El concurso-oposición de Maestros 2026 en Castilla-La Mancha ha dado un paso decisivo: ya están publicadas las listas provisionales de aspirantes seleccionados con las notas de las pruebas. Si eres uno de los opositores, puedes consultar tu situación y preparar alegaciones si fuera necesario.

Cómo consultar tus notas y el baremo definitivo

La consulta se hace a través del seguimiento personalizado que cada aspirante tiene en el proceso. En ese espacio, explica ANPE Castilla-La Mancha, puedes ver tanto el baremo definitivo de méritos como la puntuación de las dos pruebas de la oposición. Recuerda que la nota final del concurso-oposición se calcula así: (Nota Prueba 1 + Nota Prueba 2 + Baremo Concurso) dividido entre 3.

Si solo has hecho la primera prueba, la Prueba 2 se puntúa con 0 puntos a efectos del cálculo de la fase de oposición. Este dato es clave para entender tu posición en las listas.

Solo dos días para reclamar: el plazo más ajustado

Una vez expuestas las listas —en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes— dispones de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación, para presentar reclamaciones ante la comisión de selección. El objetivo es corregir cualquier error material que pudiera haberse deslizado.

Es un plazo muy breve, así que conviene revisar las puntuaciones con calma pero sin perder ni un minuto. Si detectas algo raro, presenta tu escrito lo antes posible.

Las listas provisionales no son definitivas: si hay fallos, ahora es el momento de señalarlos antes de que se consoliden.

Lo que viene después: presentación de documentación si apruebas

Tras la publicación de las listas definitivas —prevista para el viernes 31 de julio— los seleccionados tendrán cinco días hábiles para entregar la documentación exigida. Según la base 54 de la convocatoria, debes aportar los originales de tu título académico, una declaración jurada de no estar inhabilitado para la función pública ni ser funcionario de carrera del mismo cuerpo, y el certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales (salvo que hubieras autorizado a la administración a consultarlo de oficio).

Además, la administración puede requerir los originales de toda la documentación que presentaste para la fase de concurso. Si se comprueba que alegaste méritos que no posees, podrías ser excluido del proceso, así que asegúrate de que todo esté en regla.

La ficha práctica

• ¿Qué se ha publicado? Las listas provisionales de seleccionados del concurso-oposición de Maestros 2026 en CLM, con las calificaciones de las pruebas.
• ¿Cómo consulto mis notas? En el seguimiento personalizado: aparecen el baremo definitivo y la puntuación de cada prueba.
• ¿Hasta cuándo puedo reclamar? Dos días hábiles desde el siguiente a la publicación de las listas.
• ¿Dónde presento la documentación? En las delegaciones provinciales de Educación, tras la resolución definitiva del 31 de julio.
• Requisito clave: Lleva los originales del título, la declaración y el certificado de delitos sexuales (si no autorizaste su consulta).

El resumen rápido (TL;DR)

• 🎯 ¿Qué ha pasado? Se han publicado las listas provisionales de la oposición de Maestros en CLM con las notas.
• 💶 ¿A quién le interesa? A todos los opositores al Cuerpo de Maestros de Castilla-La Mancha.
• ✅ ¿Qué tienes que hacer? Revisar tus notas en el seguimiento y reclamar si hay errores en los próximos dos días.

El Gobierno ha puesto el foco en las bajas laborales reiteradas. Si tienes dos o más procesos de incapacidad temporal —lo que todos llamamos 'estar de baja'— en un mismo año, a partir de ahora la Inspección de Trabajo podrá abrir una investigación sobre tu caso. No es una sanción automática, pero sí un aviso: el sistema va a mirar con más lupa los historiales con bajas repetidas.

La medida, adelantada este jueves, responde a una recomendación directa de la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y el dato que ha encendido las alarmas es este: una cuarta parte de los trabajadores concentra más de la mitad de todos los procesos de incapacidad temporal que se registran en España. No es una cifra menor.

¿Qué busca realmente el Gobierno con este control?

Lo primero que hay que decir es que el derecho a la baja médica no se toca. Si estás enfermo, te recuperas y cobras tu prestación. Punto. Pero la AIReF lleva tiempo señalando un patrón: hay un grupo reducido de trabajadores que encadena bajas de forma sistemática, a veces con diagnósticos que cambian de un proceso a otro y otras veces sin un seguimiento médico claro que justifique la repetición.

