Así se recoge en sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2018-2021, en las que mantiene su previsión de crecimiento del 2,2% para 2019, una décima menos que la del Gobierno; un 1,9% en 2020, rebajando en una décima su previsión anterior, y un 1,7% en 2021.

Las estimaciones del Banco de España contemplan “una prolongación de la actual fase alcista del ciclo, en un contexto de continuación del tono acomodaticio de la política monetaria, de fortalecimiento de la situación patrimonial de los agentes y, en el corto plazo, de orientación fiscal expansiva, en línea con las medidas fiscales implementadas tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y de descenso reciente del precio del petróleo”.

DESACELERACIÓN

Sin embargo, también proyecta “una desaceleración a lo largo del horizonte considerado” como resultado de la progresiva atenuación de los efectos positivos de la política monetaria sobre las condiciones de financiación de la economía.

En lo que se refiere a la previsión de 2018, el Banco de España explicó que la rebaja se debe a que el avance en el primer semestre del año fue menor del estimado anteriormente, mientras que en 2019 se mantiene la misma previsión anterior al existir “varios factores cuyos efectos se contrarrestan”.

Por un lado, menciona que “el comportamiento actual de la actividad está siendo ligeramente más dinámico de lo proyectado en meses previos, a lo que se unen los efectos positivos de la caída reciente del precio del petróleo”. Por otro lado, “la valoración de los mercados exteriores es más negativa respecto a septiembre”, lo que también explica la revisión a la baja para 2020.

En términos generales, el Banco de España prevé que el crecimiento de la economía española “continuará descansando en la demanda nacional”, aunque se prevé “una desaceleración en los próximos años”. Por el contrario, “la contribución negativa de la demanda exterior neta de 2018 se moderará a partir de 2019 hasta tornarse levemente positiva al final del horizonte”.

EMPLEO E INFLACIÓN

En lo que respecta al empleo, se proyecta una moderación de su crecimiento, mientras que la desaceleración de la ocupación “será más intensa” que la de la economía en 2019, “debido a que el escenario central de las proyecciones incluye los efectos de la subida anunciada, pero aún no aprobada, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para ese año”.

En cualquier caso, el organismos dirigido por Hernández de Cos estima que “la creación neta de puestos de trabajo propiciará descensos adicionales de la tasa de paro, hasta situarse, a finales de 2021, ligeramente por encima del 12%”.

En cuanto a la inflación, prevé una desaceleración del índice armonizado de precios de consumo (IAPC) en los próximos trimestres, ligada a una menor contribución del componente energético. En términos de la tasa de variación media anual, el IAPC crecería un 1,8% en 2018, y su avance se moderaría hasta el 1,6 % en 2019 y 2020. En 2021, se proyecta un ligero aumento de la inflación hasta el 1,7%.

Esta partida presupuestaria engloba el aumento de techo de gasto para tres programas en vigor, con lo que se destinará íntegramente a la renovación y la actualización de material de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa calcula que esta inversión generará al menos 8.500 empleos, directos e indirectos, en los próximos años. De este modo, se dio luz verde a la construcción de cinco fragatas F-110 por un valor de 4.325 millones de euros, que se invertirán entre los años 2019 y 2032. Las F-110 son fragatas polivalentes que incorporan un mástil integrado con sensores y antenas y a cuyos programas tecnológicos ya se han destinado 174 millones de euros.

Estas embarcaciones sustituirán a las seis fragatas de la clase Santa María, con 35 años de antigüedad, para mantener las capacidades actuales. Su construcción es uno de los pilares del plan estratégico de Navantia y garantiza carga de trabajo para la viabilidad de su astillero de Ferrol (A Coruña): 7.000 empleos durante nueve años (1.300 directos en la empresa pública, 2.000 en la industria auxiliar y 3.500 indirectos), según Defensa.

También se aprobó destinar un total de 2.100 millones de euros hasta el año 2030 en la construcción de 348 vehículos blindados VCR 8×8, conocido como ‘Dragón’. Sustituirán a los BMR, que fueron retirados de determinadas operaciones internacionales por sus deficiencias y carencias de seguridad para sus ocupantes.

En el nuevo vehículo, desarrollado íntegramente en España y que se irá entregando progresivamente hasta 2025, ya se han invertido más de 90 millones, habiendo sido sus prototipos desarrollados por el consorcio integrado por Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA.

