La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha propuesto que el futuro Plan de rehabilitación proyectado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluya un fondo de garantías para ayudar a las familias más vulnerables y afectadas por la crisis a financiar las obras de mejora y mantenimiento que requieran sus viviendas.

Andimac cree que este requisito es necesario para que las comunidades de propietarios puedan mejorar sus edificios y, así, fomentar una economía más sostenible y la creación de empleo.

La patronal reitera que los 2.000 millones de euros que se movilizarían durante los próximos dos años gracias a este plan evitarían el previsible desplome de la actividad en construcción y ayudarían a contener el empleo, fomentarían la confianza en la economía y equilibrarían el volumen de negocio del sector de los materiales de construcción.

Según sus previsiones, avanzado el otoño y en el próximo año se espera un "fuerte debilitamiento de la demanda de obra nueva, tensiones de impagos como adelantan las aseguradoras de riesgo y una caída de las actuaciones de rehabilitación".

Además, Andimac sostiene que el futuro plan representa una "gran oportunidad" para fomentar un urbanismo sostenible al actuar de forma decidida sobre el patrimonio construido "muy envejecido y con grandes deficiencias habitacionales".

PIDE REJUVENECER EL PARQUE A UN RITMO DEL 1,8% ANUAL

Por ello, insta al Gobierno a rejuvenecer un parque que avejenta a un ritmo del 1,8% anual, mientras la rehabilitación edificatoria afecta únicamente al 0,15% del mismo.

De acuerdo con Seopan en relación al estudio de inversión en rehabilitación en Alemania, los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, generan 18 puestos de trabajo por millón de euros invertido, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención, y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

En este sentido, Andimac defiende que este programa, enmarcado en el Plan de Inversiones y Reformas 2020-2022 que el Ejecutivo diseña para canalizar los fondos de recuperación que espera recibir de la UE, contribuirá a reactivar la economía tras la crisis del coronavirus, y reitera que la reforma y la rehabilitación representan más del 40% del valor de los materiales del conjunto de la construcción.

De forma paralela, la patronal remarca que el envejecimiento de las viviendas es uno de los principales agravantes del cambio climático, en la medida en que hasta un 40% de las emisiones que se registran en las ciudades proceden del consumo de energía en hogares y edificios que son "una fuente inagotable y peligrosa de contaminación.

Finalmente, en el marco de la reforma fiscal que ha defendido Sánchez, Andimac estima que recuperar la deducción en el IRPF por reformar la vivienda habitual beneficiaría a unos 270.000 contribuyentes, que podrían deducirse unos 100 millones de euros.

"Ese ahorro incrementaría el número de obras de mantenimiento y mejora, y tendría un mayor retorno para las arcas públicas vía IVA", asegura, al tiempo que señala que serviría para acabar con la competencia desleal y supondría un incentivo para aflorar unos 8.000 millones de euros de economía sumergida.

Otra medida de corte fiscal que podría tener un importante efecto en el sector de la reforma y, por ende, en el de la construcción sería la rebaja al 10% del IVA de los materiales para profesionales. Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, "la reforma y la rehabilitación serán determinantes para lograr un modelo de negocio más sostenido y sostenible para el sector de la construcción y la economía del país en su conjunto".

Andorra ha diagnosticado 46 nuevos casos de COVID-19 en los últimos tres días, desde la última actualización de los datos epidemiológicos el viernes por la tarde.

El total acumulado de afectados desde el inicio de la emergencia sanitaria asciende a 1.261 personas, según ha informado este lunes el Gobierno de Andorra a través de su portal web.

Desde el viernes han recibido el alta médica seis personas que se habían infectado de coronavirus SARS-CoV-2 y que ya están curadas, y el total de pacientes que ha superado la enfermedad desde el marzo es de 934.

Este lunes hay 274 casos de infección de coronavirus SARS-CoV-2 en activo, lo que son 40 pacientes más que el viernes, cuando había 234.

De los casos activos hay 4 ingresados en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell, pero ninguno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni requiere ventilación mecánica.

Un total de 53 personas han muerto con Covid-19 desde el inicio de la pandemia, la última de ellas el pasado 10 de agosto: se trataba de un paciente que, a pesar de superar la infección, no sobrevivió a sus secuelas.

TESTS

El ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, informó el pasado viernes que a fecha de 31 de agosto se habían realizado en Andorra un total de 46.546 pruebas diagnósticas --sumando PCR y TMA-- para detectar el virus, y cerca de 140.000 pruebas serológicas para detectar anticuerpos.

Según el titular de la cartera de Salud, se está diagnosticando la base de la pandemia, llegando a aquellos casos que al inicio pasaron desapercibidos, ya que en Andorra se ha establecido un sistema para facilitar el cribado de aquellos que sin tener síntomas puedan sospechar de un contagio.

Andalucía ha registrado este lunes nueve muertes por coronavirus --la mayor cifra desde principios de agosto-- y un incremento de 661 nuevos casos de Covid-19 confirmados por PCR, con lo que sigue bajando el ritmo de contagios, después de que este domingo se incrementasen en 680 los nuevos casos tras tres días consecutivos superando los 1.000 en 24 horas, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, que ha anotado 52 hospitalizados más.

La provincia que suma mayor número de positivos en 24 horas es Sevilla con 131, seguida de Málaga con 126, Almería con 125, Cádiz con 98, Granada con 71, Córdoba con 54, Jaén con 49 y Huelva con siete.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 4.728 casos diagnosticados por PCR, con 344 hospitalizados, 22 ingresados en UCI y 38 fallecidos en toda Andalucía.

La Consejería ha informado también en relación con el brote declarado en la Residencia El Zapillo de Almería que el número de casos positivos sigue siendo el mismo --116)-- en las últimas 24 horas, pero se ha producido una nueva defunción, con lo que en total son once, mientras que no hay cambios en el brote de la Residencia El Manantial de Terque (Almería), ni en el de la residencia de mayores Fardes de Benalúa (Granada).

Por su parte, en el brote de la Residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) hay 25 positivos --20 residentes y 5 trabajadores-- y en el de la residencia de Luque (Córdoba) también hay 25 confirmados --18 residentes y 7 trabajadores--. En cuanto al brote de la residencia de discapacitados Prodicco de Coín (Málaga) se ha producido un fallecimiento y hay 47 positivos --26 residentes y 21 trabajadores--.

En el brote de la residencia de discapacitados Mater et Magistra, también en de Mairena del Aljarafe, se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas, con lo que en total son dos, y el número de casos positivos asciende a 39, 28 residentes y 11 trabajadores.

Con respecto al brote en la residencia Centro Puerto Luz Resort, de El Puerto de Santa María (Cádiz), Salud ha indicado que hay 127 casos confirmados --104 residentes y 23 trabajadores-- y que no haycambios en el del Centro de Discapacitados Afanas-Santa Beatriz de esta misma localidad gaditana. Finalmente, en el brote en la residencia Vitalia Teatinos de Málaga hay 33 casos confirmados --27 residentes y 6 trabajadores--.

Además, este lunes hay 52 nuevos hospitalizados, al sumar 16 en Málaga, siete en Sevilla, once en Cádiz, nueve en Córdoba, seis en Almería, cuatro en Granada y ninguno en Jaén y restar uno en Huelva. Respecto a las personas que han pasado por una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han sumado cuatro en 24 horas.

Actualmente, 698 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 110 se encuentran en UCI. Málaga continúa como la provincia andaluza con más hospitalizados con 212, de los que 30 están en UCI también la provincia con más hospitalizados en este Unidad--, seguida de Sevilla que tiene 116, 13 en UCI; Cádiz con 94 hospitalizados, 17 en UCI; Córdoba con 85, once en UCI; Almería con 84, 18 en UCI; Granada con 77 pacientes, 14 en UCI; Jaén con 27, seis en UCI; y Huelva con tres, uno en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 36.081 casos confirmados por PCR, 661 casos en 24 horas, después de sumar 680 este domingo, 1.030 este sábado, 1.021 este viernes, 1.038 el jueves, 884 el miércoles, 955 el martes y 592 el lunes. La comunidad alcanza las 1.553 muertes por Covid-19, tras sumar nueve fallecidos en 24 horas, cuatro en Cádiz, dos en Granada y uno en Almería, Málaga y Sevilla.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 7.730, 52 más en 24 horas, después de subir en 41 el domingo, 105 el sábado, 72 el viernes, 57 el jueves, 70 el miércoles, 76 el martes y 19 el lunes. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se sitúa en los 896 tras sumar cuatro en 24 horas y el número de curados llega a los 19.318, 147 más en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.553 muertes en Andalucía, Málaga se sitúa como la provincia con más fallecidos con 303 --uno más--, seguida de Granada con 302 --dos más--, Sevilla con 300 --uno más--, Jaén con 194, Cádiz con 190 --cuatro más--, Córdoba con 124, Almería con 88 --uno más-- y Huelva con 52.

SEVILLA SUMA 131 PCR POSITIVOS

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 36.081 desde el inicio de la pandemia --661 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 9.291 --126 más--, seguida por Almería con 5.656 --125 más--, Sevilla con 5.536 --131 más--, Granada con 4.783 --71 más--, Cádiz con 3.882 --98 más--, Córdoba con 3.546 --54 más--, Jaén con 2.590 --49 más-- y Huelva con 797 --siete más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 7.730 en Andalucía --52 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.876 --16 más--, seguida por Sevilla con 1.398 --siete más--, Granada con 1.360 --cuatro más--, Jaén con 831, Cádiz con 742 --once más--, Córdoba con 682 --nueve más--, Almería con 606 --seis más-- y Huelva con 235 --uno menos--.

De ellos, 896 han pasado por la UCI en toda Andalucía --suma cuatro casos en 24 horas--, con la provincia de Málaga a la cabeza con 187, seguida de Sevilla con 168, Granada con 142, Jaén con 98, Cádiz con 95, Córdoba con 88, Almería con 85, y Huelva con 33.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 19.318 en toda la comunidad tras sumar 147 en 24 horas --lejos de los 564 de este sábado--, con Málaga a la cabeza con 4.385 --tres más--, seguida de Sevilla con 3.205 --28 más--, Granada con 3.047, Jaén con 2.036, Córdoba con 1.866, Cádiz con 1.828 --25 más--, Almería con 2.432 --91más-- y Huelva con 519.

SEGUNDA MENOR INCIDENCIA NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

El Ministerio de Sanidad detalla los casos confirmados por PCR en la última semana y en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y sitúa a Andalucía en la mitad inferior del ranking en ambas variables, con la quinta y segunda menor incidencia de toda España, respectivamente.

Andalucía sumó la víspera 250 casos confirmados por PCR, registró 10.442 en los últimos 14 días con una tasa de 124,10 por cada 100.000 habitantes --inferior al 229,83 nacional-- y 4.734 en los últimos siete días con una tasa de 56,26 --por debajo del 105,72 nacional--. Además, 2.976 personas han iniciado síntomas en los últimos 14 días y 757 en los últimos siete, con la quinta y octava menor tasa por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

El Ministerio también informa sobre la situación de la capacidad asistencial y la actividad relacionada con el Covid-19 por comunidades autónomas y apunta que Andalucía contabiliza 800 pacientes ingresados por esta enfermedad, 120 de ellos en UCI, lo que supone que el 5% de camas están ocupadas por pacientes con Covid-19. Además, registra 113 ingresos y 41 altas relacionadas con la enfermedad en las últimas 24 horas.

EPES RECIBE MÁS DE 32.000 LLAMADAS ESTE DOMINGO

Salud ha apuntado también que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 6 de septiembre 13.189.534 llamadas por todas las líneas, recibiendo 32.253 este domingo.

De ellas, los ocho Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaronel 29,7% de llamadas, el 63,4% fueron atendidas desde el 955 54 50 60 de Salud Responde y a través del 900 40 00 61, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 6,9% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 428.080 llamadas.

El Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos) han fijado para este jueves la primera reunión de negociación para la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo la próxima semana, según han informado fuentes sindicales.

Así lo han acordado en la reunión técnica que se ha celebrado este lunes por la tarde para la prórroga de los ERTE, en la que las partes han consensuado fijar el jueves para la primera reunión de la negociación de esta nueva etapa de los ERTE.

Para ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social trasladará previamente un texto a la patronal y los sindicatos para debatirlo, según han indicado las mismas fuentes, que explican que el objetivo es alcanzar un acuerdo para la semana que arranca el 14 de septiembre.

Precisamente, este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que en el Gobierno están "dispuestos" a extender la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismo que actualmente afecta a 700.000 trabajadores, si bien ha indicado que lo "importante" es continuar con la reactivación de los puestos de trabajo, para lo que se están estudiando determinados incentivos.

La reunión de la mesa técnica de este lunes se ha producido después de que el viernes pasado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abrieran junto a los principales representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO la comisión tripartita de diálogo sobre ERTEs en Palma de Mallorca.

Tanto Escrivá como Díaz confiaron en alcanzar un acuerdo definitivo para prorrogar esta herramienta más allá de finales de mes y "sin dejar a nadie atrás". Díaz destacó que este lunes arrancan "con fuerza" los trabajos técnicos para concretar la prórroga de los ERTEs, y apuntó que todas las partes se han comprometido "a no agotar los tiempos de negociación" de los que disponen.

En el encuentro celebrado en Palma de Mallorca, los agentes sociales pusieron encima de la mesa multitud de propuestas y los ministros se comprometieron a debatir y estudiar todas y cada una de ellas. "Seguramente todos vamos a trabajar en una única dirección, que es salvar a nuestro país", apostilló Díaz.

Junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa este jueves será evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días. No obstante, el viernes pasado quedó claro que parece haber consenso entre todas las partes y que están a favor de esta petición de los sindicatos.

