecta: A cargos institucionales que descalifican a jueces, a los propios magistrados y a cualquier ciudadano que acuda a un tribunal.
• Hacia dónde vamos: El curso judicial será el termómetro de si el llamamiento a la lealtad institucional se traduce en menos descalificaciones.