El desarrollo de este programa redundará económicamente en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Trubia (Asturias), Aranjuez (Madrid), Andoain (Guipúzcoa), poblaciones en las que tienen plantas de producción las empresas que participan en el proyecto.

Defensa calcula que la construcción del nuevo vehículo blindado generará alrededor de 650 empleos directos y otros mil indirectos.

Por último, se aprobó dedicar 906 millones de euros hasta 2023 a la actualización y modernización del avión de combate ‘Eurofighter’, puesto que se habían agotado los 9.254 millones del presupuesto asignado.

De este modo, se podrán modernizar y adaptar estas aeronaves a las últimas tecnologías para que puedan competir en condiciones de igualdad con los del Reino Unido, Italia y Alemania, los socios europeos que participan en el proyecto del avión de combate europeo.

El ‘Eurofighter 2000’ es un programa de colaboración europeo en el ámbito de la OTAN para el desarrollo, producción y apoyo en servicio de aviones de combate en el que participan Alemania, Italia, Reino Unido y España.

España adquirió 73 aviones de este tipo. Actualmente, tiene 69 de ellos en servicio y en 2019 recibirá los cuatro restante. Se prevé que estas aeronaves agoten su vida útil en el año 2045.

Sin embargo, el Gobierno lo vende como una «inversión social», dado que permitirá «la continuidad de los astilleros de Navantia en Ferrol” y la creación de «7.000 empleos durante nueve años».

No obstante, son muchos los que recuerdan la evolución política que ha tenido el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de abordar cuestiones militares.

De hecho, en abril de 2014, en una entrevista en el diario ‘El Mundo’, el hasta entonces secretario general del PSOE llegaba de decir que sobraba el Ministerio de Defensa.

¿Qué Ministerio sobra y qué presupuesto falta?, le preguntaban los periodistas.

Falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género… Y sobra el Ministerio de Defensa, defendía Sánchez.

Unas declaraciones que más tarde tuvo que matizar el PSOE, y que fueron duramente criticadas.

En su carta a Aragonés, la también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad le indica que la intención al celebrar esta reunión en Barcelona es «dar continuidad a la iniciativa del Gobierno de España de acercar su labor a la realidad plural que constituye nuestro país».

«Se trata de una gran oportunidad para demostrar a la ciudadanía nuestro compromiso con la cooperación y el entendimiento, lanzando un mensaje nítido en favor de la convivencia», agrega Calvo. Es por ello que pedimos al Govern, la máxima colaboración en las labores organizativas de vuestro ámbito competencial vinculadas a la preparación y desarrollo de la reunión del Ejecutivo y de cuyos pormenores seréis oportunamente informados por la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Finalmente, Calvo le transmite a Aragonés que «como es habitual en situaciones semejantes, y así se lo comunicó en su encuentro el Presidente del Gobierno al President de la Generalitat, sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro con el que retomar la senda de diálogo constructivo que debe cimentar la relación entre nuestros gobiernos».

En la carta a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, la vicepresidenta le comunica también la celebración en la ciudad que gobierna de la reunión del Consejo de Ministros el próximo día 21 y le agradece de antemano «la colaboración que, como en cada ocasión en la que nuestra actividad se desarrolla en Barcelona, el Ayuntamiento presta, en el ámbito de sus competencias, para facilitar las cuestiones organizativas».

Así se pronunció el jefe de la diplomacia europea durante el comienzo de su intervención ante la Comisión Mixta ante la UE en el Congreso de los Diputados, en la que reflexionó sobre el auge de este tipo de movimientos que están apareciendo en la Unión Europea y que ha tenido en Andalucía -a través del resultado de Vox en las elecciones autonómicas en Andalucía- su primer foco de expresión.

Comentó que hasta esos comicios España había sido «inmune, hasta cierta a medida, a los movimientos nacionalpopulistas y xenófobos» que en Europa tienen su expresión en líderes como el italiano Matteo Salvini, el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marinne Le Pen o los alemanes de Alternativa para Alemania.

Tras las elecciones andaluzas, no podemos proclamar que estamos inmunes, porque ha emergido un partido que se parece a los que aparecieron hace un tiempo en Europa«, arguyó.

