La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado la noche de este jueves del fallecimiento de un hombre de 77 años que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío afectado por el brote de virus de fiebre del Nilo surgido en el área de Coria del Río y La Puebla del Río.

Este mismo jueves, la directora del distrito sanitario Aljarafe, Rocío Hernández explicaba que el número de casos relacionados con el virus de la fiebre del Nilo, provocada por la picadura de un mosquito, ascendía a 35, dos más que el día anterior.

"De los 35 casos declarados en el brote, seis están confirmados, es decir, se ha detectado el virus en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo, y hay 19 probables que son pacientes de la zona epidemiológica, que se concentran en la zona de Coria del Río y La Puebla del Río, que principalmente cursaron con una meningitis aséptica", precisaba, agregando que "hay otros diez pacientes (sospechosos) pendientes de los resultados de laboratorio".

Según sus palabras, no ha habido un brote con tantos afectados antes en Andalucía, "aunque sí en Rumanía o Grecia". Además, indicaba que la edad media de los afectados se sitúa en los 60 años, y entre ellos hay más hombres (71%) que mujeres, destacando que "es una infección que cursa en el 80 por ciento de manera asintomática y menos del uno por ciento tiene sintomatología grave con afectación neurológica", para añadir que dentro de este porcentaje "hay una mortalidad descrita de en torno al 10%".

Igualmente, explicaba que la infección por el virus del Nilo Occidental es por la picadura del mosquito, que "es la que nos infecta" a los humanos, y ha añadido que es una infección que "además de a aves afecta a caballos", por lo que hay establecido "un sistema de vigilancia no solo para personas sino también para aves y caballos".

Asimismo, Hernández señalaba que el virus está en esta zona de Coria y La Puebla por la presencia de humedales y marismas, para añadir que las altas temperaturas y las lluvias de esta primavera "favorecen el crecimiento del mosquito, con un población este año superior a la de años anteriores".

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la suspensión cautelar del cierre del ocio nocturno decretado por la Consejería de Sanidad y que pedían los hosteleros del sector.

En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC,  los magistrados han desestimado la pretensión del gremio en el recurso interpuesto contra la decisión del departamento que dirige Miguel Rodríguez, consensuada entre el Ministerio y todas las comunidades ante el aumento de los contagios del coronavirus en todo el país.

La asociación de empresas del ocio nocturno recurrió el decreto y solicitó la suspensión cautelar del cierre de sus negocios para evitar "daños irreparables" al sector.

Ante esto, los magistrados señalan que "parte de los perjuicios que alegan los recurrentes, en lo que se refiere a sus propios negocios, son de carácter económico y, por ende, reparables".

Y aunque admiten que si la medida se prolonga "mucho" en el tiempo "se corre el riesgo de cierre definitivo" de negocios por "inviabilidad económica", se trata de una "eventualidad que no ha sido debidamente precisada, con los estudios técnicos detallados".

Alude además el TSJC a la "reparabilidad" de los perjuicios económicos, no solo los derivados de la resolución impugnada en el proceso -que sigue adelante- en el caso de que la sentencia final estime el recurso interpuesto, sino las compensaciones y ayudas que pueda establecer el Estado, dentro de la reactivación económica tras las restricciones en situaciones "tan graves" como la pandemia.

Y de la eventual pérdida de puestos de trabajo que podrían estar en riesgo si la medida se prolonga en el tiempo, los jueces recuerdan que "el Estado y las comunidades autónomas han proveído medios para la salvaguarda de los empleos" que "pueden continuar y ampliarse".

En el otro lado de la balanza tenemos el interés general sanitario, la funcionalidad del sistema público de salud, el derecho a la salud de las personas y su derecho a la vida", contrapone el TSJC, que considera "evidente" la prevalencia de estos intereses generales, valores y derechos sobre los intereses que los recurrentes, como también los son sobre otros, como los turísticos y culturales.

Recuerdan los magistrados al respecto que la orden de Sanidad del pasado 14 de agosto por la que se decreta el cierre de pubs, discotecas o salas de baile justifica la decisión en la evolución reciente de la pandemia y atendiendo a datos de contagios, hospitalizaciones y defunciones, tendencia que "pone en riesgo cierto dichos intereses y derechos".

A ello añade el TSJC en su resolución un "hecho notorio" avalado por datos científicos: "las facilidades transmisión del virus y el aumento exponencial de contagios que se puede producir de no tomar medidas efectivas de control y contención a tiempo". "Y fácil es entender que 'a tiempo' significa cuanto antes", apostilla el auto.