El objetivo no es perseguir a quien tiene la mala suerte de caer enfermo dos veces en un año —algo perfectamente posible— sino detectar los casos en los que el sistema se usa de forma indebida. Para eso, el Gobierno quiere reforzar la coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios de salud de las comunidades autónomas y las mutuas.

Vamos, que buscan afinar la puntería. No abrir expedientes a lo loco.

Dos bajas al año: ¿a partir de ahí me investigan?

Esa es la pregunta que se está haciendo mucha gente esta mañana. La respuesta corta: sí, dos o más procesos de incapacidad temporal en un mismo año son el umbral a partir del cual el sistema puede activar una revisión más detallada. Pero ojo: que te investiguen no significa que te hayan cazado en nada. Significa que una inspección va a comprobar que todo está en orden.

Aquí conviene recordar dos datos que ayudan a poner contexto. La duración media de las bajas ha pasado de unos 40 días a cerca de 46 en los últimos años, con especial incidencia en los trastornos mentales. Y el gasto total en incapacidad temporal no para de crecer. La AIReF lo ha dicho claro: hay margen de mejora en la gestión sin tocar derechos.

Dos bajas en un año no te convierten en sospechoso, pero sí en un expediente que alguien va a revisar.

Eso sí, la letra pequeña todavía está por escribir. El Gobierno ha recogido la recomendación y trabaja en los mecanismos de supervisión, pero aún no hay un real decreto que detalle cómo se va a hacer, qué criterios se van a seguir ni qué consecuencias tendrá para el trabajador si se detecta un uso indebido.

¿Control o presión? Lo que está en juego con esta medida

Este tipo de anuncios siempre abre dos debates. El primero, legítimo: cómo garantizar que la protección social no se la cargue quien abusa de ella. El segundo, más delicado: cómo evitar que el miedo a ser investigado acabe disuadiendo a trabajadores que sí necesitan una baja de pedirla.

Hay un precedente cercano. En 2024, el Gobierno endureció el control de las bajas flexibles —aquellas que permiten la reincorporación parcial—, y varios sindicatos denunciaron que algunas empresas estaban utilizando los nuevos mecanismos para presionar a empleados que volvían antes de tiempo sin estar recuperados del todo. La diferencia ahora es que la iniciativa no parte de las empresas sino de un organismo fiscalizador como la AIReF, que basa su recomendación en datos y no en sospechas.

Aún así, el riesgo de que esta medida se traduzca en una presión indirecta sobre los trabajadores es real. Sobre todo en sectores con alta temporalidad y en pymes donde la relación con el empleador es más directa. La Inspección de Trabajo va a tener que hilar muy fino para distinguir entre quien realmente hace un uso indebido del sistema y quien simplemente tiene la mala suerte de acumular dos gripes y una contractura en el mismo año.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Trabajo y del de Seguridad Social. Ellos tendrán que concretar el cómo. Lo que ya se sabe es que el control de las bajas reincidentes ha dejado de ser un debate de fondo para convertirse en una prioridad política. Y eso, para bien o para mal, va a notarse.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

• 💸 ¿Qué ha cambiado? El Gobierno anuncia un control más estricto para trabajadores con dos o más bajas laborales en un mismo año.
• 👥 ¿A quién afecta exactamente? A cualquier trabajador por cuenta ajena que acumule dos o más procesos de incapacidad temporal en un año.
• ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Por ahora, nada distinto: si necesitas una baja, la pides. Cuando haya normativa concreta, habrá que conocer los criterios de revisión.

El Govern catalán ha pactado con los Comuns un plan que permite construir vivienda protegida (VPO, con precio limitado) en suelo reservado para hoteles, oficinas o comercios sin modificar los planes urbanísticos. La Generalitat calcula que con estas medidas pueden salir entre 15.000 y 20.000 pisos asequibles en cuatro años, según fuentes de la negociación.