Ante tal constatación, creyó llegado el momento de analizar el nuevo tiempo político que se avecina sin caer en un «alarmismo irreflexivo que lleve a considerar negativamente la expresión de los ciudadanos» en las urnas y a ponderar «desapasionadamente» este «cambio de tendencia».

No obstante, vinculó que el auge de este tipo de formaciones políticas se debe al «incremento de la desigualdad» y a las «heridas sociales» provocadas por la crisis del euro en las sociedades europeas.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE en el Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el mismo día que dio comienzo en Bruselas un Consejo Europeo sobre el ‘Brexit’ y un día después de que la primera ministra británica, Theresa May, superase una moción de confianza auspiciada por el Partido Conservador para decidir sobre su continuidad al frente de la formación y del propio Gobierno británico.

Borrell se refirió a la suspensión por parte de May de la votación en el Parlamento británico del acuerdo del ‘Brexit’ con el objetivo de mejorarlo y acomodarlo a sus intereses. Lo hizo para recordar que los 27 Estados miembros concuerdan en que dicho acuerdo es la «mejor solución a un ‘Brexit’ no provocado, que es divisivo y lesivo para la sociedad británica», y para dejar claro que el texto no se renegociará.

CONSEJO EUROPEO

Abundó en que en la reunión del Consejo Europeo los jefes de Estado y de Gobierno sólo están por la labor de ofrecer «una clase de declaración que clarifique aquellos aspectos que susciten dudas sobre su interpretación.

Ante las dudas que surgen acerca de las dificultades que existen para que May concite los apoyos suficientes en la Cámara de los Comunes que avalen el acuerdo del ‘Brexit’, lo que provocaría una salida abrupta de los británicos de la UE, confirmó que el Gobierno «está acelerando e intensificando» la elaboración de aquellas «medidas necesarias» para que España afronte en las mejores condiciones «cualquier escenario que pueda presentarse» en la cuestión del ‘Brexit’.

Esto le sirvió para subrayar que «nadie desea y todo el mundo quiere evitar una salida abrupta, pero hay que prepararse para un escenario que no se puede descartar»: el de la salida británica de la UE sin acuerdo.

El ministro no eludió pronunciarse sobre la fórmula encontrada en el acuerdo del ‘Brexit’ referida a Gibraltar y a la polémica que ha surgido en España, promovida por el PP y Cs, acerca de la validez jurídica de la misma. Defendió que esta fórmula se encuentra en una declaración aneja del acuerdo «que forma parte integrante» del mismo «con la misma validez jurídica».

Presumió de que es «la primera vez que existe un norma de derecho primario de la UE que reconoce a España la capacidad de decidir sobre determinados aspectos del futuro del Peñón. Esto no es un logro menor».

Indicó que ha rubricado con su contraparte británica los memorandums de entendimiento respecto de Gibraltar. Estos memorándums de entendimiento son unos acuerdos políticos que versan sobre derechos de los trabajadores transfronterizos, medio ambiente y pesca, cooperación policial y aduanera, tabaco y fiscalidad. El referido a la fiscalidad no puede plasmarse en un acuerdo político, por lo que se tendrá que recurrir a un acuerdo internacional, que ha de ser aprobado en Consejo de Ministros y ratificado por el Parlamento español.

Contrapuso las cesiones que sobre el Peñón tuvo que realizar España para poder acceder a la UE, so pena de veto británico, con el logro alcanzado en las negociaciones: tras el ‘Brexit’, cualquier negociación que la UE entable con el Reino Unido sobre Gibraltar se ha de realizar de tal manera que España ha de dar su consentimiento. Esta fórmula, dijo el ministro, ha sido aprobada por los 27, por la Comisión, en su condición de órgano garante de los tratados, y por el propio Reino Unido.

Añadió que la fórmula encontrada para Gibraltar es vinculante según lo establecido en el artículo 31.2 b) de la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, en el que se establece que «para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración el tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado».

CRISIS MIGRATORIA

Borrell también abordó otras cuestiones que forman parte del panorama europeo. Una de ellas fue el de la crisis migratoria, para el que prescribió la cooperación con los países de origen y de tránsito y la colaboración con aquellos terceros países que son clave en la gestión de los flujos migratorios, como Marruecos, Mauritania y Senegal. A su vez, abogó por el combate contra las mafias que se dedican a la trata de personas aprovechándose de la migraciones.