Para UGT y CC.OO., es absolutamente necesario renovar la regulación de los ERTE para que sean la "alternativa" a los despidos, así como mantener los ERTE de rebrotes para aquellas actividades que han tenido que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones.

De su lado, los empresarios defenderán la necesidad de focalizar las exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellas empresas que están cerradas, planteamiento que fue visto con buenos ojos por parte del Gobierno en el encuentro del viernes.

La naturaleza de los hechos delictivos de los que conoce la Audiencia Nacional provoca que aquellas personas que deben participar en el procedimiento, tales como testigos y peritos, estén expuestas a represalias por los imputados o su entorno, según advierte la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la última Memoria del Ministerio Público, conocida este lunes. Por ello, los fiscales de este órgano reclaman una reforma urgente de la Ley Orgánicade Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, que data de 1994.

La norma, que en su momento supuso un avance importante, está según la Fiscalía "necesitada de una reforma urgente, más amplia y detallada que abarque todas las situaciones que se han producido con el avance de la delincuencia y de los grupos organizados".

Entre los requisitos de la reforma, los fiscales apuntan el establecimiento de un programa de seguridad personal elaborado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o Cuerpos Policiales Autonómicos análogos adscritos a este tipo de Servicio y especializados en la materia; así como asistencia íntegral y especializada al testigo.

TERAPIA PSICOLÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO

Esta asistencia debería icluir, según los fiscales, terapia psicológica continuada, facilitación de recursos para un alojamiento seguro, apoyo para la reinserción laboral, social y familiar y ayuda y acompañamiento en todo tipo de gestiones administrativas (empadronamiento del testigo, gestión de las tarjetas de residencia y sanitaria, tramitación de demandas de empleo etc.).

También debería facilitarse a los colaboradores con la justicia cualquier cambio de identidad que sea necesario practicar como consecuencia de su condición de protegido, asegurando que las resoluciones judiciales que así lo acuerden sirvan para realizar cualquier cambio u asiento en el registro correspondiente.

Otro punto pasa por dotarles de información acerca de las ayudas económicas que pudieran corresponder, así como su solicitud ante el Ministerio de Economía y Hacienda o el órgano administrativo que corresponda en cada situación. El acompañamiento al testigo, según detalla la Memoria, debería extendersea sus comparecencias en dependencias policiales y órganos judiciales para la práctica de diligencias y en la celebración de la vista oral.

Además, los fiscales señalan la necesidad de activar alertas penitenciarias que permitan conocer, con antelación, las salidas de los autores del delito como consecuencia de permisos penitenciarios o por licenciamiento definitivo y reforzar las medidas de seguridad adoptadas, en caso de ser preciso.

ENFOQUE EN LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Al igual que viene ocurriendo en los últimos años, la Memoria de la Fiscalía correspondiente a la Audiencia Nacional vuelve a insistir en la necesidad de redefinir este órgano judicial para convertirlo en una institución judicial "especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también de la delincuencia organizada de todo tipo y finalidad y de la delincuencia económico-financiera de mayor gravedad, del crimen organizado nacional y transnacional.

En particular, los fiscales de la Audiencia se refieren a la actividad de las redes organizadas dedicadas a los tráficos ilícitos de personas en sus diferentes modalidades (prostitución y trata de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral, etc.), el tráfico ilegal de armas, explosivos, material nuclear, biológico, químico, el blanqueo de dinero procedente de cualquier tipo de delito; de los ataques más graves contra la Constitución y el orden público, rebelión, sedición, contra la Corona, contra las instituciones del Estado, de los delitos contra la seguridad exterior del Estado y los relativos a la defensa nacional y de la delincuencia organizada de alto nivel.

A su juicio, el actual marco jurídico regulador de las competencias de la Audiencia Nacional ha sido sobrepasado por la propia realidad. "Examinado el panorama nacional y el de los países que componen nuestro entorno jurídico y cultural, podemos ver cuáles son las formas de criminalidad más importantes de estos últimos años y sobre cuáles de ellas se pone el foco de manera recurrente", añade la Memoria.

CIBERTERRORISMO, LA "AMENAZA HÍBRIDA"

Se trataría, según abunda el documento el terrorismo en todas sus facetas (nacional, internacional y ciber), las amenazas híbridas, que no dejan de ser una nueva forma de ataque a los estados aprovechándose de las nuevas tecnologías, la trata de seres humanos con todas sus finalidades (de explotación laboral, sexual, etc.), la explotación sexual y la pornografía infantil (hayan tenido lugar en territorio nacional o en el extranjero e independiente de la nacionalidad de sus autores), la delincuencia económica y la ciber-criminalidad, entre otras.

En todos estos supuestos y en otros muchos que no son competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es obvio que la existencia de una jurisdicción centralizada y única, se convierte en un elemento de primer orden para combatir esta criminalidad, según la Fiscalía.

La suspensión de las mismas había sido solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado este lunes un auto por el que deniega la suspensión de la medida de limitación de aforos en los lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles establecidas por la Junta de Castilla y León como medida sanitaria preventiva para la contención de la COVID-19 en Valladolid. Esta suspensión había sido solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos.

El auto conocido hoy señala que, frente al interés que alega esta asociación, la medida recurrida, como han argumentado los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, no impide ni el ejercicio de la libertad de culto, ni el derecho de reunión, según ha indicado la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, añade que las medidas adoptadas por la Administración autonómica tienen una duración temporal de siete días, por lo que no se pueden considerar ni arbitrarias, ni desproporcionadas.

En cualquier caso, el auto refleja que, frente a las demandas de la Asociación de Abogados Cristianos, se debe tener en cuenta el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, ya que las medidas acordadas por la Junta de Castilla y León tienen por objeto evitar la propagación de la enfermedad, al entender insuficientes las medidas que ya estaban en vigor.

Otro de los argumentos aportados por la sala de lo Contencioso está el hecho de que para adoptar medidas cautelares es necesaria la existencia de daños imposible o difícil reparación, algo que no ha sido demostrado por los demandantes.

De tal manera, una vez pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se mantiene en vigor la medida aprobada por la Junta de Castilla y León que establece que en los lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles deberá respetarse un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 en espacios cerrados, sin superar en ningún caso un tercio del aforo máximo permitido.

Medida que forma parte, entre otras, del anexo de la Orden de la Consejería de Sanidad aprobada el pasado 1 de septiembre para la prevención y contención de la COVID-19 en el municipio de Valladolid.

La banda terrorista Resistencia Galega está considerada "desarticulada casi al completo" por la Fiscalía General del Estado, después de que en todo el año 2019 "no se han registrado acciones terroristas" por parte de este grupo. Es más, según se desprende del Informe Anual del Ministerio Público publicado este lunes, no ha cometido ningún atentado desde el artefacto explosivo detonado en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) en 2014.

De acuerdo con el documento de Fiscalía, dado a conocer con motivo de la apertura del año judicial 2020/2021, la labor policial y judicial "ha producido una importante merma" en las "estructuras operativas" de Resistencia Galega, que se dio a conocer en el 2005.

No obstante, en el mismo Informe Anual, recogido por Europa Press, se señala que "a pesar de la debilidad mostrada" por la organización, esta "continúa representando una amenaza". Así, recuerda las detenciones de los "máximos responsables" del grupo, que se produjeron en Vigo el 15 de junio de 2019 --tres por un delito de pertenencia a organización terrorista, uno por colaboración con organización terrorista y otro por daños a vehículos--.

"Tras esta operación se da por desarticulada casi al completo la organización", añade la Fiscalía General del Estado.

Actualmente, hay ocho personas --dos más que en el informe del año anterior-- que cumplen penas de prisión por su vinculación a Resistencia Galega, de los que cinco se consideran integrantes del denominado Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CPIF).

Cabe resaltar, señala también Fiscalía, que el grupo no ha emitido ningún comunicado ni ha editado ningún número de su revista, 'A Guerrilheira', desde 2016. En esta publicación, recoge el documento, se trataba de "concienciar al independentismo radical de que la lucha armada era un instrumento necesario para alcanzar una Galicia independiente".

TERRORISMO ANARQUISTA

Aparte de la acción de Resistencia Galega, el Informe Anual de la Fiscalía General del Estado recoge la detención de una persona en Lugo por un delito de atentado contra agentes de la autoridad dentro del llamado "terrorismo anarquista", que en toda España opera a través de acciones individuales y grupos adheridos a la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI).

Los objetivos atacados en 2019 en todo el Estado fueron principalmente cajeros automáticos, entidades bancarias, vehículos de inmobiliarias y empresas de seguridad, así como vehículos y motos eléctricas de alquiler de empresas dedicadas a ello, sedes de partidos políticos e iglesias.

Aunque la actividad violenta el año pasado, destaca Fiscalía, "se focalizó en Madrid y Barcelona", hay otras áreas geográficas donde se hallan actualmente "los principales focos de activistas insurreccionales, teniendo incidencia en cinco ocasiones en A Coruña".

Concretamente, además de una persona detenida en Lugo, se registraron en la Comunidad gallega cuatro acciones contra la propiedad --tres en Santiago y una en A Coruña--, y una quinta contra la propiedad pública en Santiago.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada destaca que en 2019 se ha dado un incremento en el número de procedimientos penales incoados y un descenso en el de diligencias de investigación. Así, los primeros han pasado de 678 en 2018 a 746 en 2019, mientras que se iniciaron 26 investigaciones penales en 2019 frente a las 38 de 2018.

Según refleja la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2019, a esa cifra se debe añadir 46 diligencias de investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2018, lo que implica que durante el 2019 se estuvieron tramitando un total de 72 diligencias de investigación.

Por otro lado, sobre el número de escritos de acusación, la cifra (40) es similar a la de 2018. Apuntan que han crecido las sentencias condenatorias dictadas en primera instancia en procedimientos en los que ha intervenido Anticorrupción (39), frente a las 28 del año pasado.

Además, desde Anticorrupción destacan que en 2019 se registraron 2.828 escritos y denuncias ante la Fiscalía frente a 2.736 del año 2018. Sobre los registros de salida, apuntan que fueron 7.323, frente a los 8.179 del año 2018.

ESCRITOS DE ACUSACIÓN

En cuanto a los escritos de acusación, indican que en 2019 se formularon hasta 40, uno menos de los presentados en 2018. "Es de resaltar que los tipos penales por los que se formuló más frecuentemente una acusación fueron los delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y el contrabando (33), los de malversación de caudales públicos (28), los de prevaricación administrativa (25), los de blanqueo de capitales (17), fraude contra la Administración (9), cohecho (9) y los de defraudaciones (8)", añaden.

En el apartado de recomendaciones de la Fiscalía Especial, destacan la necesidad de contar con un nuevo marco procesal en el que los fiscales asuman la investigación de as causas penales y ven imprescindible que se dé una mejora de los cauces de detección de la corrupción en España. Lamentan que las peticiones al respecto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la OCDE o de organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional "siguen sin ser atendidas por el legislador.

También insisten como en memorias de años anteriores en que los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción estén aforados ante el Tribunal Supremo, y que asuman además nuevas funciones en materia de cooperación internacional, concretamente sobre las extradiciones y las órdenes europeas de detención y entrega.

En este orden de cosas, reclaman también la tipificación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito ya que "colmaría las pocas lagunas punitivas que todavía en materia de corrupción quedan en el Código Penal".

PROTECCIÓN DE INFORMANTES

Por otro lado, celebran que haya visto la luz la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Apuntan que garantizará una protección en toda la UE para los informantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE entre otras, en materia de contratación pública, servicios financieros y blanqueo de capitales.

Recuerdan al hilo, que esta directiva se aplicará a todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros, las cuales deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades.

"La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público. Por lo tanto, contempla salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación", añaden.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha sentado este lunes con sus once conselleiros en el primer Consello de la Xunta de un cuarto mandato que, según ha ratificado el propio mandatario autonómico, tendrá combatir la COVID-19 en su perspectiva sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales como "prioridad" transversal.

La reunión de esta jornada, habitual tras cada toma de posesión, tiene un carácter sobre todo simbólico. Fuentes de la Xunta consultadas, como es habitual, habrá que esperar a la próxima reunión ordinaria del Consello que tocaría el próximo jueves para que se cierren los primeros acuerdos.

En esta coyuntura, la cita de este lunes ha servido como toma de contacto, aunque Feijóo advirtió en la toma de posesión de los conselleiros que la coyuntura de la pandemia pone la mesa tareas "urgentes" y no habrá "cien días" de margen, como es habitual.

Así, al margen del reto global de la pandemia "en todas sus vertientes", el presidente ya ha marcado algunas prioridades para su nuevo equipo, al que ha advertido de que ser conselleiro "no es un regalo, ni un premio, ni un cheque en blanco", sino una responsabilidad. Este mismo lunes insistió, por ejemplo, en que el diálogo será fundamental.

Al respecto, ya ha anunciado su intención de impulsar en el Parlamento una comisión para tratar de sentar las bases, entre todas las fuerzas políticas, de un pacto por la reactivación de Galicia. Y ha dicho que entre sus primeras medidas estará convocar la Mesa del Diálogo Social.

PRESUPUESTOS, REGRESO A LAS AULAS Y LA "RENOVACIÓN" DEL SERGAS

Tras la salida de Jesús Vázquez Almuiña y Carmen Pomar del Ejecutivo, el nuevo responsable de la cartera de Sanidade, Julio García Comesaña, y Román Rodríguez, que vuelve a ocuparse de las competencias educativas reagrupadas con las culturales, tendrán los focos sobre su gestión.