Qué permite hacer exactamente la nueva norma

La proposición de ley, que se tramitará de urgencia, incluye varios cambios con un objetivo claro: acelerar la construcción de obra protegida sin atasco burocrático. A grandes rasgos:

En suelo terciario (hoteles, oficinas, aparcamientos en altura) se podrá levantar VPO siempre que al menos la mitad del edificio se destine a vivienda y los pisos tengan un mínimo de 50 metros cuadrados. Si el edificio está aislado, se permite aumentar la edificabilidad un 20% adicional.

Los locales comerciales en planta baja también se podrán reconvertir en pisos protegidos (mínimo 50 m²), aunque el ayuntamiento deberá aprobarlo en pleno para proteger los ejes comerciales.

Además, la ley autoriza incrementos del 20% de edificabilidad en suelos urbanizables si todo el proyecto se dedica a VPO, subdividir viviendas grandes y transformar despachos profesionales (consultas, bufetes) en pisos.

Quién se beneficia y cuándo entra en vigor

La medida se aplicará a los 271 municipios con mercado tensionado en Cataluña —donde vive el 90% de la población— y también a las 161 localidades calificadas como áreas de demanda fuerte. Si la ley se aprueba sin cambios, se espera que entre en vigor a finales de este año y tenga una vigencia de cuatro años, prorrogables a otros cuatro.

Una particularidad importante: el promotor no tendrá que esperar a la autorización municipal. Si el consistorio no se pronuncia, el aumento de edificabilidad o el cambio de uso se entiende concedido por silencio administrativo. Eso sí, los ayuntamientos podrán frenarlo mediante un acuerdo plenario si demuestran que ya disponen de vivienda asequible suficiente.

¿Qué puede cambiar de verdad y por qué hay recelos?

El plan es ambicioso, pero no está exento de dudas. La patronal de promotores ya ha reaccionado con dureza después de que la líder de Comuns, Jéssica Albiach, afirmara que el sector privado no podía “lavarse las manos”. Xavier Vilajoana, presidente de la APCE, respondió que “se tiene que tener muy poca vergüenza para decir que el sector privado se lava las manos”.

Más allá del choque político, el éxito de la medida depende de que salgan los números a los inversores. Construir VPO con los precios topados y los costes actuales no siempre da margen. La Generalitat confía en que el aumento de edificabilidad (hasta un 20%) y la agilidad administrativa convenzan al capital privado.

Otro punto que genera confusión: la ley solo permite uso residencial “habitual y permanente”, por lo que no se podrán levantar apartamentos turísticos ni viviendas de temporada. El sector interpreta que tampoco se permiten segundas residencias, algo que el Govern y Comuns niegan: “Como mínimo, el redactado no es claro”, admite Vilajoana.

En un escenario donde el alquiler se come más de la mitad del sueldo, cualquier mecanismo que inyecte oferta pública es bienvenido, pero el reloj corre y los números tienen que salir.

En la redacción de la ley se ha incluido una revisión cada dos años para corregir lo que no funcione. La urgencia está justificada —la vivienda es la primera preocupación en Cataluña—, pero la solución final seguirá dependiendo de que el suelo público disponible, la inversión y la regulación encajen sin más retrasos.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

• 💸 ¿Qué ha cambiado? La Generalitat podrá autorizar VPO en suelo de hoteles, oficinas y comercios sin cambiar el planeamiento, y ofrecer hasta un 20% más de edificabilidad si todo es protegido.
• 👥 ¿A quién afecta exactamente? A los 271 municipios tensionados (90% de la población catalana), con posibilidad de que cada ayuntamiento lo rechace si ya tiene oferta suficiente.
• ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? De momento, esperar a la aprobación definitiva (prevista para finales de año). Si buscas piso en esas zonas, la nueva oferta tardará al menos dos o tres años en materializarse.

1.300 euros al mes. Eso es lo que cobran los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid por arriesgar su vida apagando incendios como los que ahora arrasan la región. Llevan 15 años con el sueldo congelado y la administración autonómica se niega a aplicar la ley estatal que les reconoce como categoría profesional y les subiría el sueldo.

El sueldo congelado y la ley que Madrid ningunea

La ley básica 5/2024 (la norma estatal que establece las condiciones laborales mínimas para los bomberos forestales) se aprobó en el Congreso hace casi dos años. Entre otras cosas, fija la categoría profesional 5.932 (la categoría que les reconoce como bomberos forestales y lleva aparejados los complementos por peligrosidad, toxicidad, morbilidad, etc.). Pero la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en prevención y extinción, no la aplica.

