La diputada de Compromís Àgueda Micó ha relacionado la agresión homófoba a un joven de 20 años este fin de semana en Valencia con que «se censuren películas, obras de teatro o libros en el que se besan dos mujeres».

«Vemos cómo el hecho de que se censuren películas, obras de teatro o libros en el que se besan dos mujeres provoca un clima de odio. Esto está teniendo consecuencias y está teniendo consecuencias concretas en las calles de Valencia», ha denunciado este martes Micó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

De este modo, la diputada valenciana ha denunciado «la última agresión» homófoba que ha pasado en Valencia este fin de semana, donde, en sus palabras, un joven de 20 años «ha sido atacado a gritos de maricón por varias personas».

«Ya se ha interpuesto la denuncia y por eso le hemos preguntado al Gobierno por el incremento de este tipo de agresiones, no solo en Valencia sino en todo el Estado», ha sentenciado.

Ante esta situación, Compromís pedirá al Gobierno que «ya de manera urgente» convoque la comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos del odio para «ver de qué forma conjuntamente y colectivamente» se puede hacer que este tipo de agresiones «acaben ya» en las calles.

Un estudio del Grup de Recerca en Genètica i Ambient en Psiquiatria (GAP) del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y del Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM) de Reus (Tarragona) ha identificado alteraciones genéticas en el ADN de la mitocondria en pacientes con esquizofrenia, lo que «abre una nueva vía» para tratar la enfermedad.

Este componente genético ha estado hasta ahora poco estudiado en las enfermedades mentales, por lo que este hallazgo «pone de manifiesto la importancia de prestarle atención y tenerla en cuenta a la hora de buscar nuevos tratamientos», informan los centros en un comunicado de este martes.

Para llevar a cabo este estudio, publicado en la revista ‘Psychiatry Research’, se han analizado 80 muestras ‘postmostem’ (facilitadas por la Universidad del País Vasco) tanto de personas con esquizofrenia como otras que no habían sido diagnosticadas de ningún trastorno mental.

Se ha descubierto que el 35% de las personas que tenían un diagnóstico de esquizofrenia presentaban alguna alteración en el ADN mitocondrial, y este porcentaje era «significativamente menor» entre las personas sin ningún trastorno mental (del 10%).

FACTORES GENÉTICOS

«Estos hallazgos sugieren que esta alteración en el ADN de la mitocondria podría ser uno de los factores genéticos que juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad, junto con otros factores genéticos y medioambientales», apunta una de las investigadoras del grupo GAP Lourdes Martorell.

Para acabar de corroborar estos descubrimientos, los resultados de este estudio «deberán ser validados con otras investigaciones y con muestras más amplias», añade la investigadora.

Estudios previos en el campo de la genética mitocondrial han llevado al grupo a sugerir vías terapéuticas para tratar los síntomas de este trastorno, y consideran que complementar la dieta de estos pacientes con suplementos vitamínicos y minerales y el ejercicio físico ayuda a mejorar su calidad de vida.

Los Bombers de la Generalitat trabajan este martes por la mañana en un incendio iniciado en el barranco del Racó de l’Ermita el Coll de l’Alba del municipio tarraconense de Tortosa.

Según han informado en un apunte en ‘X’, sobre las 11.20 han desplegado 16 dotaciones terrestres y 4 aéreas para tratar de extinguir el fuego.

El incendio se ha iniciado sobre las 10.15 horas, y afecta a una zona boscosa y a campos yermos, han añadido.

PACMA ha propuesto que los municipios de más de 20.000 habitantes habiliten fuentes para perros en las zonas acotadas para animales, así como refugios climáticos en los parques para resguardarse del sol o la lluvia.

Independientemente del número de habitantes, la formación hace extensibles estas recomendaciones a todos los municipios. En general, considera que es necesario habilitar espacios mejor acondicionados también para los animales, con el objetivo, entre otras cosas, de «evitar muertes por calor este verano».

«La ola de calor de estos días no sólo la sufrimos los humanos; nuestros animales lo padecen más debido a su pelaje y condiciones físicas, por lo que creemos que los municipios con un mayor presupuesto deben instalar, por consideración, fuentes de agua para perros y áreas de resguardo para aliviarles del calor», ha señalado el presidente del partido animalista, Javier Luna.

Así, Luna ha opinado que «las ciudades deberían adecuarse a la nueva realidad social en la que más de seis millones de hogares están formados por, al menos, un animal» y ha instado a aumentar los espacios verdes y adecuados para que puedan disfrutar del aire libre en las horas donde baja el sol, y que estos estén debidamente acondicionadas con fuentes especiales y zonas de sombra.