García Comesaña dirigirá Sanidade en un escenario de pandemia. Para hacerlo, previsiblemente se adaptará la estructura sanitaria de la Administración. Entre otras cuestiones, Feijóo anunció su intención de "reforzar" el área de Saúde Pública. Y tendrá un reto a cuatro años vista: acabar la "renovación integral" del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En el apartado de tareas "urgentes" está también el arranque del nuevo curso escolar, con la comunidad educativa muy crítica y preocupada ante la incertidumbre de una vuelta a las aulas marcada por la COVID, y una huelga ya anunciada.

Además, entre otros retos inmediatos, está también la elaboración de los presupuestos para el año próximo, cuestión en relación a la que Feijóo se ha quejado reiteradamente de la falta de "información" sobre los recursos de los que dispone por parte del Gobierno central.

Los españoles mayores de 18 años consumieron en julio 2020 un total de 4 horas y 37 minutos (277 minutos) de contenidos audiovisuales, ya sea por televisión o internet, desde el ordenador o el móvil, un descenso de 33 minutos (-11%) con respecto al mes de junio.

Así se desprende del 'Informe TV: El Rosco del Consumo Audiovisual', correspondiente al mes de julio de 2020 de Barlovento Comunicación, con datos de Kantar y Comscore.

Asimismo, el estudio apunta el 86% del consumo total se refiere a tiempo dedicado a televisión y el 14% a Internet. Youtube representa el 12% de todo el consumo audiovisual, con 33 minutos por persona al día.

Por edades, los jóvenes de entre 18 a 24 años, dedicaron 3 horas y 5 minutos (185 minutos) a consumir contenido audiovisual en el mes de julio, lo que supone un descenso de 20 minutos (-10%) en la comparativa con el mes anterior. En este grupo, la cuota de Youtube asciende al 38%, con 71 minutos de consumo diarios por persona.

Respecto a los adultos de 25 a 44 años, el estudio muestra que el consumo audiovisual diario en julio 2020 fue de 3 horas y 40 minutos (220 minutos) de promedio por persona, 31 minutos menos (-12%) que en el mes de junio. El consumo de Youtube fue de 51 minutos, lo que supone el 23% del total.

En el caso de los maduros de 45 a 54 años, el consumo audiovisual diario registrado en julio fue de 4 horas y 35 minutos (275 minutos) de promedio por persona, 32 minutos menos que en junio. El consumo de Youtube es de 30 minutos, el 11% del total.

Sobre los mayores de 55 años, el consumo audiovisual diario fue de 5 horas y 40 minutos (340 minutos) de promedio por persona, merma de 40 minutos en relación al mes de junio. El visionado a través del televisor supone el 96% del total, mientras que el restante 4% es a través del ordenador o el móvil. El consumo de Youtube es de 12 minutos, lo que representa el 4% del total.

A lo largo de 2019 se han producido un total de 695 accidentes laborales mortales, de los cuales 542 fueron en jornada de trabajo y 153*''in itinere' según refleja la última memoria de la Fiscalía General del Estado, dada a conocer este lunes.

Sin embargo, a efectos de cómputo de fallecidos que, potencialmente pudieran dar lugar a infracciones penales relacionadas con la siniestralidad laboral, el número sería de 281, aunque a esa cifra habría que detraerle una cifra indeterminada sobre los 84 accidentes de tráfico que no tendrían esta consideración.

Según el análisis de la Fiscalía en el año 2015 se producían 3,6 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes dados de alta en la Seguridad Social y con las contingencias por accidentes laborales cubiertas, en el año 2019 han sido 3,08 por los 3,59 acaecidos en el año 2018. Hay que tener en cuenta que, mientras en el año 2018 la población afiliada a la Seguridad Social fue de 15.635.806 trabajadores, en el año 2019 a fecha de diciembre eran 16.125.196.

No obstante en cifras globales, esto es, sumando los accidentes mortales, los que han ocasionado lesiones graves y aquellos que únicamente han dado lugar a lesiones leves, se está en presencia del mayor número de accidentes del último lustro, culminando una secuencia ascendente iniciada en el año 2015.

Así, en el año 2019 se han producido 517.404 accidentes laborales en total, por los 508.960 del año 2018 y los 458.023 del 2015, un dato que para la fiscalía es "ciertamente ciertamente preocupante". Por el contrario, si nos atenemos a las cifras que suponen los accidentes que ocasionan lesiones de mayor gravedad, observamos una cierta disminución que, en el caso de los accidentes mortales, se podría calificar de "sensible", a juicio de la Fiscalía.

A lo largo de 2019 las citadas estadísticas presentan una modificación significativa, ya que se ha dado un nuevo enfoque a la definición del accidente mortal, contabilizándose como tales todos los fallecimientos que se hayan producido en el plazo de un año a contar desde la fecha del accidente, con independencia de la gravedad inicial.

NUEVO CÓMPUTO POR RECOMENDACIONES DE OIT

El motivo de esta modificación deriva de una mejor adaptación a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la par que esta definición es la que se maneja en la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo.

Con anterioridad, tenía la consideración de accidente mortal aquel que constaba como tal en el parte de accidente de trabajo. Este cambio de valoración afecta al estudio comparativo que se realiza entre los años 2018 y 2019, porque las cifras del año 2018 se han modificado, en relación a las que constaban en el anterior ejercicio, para que coincidan con las directrices del nuevo cómputo.

Así, por los 540 accidentes mortales ocurridos en el año 2018 --con el anterior cómputo fueron 506--, en el año 2019 han sido 475 los trabajadores fallecidos en jornada de trabajo, es decir, 65 menos que el año anterior, o lo que es lo mismo un -12 % menos. Por su parte, los accidentes graves contabilizados en el año 2018 fueron 3.573, por los 3.449 del año 2019, lo que supone una disminución de 124 accidentes, es decir un descenso del 3,5 %.

EL SECTOR SERVICIOS, EL MÁS ACCIDENTADO

También resulta de interés para la Fiscalía el conocimiento de cuál de los sectores productivos alcanza un mayor índice de accidentes mortales y, sobre todo, determinar si estos sufren alteraciones significativas en los sucesivos años.

La comparativa entre los dos últimos años nos muestra como en el año 2018 el sector servicios fue el que más accidentes mortales presentó con 284, el segundo fue la industria con 102 fallecidos, a continuación, el sector construcción con 95 óbitos y, finalmente, el agrario con 59.

Por su parte, el año 2019 muestra la siguiente panorámica: el sector servicios mantiene el primer lugar con 228 fallecidos, le sigue la industria con 103 muertes, el sector de la construcción con 99 accidentes mortales, ocupando el último peldaño el agrario con 45 fallecidos.

Sin embargo, lo realmente significativo para la Fiscalia es el potente descenso de fallecidos en el sector servicios, disminuyendo en 56 (-19,7 %). El segundo peldaño lo ocupa nuevamente el sector industria con 103 accidentes morales, incrementándose en un trabajador fallecido (+1 %); mientras El tercer escalón lo ocupa, otra vez, la construcción con 99 decesos, esto es, se incrementan en 4 los fallecidos (+4,2 %) respecto al último ejercicio..

En último lugar, un año más se encuentra el sector agrario, que en el año 2018 sufrió 59 fallecidos, mientras que en el 2018 han sido 45, un descenso de 14 muertes (-23,7 %).

La observación del anterior cuadro pone de manifiesto cómo, a pesar de que, en cifras globales, tanto la industria como la construcción habían incrementado el número de fallecidos respecto del 2018, a la hora de trasponer dichos números con su incidencia respecto de la población afiliada a la Seguridad Social con las contingencias por accidentes de trabajo específicamente cubiertas, todos los sectores disminuyen dicha incidencia, según analiza la Fiscalía

Por otra parte, la Memoria de la Fiscalía hace nuevamente hincapié sobre los problemas jurídicos que plantean los procedimientos de enfermedad profesional, lo que supuso que las jornadas de especialistas del año 2019 tuvieran como eje central del estudio de estos.

En convocatoria extraordinaria celebrada a primera hora de la tarde, el Consejo de Gobierno se ha reunido por videoconferencia para aprobar medidas específicas de prevención sanitaria en Alfaro ante la evolución del COVID-19 en la localidad en las últimas semanas. Ante ello, se ha restringido durante siete días la movilidad en Alfaro para interrumpir la transmisión del coronavirus.

Con 264 casos activos, el municipio concentra aproximadamente un 27,5 por ciento del total de casos activos de COVID-19 que hay actualmente en La Rioja, tras haberse detectado 233 nuevos positivos en la Campaña de Cribado Perimetral realizada la semana pasada en la localidad.

La principal medida acordada hace referencia a la restricción de movimientos de entrada y salida de personas de Alfaro, salvo en los desplazamientos debidamente justificados, como causas laborales o profesionales, cuidado de personas vulnerables, asistencia a centros sanitarios o de enseñanza obligatoria u otros motivos de fuerza mayor, además del retorno al lugar de residencia habitual.

Asimismo, y teniendo en cuenta el riesgo de contagio de la enfermedad en las actividades en las que coinciden agrupaciones de personas, se establecen las siguientes medidas en el municipio:

Se suspenden todas las actividades en los establecimientos de hostelería y restauración, excepto aquéllas de alojamiento, preparación y distribución de comida a domicilio y de servicio en terrazas.

El cierre de las zonas comunes de los alojamientos.

Se suspende todas las actividades deportivas colectivas.

Se suspenden todas las actividades en centros y establecimientos deportivos, culturales, artísticos, recreativos, de espectáculos y ocio que concurran en espacios cerrados.

Se suspenden las actividades en las academias que imparten enseñanza no reglada.

También se restringe a un máximo de 10 personas el número de asistentes en bodas, bautizos, comuniones, velatorios, funerales, entierros y celebraciones religiosas.

Además, se recomienda a los vecinos de la localidad limitar sus contactos sociales al mínimo imprescindible.

Está previsto que estas medidas entren en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del 8 de septiembre, y estén vigentes durante los próximos siete días. El Acuerdo de Gobierno también contempla su prórroga si la situación epidemiológica en la localidad no mejora.

Para la consejera de Salud y portavoz del Gobierno, Sara Alba, "ante la situación excepcional y preocupante que se vive en Alfaro, ha sido imprescindible actuar de manera localizada. Es una medida imprescindible para responder contundentemente al avance del coronavirus en toda la comunidad en las últimas semanas. Ahora está sucediendo en Alfaro, pero es una situación que puede reproducirse en otras localidades. Si no nos anticipamos y atajamos con determinación estas situaciones concretas en cualquier localidad en la que puedan llegar a producirse, está en peligro la reconstrucción de toda la comunidad y eso es algo que los riojanos no nos podemos permitir".

FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS

En esta reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, también se ha acordado ampliar algunas de las medidas aprobadas el pasado 1 de septiembre para facilitar su implantación en determinados sectores de actividad y armonizar la recuperación de la actividad económica, el bienestar social y la imprescindible prevención sanitaria.

Principalmente, estas modificaciones hacen referencia al número máximo de asistentes y aforos permitidos en algunas actividades concretas, siempre que se garantice la distancia interpersonal de 1,5 metros, las medidas de higienes, la ventilación adecuada y el uso de la mascarilla.

Estas son sus principales modificaciones:

No habrá un número máximo de personas que puedan concurrir en espacios abiertos o cerrados destinados a hostelería y en cualquier otro establecimiento que ofrezca servicios de restauración. Además, los baños y aseos de estos locales deberán ser limpiados y desinfectados al menos cuatro veces al día.

Tampoco habrá número máximo de asistentes en las celebraciones tras las ceremonias religiosas o civiles, siempre que no se supere el aforo máximo del 50% establecido el 1 de septiembre.

Para homogeneizar sus medidas de prevención sanitaria con las implantadas en los centros de formación reglada, se eliminan las limitaciones de aforo en las actividades presenciales de academias, autoescuelas y otros centros de formación.

Se eliminan también las restricciones del número de asistentes en los locales de juegos y apuestas y en los congresos, encuentros o reuniones de negocio, manteniendo sus respectivos aforos máximos en el 50% y 75%, respectivamente.

Por otra parte, se amplía al 50 por ciento el aforo máximo en los lugares de culto y en los velatorios y entierros que se realizan en espacios cerrados.

También se incrementa a un máximo de 30 personas el número máximo de las personas que pueden realizar entrenamientos de actividades deportivas federadas de competencia autonómica en espacios deportivos.

En plazas de toros, recintos e instalaciones se sustituye el aforo máximo del 50 por ciento por la asistencia de un máximo de 1.000 personas.

La Memoria del Ministerio Público repasa operaciones contra los CDR y empleados públicos que buscan el "control efectivo del territorio"

La Memoria de la Fiscalía de 2020 incluye al "movimiento violento independentista catalán" entre las amenazas terroristas del último año en un repaso a diferentes operaciones de la Audiencia Nacional contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o las indagaciones sobre una "organización clandestina liderada por empleados públicos, denominada CNI catalán", que tiene como fin la movilización para "obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república en Cataluña".

En el documento, presentado este lunes durante la apertura del año judicial se repasa la situación del terrorismo nacional mencionando a ETA y otras organizaciones como el GRAPO o el anarquismo insurreccional, deteniéndose a continuación en las diferentes "actuaciones contra el independentismo violento en Cataluña".

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, repasa la operación del pasado septiembre con nueve detenidos por su vinculación a los Comités de Defensa de la República (CDR), y más concretamente con el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.

De ellos dice que "presuntamente estaban en fase de preparar acciones violentas", usando para ello sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos. También se menciona los "graves disturbios" derivados por la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre en la que se condenó por sedición y malversación a los líderes del 'procés'.

"Dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de la plataforma Tsunami Democràtic, sirviéndose de la inmediatez, alcance y privacidad de los canales de mensajería instantánea (fundamentalmente Telegram)", recoge la Memoria, que recuerda el intento de paralizar el aeropuerto de Barcelona y los ataques a edificios públicos y policiales.

DE LA OPERACIÓN CADERA A JUDASCAT

En concreto, se cita diferentes operaciones contra el independentismo violento en Cataluña como la 'Operación Cadera', centrada en la relación de los CDR con otros "grupos, organismos e instituciones que buscan la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña fuera de las vías constitucionales".

Se les relaciona con diferentes altercados y la Fiscalía remite al resultado del equipo de análisis coordinado, bajo el Juzgado Central número 6 que dirige Manuel García-Castellón, integrado por la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para analizar todas las pesquisas sobre los altercados más relevantes desde 2017, año en el que se llevó a cabo la consulta ilegal.

A continuación se cita la 'Operación Apóstolcat' que, dice la Memoria, "investiga la existencia de una organización clandestina liderada por empleados públicos catalanes, denominada CNI catalán, que estaría dinamizando varias iniciativas tendentes a la desconexión del 'estado catalán' mediante la creación/regeneración de estructuras paralelas de Estado de una república catalana digital".

De este llamado CNI catalán dice la Fiscalía que se encargaría además de "planificar y, llegado el caso, ejecutar ciertas acciones multitudinarias y otras acciones con la finalidad de tomar el control del territorio".

La investigación, también del Juzgado Central número 6, ha permitido según el Ministerio Público "observar y detectar los contactos y reuniones entre distintos sectores del movimiento independentista, de los que se infiere una intensa actividad con el fin de movilizarlos para obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república de Cataluña".

La Fiscalía continúa citando la 'Operación Judascat', la de los nueve CDR detenidos, de la que dice que "en la actualidad se continúa investigando a varios individuos que se encontraban directamente implicados en las actividades investigadas y cuya participación trascendió de la mera vinculación".

La 'Operación Tadeo', como las otras del Juzgado Central número 6, indaga finalmente la "composición e implicación de un grupo de individuos que habrían sido señalados por la investigación llevaba a cabo a raíz de las detenciones de 'Judascat' como un segundo núcleo productor de la sustancia denominada Termita".

La Memoria de 2020 también destaca el nacimiento en el País Vasco de grupos como "ANC de Euskalerría y los CDR de Gasteiz y Gipuzkoa", de los que dicen que son "principales dinamizadores de actos en apoyo al proceso secesionista catalán y a sus presos".

La Fiscalía General del Estado ha constatado el cambio de tendencia iniciado el año pasado respecto a la reducción de la ocupación ilegal de viviendas, un dato que considera que "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación".

Así consta en su memoria anual correspondiente al ejercicio 2019, en la que explica que sigue produciéndose una línea descendente, aunque muy leve, en las incoaciones de este delito, con una disminución el año pasado del 0,75%.

No obstante, admite que las calificaciones por ocupación sí se elevaron "un poco", con un aumento del 4,5% respecto al anterior ejercicio, aunque afirma que "se puede constatar la consolidación de un cambio en la tendencia".

Asimismo, en cuanto a la proporción entre ambas cifras, en el último año se observó un "levísimo" aumento que va del 2% del año anterior, hasta el 2,2% a finales de 2019, en los procedimientos incoados que son calificados por el fiscal.

Pese a que defiende que estos datos confirman la tendencia de reducción iniciada en 2018 respecto a los delitos de ocupación, sí señala que este dato "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación", que en las últimas semanas ha irrumpido en el ámbito mediático.

En cuanto a la distribución de las calificaciones por estos delitos en los distintos procedimientos, los urgentes representaron el 14% del total, mientras que los abreviados coparon el 85%. El resto, tan solo un 1%, derivó en sumarios.

AUMENTAN LOS ALLANAMIENTOS DE MORADA

Al margen de las ocupaciones, la memoria aporta datos sobre los allanamientos de morada, que es lo que más preocupa al grueso de la población, ya que supone la entrada de personas ajenas en cualquier vivienda --sea primera o no--, contra la voluntad de su propietario, un delito que derivaría en una expulsión inmediata.

Dentro de los delitos que dieron lugar a la calificación del Ministerio Fiscal en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado el año pasado, y más en concreto en las calificaciones formuladas, la delitos contra la inviolabilidad del domicilio, entre los que se incluye el allanamiento de morada, supusieron el 17% del total, cinco puntos más que el año previo.

El grupo más relevante fue el relativo a los delitos contra la vida e integridad física, que dio lugar al 40% de acusaciones, frente al 54% en 2018, y, dentro de ellos, los más numerosos fueron los de homicidio y asesinato, con 68 y 126 calificaciones, respectivamente.

Según un epígrafe incluido en la memoria del Ministerio Fiscal respecto a las calificaciones según el delito relacionadas con la violencia doméstica, de los 8.888 procedimientos que hubo el año pasado, 77 se refieren a allanamientos de morada, limitándose el número de sentencias a nueve.

El 10 de septiembre llega a Netflix 'Memorias de Idhún', la adaptación en formato anime de la exitosa trilogía literaria de Laura Gallego que se estrena tras la polémica desatada en redes sociales ante el descontento de algunos fans por la elección de los actores que ponen voz a algunos de los personajes protagonistas. Sin embargo, los creadores defienden la labor de los actores, asegurando que "se han vaciado y han hecho un trabajo muy bueno".

"Estas cosas suceden", asegura la directora Maite Ruiz de Austri en una entrevista concedida a Europa Press junto al productor Alex Barroso al preguntarle sobre la polémica que envuelve al elenco de voces principales de la serie que, salvo en el caso de Michelle Jenner, actriz con gran experiencia en el mundo del doblaje, no ha sido bien recibido por los seguidores de la saga.

"Hemos trabajado con Laura Gallego codo a codo desde el primer momento, durante dos años y cuatro meses de trabajo, en el que hemos pasado por decisiones de todo tipo".

"Desde la imagen hasta el sonido, hemos trabajado en conjunto. No se puede coincidir en todo", añade en alusión al comunicado publicado hace unos días por la propia autora en el que Gallego aseguraba que no eran las voces que ella se había imaginado para sus personajes.

"Ha sido un proceso en el que hemos hecho muchísimas pruebas y finalmente hemos decidido que esta era la mejor opción", apunta.

Eso sí, pese al descontento de algunos fans, la directora lo tiene claro. "Los actores se han vaciado", asegura refiriéndose a la pasión con la que Itzan Escamilla, Michelle Jenner, Sergio Mur y el resto de actores han abordado a los personajes de Memorias de Idhún. "Han hecho un trabajo serio y muy bueno y yo creo que están muy bien. Y que van a gustar, en cuanto la gente tenga la oportunidad de ver su trabajo", promete.

Por otro lado, y pese al comunicado publicado por Laura Gallego en su página web, en el que se refería a otros actores como una primera y consensuado elección, el productor de la serie, Alex Barroso, ha explicado que en realidad nunca hubo un primer equipo de dobladores profesionales, sino que hubo "un proceso de casting muy largo, en el que se valoraron muchas voces, entre ellas las de actores profesionales de doblaje, y otras de actores que no suelen hacer doblaje".

"Y al final la decisión fue la que ha acabado siendo, pero nunca hubo un primer y luego un segundo casting", argumenta Barroso.

"Como decía Maite, no siempre se puede estar al 100% de acuerdo en todo, y hemos tenido la suerte de que éste ha sido casi el único tema en el que hemos tenido una diferencia de opinión con Laura.

Yo espero que la gente vea la serie, que les puede gustar o no, porque hay cosas que son gustos personales, pero los actores han trabajado muy duro, se lo han tomado muy en serio, y ha habido un trabajo de muchos profesionales detrás", sentencia el productor.

¿POR QUÉ ANIME Y NO IMAGEN REAL?

En cuanto a por qué llevar esta historia a la pantalla en una serie de animación y no imagen real, la idea que más pesó "es que ya había un trabajo previo", argumenta la directora. "Ya hay un cómic de Estudio Fénix en el que ya se había concretado como eran los personajes y los decorados, tanto en el mundo real como en Idhún o Limbhad. El siguiente paso era hacer una serie de animación, mover a esos personajes que se habían diseñado", recuerda.

Maite Ruiz continúa explicando que, pese a que ya existía un trabajo previo adaptando las novelas de Laura Gallego, han hecho un segundo "trabajo de adaptación" en cuanto a que han desarrollado la personalidad y los movimientos de todos los protagonistas.

"Nos hemos basado en los diseños del cómic, y a partir de ahí hemos creado algo completamente distinto, más anime. Pero ese es el motivo", sentencia la directora. Un argumento que el productor complementa recordando que "desde un principio ya tenían la idea de una serie de animación en formato anime". "Era lo que queríamos hacer", zanja.

FIEL A LAS NOVELAS

Por supuesto, adaptar una saga de fantasía tan ambiciosa como es 'Memorias de Idhún' no es tarea fácil, pero Maite Ruiz agradece haber contado siempre con la colaboración de Laura Gallego. "Yo conozco bien el mundo de Idhún, porque soy fan, pero siempre había cosas que ella te comentaba y te ampliaba la visión. No puedo hablar de dificultades", dice la directora, agradecida de la labor de la autora.

"Ha sido muy interesante trabajar con alguien que previamente ha creado a los personajes y su mundo", añade antes de asegurar que la serie de Netflix es "una adaptación fiel hasta el punto de que todo lo que aparece en los libros sale en la serie". "Pero Laura se ha tomado algunas licencias con el guion. Pequeñas sorpresas que, si eres fan de 'Memorias de Idhún', te van a gustar", promete.

La primera temporada de Memorias de Idhún se estrena en Netflix el jueves 10 de septiembre, con un total de cinco episodios que adaptan 'La Resistencia', primero de los tres libros de Laura Gallego.

Una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono proviene de las cadenas de suministro globales de las empresas multinacionales.

según un nuevo estudio dirigido por el University College de Londres (UCL) y la Universidad de Tianjin, en China, que muestra el alcance de la influencia de las multinacionales en el cambio climático.

El estudio, publicado en 'Nature Climate Change', mapea las emisiones generadas por los activos y proveedores de multinacionales en el exterior, y encuentra que el flujo de inversión es típicamente de países desarrollados a países en desarrollo, lo que significa que las emisiones se subcontratan de hecho a las partes más pobres del mundo.

La investigación muestra el impacto que pueden tener las multinacionales fomentando una mayor eficiencia energética entre los proveedores o eligiendo proveedores que sean más eficientes en carbono. Los autores propusieron que las emisiones se asignen a los países de donde proviene la inversión, en lugar de a los países donde se generan las emisiones.

El profesor Dabo Guan, de la Bartlett School of Construction & Project Management del University College de Londres, explica que "las empresas multinacionales tienen una enorme influencia que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. Si las principales empresas del mundo ejercieran su liderazgo en materia de cambio climático, por ejemplo exigiendo eficiencia energética en sus cadenas de suministro podrían tener un efecto transformador en los esfuerzos globales para reducir las emisiones", asegura.

"Sin embargo, las políticas de cambio climático de las empresas a menudo tienen poco efecto cuando se trata de grandes decisiones de inversión, como dónde construir cadenas de suministro --prosigue--. Asignar emisiones al país inversor significa que las multinacionales son más responsables de las emisiones que generan como resultado de estas decisiones".

El estudio encontró que las emisiones de carbono de la inversión extranjera de las multinacionales cayeron de un pico del 22% de todas las emisiones en 2011 al 18,7% en 2016. Los investigadores dijeron que esto era el resultado de una tendencia de "desglobalización", con el volumen de reducción de la inversión directa, así como nuevas tecnologías y procesos que hacen que las industrias sean más eficientes en carbono.

Al trazar un mapa del flujo global de inversión, los investigadores encontraron aumentos constantes en la inversión de los países desarrollados a los países en desarrollo.

Por ejemplo, entre 2011 y 2016 las emisiones generadas a través de la inversión de Estados Unidos a la India aumentaron casi a la mitad (de 48,3 millones de toneladas a 70,7 millones de toneladas), mientras que en los mismos años las emisiones generadas a través de la inversión de China en el sudeste asiático se multiplicaron por diez (de 0,7 millones de toneladas a 8,2 millones de toneladas).

El autor principal, el doctor Zengkai Zhang, de la Universidad de Tianjin, señala que "las multinacionales están transfiriendo cada vez más inversiones de los países desarrollados a los países en desarrollo. Esto tiene el efecto de reducir las emisiones de los países desarrollados al tiempo que coloca una mayor carga de emisiones en los países más pobres. Al mismo tiempo, es probable que genere mayores emisiones en general, ya que la inversión se traslada a regiones más 'intensivas en carbono'".

La Fiscalía General del Estado ha advertido en su Memoria de 2019, publicada este lunes 7 de septiembre, de un "alarmante incremento" de la violencia entre los menores en el ámbito sexual y, en concreto de las conductas realizadas en grupo.

"Se viene detectando un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia entre los menores y adolescentes en el entorno familiar, pero también y especialmente en el ámbito sexual, conductas realizadas en grupo y a menudo grabadas y difundidas a terceros", señala la Fiscalía.

Esta práctica, según precisa la Fiscalía, citando a expertos, está "anudada al uso de la pornografía a través de las redes desde tempranas edades, donde se representa a la mujer cosificada".

Se trata de un escenario que, según añade, "hay que abordar principalmente desde el ámbito educacional, donde madres, padres y administraciones deben unirse en un frente común para asegurar la transmisión de los valores de la igualdad, la dignidad, el respeto a uno mismo y al otro y la no discriminación".