Los bomberos contratados directamente por la Administración —unas 60 personas— están técnicamente inactivos, destinados a tareas administrativas o encerrados “en un cuarto de vending” mientras los incendios queman el terreno. No se les reconoce como bomberos forestales; legalmente figuran como conductores o personal de atención al usuario. Y eso pese a que la ley estatal es clara: no dice cómo gestionar los dispositivos, pero sí qué condiciones laborales mínimas tiene que tener el personal. “Queremos trabajar todo el año y que se nos aplique la categoría de bombero forestal, que es lo que somos”, resume uno de los portavoces del comité de huelga.

El salario de referencia, 1.300 euros mensuales lleva sin moverse desde 2010. Para ponerlo en contexto: el Salario Mínimo Interprofesional en 2026 ronda los 1.200 euros en 14 pagas. Un bombero forestal, que se enfrenta a incendios con temperaturas de 30 grados y rachas de viento de 30 km/h, cobra apenas 100 euros más que el suelo legal. La empresa pública Tragsa, que contrata a una parte importante de la plantilla, mantiene un convenio sectorial caducado desde 2008. Cuatro de cada diez bomberos en Madrid solo trabajan los meses de verano, lo que expulsa cada año a personal con experiencia hacia oficios más estables.

Los incendios actuales y la falta de prevención

Este 24 de julio, con varios frentes activos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila —el incendio de Burgohondo ya ha evacuado a diez mil personas y arrasa la reserva natural de Iruelas—, la situación de la plantilla se nota. Jesús Molina, presidente del comité de empresa de bomberos forestales dependiente de Tragsa, explica que han suspendido la huelga indefinida para volcarse en la extinción. Aun así la falta de efectivos y la escasez de trabajos preventivos durante el invierno (se han hecho un 50% menos de desbroces y apertura de cortafuegos) están pasando factura.

Los bomberos forestales llevan 15 años con el sueldo congelado en 1.300 euros y sin que la Comunidad de Madrid les reconozca la categoría profesional que marca la ley estatal.

La externalización como excusa: el cuerpo público amenazado

El conflicto laboral esconde una disputa de fondo: la preferencia de la administración de Isabel Díaz Ayuso por las políticas de externalización y subcontratación. La plantilla contratada directamente por la Comunidad ve cómo su cuerpo público peligra, mientras la mayoría de los efectivos dependen de Tragsa, una empresa pública que arrastra un convenio de 2008. La dualidad genera agravios: los bomberos públicos denuncian amenazas e inacción; los de Tragsa, sueldos más bajos y temporalidad extrema.

La Ley 5/2024 pretendía precisamente unificar las condiciones y evitar estas brechas. Pero su no aplicación por parte de Madrid no es un despiste administrativo, sino una decisión política. En mayo pasado, los bomberos avisaron de que esta temporada podían repetirse incendios graves como los que afectaron a Tres Cantos en 2025. Aquello no fue suficiente para que el gobierno regional acelerara la contratación de las 124 plazas presupuestadas o asumiera la categoría profesional que marca la ley.

El resultado es que, mientras las temperaturas superan los 30 grados y el viento aviva las llamas, los profesionales que tienen que apagarlas llevan más de una década sin que su sueldo refleje ni el riesgo ni la formación que exige su trabajo. No es solo un problema laboral: la falta de prevención y la precariedad de la plantilla debilitan la capacidad de respuesta ante incendios cada vez más extremos.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

• 💸 ¿Qué ha cambiado? La ley estatal de 2024 sigue sin aplicarse en Madrid, por lo que los bomberos forestales mantienen salarios congelados de 1.300 euros y sin reconocimiento de su categoría profesional.
• 👥 ¿A quién afecta exactamente? A los aproximadamente 60 bomberos públicos contratados por la Comunidad de Madrid, y a los cientos de trabajadores subcontratados por Tragsa que carecen de estabilidad y derechos.
• ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Si te preocupa la gestión de los incendios en tu zona, puedes seguir los comunicados de los sindicatos (comité de empresa de Tragsa, sindicato Firet) o preguntar a tus representantes políticos por qué no se aplica la ley estatal.