"En la ponderación de intereses del juicio cautelar, se trata de determinar en qué grado y medida los intereses o derechos traídos al pleito pueden verse minorados o desvirtuados por el tiempo que dura el proceso principal, hasta que se dicte la resolución que decida la tutela judicial definitiva de unos u otros; de verificar en qué medida el interés general exige la ejecución inmediata del acto, y en qué medida esa ejecución podría frustrar la eventual tutela definitiva del derecho defendido por la parte recurrente", concluye el TSJC, que no impone costas.

Tras conocerse el auto, el presidente de la Asociación de Empresas de Ocio Nocturno, Ángel Suárez, ha expresado en un comunicado la confianza del colectivo en una resolución judicial favorable del proceso, "pese a que el juzgado no ha valorado la necesidad de adoptar medidas urgentes".

Las medidas se aplicaran desde las 00.00 horas del 22 de agosto y se mantendrán mientras dure la situación de crisis sanitaria

La Junta de Castilla y León reducirá los aforos al 50 por ciento en la Comunidad, obliga a usar mascarillas en piscinas, permite terrazas en pubs en las mismas condiciones que el resto de establecimientos de hostelería y restauración y cierra las peñas, entre otras medidas, para tratar de frenar la expansión del coronavirus y ha pedido a la ciudadanía que limite su actividad al trabajo y al ocio con convivientes, familiares, compañeros de trabajo o amigos a los que ven habitualmente.

Así lo ha avanzado el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, en una rueda de prensa con motivo del Consejo de Gobierno de este jueves.

Igea ha apuntado que la Junta va ampliar el catálogo de medidas para frenar la expansión de la enfermedad al tiempo que ha trasladado el mensaje de que la situación es "preocupante" ante una incidencia que "sigue creciendo".

Sobre este incremento, el vicepresidente ha reconocido que no se produce al ritmo de anteriores semanas, pero "sí a un ritmo que preocupa profundamente", por lo que resulta "muy importante" frenar este crecimiento para no verse "obligados a utilizar otras herramientas".

"Si no conseguimos bajar la incidencia vamos a tener un problema", ha advertido Igea, quien ha recordado el uso de la mascarilla de manera continuada, así como el mantenimiento de las distancias de seguridad o el lavado de manos a la entrada y salida de cada establecimiento.

Entre las medidas, destaca que el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio en todo momento en las piscinas salvo durante el baño.

En cuanto a las limitaciones de aforos a aplicar a los diferentes sectores de actividad, como regla general, se reducen los aforos máximos permitidos a los diferentes sectores de actividad, que pasan del 75 por ciento al 50.

Así, la participación en los entierros pasa de un máximo de 75 personas a 50 y en las ceremonias o celebraciones nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles, se restringe la ocupación a un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 100 personas en espacios cerrados.

Respecto a la actividad de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas, el aforo para consumo en el interior de estos establecimientos no podrá superar el 50 por ciento en barra, y si es en mesa, no podrá superar el 75 por ciento del aforo en el caso de salas de hasta 40 comensales y del 50 en el caso de más de 40 comensales.

Además, prohíbe cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles o similares, al ser una actividad de elevado riesgo de transmisión comunitaria.

No obstante, mantiene el aforo máximo del 80 por ciento en las terrazas al aire libre que tengan autorizadas estos establecimientos.

En relación con el ocio nocturno, se extiende la medida de cierre que incluía discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo a todos los establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León si bien, se permite a estos establecimientos la apertura de terrazas al aire libre, en las mismas condiciones que el resto.

CIERRE DE PEÑAS

Así mismo, se acuerda el cierre de las peñas, posibles focos de contagio y de relajación por los asistentes a las mismas de las medidas de prevención y ante las dificultades de seguimiento y control de las personas que han participado en las actividades desarrolladas en las peñas ante la posible declaración de un caso o brote en las mismas.

En cuanto a las actividades desarrolladas en las sociedades gastronómicas, los establecimientos y locales de juego y apuestas y las atracciones de feria, se limita el horario máximo de apertura de dichos establecimientos al mismo que el establecido para el sector de la hostelería y restauración, la 01.00 horas.

Respecto de las actividades desarrolladas en los mercados y actividades análogas, se mejora la redacción del sector al que se le aplican dichas medidas, incluyendo las denominadas ferias comerciales al aire libre.

Por otra parte, como criterio general, la Junta no permite la celebración de ningún evento no regulado a lo largo del plan, que pueda constituir un evento multitudinario por concentrar una aglomeración de personas que comprometa cumplir la distancia de seguridad, tanto para espacios cerrados como al aire libre, salvo autorización expresa.

Para la autorización de estos eventos multitudinarios, se deberá realizar una evaluación previa de riesgo por los órganos competentes de la Consejería de Sanidad, continúa la Junta.

En el ámbito asistencial, y ante la actual situación, la Junta ve necesario adoptar determinadas medidas de aplicación temporal en materia de residuos para facilitar la gestión de los mismos por los centros sanitarios.