La consellera de Salud, Manuela García, ha destacado que auditarán externamente todos los contratos de emergencia que se realizaron en pandemia por valor igual o superior a 100.000 euros con el objetivo de que «no haya o no se encuentren más contratos fraudulentos como el de la empresa Soluciones de Gestión».

Según ha recordado la responsable del ramo autonómico, a preguntas de Vox, durante el pleno, el Servicio de Salud está en estos momentos revisando la gestión interna de la Gestión Sanitaria y asistencial de Baleares (Gsaib) y de todos los contratos realizados en pandemia.

Igualmente, están elaborando el pliego de prescripción técnica y el estudio para la fijación del precio para contratar un servicio de auditoría externa de los expedientes de suministro de tramitación de emergencia por un importe igual o superior a 100.000 euros.

Por tanto, ha repetido García, se auditarán externamente todos los contratos de emergencia realizados por valor igual o superior a 100.000 euros «con el objetivo de que no haya más fraudulentos» como el del caso Koldo, lamentando también que «a día de hoy» no se han recuperado los casi cuatro millones de euros del contrato de las mascarillas adquiridas a la empresa investigada.

Así, ha matizado que quieren ser «cautelosos y escrupulosos» porque se trata de cuentas públicas, poniendo en valor que la semana pasada la Audiencia Nacional aceptó su personación para recuperar «el importe íntegro de 3,7 millones de euros».

«Somos los principales interesados en que se devuelva el dinero cuanto antes. Un importe que nunca se debió pagar, certificar como correcto y, en ningún caso, esperar tres años» para ser reclamado, ha finalizado García.

Las expectativas de los ciudadanos de la eurozona sobre la evolución durante el próximo año de la tasa de inflación han disminuido hasta su nivel más bajo desde septiembre de 2021, según constata el Banco Central Europeo (BCE) en su última encuesta entre los consumidores de la zona euro, reforzando así la confianza de la entidad para acometer una bajada de los tipos de interés en su reunión de la próxima semana.

En concreto, con datos de abril, los ciudadanos esperan que la inflación se situará dentro de un año en el 2,9%, frente al anterior 3%, mientras que las expectativas a tres años vista bajan una décima, hasta el 2,4%.

De su lado, la tasa mediana de inflación percibida durante los doce meses anteriores se mantiene estable en el 5%.

En su análisis, el BCE indicó que la evolución de las percepciones y expectativas de inflación se mantuvo relativamente alineada en todos los grupos de ingresos, aunque fue algo menor entre aquellos ciudadanos con mayores ingresos, mientras que, en función de la edad, los encuestados más jóvenes (de 18 a 34 años) expresaron expectativas de inflación más bajas.

Asimismo, las expectativas de los consumidores sobre el crecimiento de la renta nominal se mantuvieron estables en el 1,3%, mientras que las percepciones de crecimiento del gasto nominal durante los 12 meses anteriores disminuyeron ligeramente hasta el 6,3%, desde el 6,4% de marzo. De su lado, las expectativas de crecimiento del gasto nominal en un año se mantuvieron estables en el 3,6%.

En cuanto a las expectativas sobre la tasa de desempleo a 12 meses vista, estas aumentaron hasta el 10,9%, frente al 10,7% de marzo. De este modo, los consumidores esperaban que la tasa de desempleo futura fuera sólo ligeramente superior a la tasa de desempleo actual percibida (10,6%), lo que implicaba un mercado laboral ampliamente estable.

Los datos trimestrales mostraron que los encuestados desempleados indicaron una disminución en su probabilidad esperada de encontrar un trabajo durante los próximos tres meses, que cayó al 27,5% en abril, desde el 30,5% en enero, mientras que aquellos encuestados ocupados expresaron que la probabilidad esperada de perder el empleo durante los próximos tres meses aumentó al 10,6% en abril, desde el 8% en enero.

De su lado, las expectativas de crecimiento económico para los próximos 12 meses fueron algo menos negativas, situándose en el -0,8%, frente al -1,1% de marzo.

La Fundación Franz Weber (FFW) ha acusado al Gobierno de Cantabria (PP) de intentar introducir «con calzador» la tauromaquia a la ciudadanía después de conocer que va a hacer uso de la «polémica» partida recogida en los Presupuestos que contempla esta actividad como elemento para combatir la despoblación en municipios rurales.

El colectivo se ha pronunciado así después de que la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, avanzara en una reunión que mantuvo la semana pasada con el alcalde de Rasines que el Ejecutivo iba a lanzar la convocatoria de una orden de ayudas para subvencionar los eventos taurinos en municipios rurales en riesgo de despoblamiento.