En concreto, sobre los menores de 14 años, para la Fiscalía, resulta "verdaderamente preocupante" la implicación creciente en delitos de violencia filio parental y, más aún, en delitos contra la libertad sexual.

CASI 2.000 PROCEDIMIENTOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En líneas generales, los delitos contra la libertad sexual, según ha destacado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han registrado un "importante incremento".

En concreto, el año pasado se incoaron 1.934 procedimientos frente a los 1.833 de 2018; los 1.386 de 2017; los 1.271 de 2016 y los 1.081 de 2015. Diferenciando por tipos, el incremento apreciado se debe, apunta el informe, a la subida de los abusos sexuales, puesto que las agresiones sexuales contabilizadas han descendido.

Así, en 2019 las agresiones sexuales contabilizadas son 564, por las 648 de 2018; por las 451 de 2017; o las 476 de 2016.; mientras que los abusos sexuales siguen ascendiendo: 664 (2015); 795 (2016); 935 (2017); 1.185 (2018) y 1.370 de 2019. El Ministerio Fiscal señala que este aumento se debe a la reforma del Código Penal que elevó de trece a dieciséis años la edad para prestar consentimiento en las relaciones sexuales.

Del mismo modo, el departamento de Delgado trae a colación las observaciones de la Fiscal Delegada de Navarra, que incide en que tal aumento de denuncias no se corresponde con un correlativo incremento de sentencias condenatorias. Y ofrece datos: de las 45 diligencias preliminares incoadas terminaron 27 en expediente y se condenó a medidas en 3, estando otros 4 más en trámite.

Del resto, diez denuncias se archivaron pues los denunciados tenían menos de catorce años. En cuanto a los casos restantes que también se archivaron, la mayoría fue por aplicación de la excusa absolutoria del Código Penal, "al ser denunciados y víctimas menores de 16 años".

EL AÑO DE LA RESOLUCIÓN DE 'LA MANADA'

Para los expertos en esta materia, el fenómeno resulta "muy preocupante", que consideran "un problema educativo en su origen". La Fiscal Delegada de Sevilla advierte de que, fuera de los casos de delitos contra la libertad sexual claramente violentos, en el resto de menores denunciados se aprecian graves carencias de formación en materia sexual, más allá del simple aprendizaje sobre reproducción humana y prevención de embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

Finalmente, el Ministerio Fiscal destaca que estas cifras se registran en el año en el que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en el caso conocido públicamente como de 'La Manada', que reiteró la petición que presentó la Fiscalía de Navarra en el sentido de solicitar una condena para cada uno de los acusados de 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual recogido en los artículos 178, 179, 180.1 y 74 del Código Penal, inhabilitación absoluta, así como 10 años de libertad vigilada y prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años.

"El Ministerio Fiscal había sostenido siempre que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual", apunta la Fiscalía.

Del mismo modo, recuerda que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia dictada con fecha 4 de julio de 2020 acogió esta tesis en una sentencia que ha calificado de "suma trascendencia", por cuanto "revaloriza el testimonio de la víctima frente a la pretensión de que esta haya de reforzar su palabra con actos o actitudes" que "no pueden sino poner en riesgo su integridad física, consolidando así de manera clara el concepto de consentimiento defendido por la Fiscalía".

En lo que se refiere a la jurisdicción de menores, la Fiscalía propone reformar la Ley de responsabilidad penal del menor con el objetivo de atribuir a la sección de menores de la Fiscalía General del Estado todos aquellos delitos en los que la Audiencia Nacional ejerce su función y no solamente los de terrorismo. También recomienda reformar la Ley de Extradición Pasiva.

El acusado, que permanece en la prisión de Zuera (Zaragoza), declarará este martes

El segundo juicio contra Rodrigo Lanza por la muerte violenta del zaragozano Víctor Laínez, ocurrida el 12 de diciembre de 2017, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragoza este lunes con una primera sesión en la que las acusaciones particular y popular han vuelto a pedir 25 años de prisión por asesinato, mientras que el abogado de la defensa, Endika Zulueta, ha considerado a Lanza "no culpable" de asesinato. El acusado declarará este martes.

La magistrada, María Josefa Gil, ha admitido todas las pruebas presentadas por las partes, algunas nuevas por parte de los letrados de la acusación particular, Enrique Trebolle y José Luis Melguizo. La presidenta del tribunal ha llamado la atención en varias ocasiones a un miembro del jurado que ha interrumpido la sesión para hablar y valorará si lo reemplaza por uno de los dos suplentes previstos. Además, ha permitido, a petición de la defensa, que Lanza asista al juicio sin esposas.

El abogado Enrique Trebolle ha presentado una nueva prueba, un TAC neurológico realizado a Laínez por dos especialistas de Zaragoza los días que estuvo ingresado antes de fallecer y que muestra las heridas cerebrales sufridas por la víctima. También ha aportado varias fotografías en las que Laínez aparece junto con "personas de color" y otras en las que Lanza está vestido de una forma "radicalmente diferente" a la actual.

POSIBLE ALEVOSÍA

La fiscal ha resumido su versión de los hechos ocurridos en la noche del 8 de diciembre de 2017, cuando Lanza y Laínez discutieron, golpeando el primero a la víctima en varias ocasiones, causándole la muerte, que se produjo en el Hospital Clínico de Zaragoza cuatro días después.

"El acusado cometió el crimen del que se le acusa: un delito de asesinato", ha afirmado la fiscal, quien ha recalcado que Lanza causó la muerte a Laínez "de forma intencionada" cometiendo un "ataque a traición, con alevosía" siendo el móvil "los motivos ideológicos".

Ha expuesto que Lanza entró en el bar 'Tocadiscos' de la capital aragonesa en la fecha señalada en compañía de tres amigos y dentro se encontraban el propietario del establecimiento, un grupo de cuatro o cinco jóvenes y "un señor sentado tranquilamente en la barra del bar, Victorino Laínez".

Uno de los amigos de Lanza identificó a Laínez y realizó a Lanza "una serie de comentarios relativos a su ideología" de "ultraderecha", también que solía llevar unos tirantes con la bandera española, que "ese día llevaba". "Esos comentarios molestan mucho a Lanza, de ideología contraria", quien decidió "aproximarse" y llamó "fascista" a Laínez, espetándole que La Madalena, el barrio donde se encuentra el bar, es "antifascista", a lo que --según la fiscal-- Laínez le respondió que era "un sudaca" y le exigió que volviera a Chile, su país natal.

Cuando Lanza y sus amigos deciden abandonar el local, "Victorino decide ir tras ellos" y "vuelve a tener un enfrentamiento con Lanza" para, "al cabo de pocos instantes", volver al establecimiento y dirigirse "tranquilamente" a su banqueta.

"Instantes después, entra bruscamente Lanza", que "se abalanza" sobre Laínez y "le propina un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza", quedando la víctima semi-inconsciente, quien cae al suelo. Sin embargo, "lejos de desistir de su intención de agredir", Lanza "comienza a propinarle patadas en la cabeza", se agacha y le desfigura el rostro "a puñetazos". Algunos testigos "le dicen que pare, que lo va a matar", ha añadido la fiscal.

A continuación, siempre según el relato del Ministerio Fiscal, Lanza se colocó su abrigo y su mochila, cogió su bicicleta y se marchó del lugar: "se desentiende del estado de la víctima". La fiscal ha hecho notar que el acusado "no confiesa su crimen ni se presenta voluntariamente" en sede policial, sino que "se le detiene en la calle" tres días después.

La fiscal ha considerado que todos los golpes contribuyeron a matar a Laínez y que Lanza originó el conflicto "desde el principio", haciendo notar que "hay personas que necesitan de muy poco para llevar a cabo determinados actos". No ha descartado que Lanza utilizara algún objeto para golpear a la víctima.

ACUSACIONES

En representación de la familia, como acusación particular, el abogado José Luis Melguizo ha criticado que "a la víctima se la ha criminalizado y al criminal se le ha victimizado". Ha señalado que Laínez "se relacionaba con todo tipo de gente" en La Madalena, el barrio en el que vivía y que "facilitó muchos empleos" a personas de raza negra.

De Lanza ha dicho que ahora "parece un infantico del Pilar", aunque "le quitó la vida a Laínez" y, años atrás, "dejó tetrapléjico a un policía en Barcelona" y también vivió como "okupa", tras lo que le ha calificado de "persona violenta" y afirmando que "se propuso quitarle la vida a Laínez y se la quitó".

Melguizo ha comentado que Laínez medía 1,90 metros y pesaba unos 120 kilos, tras lo que ha indicado que Lanza le fracturó el peñasco --un hueso del oído-- con un golpe inicial, aunque "si se hubiera marchado, Víctor estaría vivo".

Para el letrado de la acusación particular, Lanza estaba "invadido por el odio, por la violencia". Melguizo ha negado validez al "miedo insuperable" porque "el motivo es ideológico" y el ataque fue "alevoso".

El abogado de Vox, David Arranz, en representación de la acusación popular, ha afirmado que "se ha criminalizado a la víctima y victimizado al verdugo". Ha destacado que Laínez estaba tomando una cerveza "tranquilamente" y Lanza se dirigió a él "en tono chulesco y amenazante" por "animadversión" hacia "las personas que considera sus enemigos".

En opinión de Arranz, Lanza actuó así "por odio o motivos ideológicos y politicos", "seguramente" llevaba "un objeto contundente a modo de arma" y "se ensañó con la víctima", por lo que "se trata de un asesinato casi de libro".

El letrado que representa a la Comunidad Autónoma ha pedido una indemnización para la sanidad pública aragonesa y ha manifestado su intención de "coadyuvar a la defensa de la legalidad".

PÁNICO

En representación de Lanza, el abogado Endika Zulueta ha observado que, durante los tres años en que el acusado ha estado preso en Zuera "no ha tenido ningún enfrentamiento con nadie" y ha pedido al jurado que valore el caso con "imparcialidad", invitando a sus miembros a "dudar de todo y ver si las cosas pueden ser de otra manera".

"Las cosas pasan por algo", ha aseverado Zulueta, añadiendo que "este hombre puede ser el autor de los hechos y ser declarado no culpable", rechazando el "relato simple" que, a su juicio, han realizado las acusaciones sobre "un asunto extremadamente complejo".

El abogado defensor ha continuado indicando que Lanza llevaba "una vida ordenada" en la época en que ocurrieron los hechos. El 8 de diciembre de 2017, Lanza entró en el establecimiento con unos amigos, uno de los cuales le comentó que Laínez llevaba, a veces, los tirantes con la bandera nacional y que "es fascista".

"Parece que él --Lanza-- se acercó a Víctor", quien le dijo "vete a tu país", a lo que el acusado respondió "tú eres un racista, un fascista" y "la conversación se acaba", tras lo que sus amigos "se lo critican" y "les entra la neura" al ver a Laínez manejando su teléfono móvil; "y se van". "¿Qué hubiera pasado si --Laínez-- no va detrás de ellos?", se ha preguntado Zulueta, quien ha subrayado que "la navaja la han visto dos personas, el objeto --que llevaría Lanza-- nadie lo ha visto".

"Rodrigo tuvo pánico", ha asegurado su abogado, quien ha añadido que cuando siguió golpeando a su víctima lo hizo "con ese primer pensamiento de que estaba en juego su vida", considerando que la versión de las acusaciones "chirría por todos los lados" y que "no hay un motivo político". Se ha remitido a un informe psicológico para afirmar que Lanza "mentalmente está sano".

Los pirómanos estuvieron detrás del 46,15% de los fuegos intencionados en 2019, doce puntos más que el año anterior

El Ministerio Fiscal ha destacado el "significativo incremento" del 64,42 por ciento del número de personas implicadas en delitos de incendios forestales en España durante el año 2019, hasta 513 individuos de los que 31 fueron detenidos y otros 482, investigados. Además, también destaca el aumento en más de doce puntos porcentuales del número de pirómanos que estuvieron detrás del 46,15 por ciento de los fuegos intencionados.

Los datos se desprenden de la Memoria Anual de la Fiscalía del año 2019 presentada este lunes con motivo de la solemne apertura del curso judicial 2020-21 presidida por el rey Felipe VI, en la que se refleja este incremento respecto a 2018, cuando los implicados en delitos de incendios fueron 312 personas, un aumento que en parte se debe también al mayor número de siniestros.

Así, los datos que aportan los distintos cuerpos policiales al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo en 2018 se detuvo a 31 personas y se investigó a 281 individuos, una diferencia que ve "razonable" teniendo en cuenta el "importantísimo aumento del número de siniestros producidos en 2019 respecto al año pasado.* En total, en 2019 se contabilizaron 10.883 incendios, de los que la Guardia Civil investigó 2.871 siniestros en 2019, una tercera parte del total, ya que los dos tercios restantes carecieron de "interés" policial. La cifra es muy superior, en concreto un 63,68 por ciento mayor a los 1.754 siniestros investigados en 2018, con 232 detenidos o investigados ese año.

Por otro lado, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente refleja en la Memoria Anual que en torno a un tercio del total fueron incendios intencionados, frente a dos tercios debidos fundamentalmente a negligencias. De ese tercio de intencionados, el 46,15 por ciento tuvo detrás la mano de pirómanos, una cifra también muy superior al 38,20 por ciento de 2018.* En general, según los datos, más de la mitad de los fuegos en los que se intervino policialmente en los últimos cinco años fueron conatos (de menos de 1 hectárea de superficie afectada), en su mayoría fruto de negligencias durante la realización de trabajos y en prácticas tradicionales inadecuadas con el uso del fuego.