Apostó por «distinguir entre quienes son solicitantes de asilo y quienes no», lo que le llevó a reflexionar sobre la conveniencia de reformar el sistema de asilo vigente y el reglamento de Dublín, al tiempo que alabó la creación de un marco europeo de visados humanitarios.

Por su parte, incidió acerca de la importancia de luchar contra las campañas de desinformación que han jugado un papel determinante, a su juicio, en el ‘Brexit’ y en el desafío independentista.

«La democracia puede estar enferma por la mala información. Tenemos mucha información, pero eso no ha aumentado la veracidad de esa información ni el volumen del conocimiento», dijo.

Por último, reivindicó el carácter «profundamente europeísta» de los españoles y el compromiso español con el futuro de la Unión Europea.

Entre otras medidas, el texto exige el establecimiento de criterios comunes a nivel nacional para determinar la prestación económica a la que tienen derecho las personas dependientes, así como la definición adecuada de esta profesión mediante un marco laboral propicio.

Ambos aspectos deberán ser impulsados por el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas y con las administraciones locales, y acordados dentro del Consejo Territorial de Servicios sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Promovida por el Grupo Popular, la iniciativa incluyó finalmente una enmienda del Grupo Socialista referida precisamente a la definición de criterios económicos nacionales y de un marco laboral común.

Además de por estos dos grupos, el texto contó con el apoyo de Ciudadanos. Unidos-Podemos se abstuvo por considerarla «una vaga declaración de intenciones».

ZAPATERO

En su exposición de motivos, la diputada popular María Dolores Alba mencionó las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) sobre la escasa implantación de la figura del asistente personal en España, «sobre todo si lo comparamos con países como Suecia, Noruega o Gran Bretaña, donde llevan 20 años de implantación».

«Estamos de acuerdo (con Zapatero y con el presidente de Predif) en que no es de recibo además que el acceso a esta posibilidad dependa de la comunidad autónoma de residencia, así como la prestación económica a la que se tiene derecho», añadió.

Según Alba, «queda mucho camino por recorrer» para llegar a la generalización de esta figura, que, de acuerdo con las asociaciones del sector, es lo más indicado para promover una verdadera autonomía de las personas en situación de dependencia.

«Estamos por tanto muy lejos» de lo previsto en la Ley de la Dependencia de 2006, agregó la diputada. La figura del asistente personal «debidamente formado y especializado resulta esencial no solo para fomentar la vida independiente, sino también porque impulsa la profesionalización y el empleo», y de ahí su necesidad, concluyó.

En el Congreso, el miércoles, la portavoz adjunta, Ione Belarra, preguntará a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, «qué medidas piensa implementar el Gobierno para acabar con las vulneraciones de derechos laborales y sociales y del derecho a la igualdad que sufre la ciudadanía española».

La diputada Ana Marcello preguntará a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, si considera que el acuerdo alcanzado con los sindicatos es una transición energética justa para los trabajadores y las comarcas mineras.

Desde En Comú Podem, Joan Mena preguntará al Gobierno si piensa abordar las reivindicaciones sociales en Cataluña con el Gobierno de la Generalitat. Este diputado también presentará una interpelación urgente contra la, para él, creciente segregación en el sistema educativo español a través de una nueva Ley de Educación.

La única pregunta del grupo no referida a temas sociales será la de Sergio Pascual, quien preguntará al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, cuáles son las razones por las que el Ministerio ha emitido un informe desaconsejando la celebración de un encuentro sobre la “descolonización inacabada del Sahara Occidental” del intergrupo para este tema, que se iba a celebrar el mes pasado en el Congreso pero para el cual la Mesa de la Cámara se negó a ceder una sala.

SENADO

El martes, en el Senado, las tres preguntas de Unidos Podemos serán de índole social. Maribel Mora inquirirá al Gobierno cómo pretende velar por la salud, la vida y la integridad física de los presos con el actual déficit estructural de plantillas en el ámbito de la sanidad penitenciaria.

Por su parte, Óscar Guardingo preguntará cómo va a cumplir el Gobierno con su acuerdo con Unidos Podemos para derogar antes de finalizar 2018 los aspectos más lesivos de la reforma laboral y mejorar la regulación.

Finalmente, Kontxi Palencia preguntará si el Gobierno piensa seguir sin convocar el Consejo Asesor del Juego Responsable, que no se reúne desde 2017.