En el ámbito del sector del transporte, prevé, como medidas preventivas evitar, si es posible, contactos entre el personal de conducción y el personal de las empresas cargadoras, logísticas y de transporte de mercancías, así como la prohibición de consumir alimentos en el transporte público de viajeros en trayectos de duración inferior a dos horas, todo ello con el fin de minimizar los riesgos de transmisión del COVID-19 en dicho sector.

Finalmente, recoge otras medidas preventivas como procurar dar servicio preferente a las personas mayores de 65 años en determinados establecimientos y actividades de servicios profesionales y respecto de las instalaciones taurinas, prohibir el consumo de alimentos mientras duren los festejos y asegurar la salida del público de dichas instalaciones de una forma escalonada garantizando la distancia entre las personas.

Las medidas se aplicaran desde las 00.00 horas del 22 de agosto de 2020 y mantendrán su eficacia mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Son 67 positivos, 59 usuarios y ocho trabajadores, según los datos del Gobierno gallego

La Xunta de Galicia ha tomado la decisión de intervenir la residencia de mayores del municipio lucense de O Incio tras el brote de coronavirus detectado para "garantizar la calidad asistencial" y la "correcta protección" de usuarios y trabajadores.

Según los últimos datos actualizados del Gobierno gallego, hay un total de 67 positivos relacionadas con este brote. En detalle, son 59 usuarios -de los cuales dos están hospitalizados en el HULA- y ocho trabajadores infectados.

Las consellerías de Sanidade y Política Social han tomado la decisión de intervenir esta residencia tras la evolución epidemiológica. Ahora, los profesionales del Sergas harán un seguimiento médico constante de los usuarios y supervisarán la correcta aplicación de protocolos.

Tras conocerse el resultado positivo en COVID-19 de una trabajadora de la residencia, vinculada con el brote existente en el municipio de Monforte, se realizaron pruebas a todas las personas del centro, hasta un total de 190 PCR entre residentes y profesionales.

En concreto, son ocho trabajadores positivos entre los 74 que integran la plantilla del centro, así como 59 usuarios afectados de los cerca de 120 que allí residen.

Con todo, la totalidad de residentes con resultado positivo son asintomáticos, asegura la Consellería de Sanidade, que trasladó esta mañana de jueves un equipo sanitario hasta el centro. Por su parte, todos los trabajadores positivos guardan cuarentena en su domicilio.

La Audiencia Nacional ha denegado este jueves la medida cautelarísima que solicitaba la federación catalana de locales de ocio nocturno (Fecalon) para que se suspendiera la orden de Sanidad por la que se acordó el cierre de este tipo de locales a causa de los rebrotes de Covid-19. Ponderan que prima la salud pública al interés económico de las discotecas.

En el auto de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se rechaza por tanto este recurso contra la orden de 14 de agosto, y se explica en el fallo que si bien aprecian la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, deniegan la medida cautelar interesada contra la resolución primera de esa Orden del Ministerio de Sanidad "mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por covid 19".

Subrayan que en la ponderación de intereses en conflicto "goza sin duda de mayor intensidad el interés público, concretado aquí en la necesidad de proteger la salud pública, frente a la afección singularizada que sufrirán los titulares de los establecimientos de ocio y hostelería a quienes se refieren las medidas objeto de impugnación.

Además, desde la Sala apuntan que ha de tenerse en cuenta que la Orden ministerial impugnada y que se adoptó previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, viene, en cierta medida, a unificar las decisiones "que ya habían adoptado distintas comunidades autónomas". Así, recuerdan que enumera una serie de actuaciones coordinadas en materia de salud pública "pararesponder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos".

Con todo, la Sala indica que es evidente que se causan perjuicios a las empresas de ocio, de hostelería y restauración, pero insisten en que la decisión a adoptar en orden a la concesión o denegación de la medida cautelar la han tomado "desde la perspectiva de la ponderación de los intereses en conflicto, tal y como establece el artículo 130.1 de la Ley Jurisdiccional.

"Cobra así especial relevancia la circunstancia de que tales actuaciones -a las que se refiriere este recurso, junto a otras- se han adoptado "para atajar la situación de especial riesgo para la salud pública derivada del incremento de casos" de coronavirus, añaden.

"DAÑOS IRREPARABLES" PARA EL OCIO NOCTURNO

Fecalon pedía la suspensión cautelarísima, medida que podría adoptarse sin tener que escuchar a la otra parte, del apartado A.1 de la orden ministerial y que hace referencia al "cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuacionesmusicales en directo".

También querían que se suspendiera tanto la resolución B.4 en la que se establece "como horario de cierre de los establecimientos la1:00h como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes apartir de las 00:00h", como las trasposiciones efectuadas en las comunidades autónomas.