En general, la Fiscalía especialista ha observado una tendencia creciente en las cifras desde que se creó la base de datos de detenidos/investigados por incendios forestales en 2007. Así, expone que desde esa fecha hasta 2011 el número se situaba entre 300 y 400 implicados, salvo en 2008, cuando se superaron los 400 individuos. Pero a partir de 2012 hubo un "incremento que se ha mantenido hasta la fecha", en la que se ha pasado de los 500 implicados excepto en 2015 y 2016, cuando la cifra fue ligeramente menor y, especialmente en 2018, cuando se descendió a valores similares a los de la primera época, con 312 implicados.

Si bien, la Fiscalía señala que estas "oscilaciones y variaciones" en las cifras de detenidos/investigados están "muy relacionadas" con el número de siniestros ocurridos en los respectivos años. De ese modo, concluye que el número de implicados anual es un "indicador bastante fiable" de la siniestralidad anual.

EL 62,60% DE INCENDIOS, CAUSADOS POR NEGLIGENCIAS

En cuanto a las causas, la más frecuente en 2019 fueron las negligencias durante las quemas, "tanto de residuos y restos forestales o agrícolas como regeneraciones de pasto". Respecto a los tres años anteriores, cuando las negligencias descendieron "sensiblemente" respecto a 2015, durante el pasado año, 2019, esta causa estuvo tras el 62,60 por ciento de los fuegos de modo que se situó como el segundo año con más negligencias desde 2015, solo por detrás de 2018.

También experimentó un repunte del 6,78 por ciento del número de incendios por causas eléctricas y los sufridos por manejo de maquinaria fueron el 14,63 por ciento del total. Los ferrocarriles también aumentaron ya que en 2018 habían desaparecido, mientras que en 2019 causaron el 0,81 por ciento del total, lo que supone el porcentaje más alto del último lustro.

Capítulo aparte merecen los fuegos intencionados donde hubo dolo. Entre ellos, casi la mitad, el 46,15 por ciento fueron causados por pirómanos.

También, como segunda causa figuran los incendios causados por prácticas tradicionales inadecuadas, tales como quema de vegetación para pastos, y aunque en 2019 el porcentaje descendió visiblemente respecto a años anteriores se alcanzó un 20,77 por ciento, frente al 31,46 por ciento de 2018.

Asimismo, la Fiscalía destaca que en 2019 también incrementaron "sensiblemente" los incendios causados para "producir daños a terceros", bien sea por venganzas o por actos vandálicos. De hecho, 2019 ha sido el año con más porcentaje de estos en los últimos cinco años, con un 16,15 por ciento. Respecto a los incendios relacionados con la actividad de la caza se mantuvieron igual que en 2018, cuando no se contabilizó ninguno.

En todos ellos fallecieron tres personas ajenas a los servicios de extinción, las tres fuera del periodo estival y otras 17 personas resultaron heridas.

VERTEDEROS, BARBACOAS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS: ALTO RIESGO

La Memoria de la Fiscalía recuerda que vertederos y líneas eléctricas son algunas de las causas de riesgo de incendio forestal y destaca que durante el año 2019 estos se redujeron "ligeramente".

En concreto, el resumen fiscal del año refleja que se ha reducido en un 4,24 por ciento el número de vertederos con riesgo y el número de líneas eléctricas con alto riesgo pasó de las 53 en 2018 a 49 en 2019, lo que supone un descenso del 7,55 por ciento.

Por el contrario las áreas recreativas con alto riesgo forestal crecieron "sensiblemente" ya que pasaron de 469 en 2018 a 493 en el ejercicio analizado, lo que porcentualmente supone un aumento del 5,12 por ciento.

En ese contexto, la Fiscalía de Medio Ambiente censó vertederos de alto riesgo de incendio que el año anterior en Asturias, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Por el contrario, se redujeron en Andalucía Canarias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Así, destaca el esfuerzo de Andalucía en la que se pasó de 44 vertederos en 2018 a 37 en 2019.

La Fiscalía recuerda sobre las áreas recreativas que se debe ejercer una estricta obediencia en las restricciones de hogueras y barbacoas que "obliga a ejercer sobre las mismas especial atención" en verano. Así, afea a siete comunidades autónomas que en 2019 obtuvieron "peores resultados" que el año anterior. Se trata de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y Región de Murcia, donde creció el número de áreas recreativas con alto riesgo de incendio.

De estas destacan Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde más crecieron. Por su parte, únicamente Castilla-La Mancha y Galicia el riesgo fue inferior al año anterior, mientras en el resto quedaron igual.

Finalmente, respecto a las líneas eléctricas, el Ministerio Fiscal insiste en que su mantenimiento y buen estado es un "importante punto de atención y vigilancia, principalmente en la época estival" y apunta a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia donde hubo menos líneas eléctricas con alto riesgo que el año anterior y en particular se refiere a Castilla-La Mancha, donde pasaron de 4 a 1 en ese ejercicio.

Casi 174.000 alumnos --a la espera de que cierren las matriculaciones aún abiertas en Formación Profesional, Escuelas de Idiomas, Educación Secundaria Obligatoria y de adultos-- comenzarán el próximo curso educativo (no universitario) 2020-21 en Extremadura, que se iniciará este jueves, día 10, en la mayoría de las enseñanzas, aunque las clases se abrirán las clases de forma escalonada hasta el 2 de octubre (en función de cada nivel de enseñanza).

Así, el alumnado de Infantil y de toda la educación obligatoria será el primero en incorporarse en un curso que contará con 1.400 matriculaciones menos respecto al anterior, y que incorporará a 744 docentes más para trabajar en las aulas con el objetivo de aplicar la "máxima presencialidad" de los estudiantes.

De igual modo, de cara a un curso escolar que va a estar "muy marcado por la evolución de la pandemia" del Covid-19, se van a iniciar las clases "con la máxima presencia de alumnado" en los centros, para lo cual la Junta de Extremadura ha hecho "un esfuerzo ingente en preparar el sistema educativo para que sea lo más seguro posible", según ha destacado en rueda de prensa este lunes en Mérida la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, que asume las funciones de titular de Educación ante la baja maternal de Esther Gutiérrez.

Con ello, la Junta ha organizado un inicio de curso "seguro", aunque siendo "consciente" de que "el riesgo cero no existe", de tal forma que las medidas adoptadas van encaminadas a reducir "al mínimo los factores de riesgo" y "dar certidumbre dentro de la incertidumbre continua" que se vive a la comunidad educativa entera.

"Nuestros centros están preparados con todas las medidas a nuestro alcance para recuperar ese carácter presencial de la educación tan necesario, ya que es la única forma de garantizar la igualdad entre nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes", ha espetado la consejera.

Al respecto, Nuria Flores ha insistido en que ante la pandemia del Covid-19 "no existe un libro de texto donde poder seguir lección por lección" lo que hay que hacer, y en este marco ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa (familias, centros educativos y administraciones) para formar un "gran equipo" y "trabajar de la mano" en el "gran proyecto" de "hacer de los centros un lugar seguro al que los niños y las niñas de la región quieran volver respaldados por la convicción de su familia".

A su vez, en la misma comparecencia, el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha explicado que el paquete de medidas que la Junta adopta para el inicio del curso escolar, y que se implementa durante todo el curso, asciende aproximadamente a una inversión de 55 millones de euros.

MEDIDAS

En este sentido, con el objetivo de garantizar el distanciamiento entre el alumnado y reducir las ratios de las aulas, la consejera ha explicado que se contratarán más docentes y se desdoblarán los grupos "necesarios". Además, para garantizar la igualdad del alumnado la Junta también ha reforzado el profesorado en la concertada con 150 docentes más, que facilitarán la reducción del número de estudiantes por aula.

En la misma línea, para atender las nuevas necesidades de los centros de Infantil en centros de Infantil y Primaria la Junta ha contratado 38 técnicos de Infantil extra para atender alumnos de cero a tres años.

También, en el refuerzo de los centros "seguros frente al Covid-19" que va a introducir el Ejecutivo regional esta administración contratará más de un centenar de trabajadores más de limpieza.

Al mismo tiempo, la Junta ha adquirido con carácter de "urgencia" casi 15.000 pupitres individuales, mesas para profesorado y para comedores, así como pizarras portátiles y 467 panales interactivos de última tecnología que se irán instalando "poco a poco" en los nuevos espacios habilitados.

MASCARILLA

De igual modo, el uso de la mascarilla será obligatorio en Extremadura para alumnos desde seis años de edad, con lo cual este alumnado deberá llevar dicha protección durante toda la jornada escolar.

En este sentido, la Consejería de Educación y Empleo ha adquirido más de dos millones de mascarillas homologadas para el profesorado extremeño, y que "se ha repartido a lo largo de estos primeros días de septiembre".

Asimismo, la Junta se ha anticipado a posibles escenarios de recrudecimiento de la pandemia y entre septiembre y octubre se distribuirán 7.000 tabletas electrónicas más entre el alumnado, y a lo largo del curso escolar Extremadura recibirá una inversión de 8,5 millones más para equipamiento tecnológico fruto de un convenio con Red.es.

GRUPOS ESTABLES

A su vez, el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha recordado que la Junta tratará de aplicar un modelo educativo que garantiza la "máxima presencialidad" con grupos estables de convivencia (desde Infantil hasta 4º de Primaria), y en los que se ha bajado la ratio en los grupos de Infantil de centros urbanos (donde había hasta 25 alumno), y también siempre y cuando la limitación de espacio lo ha permitido en grupos estables de convivencia de 1º a 4º de Primaria.

A su vez, de 5º de Primaria a 4º de ESO se aplicarán medidas como la distancia interpersonal de 1,5 metros hasta articular grupos de un máximo de 22 alumnos, y "mínimo un metro de distancia" en Bachillerato y Formación Profesional.

Así, según ha explicado el secretario general, más del 95 por ciento de los centros educativos extremeño han podido cumplir con este escenario de "máxima presencialidad", aunque en "una mínima parte" de centros localizados fundamentalmente en localidades urbanas se han encontrado "algunos problemas de espacio", pero con con la cesión de ocho espacios municipales se ha solucionado en algunos casos.

En otros cuatro centros con "problemas de espacio" sin espacios alternativos se ha pasado a la impartición de algunas modalidades de enseñanza a carácter vespertino, ha añadido.

A su vez, en aquellos centros donde la limitación de espacio era una "evidencia" pero no había posibilidad de acudir a una dependencia municipal o de otra institución o de pasar a enseñanza con carácter vespertino, los propios centros han elaborado un plan propio para "quedarse en el propio centro educativo teniendo en cuenta la limitación de espacio".

FLEXIBILIDAD

Francisco Javier Amaya ha incidido también en que la Consejería de Educación y Empleo "no ha impuesto un modelo de primera", sino que "establece la máxima presencialidad" pero también con "flexibilidad" ante "un momento histórico, plagado de incertidumbres" por la pandemia del Covid-19.

Con ello, dentro de la "flexibilidad" como "nota que marque el inicio de curso", en función de los planes de contingencia establecidos por los centros éstos "podrán organizar entradas y salidas escalonadas, podrán decidir qué grupos van el día 10 y qué grupos asisten el día 11".

Al mismo tiempo, las 232 aulas matinales (para 6.500 niños) y 206 comedores escolares (para 13.200 estudiantes) arrancarán el próximo lunes, día 14; y habrá más de 600 rutas de transporte que comenzarán a funcionar el próximo jueves, día 10.

Además, en el nuevo curso hay 67 centros educativos que pertenecen al Plan Portugal. Se mantienen además 291 secciones bilingües; y este curso habrá 533 ciclos formativos repartidos en 125 centros (casi se duplican los ciclos formativos de la FP dual, pasando de 16 a 37).

Las fiestas de La Mercè de Barcelona de este año, que se celebrarán del 23 al 27 de septiembre con actividades de "pequeño formato", contarán con más de un centenar de conciertos en los que será necesario reservar la entrada gratuita para asistir de público y tendrán aforo limitado para prevenir contagios de Covid-19.

Lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el delegado de Derechos Culturales del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Daniel Granados; el director artístico del Festival BAM, Marc Campillo; el director del Mercè Música, Jordi Turtós, y la co-coordinadora del programa BAM Cultura Viva, Anna Cerdá.

Las medidas de seguridad para hacer frente al Covid-19 también ha provocado que se dupliquen los escenarios con nuevos espacios emblemáticos de la ciudad como el Parc Güell, el recinto del Camp Nou, el Teatre Grec, los Jardins del Doctor Pla i Armengol y La Modelo, que acogerán parte de la programación musical.

En total, los conciertos se repartirán en 14 espacios de la ciudad con pases de mañana, mediodía y tarde para limitar el aforo y garantizar la desinfección de los espacios entre sesiones, y se establecerá el 30% de aforo.

Además, algunos de los conciertos se retransmitirán en directo a través de 'Betevé' y BcnCultura para que el público pueda verlos sin necesidad de moverse de casa.

RESERVA DE ENTRADAS

La reserva de entradas podrá hacerse a través de la página web de La Mercè (https://www.barcelona.cat/lamerce/ca), de la aplicación móvil de La Mercè 2020 y del teléfono 93 316 10 38, de 10 a 15 horas.

Para los conciertos del BAM se podrán reservar a partir de este martes: un total de dos entradas por día y por persona; para el BAM Cultura Viva se podrán reservar un máximo de cinco por día y por persona, mientras que las entradas de los conciertos del Música Mercè estarán disponibles a partir de este miércoles y se podrán reservar un máximo de dos entradas por día y persona.

ARTISTAS LOCALES

Entre los artistas que forman parte del cartel, destacan Maria del Mar Bonet, que se reencuentra con Toti Soler; Juanito Valderrama, Ray Colom, Rodrigo Cuevas, Califato, Lina_Raül Refree, Neue Grafik Ensemble, Novelist, Núria Graham o 12Twelve; y del total de los grupos programados, un 61% están liderados por mujeres.