Esta institución recordó que lleva años alertando de los peligros del fenómeno de contratar una doula, una persona sin formación sanitaria alguna, con el pretexto de buscar un parto más natural, y que tanto durante el seguimiento del embarazo como en el parto, las enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia -las matronas-, junto a los ginecólogos, proporcionan la asistencia sanitaria necesaria para garantizar la seguridad del niño y la madre.

Por ello, piden a las madres que no renieguen de la asistencia de una matrona o ginecólogo, porque cuando eligen por el parto natural, «en ocasiones están alentando a la participación en rituales sectarios propios de sociedades subdesarrolladas y contrarios a la salud pública y al sentido común, como comerse la placenta».

«La búsqueda de un parto más natural lleva a muchas mujeres a caer en manos de estas falsas profesionales sanitarias formadas gracias a unos poco rigurosos y muy lucrativos cursillos cuyos temarios son absolutamente dispares entre sí y abordan materias en las que abundan las terapias alternativas. Llama la atención también la formación de los profesores de dichos cursos: las propias doulas que tras superar su cursillo se lanzan a formar nuevas doulas; así como otros docentes que en sus currículos se autodenominan ‘renacedor certificado’, ‘sacerdotisas de la diosa’ y ‘yoga de la voz’, entre otros despropósitos similares», concluye la nota del Consejo de Enfermería.

Se pronunció así en el Congreso de los Diputados antes de entrar en la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde comparece hoy, acerca del Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo viernes 21 en Barcelona, que algunos sectores independentistas radicales, como los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), han calificado de provocación y preparan una “batalla” callejera de protesta.

“El presidente tiene intención de que el Gobierno se reúna no solamente en Madrid, sino en las grandes capitales de España. ¿Qué tiene eso de malo? Cuando se planteó no hubo ninguna objeción, no recuerdo que nos dijeran nada; ahora resulta que es una provocación”, se quejó el ministro. “No puede ser una provocación para ningún ciudadano español que el Gobierno de España se reúna en una ciudad o en otra. Eso no es un lenguaje aceptable”.

«ACUSACIONES TREMENDAS»

En otro orden de cosas, Borrell se refirió al debate de ayer en el Congreso con motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno, y a las “acusaciones tremendas” y “francamente muy injustificadas” que desde su punto de vista vertieron el PP y Ciudadanos “acusando al Gobierno de ser socio de los independentistas”.

“Lo que hemos intentado hacer es rebajar la tensión”, explicó. “Hemos heredado una situación muy tensa, muy conflictiva, muy crispada”. A través de encuentros bilaterales, continuó, “hemos hecho todo lo que hemos podido” para que “volvamos a una situación que permita aborda los problemas reales que afectan a los ciudadanos y que se pueden resolver a través de la cooperación” entre los gobiernos, que, recalcó, “estaba rota”.

“Recomponer una relación entre gobiernos para resolver los problemas que afectan a la gente es algo que tiene que existir por encima de la discrepancia fundamental, que existe y eso no se ha resuelto, acerca de la independencia, los referendos y otras cosas”, justificó, precisando que, a la vez, el Gobierno sigue “haciéndoles ver (a los independentistas) que las pretensiones de un referéndum de sedición, que es como realmente se llama la cosa, no lo va a haber”.

El indicador selectivo logró remontar la cota de los 8.900 puntos y coronar la sesión en los 8.926,30 puntos.

Dia encabezó las subidas con un rebote del 10,47%, seguida en avances por Iberdrola (2,37%). Pero destacaron de forma particular las ganancias en el sector bancario. Las cotizaciones de BBVA lograron una revalorización del 1,87%, mientras que el Santander ganó un 1,51%, Bankia un 1,16%, Bankinter un 1,13%, Sabadell un 0,84% y Caixabank un 0,65%.

En el lado de los descensos, los más significativos correspondieron a Indra (-2,82%), seguida de Viscofán (-2,70%), Acerinox (-2,28%) y Merlín Properties (-1,86%).

Entre las empresas de mayor capitalización en el selectivo español, Endesa se anotó alzas del 1,20%, Telefónica del 1,12% y Repsol se revalorizó un 1,12%.

Por su parte, la prima de riesgo osciló en el entorno de los 114 puntos.