Los recurrentes apuntaban que esa orden acordada en periodo estival conlleva consecuencias negativas a nivel económico para la hostelería y el ocio, y que por tanto la tramitación urgente de la suspensión de la misma evitaría la producción de daños "irreparables" en las distintas actividades.

La Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana ha encargado a la comisión de expertos una propuesta de mecanismo transitorio que compense la infrafinanciación autonómica mientras no se apruebe el nuevo modelo.

El consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha celebrado una reunión con la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, y el director general de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera, Juan Pérez, para preparar el inicio del nuevo curso político, que estará marcado por el debate acerca de la reforma del sistema de financiación autonómica, ha indicado el consistorio en un comunicado.

En el transcurso de la reunión se ha abordado la necesidad de preparar e impulsar la labor de la Comisión de Personas Expertas de la Comunidad Valenciana para la Reforma del Modelo de Financiación tras haber conocido el informe de la Fundación Fedea sobre la liquidación de 2018 del sistema de financiación autonómica, del que se concluye que la autonomía es, una vez más, la "peor financiada" del conjunto de comunidades autónomas de régimen común.

La comisión, que se reunirá el próximo 3 de septiembre, ha recibido el encargo de la Consejería de Hacienda de trabajar en un documento que incorpore los mecanismos transitorios que permitan compensar la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, hasta que sea posible la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Asimismo, Soler también ha anunciado tras la reunión que el Consell está preparando las próximas citas de la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, tal y como ha indicado, la financiación autonómica y los objetivos de estabilidad presupuestaria constituirán el principal tema de debate.

El consejero Soler ha reiterado asimismo que "el Gobierno debe avanzar en la reforma del actual sistema de financiación, dotando a las comunidades autónomas de los recursos suficientes para desarrollar todas sus competencias, entre las que se encuentran la sanidad, la educación y la dependencia, repartiendo estos recursos mediante un criterio justo y transparente, al mismo tiempo que debe fomentar la corresponsabilidad fiscal".

Según Soler, "el informe recientemente hecho público por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) certifica que la infrafinanciación que sufrimos las valencianas y los valencianos alcanzó en 2018 los 1.350 millones de euros si se tiene en cuenta lo que recibe la media del conjunto de las autonomías, lo que supone que recibimos un 10% menos de financiación por habitante que la media, y hasta un 27% menos que las tres comunidades mejor financiadas.

Las comunidades de Cantabria (3.235 euros por habitante), La Rioja (3.174 euros) y Extremadura (3.104 euros) son las regiones mejor financiadas por el actual sistema, por encima de la media de las comunidades de régimen común (2.727 euros) y muy lejos de los recursos recibidos por cada habitante valenciano (2.455 euros).

"Pero esta infrafinanciación -ha añadido- es todavía más acuciante si se compara con lo que reciben comunidades como Galicia o Asturias, regiones con un mismo nivel de renta per cápita, dado que en este caso la diferencia se sitúa entre 2.290 y 2.540 millones de euros menos cada año". "Pese a ello, el Consell está realizando un esfuerzo sin precedentes para disponer de unos servicios públicos dignos y de calidad, porque las personas son la principal prioridad para este Gobierno", ha agregado.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que los fallos de funcionamiento del actual sistema de financiación tienen mayor relevancia en la actual situación económica generada por la Covid-19. Según Soler, "la caída de la recaudación no puede repercutir en los servicios sanitarios, educativos y de servicios sociales, que son gestionados principalmente por las comunidades autónomas". "Debe blindarse el Estado del bienestar frente a los ciclos económicos", ha apostillado.

De la misma forma, según Soler, "las elevadas diferencias de financiación per cápita que genera el sistema actual provoca que no todas las comunidades autónomas tengan la misma capacidad financiera para afrontar la recuperación económica y social en este segundo semestre del año".

Por este motivo, el consejero considera "urgente tanto la reforma del modelo como la adopción de medidas transitorias inmediatas para las comunidades infrafinanciadas, como trasmití a los expertos valencianos en la reunión del pasado 30 de julio".

Por último, el consejero ha realizado una valoración muy positiva sobre "el esfuerzo realizado por el gobierno central que ha dotado de liquidez y de recursos adicionales a las comunidades autónomas durante la etapa más dura de la pandemia provocada por la Covid-19 y que, en el caso de la Comunidad Valenciana, se ha traducido en más de 4.000 millones de euros ingresados hasta el momento, a los que se sumarán más de mil millones por el segundo tramo sanitario el tramo educativo y el de la caída de ingresos del Fondo Covid de 16.000 millones activado por el Gobierno".

Soler ha destacado asimismo que "el ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado criterios para el reparto de los fondos en los que ha primado la población, parámetros que deberían mantenerse en el reparto que se establezca en el nuevo sistema de financiación autonómica y que nos permita a los valencianos tener unos ingresos equiparables a la media de las comunidades de régimen común".