Además, el festival BAM Cultura Viva se adapta al nuevo contexto en una cuarta edición que se celebrará los días 24, 26 y 27 de septiembre en el recinto Fabra i Coats, y que contará con 20 propuestas artísticas de proximidad.

Granados ha defendido que "la cultura debe continuar siempre que cumpla con los requisitos imprescindibles de seguridad" y ha asegurado que Barcelona seguirá trabajando con el tejido cultural de la ciudad para que se continúen desarrollando estas actividades.

El curso escolar 2020-2021, un ejercicio histórico y atípico al desarrollarse en el contexto de la pandemia de Covid-19, ha arrancado también en los municipios más despoblados de la Comunitat Valenciana, donde los alumnos han de trasladarse a otras localidades para cursar sus estudios.

Este es el caso de Palanques, municipio de Castellón con alrededor de una treintena de habitantes, de acuerdo a los datos de 2019. Los niños residentes en la población han retomado las clases después de meses sin ir a la escuela debido a la pandemia global.

A causa de la baja densidad de población, ya hace años que Palanques no cuenta con aulario y el alumno más pequeño de la localidad tiene que ir a la escuela de Forcall, que pertenece al Centro Rural Agrupado (CRA) Els Ports, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a los más mayores, tres jóvenes acuden al IES Els Ports, el instituto de Morella, y un cuarto estudiante de Palanques se desplaza hasta Vinaròs para poder cursar la modalidad de Bachillerato que ha elegido.

Este lunes el transporte escolar ha vuelto a recoger a los jóvenes de Palanques para acercarlos hasta los centros educativos correspondientes, que han abierto, eso sí, de una manera muy peculiar, a causa de la situación actual.

Las escuelas siguen un protocolo de prevención y seguridad por la Covid-19, estableciendo grupos burbuja, para evitar la propagación del virus en caso de darse un caso positivo.

La escuela de Forcall, como tantos otros centros, ha designado un espacio como aula de aislamiento, que serviría para distanciar a un niño que presente síntomas del resto de la clase. Un profesor acompañaría al niño hasta que la familia pueda venir a buscarlo. Todas las medidas adoptadas han sido explicadas previamente en una reunión con las familias.

Desde el consistorio manifiestan que, "pese a las diferencias con las que se inicia este nuevo curso escolar, se espera poder evitar y controlar los posibles brotes y que las clases no se tengan que suspender para todo el centro educativo".

Igualmente, los niños de Ares del Maestrat empiezan este lunes un nuevo curso escolar teniendo que desplazarse hasta el colegio Alcalde Fabregat y el IES Pere-Enric Barreda Edo, de Benassal.

En total, son once los jóvenes de esta pequeña localidad castellonense en edad de estudiar: tres en educación infantil, tres en Primaria, tres en la ESO y dos en Bachillerato.

A causa de que la escuela y el instituto de Benassal reciben el alumnado de Ares y otros municipios próximos, el transporte escolar accederá al municipio por diferentes calles para evitaraglomeraciones al exterior de los centros.

La dirección de la escuela ha hecho públicas una serie de normas de cara la vuelta a las aulas, para "asegurar un ambiente seguro con todas las medidas de higiene y prevención necesarias", destacan fuentes municipales.

Entre las iniciativas adoptadas destacan la intensidad de las desinfecciones de los centros, así como el alta frecuencia de lavado de manso y la prohibición a las familias de acompañar a loshijos en el interior de los recintos. Además, cada curso entrará en un horario diferente y, partir de primer curso de Primaria, será obligatorio el uso de mascarilla.

UNIDAD DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

Por lo que respecta al servicio de Unidad de Conciliación Familiar, ya hace un año que se ofrece a la localidad y hoy ha reabierto las puertas por el nuevo curso que empieza, siguiendo también un protocolopara la seguridad de los más pequeños del municipio.

A pesar de que la evolución de la situación causada por la Covid-19 es incierta, con la adopción de todas estas medidas, "se espera que el curso se desarrolle con normalidad y que los niños y niñas de Ares y del resto de municipios que estudien en Benassal puedan seguir las clases hasta final de curso", confían.

También en la provincia de Castellón se ubica Canet lo Roig, donde el inicio de curso cuenta con una novedad positiva: la incorporación de dos alumnos más, que eleva el número de escolares a 41, después de que una familia haya fijado su residencia en la localidad, informan desde la corporación municipal.

Las clases se imparten en las aulas prefabricadas, mientras avanzan "a buen ritmo" las obras del nuevo colegio. "Se han realizado intensas labores de desinfección y, además, el Ayuntamiento contratará más personal para atender las labores de limpieza y reforzar el protocolo anticovid tanto en el colegio como en otras instalaciones municipales", afirma la alcaldesa, María Ángeles Pallarés.

"Nos hemos reunido con la comunidad educativa y se van a seguir escrupulosamente todas las medidas sanitarias, como, entre otros, crear distintos espacios en los patios para la respetar las distancias de seguridad entre los alumnos; además, con el profesorado, estamos barajando la posibilidad de que la brigada de obras instale carpas a la entrada, en el exterior, para organizar el acceso a las aulas", añade la primera edil.

EXTRAESCOLARES

Otra de las novedades del curso 2020-2021 en esta localidad es que las actividades escolares no se llevarán a cabo en las instalaciones educativas, ya que se ha denegado el permiso para hacerlas en las aulas prefabricadas y será el Ayuntamiento el que asumirá este servicio poniendo a disposición de los alumnos distintas dependencias municipales", explica Pallarés.

Así pues, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) se encargará de llevar a cabo la Escola Matinera en un edificio municipal y se ha eliminado la sesión de la tarde.

Por otra parte, la alcaldesa ha avanzado que "los 3.900 euros otorgados por la Generalitat Valenciana para realizar actividades escolares, se destinarán a impartir clases de inglés de diferentes niveles, seis horas a la semana, para alumnos de Infantil, Primaria y ESO".

Y el aulario de Castellfort (Castellón), que pertenece al CRA Celumbres, ha abierto las puertas dando la bienvenida al nuevo curso escolar 2020-2021. Son 10 los niños y niñas de Castellfort que acuden a la escuela para continuar sus estudios divididos en un aula de infantil y otra de primaria.

Como novedad, este año la escuela ha incorporado alumnos a partir de los 2 años. Al tratarse de un número menor a 20 alumnos, todo el aulario es un grupo burbuja, por lo que no hace falta seguir horarios escalonados de entrada ni mantener la distancia de seguridad entre ellos, a pesar de que los mayores de 6 años deberán llevar mascarilla.Por lo que respecta los maestros itinerantes, sí que deberán mantener la distancia con el alumnado.

Para hacer frente aspectos derivados de la Covid-19, el CRA ha recibido una dotación económica mayor, así como más profesorado contratado. Además, la limpieza y desinfección del edificio es a cargo del Ayuntamiento, que realizará trabajos de desinfección cada mañana, mediodía y tarde. De esta manera, se espera que el curso pueda transcurrir con "normalidad" y que los niños y niñas de Castellfort sean los menos afectados por la peculiar situación, concluyen desde el consistorio.

El grupo parlamentario de Vox quiere que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, comparezca en el Congreso para aclarar el "presunto" hackeo sufrido el mes pasado en la cuenta den Twitter del Ministerio, desde que la se publicó un tuit contra el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El pasado 30 de agosto, el citado Ministerio informó de que su perfil en Twitter había sido hackeado y que alguien había hecho "maliciosamente" un uso fraudulento de la misma para dañar la imagen del Ministerio.

"Procederemos a hacer las investigaciones pertinentes", se aseguró desde el departamento que dirige Ábalos antes de pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sus más "sinceras disculpas" por el mensaje en su contra publicado horas antes desde la cuenta pirateada del Ministerio.

En concreto, en ese mensaje se denunciaba la actuación de Moreno en los incendios que afectaron a Huelva a finales del pasado mes de agosto. "Ha tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva ardía? ¿De vacaciones con su superpresi o tratándose cosas inconfesables?, rezaba el comentario, que ya fue borrado de la citada red social.

Los de Santiago Abascal parecen tener dudas sobre esta versión y pretenden ahora que el ministro dé las explicaciones pertinentes en torno a ese "presunto" hackeo de su cuenta en Twitter, así como las consecuencias y el origen del mismo.

Las asociaciones de padres y madres, agrupadas en la Confederación Anpas Galegas y en Confapa, junto a los sindicatos estudiantiles Erguer y Anega han cargado este lunes contra la "nefasta gestión" de la Xunta ante un inicio de curso marcado por la COVID-19, por lo que han manifestado su apoyo a la huelga convocada por los sindicatos CIG, CC.OO., CSIF y STEG para los días 10 y 16 de septiembre.

En una intervención ante los medios de comunicación frente a la Consellería de Educación, en las dependencias de la Xunta en San Caetano, el presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, y la vicepresidenta de Anpas Galegas, Isabel Calvente, han leído un manifiesto que aseveraba que la enseñanza pública gallega "se tiene que readaptar, reorganizar" y "adquirir otras competencias".

Y tiene que hacerlo favoreciendo la presencialidad en las aulas, que es tanto como favorecer la equidad y la inclusión de las niñas y niños gallegos", versa el texto, que también señala que eso "no puede hacerse al precio de la salud de la sociedad" ni "de la seguridad" de los niños.

Precisamente, la lectura de este manifiesto se ha celebrado minutos después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Xunta, del que ha sido sustituida Carmen Pomar como titular de Educación. Desde este lunes, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade vuelve a ser Román Rodríguez, quien ya lo fue hasta hace casi dos años.

Así, los sindicatos y las asociaciones de padres y de alumnos le han puesto 'deberes' al nuevo responsable del área educativa de la Xunta y le han pedido "eliminar las desigualdades" entre los alumnos de Primaria y Secundaria, de modo que la distancia de metro y medio para evitar contagios por coronavirus "se implante para todo el alumnado" en todas y cada una de las etapas.

"MÁS AULAS Y MÁS DOCENTES"

"La necesidad sanitaria, pero sobre todo la educativa, recomienda grupos pequeños. Las aulas sirven, el problema es la cantidad de alumnado que hay en su interior. Precisamos más aulas y más docentes", han proclamado, a través del manifiesto.

Además, han señalado que debe ser "personal profesional" en el ámbito sanitario el que "se encargue de todas las limpiezas necesarias" y del cumplimiento del protocolo, puesto que los equipos docentes y directivos "ni tienen conocimientos ni formación necesaria".

En este sentido, han exigido que los centros "dispongan de la financiación suficiente" para adaptarse a la realidad de la COVID-19, en lo que la Xunta "tiene que responsabilizarse" al proveer los medios y a la hora de garantizar la enseñanza no presencial de los profesores y alumnos que, por ser personas de "riesgo", tengan que prescindir de acudir al aula.

COMEDORES DE LAS ANPA

Asimismo, las federaciones de ANPA de Galicia se han referido a aquellos servicios de comedores escolares que gestionan directamente las asociaciones de padres, que se encuentran en una situación en la que ellas mismas "siguen siendo responsables" cuando no son "ni agentes ni autoridades sanitarios".

Por eso, en palabras del presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, lo que exigen a la Consellería es que "asuma la competencia que tiene" en cuanto al protocolo sanitario de los centros, además del "sobrecoste" que supone para cumplir las medidas en estos espacios.

A ello ha añadido que los padres quedan ahora "obligados a hacer nuevos turnos" y a "estirar los horarios" del comedor para hacerlo compatible con la entrada escalonada de los niños. "Todo eso son recursos necesarios y, por lo que se ve, la única posibilidad que queda es que los pongan las familias", ha criticado.

Finalmente, el portavoz nacional del sindicato CIG-Ensino, Suso Bermello, ha quero "agradecer" el apoyo de los colectivos de padres, madres y alumnos a la huelga que pide "una vuelta a las aulas segura", algo que "dista mucho" del protocolo establecido desde el pasado lunes.

CAMBIO DE CONSELLEIRO

Por otra parte, las asociaciones de padres han aprovechado para pronunciarse, al ser preguntados por los medios, sobre la reciente sustitución de Carmen Pomar por Román Rodríguez al frente de la Consellería de Educación.

El presidente de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, cree que la vuelta de Rodríguez --ya dirigió el departamento de Cultura e Educación hasta 2018-- supone "un no cambio" y "un retroceso", si bien "todo el mundo entiende que la destitución de Carmen Pomar es un ajuste de cuentas" por una gestión "inútil e ineficaz" de la pandemia.

Eso sí, Lacaci ha quitado importancia al cambio de conselleiro apuntando que los "responsables" son el resto de altos cargos de la Consellería, como secretarios y directores xerais, puesto que son "las mismas personas" desde que Feijóo tomó el poder en 2009.

A esto mismo se ha referido el presidente de Confapa Galicia, Rogelio Carballo, quien se ha preguntado "por qué" alguien como Carmen Pomar llegó a la cartera educativa "y no pudo introducir su equipo propio".

ANPA DE CULLEREDO

Por otra parte, las ANPA del municipio de Culleredo (A Coruña) han remitido a la Xunta, a través del Ayuntamiento, un escrito con demandas de cara a "incrementar las condiciones de protección y seguridad" del alumnado en el inicio de curso.

Las dos principales propuestas, según trasladan los progenitores, versan sobre la reducción de las ratios de alumnos a un máximo de 20 en Educación Infantil y, por esto mismo, demandan que "no se elimine" un aula de 3 años en el CEIP Sofía Casanova, que "se reabran" las aulas de 3 y 4 años en el CEIP Isaac Díaz Pardo y que "se implante una línea más" de 4 años en el CEIP Ría do Burgo.