A pesar de esos 6.828 periodistas desempleados -la cifra representa a los parados registrados como periodistas en primera opción en los servicios públicos de empleo-, se ha producido un pequeño descenso, por quinto año consecutivo, ya que la cifra de parados ha disminuido en 172 personas.

Pero esta cifra de periodistas en paro es aún un 50% superior a los 4.546 parados registrados antes de la crisis que comenzó en 2008, destacó Luis Palacio, director del informe.

La primera conclusión del informe, según Palacio, es la evidencia de que «los periodistas nos estamos moviendo en un entorno cada vez más complejo, tanto desde un punto de vista laboral -ya que la precarización sigue aumentando-, como desde el punto de vista profesional, debido a los continuos cambios tecnológicos y al endurecimiento de las condiciones de trabajo de los periodistas, sometidos a continuas presiones contra la libertad de información y el derecho a no revelar las fuentes”, señaló.

En relación con las dos especialidades en las que los periodistas trabajan -la información periodística y la comunicación corporativa-, “la situación evoluciona muy lentamente”, y entre quienes participan en la encuesta profesional, que este año han contestado 1.694 periodistas, desciende el porcentaje de quienes se dedican a la información (56%) y aumenta el de los que se dedican a la comunicación (44%). Palacio comentó que se aprecia que al periodismo “se dedican algo más los hombres”, mientras que en la comunicación corporativa hay más mujeres entre las contratadas.

La realidad, explicó el director del informe, es que la situación laboral de los profesionales del periodismo se va deteriorando poco a poco. Un año más, el paro y la precariedad que provoca es considerado el principal problema profesional por los periodistas encuestados.

La mayoría de los examinadores de tráfico estuvieron en huelga durante 65 días de lunes a miércoles entre el 19 de junio y el 13 de diciembre del año pasado en demanda del complemento específico salarial, una reivindicación que la Dirección General de Tráfico (DGT) trasladó sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esos paros causaron la suspensión de 220.764 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que tuvo acceso Servimedia. Las jefaturas más afectadas fueron Barcelona (22.884), Madrid (14.506), Málaga (10.965), Sevilla (9.938), Valencia (9.623), Murcia (8.714), Almería (7.245) y Alicante (7.184).

Este colectivo de funcionarios desconvocó los paros tras un acuerdo inicial entre todos los grupos parlamentarios del Congreso salvo el PP, que se comprometieron a incluir su demanda salarial en las cuentas estatales de 2018. Los populares se sumaron al final cuando se votaron los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, los examinadores de tráfico no han cobrado el complemento específico y convocaron nuevamente jornadas de huelga de lunes a viernes entre el 10 y el 21 de diciembre de este año. El pasado lunes se suspendieron cerca de 5.000 exámenes prácticos, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Ese mismo día, representantes del comité de huelga y de la DGT (en este caso, encabezados por su director, Pere Navarro) mantuvieron una reunión por la tarde tras la cual quedó desconvocada la huelga después de un acuerdo entre ambas partes por el que los examinadores de tráfico recibirán en una única nómina la subida salarial que les correspondería todo este año, pero no como complemento específico, sino como productividad y en diferentes conceptos.

CONFLICTO “ABIERTO”

El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, señaló este jueves a Servimedia que ese incremento salarial por productividad puede ser “pan para hoy y hambre para mañana”, mientras que el complemento específico es “para toda la vida”.

No obstante, apuntó que el comité de huelga aceptó esa subida de sueldo “de buena fe”, pero indicó que el conflicto laboral no ha terminado. “Si en el primer semestre de 2019 no hay una respuesta legal, tendremos que salir otra vez a la calle”, advirtió.

El problema legal es que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 recogen el aumento salarial de los examinadores de tráfico a través del complemento específico, pero también que el incremento en la nómina de los funcionarios durante este año no puede ser superior al 1,5%. Los policías nacionales y los guardias civiles estaban en una situación similar, pero ese entuerto legal se despejó en las cuentas estatales con una disposición adicional.

Por tanto, los examinadores de tráfico no tienen garantizada la subida de sueldo a partir de 2019 y pretenden que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), dependiente del Ministerio de Hacienda, modifique la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que conste el incremento retributivo correspondiente del complemento específico.

“No puedo permitir que nos llamemos a engaños creando un ambiente victorioso porque no lo es. El conflicto sigue abierto, aunque sea desde un prisma más sosegado para todos”, comentó Jiménez.