Al respecto, FWW ha destacado que la entrada a eventos taurinos en este tipo de localidades ha disminuido en los últimos meses «a pesar del ingente apoyo que prestan los Gobiernos locales».

Por ejemplo, ha señalado que en el caso de Pesaguero, el Ayuntamiento «incrementó un 1.200% el gasto directo» con respecto a 2022 para la corrida de toros celebrada el pasado mes de marzo.

Los naturalistas consideran «una excusa lamentable usar la pérdida de población para financiar eventos de maltrato animal» y sospechan que la intención del Gobierno autonómico es «apoyar a consistorios afines con el dinero de los cántabros», a pesar de que «el 97,7%» de los ciudadanos declara no asistir a este tipo de actividades de acuerdo con la Encuesta de Hábitos y Prácticas culturales 2021-2022 elaborada por el Ministerio de Cultura.

Así, destacan que iniciativas como la creación de una escuela taurina en Santander han resultado «un rotundo fracaso».

FFW ha insistido en que «no existe ni un solo estudio que avale la medida de la Consejería de Presidencia» para combatir la despoblación con este tipo de eventos, por lo que cree que responde «más a un interés por financiar al ultraminoritario lobby taurino que a verdaderos criterios objetivos sobre calidad de vida y oportunidades de progreso en núcleos rurales de Cantabria».

«La tauromaquia fracasa en las comunidades vecinas. Durante el último año las corridas de toros impulsadas en Xixón, Donosti o Pontevedra, en comunidades vecinas, se han saldado con rotundos fracasos de asistencia, por lo que la medida de Presidencia parece más un ‘Pan y Toros’ de rebajas que una política pública realista», ha sentenciado en un comunicado.

La Federación de Gay Games (FGG) ha lamentado «profundamente» la que las entidades LGTBIQ+ valencianas se hayan retirado de la organización del evento, pero ha aceptado «respetuosamente» su decisión, al tiempo que ha reafirmado que València seguirá albergando los juegos en 2026 y ha defendido su estructura organizativa.

Así ha reaccionado la entidad impulsora del certamen al anuncio realizado el jueves por la Fundació València Diversitat (FVD) y sus entidades miembros, Lambda – Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, Avegal Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valènciana (Avegal) y Club Esportiu LGTBI+ Dracs València (Dracs).

La FGG ha confirmado que los Gay Games se seguirán celebrando en València en junio de 2026, «tras recibir con confianza las garantías del Ayuntamiento de València sobre su compromiso con la organización del evento», ha anunciado en un comunicado.

Además, ha asegurado que ha consultado varias veces con las entidades LGTBIQ+ locales y ha negociado una estructura organizativa «justa y adecuada», así como garantías de financiación y el funcionamiento del evento.

La federación ha agradecido el «arduo trabajo, apoyo y colaboración» de las cuatro entidades y ha asegurado que «su espíritu de inclusión y defensa seguirá resonando durante los Juegos».

En ese sentido, ha asegurado que la FGG se toma «muy en serio» la decisión de trabajar con gobiernos locales que tal vez no compartan «completamente» sus valores y ha expuesto por qué cree que los Gay Games deberían celebrarse en València «a pesar de las preocupaciones de las entidades LGTBIQ+ locales».

En primer lugar, ha defendido que es esencial que la comunidad LGTBIQ+ sea «visible con orgullo» en todo el mundo, y que ello «arroja luz sobre las necesidades de nuestra comunidad, especialmente donde carecemos de derechos y respeto».

«Queremos que los Gay Games sean un faro de luz para la comunidad LGTBIQ+, un lugar donde cada miembro de nuestra comunidad pueda encontrar un espacio seguro e inclusivo para ser auténtico, y esto es aún más necesario en países o comunidades que carecen de LGTBIQ+. derechos. Como comunidad tenemos la responsabilidad de ser visibles ante la adversidad», ha manifestado.

La FGG ha indicado que, tras consultar «extensamente» con el gobierno local para entender sus motivos detrás de querer organizar el evento en València, se les han dado garantías en su apoyo económico y logístico y se ha asegurado que los participantes estarán «completamente seguros y libres para ser ellos mismos».

Además, ha incidido en que el evento «es una oportunidad increíble para la comunidad LGTBIQ+ local y tendrá un impacto de por vida en la población local, las empresas, los grupos comunitarios, los deportes, la cultura y el turismo» y su impacto social y financiero, como los 117,9 millones de dólares de impacto económico local de los Juegos Gay en París 2018.