La concejala de Educación de Culleredo, Jéssica Méndez, suscribe las peticiones de las madres y padres "ante la situación extraordinaria" actual y dada la "preocupación lógica" que supone el inicio de curso.

La comunidad autónoma de Extremadura ha contabilizado este lunes 114 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, así como nueve brotes nuevos y una mujer de 90 años fallecida en el área de Salud de Cáceres, y que no pertenecía a ningún brote.

En estos momentos, los hospitales extremeños cuentan con 54 personas ingresadas con coronavirus, 9 de ellas en UCI, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En total, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 159 casos sospechosos y se han descartado 138, y se han dado 31 altas, lo que eleva a 5.269 los pacientes curados desde el inicio de la pandemia.

Se ha registrado una persona fallecida en el Área de Salud de Cáceres sin pertenencia a brote, una mujer de 90 años que llevaba ingresada desde el 27 de agosto. Desde el inicio de la pandemia se han producido 533 víctimas mortales por covid-19.

En concreto, los 9 brotes que se han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad son dos en Badajoz, uno de ellos con tres positivos y 23 contactos y otro con 15 positivos y 2 contactos; uno en Jerez de los Caballeros, con 3 positivos y 23 contactos; uno en Plasencia (10 positivos y 10 contactos), y uno en La Garganta (9 positivos y 25 contactos).

Además, se ha notificado un brote en Malpartida de Cáceres (4 positivos y 123 contactos); uno en Navalvillar de Pela (6 positivos y 36 contactos); uno en Coria (3 positivos y 14 contactos), y uno en la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena, donde un trabajador positivo, por lo que se hará PCR a todos los residentes y donde ya se han suspendido las visitas.

Respecto a la mujer fallecida en el Área de Salud de Cáceres, de 90 años, cabe destacar que llevaba ingresada desde el 27 de agosto y no pertenecía a ningún brote, con la que el número de víctimas mortales por Covid-19 en la región se eleva a 533 desde el inicio de la pandemia.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

Respecto a los datos por áreas de salud, cabe destacar que la de Badajoz ha notificado 36 casos positivos de coronavirus confirmados, y cuenta en estos momentos con 12 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Ha detectado 27 casos sospechosos y descarta 11, mientras que en total acumula 35 fallecidos y se han curado 858 pacientes.

Por su parte, el Área de Salud de Cáceres declara 15 casos positivos, y cuenta con 13 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Ha notificado 27 casos sospechosos y ha descartado 19.

Así, el Área de Salud de Mérida tiene 18 positivos confirmados, y hay 9 pacientes hospitalizados, 1 de ellos en UCI. Ha notificado 34 casos sospechosos y ha descartado 60, mientras que desde el inicio de la pandemia ha registrado 32 fallecidos y 479 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 6 casos positivos y cuenta con 4 pacientes ingresados, 3 de ellos en UCI. Ha detectado 20 casos sospechosos y ha descartado 21, y desde el inicio de la pandemia acumula 78 víctimas mortales y 651 pacientes curados.

Respecto al Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, ha declarado 27 casos positivos y tiene 11 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha detectado 23 casos sospechosos y descartado 23, y ha registrado un total de 26 fallecidos. Tiene 547 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado tres casos positivos, y tiene 1 paciente ingresado. Ha registrado 8 casos sospechosos y descartado cuatro, y acumula 60 personas fallecidas y 396 pacientes curados.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado dos positivos y no tiene pacientes ingresados por covid, mientras que el de Llerena-Zafra ha registrado 7 casos positivos, y cuenta con cuatro 4 pacientes hospitalizados.

Propietarios de salas de conciertos gallegas han llamado la atención sobre la situación del sector dadas las restricciones existentes en relación a la pandemia de COVID-19 y han alertado de que, si se mantiene esta progresión, la "mayor parte" de los establecimientos se verán abocados a cerrar sus puertas antes de final de año.

Tal y como ha señalado la asociación de salas de música en vivo de Galicia Clubtura en un comunicado, las salas de conciertos permanecen cerradas en toda la Comunidad desde el pasado 15 de agosto, una decisión tomada por la Xunta para frenar los índices de contagio del coronavirus.

Sin embargo, el sector critica que esta orden "equipare las salas de concierto y los cafés concierto a los locales de ocio nocturno", a pesar de que la propia Ley de Espectáculos circunscribe su actividad al ámbito cultural.

Así, con un 2020 "en el que el confinamiento obligó al sector a permanecer cerrado de marzo a junio", época de más actividad, y "sin una fecha posible de reapertura ni la posibilidad de una apertura parcial en horario diurno", Clubtura ha decidido pedir una reunión con los responsables de los departamentos implicados: Interior, Sanidade y Cultura.

La solicitud busca "encontrar soluciones viables para evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de empleo y actividad cultural" en Galicia y apoyar al sector de la música en vivo, "abocado a la desaparición paulatina e irreversible ante el obligado cierre de las salas y cafés concierto" de la comunidad.

Para el presidente de la Asociación, Alberto Grandío, la situación de estas salas es "absolutamente demoledora". "O encontramos una solución para que se permita la actividad cultura en las salas, del mismo modo que se permite en otros recintos culturales, o Galicia se quedará sin salas de conciertos en menos de seis meses", ha alertado.

El portavoz parlamentario de IU y responsable de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, defenderá este jueves en la Comisión del ramo del Congreso una iniciativa para mejorar la situación de la sanidad del conjunto de trabajadores que prestan servicio en las cárceles, así como de la población reclusa.

Esta proposición no de ley se suma a otras propuestas registradas en los últimos meses por Unidas Podemos en la Cámara Baja planteando alternativas a problemas detectados en sectores específicos (centros de enseñanza, residencias, centros de salud), muchos de ellos agravados por la crisis sanitaria, económica y social originada por el Covid-19.

MÁS MÉDICOS E IGUALDAD SALARIAL

Entre sus medidas, IU propone que se aumente paulatinamente el personal médico, mediante oferta pública de empleo, para atajar "las deficiencias detectadas" y lograr una atención "continua y de calidad", respetando siempre las condiciones del sistema de salud público.

Esto pasa también, entre otras cuestiones, por que se establezca una igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud.

El texto de la proposición, que recoge Europa Press, reconoce el trabajo realizado por el Gobierno desde el inicio de la pandemia en el ámbito penitenciario, si bien recuerda el retraso de "más de tres lustros" que existe para aplicar la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003.

La disposición adicional sexta de esa norma, recuerda, establecía ya hace 17 años que "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud", todo ello siempre "conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía".

Por ello, Unidas Podemos insta al Gobierno en su iniciativa a dar los pasos necesarios para cumplir con lo que marca la ley con el fin de conseguir su "plena integración" en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

OTRAS 'RECETAS'

La proposición aborda también otras cuestiones más específicas a partir de las recomendaciones de diversos informes y trabajos especializados. En concreto, plantea que se garantice la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad "que lo necesiten con mayor frecuencia, incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos.

Pero, además, se pide atender "especialmente al favorecimiento de una perspectiva interseccional prestando especial atención a la salud mental de las mujeres en prisión", respondiendo así al empeoramiento en esta materia que se constata en el 'Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía'.

La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, ha anunciado este lunes que su grupo en el Parlamento presentará una iniciativa solicitando el cese del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, por su "incapacidad" para gestionar el "grave problema" de la inmigración irregular que desde hace meses afecta al archipiélago.

Para Australia Navarro, ante las actuales y preocupantes circunstancias, el Gobierno de Pedro Sánchez solo tiene dos opciones, "o Anselmo Pestana dimite de inmediato, o es cesado de manera fulminante para poner en su lugar a alguien competente que pueda aportar soluciones a una situación lamentable que afecta a Canarias en su conjunto y que representa al mismo tiempo un auténtico drama para quienes llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor".

En su opinión, "la falta de previsión y la improvisación constante mostrada en los últimos meses por el delegado del Gobierno en las islas es más que evidente y es inadmisible su pasividad ante uno de los problemas más acuciantes que tiene Canarias y mucho más su capacidad de reacción".

Pedro Sánchez, con la complicidad de Pestana y de Ángel Víctor Torres, prosigue Navarro, "son los responsables de esta alarmante situación que ha desbordado por completo a unos gobiernos ausentes, ensimismados y distraídos, ante el aumento constante de inmigrantes irregulares que llegan a nuestras islas".

En esa línea, apunta que como máximo representante del Gobierno de España en las islas, "Anselmo Pestana ha estado ausente, no ha sido capaz de hacer frente a la situación, mostrando día tras día descoordinación, falta de liderazgo, previsión y organización de protocolos ante la llegada de pateras y en la atención a los inmigrantes".

Todo ello, destaca, "unido a la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias, ha suscitado que desde el PP consideremos que si el delegado del Gobierno no es capaz de asumir sus responsabilidades y ejercer sus competencias debería poner su cargo a disposición o bien que Sánchez lo cese de inmediato".

Australia Navarro recordó que desde el pasado mes de diciembre apremiaron a Torres en el Parlamento autonómico a que tomara "medidas urgentes" ante el preocupante repunte de pateras que llegaban a las costas y ante el inicio de una nueva crisis migratoria.

"En aquella ocasión, Ángel Víctor Torres nos acusó de hacer partidismo con la inmigración irregular", subraya, pero la "falta de interés y compromiso" del Gobierno canario y del Estado ha quedado patente.

"Hemos sido testigos de una absoluta dejadez que solo ha conseguido acrecentar la tremenda situación que padece Canarias", señala.

"DEJADEZ" DE GRANDE-MARLASKA

Navarro indica que la "dejadez" del Gobierno central quedó reflejada en la visita realizada a Canarias por el ministro Grande-Marlaska en febrero, "donde afirmó sin complejo alguno que la situación estaba controlada", cuando los canarios asistían "como testigos" al preocupante aumento de pateras que llegaban al archipiélago.

La dirigente popular también recuerda que el pasado mes de julio su grupo en la Cámara regional logró el pronunciamiento unánime del Parlamento a favor de un paquete de medidas ante el fenómeno de la inmigración irregular y para combatir el tráfico ilegal de personas que, hasta el momento, "todo indica que ha caído en saco roto".

Navarro señala que "ahora más que nunca, Canarias necesita de la previsión, organización y liderazgo de la Delegación del Gobierno, en sintonía con el Ejecutivo autonómico, que hasta el momento han pasado de puntillas ante un grave problema que se acrecienta día a día".

La directora del instituto de Moralzarzal ha dimitido por "agotamiento físico y mental" y el "poco apoyo recibido por la administración" durante la pandemia.

La que fuera hasta hace días directora del IES Carmen Martín Gaite de Moralzarzal, Raquel Pérez Cayuela, lo ha expresado así un escrito remitido a las familias donde explica los motivos de su renuncia que se ha difundido a través de las redes sociales.

Desde la Consejería de Educación y Juventud han confirmado a Europa Press que ya se ha procedido al reemplazo de la directora, y han asegurado que el inicio de curso en el centro no está comprometido, "puesto que detrás de este proceso hay un trabajo de todo el equipo directivo y la comunidad educativa del centro".

Precisamente, en su carta Pérez informa a las familias de que a partir del 1 de septiembre ha dejado de ser directora del IES Carmen Martín Gaite y que desde ese momento asume la dirección el anterior jefe de estudios, Antonio Tijera Carrión.

Asimismo, expone que los motivos que le han llevado a tomar la decisión son "el agotamiento físico y mental del esfuerzo mantenido durante los meses de confinamiento debido a la tensión de tener que sacar el curso adelante y el poco apoyo recibido por la administración durante el confinamiento".

"Confiaba en que una vez terminada la alarma la administración empezaría a trabajar con los centros para preparar el inicio de curso y nos dotaría de la infraestructura necesaria, pero no fue así", continúa.

Así, detalla que en julio el principio de curso se presentaba con "ratios por encima de lo legal" e "imposibilidad" con el cupo asignado "de hacer el programa de refuerzo y los apoyos a los alumnos vulnerables que se descolgaron durante el confinamiento".

Igualmente, tenía que asumir la "pérdida de un jefe de estudios y el que quedaba tenía que ser coordinador Covid, restando tiempo para realizar las tareas de jefe de estudios y asumir una responsabilidad añadida".

"No se podían cumplir las medidas sanitarias en el IES con los medios de los que disponíamos", asegura, al tiempo que señala que no contaban con ningún especialista en seguridad e higiene que colaborase en la organización del centro.

Tampoco había un plan de formación para profesores, alumnos y familias en las herramientas tecnológicas, ni dotación de recursos tecnológicos a los alumnos que desde abril se había informado a la Consejería que carecen de ellos.

Igualmente, no se dotó al personal de administración, a los profesores ni al centro de los recursos tecnológicos que "ya tenían que estar instalados en las aulas para poder empezar en septiembre".

"No teníamos más dotación económica para hacer frente a todas las necesidades (dosificadores, mamparas, comprar mascarillas, papeleras con pedal)", agrega, para añadir que "no había modificación de los contratos de limpieza".

Aunque reconoce que, "por suerte, a día de hoy, la mayoría de estas situaciones han mejorado y se han tomado bastantes medidas de las exigidas", ha señalado que llegan "tan tarde que ha hecho que el trabajo que hicimos durante el mes de julio sirva de muy poco y que ahora haya que volver lo hacerlo con mucha rapidez".

Por su parte, desde el departamento que dirige Ossorio han manifestado su agradecimiento a todos los docentes y equipos directivos de los colegios e institutos madrileños por "su gran labor y el esfuerzo realizado para adoptar las medidas necesarias y lograr un inicio de curso lo más seguro posible".