«MISMO PODER DE VOTO» EN LA ORGANIZACIÓN

Asimismo, la federación ha respondido a los diferentes motivos expuestos por los grupos para retirarse de los comités ejecutivo y organizador del evento, que denunciaron el «secuestro» de la organización del proyecto por parte del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.

Respecto a los cambios en la estructura organizativa de los Juegos, la entidad ha defendido que la estructura organizativa que propuso «otorga el mismo poder de voto tanto a las entidades LGTBIQ+ como al Ayuntamiento», en todos los aspectos de la organización y gestión financiera del evento, con un derecho de voto adicional asignado a la FGG en caso de bloqueo.

«Propusimos una estructura con igualdad de derechos de voto y creemos que es la estructura más justa y apropiada para todas las partes involucradas», ha subrayado.

Sobre la queja de que «las entidades LGTBIQ+ se verían obligadas a cargar con las posibles consecuencias fiscales, penales y legales de las decisiones tomadas por PP y Vox», la federación ha aseverado que «esto es incorrecto y no tiene fundamento».

«En ninguna parte de nuestro acuerdo se responsabiliza a las entidades locales de las decisiones tomadas por el gobierno local, y negociamos activamente el establecimiento de un nuevo comité de finanzas para evitar tales consecuencias», ha indicado la organización.

«EROSIÓN DE DERECHOS EN TODO EL MUNDO»

En cuanto a las críticas de las entidades hacia «políticas de recorte y ataques a los derechos LGTBIQ+» de PP y Vox, la federación ha señalado que «no puede validar ni comentar» ninguno de los incidentes recogidos por las entidades, como la prohibición de libros y películas, la reducción de la ayuda financiera a las entidades locales o el «intento de controlar» la marcha del Orgullo y de la eliminación de un consejo asesor trans.

«Somos profundamente conscientes de la continua erosión de los derechos y la financiación LGTBIQ+ que está ocurriendo en todo el mundo, particularmente como resultado del creciente apoyo a los gobiernos de derecha», ha ountualizado la FGG.

Sobre la afirmación de que su retirada «es una medida necesaria y únicamente responsable para proteger el proyecto original de los Gay Games València 2026», la federación ha afirmado que esta declaración «entra en conflicto» con su propia experiencia trabajando con el Ayuntamiento.

Así, ha explicado que se ha reunido varias veces con el gobierno municipal para obtener garantías de su compromiso con la financiación del evento, la disponibilidad de instalaciones deportivas y culturales propiedad municipal y la confirmación de que los participantes podrán asistir y competir como ellos mismos. La organización confía en que el gobierno municipal apoye el evento de manera adecuado y según lo acordado por la administración anterior.

La Audiencia Nacional (AN) ha aplazado a noviembre el juicio contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal.

Así consta en una providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal atiende las peticiones de la defensa de López Madrid y de Villarejo, y de la acusación particular de la doctora Pinto, que solicitaron nueva fecha porque les coincidía con otros señalamientos. El tribunal cambia la fecha y la ubica en los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre a las 10.00 horas.

Se anula así la primera fecha programada para la celebración de la vista oral de esta pieza separada número 24 del conocido como ‘caso Villarejo’, que se preveía arrancara la semana próxima, el 3 de junio, en la sede del tribunal en la calle García Gutiérrez.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO

El juez de la Audiencia Nacional propuso enviarles a juicio en marzo del pasado año en contra de lo interesado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres. El magistrado siguió el criterio de la defensa de la doctora, que pide penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.

El Ministerio Público defendía en su informe que el objeto de la pieza era indagar en el cohecho y no en el conflicto entre López Madrid y Pinto. «Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza -centrado en exclusiva en el delito de cohecho- sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid, no resultando conforme a Derecho que unos mismos hechos sean investigados en dos juzgados diferentes», indicaba.

En su auto, el magistrado recordaba el relato de hechos, y apuntaba que todo arrancó en septiembre de 2013 cuando López Madrid contrató a Villarejo, «comisario en activo», para que «le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con María Elisa Pinto. En diciembre de 2013, el empresario acudió a la consulta de la doctora acompañado de Redondo, que acudía en calidad de abogado por orden de Villarejo, y le indicaron a Pinto «que le dejase en paz, que parase, y que la policía iría a verla».

MEDIOS POLICIALES PARA DESACREDITARLA

Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señalaba que «usó medios policiales» para desacreditarla. «Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte», añadía.

El magistrado daba cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumaba a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto se refería al ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.

«Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015», decía el magistrado Manuel García Castellón.

El juez apuntaba además en su auto que en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid «una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado».

Y recogía el literal: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y ni me has llamado para decirme (.). Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios».